Domingo 15 de Noviembre de 2009 | Los propietarios de tierras afirman que se está presionando sobre derechos adquiridos y que el Estado debe actuar. Los reclamos de las comunidades indígenas sobre tierras están generando conflictos de difícil resolución, que crecen en intensidad a lo largo del país. Los propietarios de terrenos expresaron su preocupación ante lo que consideran un avance conflictivo en el que el Estado se desentiende, sin advertir la gravedad de la cuestión.
"Hace un par de meses se reunieron representantes de familias afectadas. Eran más de medio centenar a las que no las dejan trabajar la tierra, les cortan los alambrados, les ocupan tierras y les quitan los animales", explicaron los abogados Fernando López de Zavalía y Máximo Padilla. "Observamos que hay abogados que trabajan como representantes de comunidades indígenas en apropiación de tierras de particulares", agregó López de Zavalía.
Todo comenzó, según dijo, con la reforma de la Constitución nacional en 1994. "El artículo 75, en el inciso 17, reconoce la presencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y la personalidad jurídica de sus comunidades. En ese momento había pueblos como los tobas en Chaco y los wichis en Salta. Pero este artículo dio lugar a un negocio de abogados y de caciques. Comenzaron a aparecer comunidades extinguidas y ahora están en todas partes. En Tafí del Valle ahora hay cinco caciques y en Trancas, dos", explicó.
El problema que se genera, añadieron, es que se está presionando sobre derechos adquiridos. "Los títulos en Tafí del Valle son fruto del remate de la Junta de Temporalidades (siglo XVIII) de cuando se fueron los Jesuitas. Ahora las comunidades les comenzaron a disputar derechos a familias que en aquella época compraron las tierras". López de Zavalía agregó que a los aborígenes de Trancas se les asignaron terrenos en una estancia llamada Pusana y "esa comunidad se declaró extinguida en 1906. Se repartieron entre individuos la tierra. Eso está en el Archivo Histórico. Pero ahora aparecieron los tolombón y reclaman 150.000 hectáreas", explicó.
Los abogados expresaron su alarma, que fue planteada en un proyecto de ley del diputado nacional José Ignacio García Hamilton (fallecido recientemente) en el que se planteó formas de resolver la potencial conflictividad que se genera. "El dijo que se debía encauzar el problema desde el punto de vista histórico-jurídico (no se puede asignar tierras particulares) y filosófico-jurídico (que se plantee el tema como cultural y no racial)", dijo López de Zavalía.
Ambos concluyeron en que se debe debatir con urgencia esta problemática que está creciendo. "Hay que parar esta irracionalidad. Esto es un negocio para abogados que se hacen pagar honorarios en los reclamos de estas comunidades que estaban extinguidas y resucitaron, y un negocio ilegal de apropiación de tierras de particulares".
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| El debate por la preexistencia de la comunidad mapuche | ||
| Villa La Angostura decidió no reconocer derechos especiales A diferencia de los conflictos existentes en otros puntos de la provincia, en Villa La Angostura la raíz del problema no descansa sólo en el dominio territorial, sino en la preexistencia o no de una comunidad mapuche. La polémica, que hasta hace unos años se circunscribía al ámbito de los historiadores e intelectuales, adquirió relieve popular con la avanzada de la comunidad sobre terrenos privados. El debate también quedó plasmado en la flamante Carta Orgánica, que decidió no reconocer ninguna comunidad como pueblo originario y preexistente. De los 12 convencionales, sólo el bloque unipersonal del Partido Socialista presentó un proyecto para que se reconociera a la Comunidad Paicil Antriao. Los estatuyentes realizaron tres reuniones abiertas a la comunidad para debatir el tema. Propietarios, representantes de la comunidad y vecinos llevaron documentación y prestaron testimonio. "El debate no pasó por el reconocimiento a la comunidad o no, sino por si se reconocía a algún sector un derecho especial o se buscaba la igualdad de oportunidades y derechos para todos los ciudadanos, sin distinción de grupo o género. Por eso, por ejemplo. Tampoco pusimos un artículo especial sobre la mujer. Hicimos un artículo que garantiza la igualdad", señala la ex convencional María José Rodrigo, del bloque del PJ. También, aseguró que si bien en otras cartas orgánicas de la provincia se da reconocimiento a tal o cual comunidad, no es competencia municipal porque los pueblos originarios ya están amparados en la Constitución Nacional y provincial. La no inclusión de la comunidad -como reclamaba la Confederación Mapuche Neuquina- fue una decisión política compartida por gran parte de la sociedad local. Es que la comunidad Mapuche Paicil Antriao se organizó como tal en el 2003 en una reunión convocada por la Biblioteca "Osvaldo Bayer" y en el 2005 comenzó la ocupación de tierras privadas en el faldeo del Cerro Belvedere, en la zona del barrio Epulafquen. En el 2007 el INAI le otorgó la Personería Jurídica, algo que por el momento no legitima ni contempla ningún reclamo territorial. La cuestión étnica Según los defensores del concepto "comunidad preexistente" -sustentado en el documento o estudio preliminar realizado por el INAI, "Fortalecimiento Comunitario, rescate de la identidad Mapuche y reafirmación territorial Lof Paicil Antriao y Quintriqueo- la comunidad Paicil Antriao experimentó un proceso histórico de invisibilización por parte del Estado Nacional y la cultura del hombre blanco. "La gradual consolidación del poder del Estado en el contexto de "frontera" ha tendido a negar la adscripción étnica y a invisibilizar la pertenencia cultural de estas familias", argumentan los antropólogos Analía García y Sebastián Valverde, responsables de varios estudios sobre las comunidades locales. Por otro lado, aseguran que "consideramos que el proceso de movilización social llevado a cabo por las familias mapuche de Villa La Angostura confronta y plantea un debate al interior del contexto local en la medida en que cuestiona la historia oficial basada en los pioneros del desierto de origen europeo en un territorio donde ´no había indios´". Contrario a otras comunidades mapuches de la provincia, a raíz de esa "desascripción" étnica los mapuches locales no habrían convivido como comunidad, y las 625 hectáreas del lote pastoril 9 que el Estado nacional entregó en 1902 a las familias Paicil y Antriao terminaron siendo fraccionadas y vendidas por sus descendientes. La división del lote pastoril se realizó en 1948, quedando una mitad para la familia Paicil y la otra para Antriao. Las tierras se subdividieron y algunos descendientes, mal o bien, las fueron vendiendo. Sin embargo, no todos vendieron y a la fecha hay herederos que aún tienen propiedades en la zona. Si bien existen sospechas sobre algunas ventas, esas posibles irregularidades no fueron comprobadas por la Justicia penal. En tanto, la mayoría de los propietarios de tierras en litigio ostentan títulos de propiedad legalizados por el Estado. El artículo 954 del Código Civil prevé la posibilidad de anular actos jurídicos -como una escritura- cuando están "viciados" o "una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación". Pero sólo se aplica la ley hasta cinco años después de realizado el acto. "Nunca se vivió en comunidad" Javier Murer, ex convencional estatuyente por el MPN, es descendiente directo de la familia Paicil. Su bisabuela era María del Tránsito Paicil y su familia aún conserva parte de las tierras. "Todo lo que hace al reconocimiento y reivindicación de los derechos de comunidades mapuches estoy a favor, pero no es el caso puntual en La Angostura", asegura Murer, y agrega que "jamás hubo una comunidad mapuche que directamente se manifieste, que haya vivido en comunidad, esa es la verdad, jamás se habló de rogativas, de comunidades o loncos, hablaban de cacique Antriao, pero ninguno de nuestros descendientes hablaba mapuche". En cuanto a la decisión de no incluir la comunidad local dentro de la Carta Orgánica, argumentó que optaron por el criterio de igualdad, incluyendo un artículo que asegura la no discriminación e igualdad de derechos de todos los ciudadanos sin diferenciación de razas. También, en que la supuesta comunidad mapuche no ha demostrado ser tal. En ese sentido, indicó que a diferencia de otros lugares donde "se les ha ido arrebatando las tierras a las comunidades mapuches", la ocupación de tierras privadas en Belvedere es "una toma". "No se tiene distorsionar el objetivo de la ley, me da bronca que haya gente que se aproveche de esta situaciones y exponga a otros a este tipo de conflictos, me duele mucho. Se violan otros derechos constitucionales como el derecho a la propiedad", concluyó. MARIANA FERNÁNDEZ |
Los conflictos por tierras son cada vez más recurrentes en Río Negro y Neuquén. Informe especial sobre las pujas entre indígenas y dueños de campos y el rol de los gobiernos en cada provincia.
El último censo oficial realizado en el país reveló que el 18,8 por ciento de los indígenas que habitan suelo argentino son mapuches.
Se trataba entonces (años 2004/2005) de 113.680 aborígenes o descendientes directos, que en su gran mayoría (99.061) vivían en la Patagonia, mientras que el resto se distribuía en Capital Federal y 24 partidos de la Provincia de Buenos Aires (9.745) y el resto del país (4.874).
Entre los 78.534 censados en la Patagonia, apenas el 11,8% residía en una comunidad indígena. Es decir, 9.267 mapuches despertando cada mañana en un campo del extremo sur del continente.
Las cifras hablan y dejan a su paso una pregunta concreta: si apenas uno de cada diez mapuches vive en comunidad ¿por qué razón la lucha por tierras recorre el sentido inverso y acumuló tensión sin pausa durante los últimos meses, principalmente en Río Negro y Neuquén?
El escenario es complejo, por la multiplicidad de voces e intereses. También por el cruce de reproches entre los propios actores del Estado, con funcionarios de poderes ejecutivos convencidos de que la justicia debe resolver los conflictos y jueces que descansan en la presunta habilidad de ministros y secretarios para evitar desmanes a través del diálogo.
En el medio, banderas mapuches confeccionadas con distintos tonos de legitimidad y dueños de tierras con idéntica amplitud en su nivel de tolerancia. Algunos aceptan hablar, pero otros exigen "desalojo ya".
"Río Negro" indagó entre loncos, estancieros, funcionarios, abogados y referentes de la Iglesia, para conocer argumentos y posiciones ante uno de los temas que más polémica genera a la hora de analizar la historia patagónica.
El resultado está desplegado a lo largo de cuatro páginas, con verdades y mitos, protagonistas y ausentes, palabras y números.
Todo en el marco de un debate en el que leyes vigentes se cruzan con cuestiones culturales, derechos ancestrales legítimos y reclamos surgidos netamente de intereses económicos.
Un cóctel demasiado espeso para pensar en soluciones a corto plazo, pero inevitable de afrontar si el objetivo es conseguir el desarrollo de la región en armonía.
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