Megaminería y financiamiento de la educación superior

La Alumbrera, 40 universidades y un “dilema ético” por fondos

Por ley, desde 2008 las universidades nacionales reciben parte de las utilidades económicas generadas por la explotación minera La Alumbrera, en Catamarca, denunciada por contaminación ambiental. El tema despertó el debate académico y dividió posiciones sobre la legitimidad de esos fondos. Ya son tres las casas de estudios que los rechazaron.

Luciano Andreychuk

landreychuk@ellitoral.com

Es un tema urticante para los rectorados de las universidades nacionales, pues toca de lleno las fuentes subsidiarias de financiamiento destinadas a la educación superior que provienen de una actividad sospechada de contaminar el medioambiente. La cuestión ya no cabe debajo de la alfombra, y aún más: una encendida discusión ha comenzado a germinar en el interior de los claustros, dividiendo posiciones: ya hay tres casas de altos estudios -y una quincena de facultades en todo el país- que decidieron rechazar los fondos que llegan de la minería a cielo abierto.

En apariencia el tema aparece con matices confusos, pero su núcleo central es fácil de comprender. Todo comienza a fines de la década del “40, cuando un geólogo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) descubrió una mina en la provincia de Catamarca (ver mapa). En 1958 se sancionó una ley nacional -la Nº 14.771- que estableció que la UNT podría recibir un porcentaje de las utilidades económicas generadas a partir de la explotación de ese yacimiento metalífero, años más tarde

conocido como Bajo la Alumbrera. Hasta 2007, sólo esa universidad había recibido los aportes. Ya en 2008 aparece involucrado todo el sistema universitario público.

La mina es explotada por una empresa de capitales extranjeros (Minera Alumbrera Ltd.), dedicada a la extracción a cielo abierto de oro, cobre, etc., en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (Ymad). El Ymad es un ente público conformado por el gobierno de la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán -por la participación de sus investigadores en el descubrimiento- y el Estado Nacional.

Los fondos no son una donación, ni un subsidio: se asignan por ley. El Ymad los administra, y la distribución se da a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). A su vez, Minera Alumbrera Ltd. ha sido denunciada por organizaciones ambientalistas de contaminar el medio ambiente con su actividad extractiva a cielo abierto, y por un eventual “saqueo” de recursos naturales.

Distribución

El CIN -que agrupa a los rectores- aprobó en mayo de este año la segunda distribución de utilidades provenientes de la explotación minera y las repartió entre las universidades del Estado: 36,8 millones de pesos. La primera había sido en julio de 2008 -50 millones de pesos-. En menos de un año, a las casas de altos estudios públicas se les asignó más de 86 millones de pesos en concepto de utilidades provenientes de la minería.

¿Cómo se distribuyeron estos fondos? El artículo 18 de la Ley 14.771, inciso c, dispone que “los resultados que se obtengan por la explotación de esa mina se distribuirán en distintos porcentajes (...): un 50% para la Universidad Nacional de Tucumán, y el 50 % sobrante corresponderá al resto de las universidades del Estado”.

De acuerdo al acuerdo plenario Nº 672 (mayo de 2008), resuelto por el CIN y al que accedió El Litoral, de este 50 % para todo el sistema, 500 mil pesos van al propio Consejo. “El 75 % (de lo que reste) se distribuirá en proporciones iguales entre las universidades del Estado, y el 25 % por los porcentajes correspondientes al “modelo de pautas objetivas’ de distribución presupuestaria” excluida la UNT, dice el acuerdo.

Debate

Los fondos de la megaminería han despertado un encendido debate académico sobre la legitimidad de estos aportes. Lo que se discute es si está bien o no aceptarlos, dado que provienen de una actividad que se presume es contaminante, en contradicción con los postulados de las universidades públicas cuyas mayores proclamas reivindican la defensa del medio ambiente, los recursos naturales y el modelo de desarrollo sustentable. De esa división de posiciones surgieron tres universidades nacionales y una quincena de facultades que decidieron rechazar los fondos mineros, las llamadas “antimineras” (ver nota aparte).

“Esos fondos derivan de lo que establece una ley, y punto. Aquí se está desenfocando la cuestión central. Si hay una norma nacional que prevé la obligación de distribuir tales fondos, esa ley debe cumplirse, más allá de cualquier debate ético que quiera imponerse”, justificó ante este diario el presidente del CIN, Darío Maiorana.

“Así como somos críticos ante el monocultivo sojero o la utilización incorrecta de agua, lo mismo ocurre con la actividad minera, entendiendo que toda actividad humana genera un impacto en el medio ambiente. Pero no hay que caer en el facilismo de creer que las universidades son culpables de la actividad minera en el país”, sentó posición.

¿Debe el sistema de educación superior nacional aceptar dineros -aún dispuestos por ley nacional vigente- provenientes de una actividad sobre la que pesan serias sospechas de contaminación ambiental? Esta parece ser la encrucijada kantiana y el centro del debate abierto en el que cayeron las universidades públicas. Es, además, el ojo de una tormenta de posiciones enfrentadas que, tal como se presenta el panorama, se intensificará el año entrante.

/// ¿QUÉ ES?

1 La minería a cielo abierto es una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, posteriormente procesadas para la extracción de minerales.

2 Para extraer oro o cobre (entre muchos otros metalíferos), la minera debe producir primero la voladura de grandes cantidades de suelo, montañas que son convertidas en rocas y éstas trituradas.

3 Se utilizan sustancias químicas (mercurio, ácido sulfúrico) licuadas con grandes cantidades de agua que logran separar y capturar los metales del resto de la roca.

4 Tras la extracción, el “barro” de minerales es enviado por un ducto hasta Tucumán; desde allí son trasladados por tren al puerto de Rosario.

5 Finalmente, se exporta por la vía oceánica hacia distintos mercados internacionales.

Una montaña de controversias. Panorámica de Bajo la Alumbrera, en Catamarca. Las universidades nacionales reciben parte de las utilidades producidas por la empresa dedicada a la explotación de esta mina a cielo abierto, denunciada por contaminación ambiental.

Foto: www.alumbrera.com.ar

Las “antimineras”

En la región Centro, una universidad, la Nacional de Córdoba, recientemente decidió rechazar los fondos mineros (ya habían sumado su rechazo las universidades de Río Cuarto y Luján). En Entre Ríos, varias facultades -como Ciencias de la Educación y Trabajo Social- expresaron su “rotundo” rechazo a la aceptación de estos aportes.

También sumaron su negativa la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (Unsa), entre otras. El argumento compartido por estas unidades académicas responde a una cuestión ética. Aceptar los fondos mineros implica convalidar desde la universidad pública formas de explotación económica contaminantes del medio ambiente, con la consecuente afectación de los recursos naturales.

50

millones de pesos

recibieron en 2008 las universidades nacionales provenientes de la actividad minera.

36.8

millones de pesos

fue el monto total -procedente de la Minera Alumbrera- destinado a las universidades el corriente año.

Lo negativo

En la mira

Minera Alumbrera Ltd. ha sido denunciada por contaminación por parte de diversos sectores ambientalistas. Aún no hay estudios externos que determinen fehacientemente si la actividad extractiva a cielo abierto contamina o no.

Lo positivo

Debate abierto

Varios actores académicos consultados calificaron como positivo que en las universidades públicas, autónomas y democráticas, se comience a discutir sobre el tema de los fondos mineros, que tocan de lleno la actualidad universitaria.

/// OPINIONES

Debate abierto

“La discusión sobre los fondos mineros que aceptó la UNL no está cerrada. De hecho, si en algún momento llegan (los de la partida de 2009), porque aún no llegaron, se podrá tratar qué se hace con esos dineros, qué destino se les da. Seguramente el año que viene va a estar en el consejo superior el debate abierto acerca de qué se hace con esos fondos. En ningún momento se dijo que no se reabra la discusión, todo lo contrario”.

Albor Cantard, Rector de la UNL

Respetar la ley

“Las universidades están obligadas a respetar la ley que dispone los fondos mineros. A su vez, sería bueno analizar a fondo el marco regulatorio (Código Minero, Ley de Inversiones Mineras), que es muy deficiente. El CIN está en contacto con organizaciones ambientalistas, no es ajeno a la minería a cielo abierto. El año entrante se hará un congreso nacional para discutir una nueva organización de la actividad minera en el país”.

Darío Maiorana, presidente del CIN

Dixit

Premio Nobel

“Sabemos de las necesidades financieras de las universidades. Sin embargo, nos parece que el CIN y las casas de estudios deberían rechazar esos fondos, porque provienen de una actividad destructiva y contaminante (A. Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz).

La cifra

90

millones de litros de agua por día -se calcula- son consumidos por la explotación minera para el proceso de extracción de minerales. En La Alumbrera se invirtieron U$S 1.200 millones para su puesta en marcha en 1997. La producción minera anual asciende a 120 millones de toneladas métricas.

Una vergüenza

Desde nuestro gremio les hicimos saber a los rectores el rotundo rechazo a la aceptación de estos fondos. Deberían suspenderse o prohibirse. Es una vergüenza que las universidades los acepten. Además, son las universidades a quienes se recurre para que se realicen estudios de impacto ambiental. Entonces, éstas no pueden tener a las empresas mineras como “donantes’ de fondos, porque es una forma de comprar conciencias y voluntades”.

Claudia Baigorria, secretaria general Conaduh

Falta debate

“Actualmente hay 12 provincias argentinas afectadas directamente por el modelo minero. Y ahora están involucradas las universidades. Aquí en la UNL me sentí censurada, porque no me dejaron exponer sobre este tema. Estoy preocupada porque las universidades públicas deberían estar más abiertas a la discusión. Si no abrimos el debate no podremos conocer el impacto real de la megaminería en el país”.

Maristella Svampa, Investigadora del Conicet - coautora de dos libros sobre minería

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2009/12/30/educacion/EDUC-01.html