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miércoles, 15 de agosto de 2012

Ante la reglamentación de la ley de ‘Soberanía Hidrocarburífera’


Comunicado público 


Dos largos meses pasaron desde la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera hasta su reglamentación, a través del decreto 1277/12, el 25 de julio. En ese lapso se pasó de un momento de euforia por el acto soberano de expropiar buena parte del paquete accionario de Repsol, a la búsqueda de nuevos socios estratégicos que aportasen capital y conocimiento técnico para la reposición de reservas y una mayor extracción de hidrocarburos de áreas tradicionales, así como para el desarrollo de yacimientos no convencionales. Las estadounidenses Exxon Mobil y Chevron, y la estatal china CNOOC, fueron las primeras interpeladas por la estrategia oficial, pero la imposición por parte de las mismas de condiciones y exigencias que replicaban el ‘modelo Repsol’ –libertad para liquidar utilidades en el exterior, libre disponibilidad de los hidrocarburos, atar la cotización interna del gas y el petróleo a los valores internacionales– impidió cualquier tipo de asociación hasta el momento. Frustrados estos planes, si bien se mantiene el diálogo abierto con las autoridades chinas, el Gobierno Nacional optó por avanzar en la firma de acuerdos más ventajosos con Bolivia y Venezuela. Lejos de continuar buscando socios entre los grandes jugadores del sector, entendemos que debe profundizarse este último camino con una integración regional más vigorosa que potencie armónicamente la complementariedad productiva de nuestros países.
Si bien el exitismo en torno al potencial de los yacimientos no convencionales -como elemento fundamental para lograr el autoabastecimiento energético- no ha desaparecido de las declaraciones de funcionarios nacionales, provinciales y de la dirección de YPF, éste no alcanza a garantizar la provisión cotidiana de gas, que se refleja tanto en la necesidad de aumentar la importación desde Bolivia, como en las obras de ampliación de los puertos regasificadores de Bahía Blanca y Escobar, el desaliento del consumo del GNC a través del incremento de precios y el aumento del precio del gas en boca de pozo para seducir a las operadoras. La vaticinada avalancha de inversiones externas no se concreta, y por ahora el máximo logro es haber aumentado la capacidad de refinación de YPF, que redundaría en una disminución de las importaciones de gasoil.
En este contexto, la firma del decreto 1277/12 es un avance importante en la política sectorial hidrocarburífera. Desde 1989, la ‘libre disponibilidad’ fue la piedra angular del saqueo que se materializó en la exportación de hidrocarburos, a la que se sumó la desregulación de precios y la privatización de YPF; y, finalmente, el proceso de balcanización de la gestión y explotación del recurso a partir de la provincialización del dominio. La reglamentación del Poder Ejecutivo –con la derogación de los artículos 5 inc. d, 13, 14 y 15 inc. a, b y e del decreto 1055/89; artículos 1, 6 y 9 del decreto 1212/89; y artículos 3 y 5 del decreto 1589/89– echa por tierra ese marco (des)regulatorio y sienta las bases para una mayor planificación y gestión racional por parte de la Nación.
La nacionalización ‘de hecho’ en la gestión y regulación sectorial es una medida progresiva y de avance efectivo que repercute en numerosas áreas de nuestra sociedad. La creación de una herramienta central, pública y con una potencial inserción en el control de todas las etapas de la industria es un complemento necesario de la expropiación parcial de YPF. La planificación de las inversiones, los precios internos, el destino de los recursos, los niveles de extracción y refinación, subsumiendo los intereses particulares de las operadoras privadas al interés general, debe ser la columna vertebral de un proyecto de país soberano y justo. Hasta el momento, esta premisa había sido dejada de lado en el sector, siendo las corporaciones privadas las que dictaban discrecionalmente, y de acuerdo a su propio beneficio, el destino de la energía presente y futura.
En este sentido, la apertura del escenario en los últimos tiempos es positiva y esperamos que esta línea sea una política de Estado en los años venideros y no de carácter coyuntural por parte de un gobierno ante un escenario particular.
No obstante, esta creación de una herramienta de regulación pública todavía deja varios interrogantes, que ya hemos planteado en otras oportunidades. Por un lado, cuál será el rol del Consejo Federal de Hidrocarburos, instancia creada por la ley de Soberanía Hidrocarburífera, que se encuentra ausente en el decreto 1277. Las atribuciones conferidas a la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, siembran dudas acerca de qué incidencia real tendrá el Consejo Federal de Hidrocarburos en el diseño e implementación de políticas públicas para el sector. De la resolución de este interrogante dependerá la participación que tendrán las provincias en el nuevo esquema. En este punto, será imprescindible avanzar en un régimen federal con verdadera vocación democrática, en el que la participación comunitaria y de los trabajadores remplace a la “comunidad de negocios” existente hasta el momento entre las clases dirigentes provinciales y las compañías privadas.
Como se ha mencionado en otras oportunidades, el abordaje económico ha eclipsado totalmente el debate y la implementación de políticas públicas. La participación –tanto en el Consejo Federal de Hidrocarburos y la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas– de los organismos públicos responsables de garantizar el derecho a un ambiente sano brillan por su ausencia. La extracción e industrialización de hidrocarburos es una actividad contaminante, cuyos impactos sociales, ecológicos y económicos se registran a lo largo y ancho del país –entre otros, la violación sistemática de los derechos colectivos ambientales del conjunto de la población y los específicos de los Pueblos Indígenas, reconocidos en el marco jurídico nacional e internacional.
En vista de esto, los requerimientos a los operadoras no tendrían que limitarse a aspectos productivos y financieros sino también al apego a la normativa ambiental específica. Asimismo, son de público conocimiento los casos de resistencia de comunidades indígenas y campesinas que se oponen a los programas de desarrollo hidrocarburífero, y que encontraron en los organismos públicos (nacionales y provinciales) silencios o directamente represión y judicialización. Para terminar con esta situación deberían implementarse los mecanismos de consulta presentes en la legislación indígena internacional, con el objetivo de poner fin a las asimétricas negociaciones que se entablan entre comunidades y empresas, que en muchos casos redundan en la fragmentación interna de las primeras por las prácticas de reparto de dádivas llevadas a cabo por las petroleras.
El Estado no debe desentenderse de sus responsabilidades y derivar los conflictos al ámbito privado; tampoco debe convertirse en el brazo represivo al servicio de la ‘seguridad jurídica’ de las empresas, sino que debe velar y respetar los territorios que no otorgan la ‘licencia social’. Los incumplimientos y las violaciones de derechos no afectan sólo a los directamente damnificados sino que son hechos que lesionan al conjunto de la población y el país.
Entonces, ¿qué se espera para avanzar efectivamente en un programa de transición energética y que garantice plenamente los derechos colectivos? Los tiempos que vivimos no plantean únicamente el desafío de una mayor apropiación social de la renta y control público de los recursos naturales, sino también en una nueva práctica de armonía y de respeto en la relación a la naturaleza. Insistimos en que la energía debe ser concebida más allá de los límites conferidos en la actual discusión, incluyendo aspectos ambientales, culturales y sociales en igualdad de condiciones con la variable económica. Necesitamos continuar avanzando hacia una YPF acorde con los tiempos que corren: de control público, federal, democrática y con amplia participación popular y de sus trabajadores. En definitiva, una herramienta social para una transición efectiva hacia un país justo, soberano y sustentable.
Observatorio Petrolero Sur (OPSur)
Buenos Aires, 14 de agosto de 2012


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Observatorio Petrolero Sur | OPSur
Miembro de la red internacional del Sur Global Oilwatch.
(+54) 11 4373-6303/4
Buenos Aires, Argentina

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ESCRACHE A LA ALUMBRERA

Sábado 11 de octubre: Ante la convocatoria de ASANOA se realizó una marcha por el centro de la ciudad. Se realizó un escrache en las puertas de las oficinas de Minera La Alumbrera en Tucumán. Nos sorprendió la adhesión del público que circulaba y se asombraba al enterarse de que La Alumbrera tenía oficinas allí. Luego de más de 40 minutos de cánticos y palabras de denuncia a cargo de los miembros de la asamblea presentes, dos representantes de ASANOA subieron al 6º piso, donde están las oficinas de la minera y entregaron simbólicamente la carta documento que se transcribe más abajo. Para culminar la movilización la asamblea decidió realizar también un escrache al diario La Gaceta de Tucumán, que queda a la vuelta del edificio donde está la minera. Ya que no vienieron a cubrir la nota, se la llevamos a su edificio. Luego de más de 20 minutos de escrache con cantos y palabras "alusivas" y un intento de represión por parte de la seguridad privada del diario, decidieron enviar un periodista a cubrir nuestras declaraciones. Cabe aclarar que este diario no se dignó a cubrir la nota del corte del paso a los camiones de 60 días en los Valles Calchaquíes, pero sí le dió generoso espacio a las declaraciones de los ejecutivos de la minera. (No sabemos qué publicarán, pero NOS DIMOS EL GUSTO DE ESCRACHARLOS) Por prescripción médica, aconsejamos a todas las asambleas realizar acciones similares. Ha sido demostrado que causa una enorme sensación de placer, cosa muy positiva para la salud. Saludos a todos Elizabeth Avila Norberto Costa ASANOA Destinatario Minera La Alumbrera Ltda. L.N.Alem 855 2º piso 1001 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires San Miguel de Tucumán, 11 de octubre de 2008 Sres. Minera Alumbrera Ltda.. Pte. -------Por la presente intimamos a Uds., a que en un plazo perentorio e improbable de 24 horas se abstenga de continuar con su ciclo de explotación, producción y depredación de nuestros recursos naturales. Actividad esta, que sólo trae desolación y desesperanza para los que habitamos estos suelos. Pasivo ambiental que también deben enfrentar las generaciones futuras sin ser arte ni parte.------------------------------------------------------- -------Su desprecio por la vida de los seres vivos y el ambiente, se plasma en una abierta violación a la legislación de fondo vigente. Lo que quedó demostrado con el procesamiento de Julian Rooney en su calidad de gerente comercial y legal y de asuntos corporativos y vicepresidente de la empresa Minera La Alumbrera Ltda.., por ser presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto y penado por el art. 55 de la ley 24.051, así lo dijo la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en la causa "Gonzalez, Juan Antonio s/infracción a la ley 24.051" Expte. De Cámara Nº 47.958/2005. situación que se consumó en el canal de riego conocido como DP2, el mismo, desagua en el Embalse de Río Hondo, en la Provincia de Santiago del Estero.------------------------------------------------------------ -------Nuestra requisitoria tiene fundamento en el Derecho Natural, en el art. 41 de la Constitución Nacional, y en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc- 12 CN).----------------------------------------------------------------------------- -------Hacemos reserva de iniciar las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan al caso.---------------------------------------------------------------------------- -------Están debidamente notificados e intimados.------------------------------------------- Remitente EL PUEBLO ARGENTINO

¿Te parecen útiles estas acciones de denuncia y escrache a las empresas contaminantes?

CONTAMINACION POLITICA: ASI SE GANAN LAS ELECCIONES





Tambien pueden ver la denuncia de Telenoche Investiga sobre las maniobras durante las elecciones en Formosa:
Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=S5kYrd85dWQ&NR=1
Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=_oodAA8EUkI&NR=1

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas


¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!