Estamos ya en Julio del 2011 y todo sigue igual; las tierras donde los originarios están asentados tienen mucho valor y el estado no se resigna a otorgarlas a sus legítimos dueños, respetando sus derechos naturales. No hay duda que el estado es socio de la corrupción sojera. El excesivo control que hace en determinadas áreas, encubre el descontrol y lo facilita; muy especialmente, en las zonas de frontera
Néstor Hugo Almagro
Argentina: A un año de la aprobación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, todavía no se registran en Argentina avances significativos ni una política integral en la materia
12 de septiembre de 2008.- Amnistía Internacional, cuando está por cumplirse mañana, 13 de septiembre, un año de la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que aún no hay avances significativos en esa materia en Argentina.
"El Estado no cuenta con una política integral que atienda a los pueblos indígenas del país ni aspectos como los mecanismos de participación y consulta, garantizados por la Declaración. Son insuficientes cuando no inexistentes en el país", señala Rafael Barca, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Argentina.
En septiembre del 2007, la ONU, tras 20 años de deliberaciones y con el voto positivo de la Argentina y de la mayoría de los Estados miembros de la ONU, aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento de enorme importancia para toda la comunidad de personas y organizaciones involucradas en la defensa de estos derechos.
La violación de los derechos de los pueblos indígenas del mundo es un hecho que Amnistía Internacional viene registrando desde hace varios años a través de la denuncia de poblaciones de diversos países. En sus Informes Anuales de los últimos tres años, Amnistia Internacional ha denunciado la permanente violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina. En su Informe Anual 2007, Amnistía Internacional denunciaba la continuidad de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas y daba cuenta del reclamo hecho por las comunidades para que se den medidas relativas a la vivienda y la salud, y el fin de la venta y distribución irregulares de tierras de propiedad estatal.
La respuesta por parte del Estado argentino no se ha concretado aún de manera efectiva y coordinada. En septiembre del 2007, el Defensor del Pueblo de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia una medida cautelar en favor de las comunidades indígenas de la Provincia del Chaco. En el mismo mes, la Corte Suprema intimaba a las autoridades federales y provinciales a abordar y resolver la situación de emergencia de estas comunidades asignando recursos para garantizar los derechos a una vivienda digna, al agua potable, a la educación, a su inclusión social.
A un año de la denuncia por parte del Defensor del Pueblo (Demanda D.578.XLIII), Amnistia Internacional señala que si bien se han tomado acciones encaminadas a garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, éstas no se dan en el marco de una política integrada, coordinada y efectiva, definida por el Estado.
"Es urgente un accionar del Estado argentino para atender la situación de discriminación y exclusión que viven los pueblos indígenas en el país", manifiesta Barca.
Argentina: familias indígenas en peligro de desalojo forzoso
Cuatro familias indígenas corren peligro inminente de ser desalojadas forzosamente de sus casas en la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina. Podrían sufrir violencia a manos de la policía, y la pérdida de sus hogares y de sus medios de vida.
El 30 de mayo, un juez de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el norte de Argentina, denegó la petición de la Comunidad Indígena Quilmes de Colalao del Valle de que se detuviera la orden de desalojo contra las familias. Miembros de la comunidad fueron desalojados el 17 de septiembre de 2009 y el 5 de enero de 2010 de cuatro hectáreas de tierra cuya propiedad reclaman tanto la comunidad como una empresa. En ambas ocasiones reocuparon las tierras días después. Unos policías, acompañados de un juez local, trataron de desalojarlos por tercera vez el 29 de abril de 2011, pero la comunidad se resistió al desalojo. Varios miembros de la comunidad y varios agentes de policía resultaron heridos en el enfrentamiento. La decisión del 30 de mayo ha dado a las autoridades luz verde para intentar un nuevo desalojo. En la actualidad, unas 30 personas, entre ellas 10 menores, viven en la tierra en disputa.
El desalojo de comunidades indígenas está prohibido en la actualidad por la legislación argentina. Las leyes 26.160 y 26.554 han establecido una prohibición general de los desalojos de comunidades indígenas desde el 23 de noviembre de 2006 hasta el 23 de noviembre de 2013, mientras se lleva a cabo un estudio nacional ("relevamiento de tierras") para definir los territorios indígenas.
Amnistía Internacional se dirige al Estado Argentino:
- expresando preocupación por el peligro de que cuatro familias de la Comunidad Indígena Quilmes de Colalao del Valle sean objeto de un nuevo desalojo forzoso;
- instando a las autoridades a no llevar a cabo este desalojo forzoso ni ningún otro contra comunidades indígenas de ninguna parte del país, conforme establecen las leyes nacionales 26.160 y 26.554;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que los funcionarios que ordenen y lleven a cabo desalojos forzosos contra comunidades indígenas rinden cuentas de sus actos;
- recordando a las autoridades que deben tomar todas las medidas posibles para respetar los derechos de las comunidades indígenas, conforme establecen la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989.
Estos pedidos serán enviados a:
- Julio Cesar Alak, Ministro Ministerio de Justicia y Derechos Humano
- Cr. José Jorge Alperovich, Gobernador de Tucumán.
- Con copia a: Comunidad Indígena Quilmes
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