La minería en el altiplano

Entendiendo la democracia como la participación popular en las decisiones que conllevan al desarrollo y la forma de evaluar los sistemas acordes a nuestras necesidades y expectativas, pareciera que ésta palabra amorfa e incolora tiene relevancia en tercera dimensión para los grupos de poder, mientras que para el común citadino andino, la democracia es sinónimo de imposición, coacción, obligación y no compartir ideas para buscar un norte común. De ésta atingencia parte la interrogante, ¿Será la minería beneficioso para el poblador altiplánico?, ¿Quiénes realmente se benefician con la actividad minera?, ¿El supuesto desarrollo que peroran los empresarios mineros en que se trasluce?, ¿Porqué el poblador andino no puede transitar libremente por las punas como lo hacían sus antepasados?…

Para nadie es un secreto que hablar de ANTI, es catalogado por las huestes liberales como terrorista, claro que ésta estigmatización marca de cuerpo y alma a los sectores que viven de migajas, los ciudadanos que levemente se benefician de algunas dádivas de los gurúes de la inversión macroeconómica, aquellos que con la ley en la mano tratan de cholitos a los pobladores altoandinos, existiendo incluso “felipillos” anoréxicos en la representación nacional y regional.

La minería en el altiplano fue explotado desde tiempos remotos, el oro, metal codiciado por el Inca y su séquito era adecuadamente explotado, sin perjudicar la coexistencia entre el medio ambiente y los entes que conforman su hábitat, pero con la irrupción sanguinaria de los hispanos, el metal precioso fue una obsesión furibunda, a tal punto de enfrentar en cruentas batallas a hermanos de sangre. Ésta codicia es ahora el pan que alimenta al ejecutivo y su política minera implementada con una serie de normas que coligen entre sí y confrontan en jerarquía, a tal punto de marear su correcta aplicación hasta al mismísimo tribunal constitucional.

La maraña de normas, decretos y resoluciones supremas, no tienden a favorecer a los humildes pobladores altoandinos, es más éstos están desamparados, porque la propia interpretación leguleyo de las normas cuestionadas tiene un costo, el mismo que llega a un mismo puerto, el de favorecer maliciosamente a los inversores en éste rubro, siendo despojados de su ancestral posesión, ateniéndose a convenios marco con rango constitucional, mientras que un campesino no tiene salud cabal ni entendimiento del idioma hispano, menos lecto escritura fluida.

Con las mediáticas campañas utilizadas en los diferentes medios de comunicación acerca de una minería responsable y coherente con el ecosistema andino, los mismos pobladores del ande viven su realidad, cuando las empresas mineras están contaminando el medio ambiente, con los afluentes enturbiados, bofedales en proceso de desaparecer, afluentes naturales que fueron desviados, infecciones sanitarias en sus semovientes, enfermedades crónicas en sus hijos menores y muertes por causas desconocidas y ante cualquier denuncia ante los organismos de control sobre contaminación ambiental por los pobladores afectados, éstos son amedrentados, denunciados o golpeados sin derecho a pedir auxilio legal oportuno.

Además, es inverosímil, anecdótico, siniestro y por demás pueril la actitud del Ministerio del Ambiente, cuando claudicó de manera abierta a evaluar los Estudios de Impacto Ambiental, renunciando así una de sus funciones fundamentales, teniendo en cuenta que la minería es una de las actividades que más daño generó en los ecosistemas altoandinos, perjudicando las magras economías de sus pobladores.

Es cierto que la minería formal aporta al estado nacional más del 5 por ciento del producto bruto interno por concepto de impuestos, pero la realidad también es onerosa a favor de los inversores en éste rubro económico, porque alrededor del 80 por ciento es destinado para engrosar las ganancias netas de los empresarios, y solo un porcentaje inferior a la adquisición de equipo mecánico, infraestructura y el resto para condicionar a las comunidades nativas, pobladores rurales, productores agrícolas con regalos minúsculos o compra de conciencia a dirigentes.

Siendo el territorio nacional de diverso piso ecológico, el 55 por ciento de las comunidades campesinas y nativas tienen problemas de contaminación ambiental o desequilibrio ecológico. Ésta población solamente tiene como ilusión fútil la evaluación ambiental seria y eficaz del ejecutivo mediante sus organismos desconcentrados, pero teniendo un estado obnubilado por los réditos oscuros que brindan los empresarios mineros, dejan de lado el impacto ambiental nocivo para las generaciones venideras.

Con leyes abiertamente favorables para la inversión en el sector energía y minas, incluso contendiendo entre sí, la minería está en auge, siendo los convenios de éste rubro los más perjudiciales para el estado nacional, porque éstos inversores piden garantía constitucional y ante cualquier desavenencia legal, nuestro poder judicial no tiene valor legal, siendo organismos jurisdiccionales internacionales los que se avocan a dirimir posiciones en controversia.

Frente a éste panorama oscuro y nebuloso en frente, la minería lejos de ser beneficioso para las economías pauperizadas del ande, es ciertamente nocivo, porque no existe regla efectiva de evaluación de impacto ambiental, además porque el ejecutivo por concepto de canon minero reparte recursos ínfimos y pulverizados al impacto ambiental, por decir, del cien por ciento del canon minero que recibe el estado, se reparte de la siguiente forma, 40 por ciento corresponde a los gobiernos regionales y locales donde se explota, 25 por ciento se destina a gobiernos regionales, de los cuales el 20 por ciento es intangible para las universidades nacionales, 25 por ciento se distribuye entre los gobiernos provinciales y distritales donde se explora el recurso natural y los restantes 10 por ciento al gobierno distrital donde se explora el recurso minero, siendo intangible el 30 por ciento para el desarrollo sostenible e inversión productiva.

El impuesto que genera la explotación minera directamente es recaudado por el ejecutivo y sirve de ganancia estatal, además por las políticas entreguistas implantadas por lo gobiernos que gobernaron bajo el manto de la constitución fraudulenta del 93 se aceptó donativos en forma de óvolo minero amorfo, y no se implanta hasta la fecha el impuesto adicional por concepto de ganancias netas, esta forma de sujeción a las mineras nos hace ver como estado de cuarta categoría a nivel mundial, a contraposición del ejecutivo que a los cuatro vientos señala que estamos en la entrada al primer mundo con un auge económico único en el mundo, comparándonos incluso con los tigres de Asia.

Finalmente, podemos indicar que la Minería explotada adecuadamente trae desarrollo, pero con la legislación cavernosa, lúgubre e inestable los únicos que pierden son los pobladores andinos. Segundo, el ministerio del Ambiente no debe abdicar su labor de fiscalización y control del Estudio de Impacto ambiental. Tercero, los gobiernos locales tienen que ser capaces de liderar la defensa irrestricta del medio ambiente. Cuarto, es potestad del gobierno regional reclamar al ejecutivo funciones administrativas con respecto a la inversión en minería, no simples portapliegos o amanuenses. Además, en los procesos electorales, quienes ponen el capital económico de los candidatos son los agentes mineros en sus diferentes modalidades, y éste grupúsculo tiene prácticamente secuestrado a los ciudadanos que representan el ejecutivo y legislativo nacional. Los potentados económicos son los que legislan a su favor y contra los humildes pobladores que solamente somos un voto medroso.

http://www.losandes.com.pe/Sociedad/20091122/30097.html