Enfrenta presidenta argentina inesperada crisis por explotación minera
La explotación minera a cielo abierto desató una inesperada crisis para la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien ahora enfrenta el incremento de las protestas ambientalistas en el norte del país.
Durante las últimas semanas, las movilizaciones sociales en las provincias de La Rioja y Catamarca en contra de la instalación de mineras provocaron que el tema se colara de lleno en el debate público.
El 2 de enero, miles de ciudadanos de Tinogasta, una localidad de La Rioja, ubicada a mil 168 kilómetros de Buenos Aires, bloquearon carreteras y realizaron un plantón permanente para denunciar los trabajos de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation.
Después de un mes de movilizaciones, los lugareños triunfaron al lograr que la firma extranjera paralizara el proyecto de explotación minera hasta no contar con un consenso social.
Cuando aun no terminaban de celebrar en Famatina, las protestas ya comenzaban en Tinogasta, Andalgalá y Belén, tres ciudades de la provincia de Catamarca, fronteriza con Chile y distante a mil 200 kilómetros de esta capital.
Los reclamos, traducidos en el bloqueo de caminos, iban dirigidos hacia la minera Alumbrera que opera en la región y que extrae por año casi 400 mil onzas de oro y 140 mil toneladas de cobre, con ganancias por mil 590 millones de dólares.
La crisis se incrementó la semana pasada, cuando la Policía catamarqueña reprimió las protestas con gases lacrimógenos y balas de goma, en una trifulca que dejó un saldo de 35 detenidos y 12 heridos.
Con el conflicto aun sin resolver, el gobierno dio a conocer que el sector minero es estratégico para la economía argentina porque representa el 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque es manejado en su mayoría por firmas extranjeras.
El problema es que las provincias mineras son las más pobres del país y no pueden explotar sus propios recursos, y por ley las empresas trasnacionales sólo les otorgan el 3.0 por ciento de los millonarios recursos generados en concepto de regalías.
Con ese escenario de fondo, la oposición comenzó a exigir cambios legislativos para terminar con la “extranjerización” de los recursos mineros y a denunciar la represión ejercida contra ciudadanos y organizaciones ambientalistas.
La presidenta, por su parte, convocó a “dar una discusión responsable y en serio en el país. Exigir calidad ambiental pero con responsabilidad y seriedad sobre los planteamientos que se realizan, sin posiciones dogmáticas y cerradas”.
En medio del escándalo por la represión en Catamarca, la gobernadora de esa provincia, Lucía Corpacci, vino hasta Buenos Aires a negar que hubiera habido ataques contra la población y se sumó a la Organización Federal de Estados Mineros (OFEM).
El nuevo organismo lo integran las provincias de Catamarca, La Rioja, Jujuy, Tucumán y Salta, cuyos gobernadores se comprometieron a realizar un trabajo conjunto con los ambientalistas para evitar la contaminación en la región.
“Vamos a buscar mecanismos de resolución de conflictos para lograr la licencia social y que haya un buen manejo sustentable de la actividad minera”, prometió el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, en medio del creciente clima de protestas.
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