POR MARISTELLA SVAMPA SOCIOLOGA, INTEGRANTE DE PLATAFORMA 2012
Existe pensamiento crítico y credibilidad en provincias y universidades. No así en gobernadores ni en el Estado nacional, en clara alianza estratégica con las mineras.
Lejos de abrir a un “debate serio y responsable”, como decía proponer hace unos días la Presidenta, la reciente Organización Federal de Estados Mineros, que reúne a las provincias mineras, pone en evidencia las intenciones de los gobiernos nacional y provinciales de renovar sus apoyos al modelo extractivo y clausurar cualquier posibilidad de una discusión de fondo sobre la espinosa cuestión de la megaminería , que incluya, entre otras cosas, la modificación de las leyes mineras sancionadas en los `90.
Este “pacto”, decidido de espaldas a la sociedad , se inserta en un escenario marcado por una gran conflictividad social y una escalada represiva en el noroeste argentino, cuyo epicentro se desplazó desde Tinogasta a Andalgalá, donde se implantó un virtual e inédito estado de sitio, sostenido por los sectores promineros.
Existe toda una casuística en las provincias que es necesario valorizar a la hora de pensar críticamente esta problemática. Así, cabe preguntarcon qué credibilidad cuentan los gobernadores para hablar de megaminería y desarrollo . Basta mirar Catamarca, que tras 15 años de explotación megaminera presenta índices desastrosos de desarrollo humano, así como la tasa de empleo público más alta del país -25% de la población económicamente activa trabaja en el Estado, según consignaba el diario El Ancasti en 2010-, lo cual se repite en relación a la Asignación Universal por Hijo , para concluir que este modelo está lejos de haberse convertido en “motor de desarrollo” , como pregonan sus defensores.
Asimismo, de qué nuevos desafíos tecnológicos, económicos y ambientales se nos habla, en nombre de las empresas mixtas, si basta examinar la historia de la asociación del Estado catamarqueño con una empresa multinacional a través del YMAD (Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio), la cual confirma la inexistencia de controles estatales sobre la extracción minera , a lo cual se suma la opacidad económica de dicha alianza, que incluye a la Universidad Nacional de Tucumán.
Por último, cabe preguntar con qué autoridad política y ética puede hablar la gobernadora Lucía Corpacci, como si ella no tuviera currículum político alguno , cuando en realidad fue vicegobernadora entre 2007 y 2009, durante uno de los mandatos del radical K, Brizuela del Moral, antes de ser senadora nacional por su provincia. Más aún,cómo puede pretender dar cátedra sobre minería, información y democracia, si la misma se ha desentendido de toda responsabilidad política respecto de la brutal represión de Tinogasta y aún hoy acusa un silencio elocuente sobre lo sucedido en Andalgalá.
En segundo lugar, no es verdad, como muchos afirman con ligereza, que no hubo debates sobre megaminería en el país.
Sin tales debates, resultaría muy difícil explicar la sanción de 9 leyes provinciales – dos de ellas, hoy derogadas- en contra de la megaminería . En realidad, los debates acerca de qué entendemos por desarrollo, así como del carácter insustentable de este tipo de minería, se han venido dando al compás de las luchas, a partir de 2003, primero en Esquel, pero con mayor fuerza desde 2006, en diferentes territorios provinciales.
Por último, hay quienes tienden a silenciar que, a partir de 2009, se han llevado a cabo debates en las universidades públicas sobre los controversiales fondos que Bajo la Alumbrera comenzó a distribuir entre las mismas.
Hay que destacar la ejemplar resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, que en diciembre de 2009 rechazó los 3,3 millones de pesos procedentes de la distribución de utilidades de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Esta decisión, adoptada después de consultas con profesionales de las más diversas disciplinas, concluyó en una larga y fundamentada resolución en contra de la megaminería , que planteó la necesidad de revisar los contratos mineros y la legislación existente , al tiempo que manifestó su apoyo a las comunidades afectadas por la minería en sus reclamos reivindicatorios. Una declaración similar proviene de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Habrá entonces que acusar de “fundamentalistas” y “dogmáticas” o tildar de “ambientalistas” estas resoluciones avaladas por diferentes universidades, y apoyadas sobre investigaciones independientes y documentación científica? Así, debemos reconocer que, como en tantas otras épocas, el debate comenzó entonces en el interior, para instalarse -de modo tardío- en la agenda política y mediática nacional.
Pero esto no se debe solamente a las lógicas desconexiones entre lo local/provincial y lo nacional, ni tampoco exclusivamente a la matriz productivista que acusa la tradición peronista, sino a los silencios y zonas ciegas que el progresismo oficialista ha venido acumulando sobre la cuestión de la megaminería , a raíz de la alianza estratégica que el Estado nacional, además de los gobiernos provinciales, mantiene con las corporaciones mineras. No es casual que hoy, frente a la nacionalización de la cuestión, consumada por la pueblada de Famatina, todavía estén aquellos que se resisten a reconocer el carácter genuino de estas movilizaciones, al tiempo que buscan desconocer los aportes que desde el pensamiento crítico en toda América latina se vienen elaborando sobre el tema.
Este hecho incontestable nos advierte acerca de las verdaderas dificultades que atraviesa un debate de esta complejidad, pues no todos están dispuestos a llevar a cabo una discusión de fondo sobre qué entendemos hoy por desarrollo, democracia, soberanía y derechos humanos.
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