Críticas y sospechas en la Universidad Nacional de Tucumán por el uso de $ 400 millones provenientes de la actividad minera.
Norma Giarracca.
La decisión del Consejo Interuniversitario Nacional y las consiguientes aceptaciones de los consejos superiores de las universidades públicas de aceptar dineros de una empresa minera pusieron en discusión y debate muchos aspectos referidos al financiamiento universitario, la autonomía científica, los orígenes de fondos para un trabajo independiente, etc. Pero lo que está ocurriendo actualmente en la Universidad Nacional de Tucumán en el contexto de cambios de autoridades es mucho más complejo pues dicha casa de estudios recibe ganancias de la minera por participar en la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, una empresa privada constituida como Unión Transitoria de Empresa con La Alumbrera y que recibe el 20% de las utilidades. Lo que se discute dentro de la institución, entre los sectores que compiten por el rectorado, se basa en críticas y sospechas acerca del uso de esos fondos que se fueron dando desde 2006 y que ascienden a casi 400 millones de pesos. Se realizaron obras de infraestructura, edificios que nada tienen que ver con la armónica arquitectura de una universidad que supo ser pionera en pensamientos y diseños arquitectónicos. Además de estos gastos, se dijo que la UNT realizó casi 150 depósitos de plazos fijos en decenas de entidades bancarias y hubo cruces muy duros de opiniones y hasta denuncias de amenazas telefónicas.
Pero existe otro debate, llevado a cabo por agrupaciones estudiantiles que hacen severas críticas a estos financiamientos. Se trata de una nueva generación de estudiantes conscientes de la depredación que acarrea la actividad minera y que cuestiona radicalmente la sociedad de la UNT con esta empresa. El miércoles 11 de noviembre en su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se produjo un encuentro muy interesante a raíz del estreno del documental de Pino Solanas Tierra sublevada. Oro impuro con una mesa de debate acerca de la actividad minera y sus consecuencias; esas que van desde problemas de salud, la contaminación ambiental o la contaminación cultural con valores que deberían permanecer muy alejados de los claustros universitarios. La mercantilización del saber, la colonización que impone esa lógica financiera - con sus plazos fijos y conductas de tipo mafiosa y la contaminación cultural que se produjeron en los noventa no han podido desactivarse en Tucumán ni en el resto de las universidades del país. Por eso, la presencia de estos jóvenes, futuros profesores y autoridades resulta esperanzadora.
Es necesario un debate profundo que interrogue si una entidad dedicada al conocimiento para los valores humanos, sociales y morales debe mantener el estatus de socia de una actividad fuertemente cuestionada por gran parte de la comunidad internacional. La sala desbordada, la presencia de tucumanos de diversas generaciones pero sobre todo la de esos jóvenes dignos y autónomos como los prefiguró la Reforma del 18, las conmovedoras imágenes del documental, la presencia de un personaje tan coherente como Pino Solanas y de otro tan valiente como el fiscal Gustavo Gómez que procesó a un funcionario de la empresa, homenajeaban a aquella provincia que supo ser vocera de independencias de coloniales, de fuertes querellas por la igualdad y de significativas transformaciones sociales y culturales durante gran parte de su historia. Tal vez por ser portadora de esas tradiciones, Tucumán recibió una de las peores represiones provinciales de la dictadura de 1976 y posteriormente, como corolario de tanto sufrimiento, demuestra serias dificultades para retomar senderos de democratización. Hace menos de un mes se asesinó al comunero diaguita Javier Chocobar por defender sus territorios, hoy se reprime una huelga de trabajadores de la salud; pero Tucumán, como muchas otras provincias cordilleranas, sabe querellar por sus territorios y sus bienes comunes como la tierra, los cerros, el agua, la salud, la educación.
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