El Bicentenario > Comunidades aborígenes reclaman frente al Congreso
Familias campesinas y comunidades indígenas participan de un espacio alternativo. Frente al Congreso nacional reclaman por los desalojos, desmontes y represiones.
Agustín Mamani tiene 90 años. Vivía en la misma tierra que sus padres, “desde siempre”, pero eso no impidió que en diciembre pasado fuera echado de su humilde rancho de adobe por productores sojeros y policías. Don Agustín “resistió a la autoridad”, según alegaron los efectivos, y por eso fue detenido e incomunicado 48 horas. Sucedió en la localidad de Palma Sola, monte jujeño. “El padecer de mi abuelo es el padecer de miles de campesinos e indígenas, familias que trabajan la tierra con sus manos, que nada piden, nada deben, pero sufren los mismos males desde hace 200 años”, resume Gloria Mamani, 28 años, de la Organización Campesina Agroganadera (OCA), que participa del encuentro “El otro Bicentenario. El Bicentenario de los pueblos”, donde dio testimonio de lo que sucede en el campo de Argentina.
Gastre y Corcovado en Chubut. Villa la Angostura en Neuquén. Las Lomitas en Formosa. Son sólo algunos de los lugares donde las comunidades ancestrales enfrentan a empresarios agrícolas, compañías mineras, petroleras y emprendimientos turísticos. Las historias parecen calcadas: campesinos y pueblos originarios tienen leyes a su favor, pero la gran mayoría de las veces llevan las de perder frente a hombres del poder.
Ayer por la tarde, las comunidades contaron su realidad en el espacio “Otro Bicentenario” –frente al Congreso Nacional– impulsado por organizaciones sociales, ambientales, medios de comunicación comunitarios y fábricas recuperadas. Se trata de un espacio alternativo al organizado por el Gobierno y que propone “no festejar, sino reflexionar sobre las políticas coloniales del pasado y el presente”.
El 12 de octubre de 2009, el comunero diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán por defender su tierra. Desde el primer momento la comunidad indígena de Chuschagasta, donde pertenecía, denunció que se trató de una ejecución a sangre fría. Pero muchos medios de comunicación y la Policía hablaron de “enfrentamiento”. “Hay muchas pruebas, pero están todos libres. Sólo pedimos que la Justicia haga justicia de verdad”, reclama Delfín Cata, de la comunidad diaguita.
En la localidad salteña de Hipólito Yrigoyen, departamento de Orán, la comunidad guaraní comunidad La Loma El Tabacal mantiene un conflicto desde hace ocho años con el ingenio azucarero San Martín El Tabacal, de la compañía norteamericana Seaboard Corporation.
En 2008, la Justicia prohibió a la empresa realizar cambios en las 5000 hectáreas en disputa. “La empresa sigue arrasando, sembrando caña, arruinando nuestra tierra”, explicó Mónica Romero, integrante de la comunidad. “No tenemos qué festejar. Son 200 años de discriminación, de un Estado que nos margina y millonarios que nos tratan como esclavos.”
En el “Otro Bicentenario” participan integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI Vía Campesina), el Frente Popular Darío Santillán y la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (Orcopo), entre otras. Hoy será el turno de talleres y proyecciones sobre “las diferentes caras de la crisis” y se contarán las experiencias de resistencia de las organizaciones rurales y urbanas. La mayoría de las comunidades campesinas e indígenas que participan no se reunieron el jueves pasado con la Presidenta. Aunque sí comparten gran parte de las reivindicaciones: rechazo al modelo agropecuario actual, a la minería metalífera a gran escala y el avance de la frontera petrolera. También tienen pedidos en común, entre ellos el cumplimiento efectivo de las leyes que protegen sus territorios.
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