El cineasta y político Fernando Pino Solanas llegó a Mendoza para presentar el jueves pasado el documental Tierra sublevada, oro impuro. El filme es el último de una saga que comenzó con Memoria del saqueo (2004) y gira en torno a la depredación y saqueo de los recursos minerales -metales e hidrocarburos- y las luchas contra la creciente contaminación.
El estreno en el Cine Universal fue recibido a sala llena y encontró su devolución a través del panel de debate que Pino compartió con ambientalistas y activistas mendocinos que se oponen a la instalación de mineras a cielo abierto.
A modo de “carta a los espectadores”, el cineasta relata que “en los años ‘90 las políticas neoliberales entregaron el petróleo y la minería a las corporaciones. Usando sustancias tóxicas y métodos extractivos depredadores contaminaron las napas de agua y el medio ambiente”.
Sin embargo, ayer el gerente de la compañía minera La Alumbrera, Jorge Montaldi, sostuvo que el cineasta “miente en su película” sobre esa industria, dado que Pino
-diputado electo- dijo que las empresas trabajan “en actividades delictivas”, por lo que impulsará la prohibición de la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas.
La polémica se enmarcó en torno a la película que el cineasta realizó en 2008 sobre la actividad minera con quejas de pobladores de distintos puntos del país por los nefastos resultados de contaminación que pueden generar las empresas del sector. Algo que no sólo Pino y su producción denuncian, sino distintos estudios e investigaciones periodísticas.
Pero el gerente institucional de Minera La Alumbrera atacó a Solanas diciendo: “Con total honestidad, en su película miente”.
“Dice que en los yacimientos de Alumbrera utilizamos cianuro, nosotros no lo utilizamos. Dice que los yacimientos están militarizados y como se puede ver acá no tenemos ni un militar”, trató de explicar al diario Chilecito durante una visita de periodistas al predio en Catamarca y organizada por el gobierno riojano.
Montaldo también sostuvo que el cineasta y diputado electo “dice que en la zona de Andalgalá hay enfermedades, cáncer y otras cosas y no hay ninguna estadística que nos diga eso”, se atajó el corpotarivo.
“Si vamos a discutir sobre ideologías y de si los yacimientos tienen que ser explotados por empresas privadas o por el estado eso es discutible; lo que no es discutible son las mentiras que pone en su película”, remarcó.
Ante esto, Solanas respondió a radio Comarca que “estas mineras enviaron siempre emisarios o gente con carteles que dicen Pino Solanas miente, pero lo que no pueden hablar es que en la película hablan decenas de personas con nombre y apellido, que están dañadas por la acción de Minera La Alumbrera o conocen directamente el caso”.
A su vez, insistió en que la minera ha contaminado toda la cuenca de la zona y se preguntó: “¿Dónde van a parar esos 100 millones de litros de agua que vierten sobre el dique de cola?”.
Solanas sostuvo que la compañía “trabaja en actividades delictivas porque contaminar el medio ambiente como han contaminado la cuenca, que terminó matando a los peces de Río Hondo, (los vuelve) cómplices”.
También denunció un “régimen feroz” de trabajo en el interior de la empresa y sostuvo que “por eso, tienen temor de hablar” sus trabajadores.
Pino, finalmente, acusó a los ingenieros que trabajan en la mina de saber sobre “la estafa que La Alumbrera realiza al no declarar más de 60 metales, entre ellos algunos denominados metales raros, que son más caros que el oro y van en un barro que nadie controla”.
“Es tan impúdica e impune la declaración jurada de la minera porque todo va por un caño a un tren y de ahí a un barco”, dijo Solanas, y adelantó que el primer proyecto que va a presentar en el Congreso será el de la prohibición de la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas.
Las facultades en contra
Ya son varias las facultades de la UNLP que le dieron la espalda a los fondos provenientes de la Minera La Alumbrera, en base a prinpicios éticos y en “la destrucción total del ambiente” que genera la minería a cielo abierto a gran escala.
La última facultad en acoplarse a esta medida fue la de Ciencias Naturales y Museo resolvió rechazar los fondos que la empresa minera había cedido a todas las universidades nacionales del país.
La decisión de rechazar los fondos se sustentó en el principio precautorio que establece la ley general del Ambiente nº 25.675 en su artículo 4.
Hasta ahora son 19 las facultades y unidades académicas que rechazaron los fondos de YMAD. Este año, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba fue la primera en rechazarlos a nivel nacional.
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