Servindi, 16 de febrero, 2012.-
En su último informe anual, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU), planteó serios cuestionamientos al Gobierno argentino por incumplir la legislación que protege a los pueblos indígenas y sus tierras.
Asimismo, por desalojos y violencia contra estos pueblos, violaciones a derechos territoriales, fumigaciones con agrotóxicos e incremento de empresas mineras en tierras nativas, entre otros.
El Comité DESC, a través del documento presentado en diciembre del año pasado, expresa preocupación por "las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias".
Igualmente denuncia la violación de la Constitución (artículo 75) y del Convenio 169 de la OIT en Argentina, en cuanto a territorios indígenas.
Por otra parte, el Comité instó al Estado a aplicar plena y coordinadamente la Ley Nacional 26160 que suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral de territorios comunitarios. Al respecto, DESC expresó preocupación porque considera que la mencionada ley no se aplica plenamente en Argentina.
De igual modo, se mostró preocupado por las demoras que habría en la entrega de títulos a las comunidades.
Minería y soya
El informe del Comité manifestó su preocupación por las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, el acceso al agua, el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas que tendría la explotación de litio en Salinas Grandes -en las provincias de Jujuy y Salta-.
De igual forma, la organización de la ONU cuestionó la producción de soya, cultivo que ocupa el 56% de los campos en Argentina.
"El Comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades."
Asimismo, señala que el incremento de la deforestación realizada para esta industria "ha forzado pueblos indígenas a dejar territorios". En ese sentido, el Comité recomendó al Estado Argentino que asegure la completa puesta en práctica de la ley de bosques.
El documento considera además que la producción de soya representa un "importante obstáculo" en el acceso de los pueblos indígenas "a una alimentación segura, adecuada y accesible", pues dificulta a las comunidades mantener sus prácticas agrícolas tradicionales.
Deficientes procesos de consulta
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lamentó las deficiencias que, afirma, existen en los proceso de consulta con las comunidades afectadas en desplazamientos o desalojo violentos de sus tierras tradicionales.
En algunos casos -señala el informe-, tales procesos de consulta "han dado lugar a la explotación de los recursos naturales en los territorios tradicionalmente ocupados o utilizados por esas comunidades, sin su consentimiento libre, previo e informado, y sin una indemnización justa y equitativa, en violación de la Constitución (art. 75) y del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes."
En ese sentido, el Comité instó al Estado Argentino a que tome medidas necesarias para poner fin a las violaciones a los derechos indígenas, y a que celebre consultas efectivas con las comunidades antes de otorgar concesiones a empresas estatales a terceros "para la explotación económica de las tierras y territorios tradicionalmente ocupados o utilizados por ellas".
Asimismo exhortó a que el Estado "cumpla con la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de quienes se vean afectados por esas actividades económicas."
Preocupa represión a indígenas
Por otra parte, el informe del Comité señala la preocupación de sus autores por el empleo de represalias y fuerza desproporcionada que habrían realizado las fuerzas de seguridad, tanto públicas como particulares, contra "defensores de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en el contexto de discusiones sobre la tierra".
En ese sentido, el Comité pide al Estado Argentino que "vele por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva todas las alegaciones de represalias y malos tratos y por que los responsables comparezcan ante la justicia".
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