Por PAULA BISTAGNINO
“El saqueo de hoy tiene casi dos décadas de preparación: durante los años ‘80 y ‘90, de la mano del Banco Mundial y de los respectivos bancos regionales, en nuestro caso el Banco Interamericano de Desarrollo, se reformaron 107 códigos mineros y tratados de inversión en países de lo que llamamos el tercer mundo. Argentina fue uno de ellos. No es casual que entonces hayamos tenido al menemismo, que era el que podía permitir esto”, asegura Nicolás Gutman, licenciado en Ciencia Política (UBA) y magíster en Economía y Políticas Públicas (George Mason University).
“Esa fue la preparación de lo que estamos viendo ahora, que es la carrera por la extracción de todos los recursos porque, se sabe, serán imprescindibles en pocos años. Entonces, esta es una situación de gran disputa de poder efectivo. Y los interesados no se van a ir porque la gente corte una ruta o alguien diga que el cianuro es malo. Por eso, cada día que pasamos con este Código Minero es un día más de saqueo y estamos comprometiendo un poco más nuestro futuro. La discusión es imprescindible y tiene que ser ya, ahora, lo antes posible”, señala el especialista, que ha trabajado en África y América en temas de desarrollo e impacto ambiental de esta industria.
¿Cómo y cuándo se aprueba este Código Minero?
La reforma del Código Minero se hizo en 1994 y fue una negociación dentro de la reforma de la Constitución. El acuerdo fue que, a cambio del apoyo de los gobernadores a la reforma, se les entregaron las riquezas del subsuelo a cada provincia.
Es decir, las dos cosas que estamos discutiendo hoy y que son recursos estratégicos: petróleo y minerales. Eso tuvo la consecuencia grave de que ya no fue el Estado el que se sentaba a negociar con las multinacionales, sino un gobernador de provincia.
Es decir, divide y reinarás. Si ya sería fácil negociar con la Nación, porque muchas de estas mineras tienen un valor de mercado mayor al del PBI argentino, ¿qué queda para un gobernador? Lo que queda es lo que sucede: permitir el saqueo. Pero el saqueo está avalado, legalizado y estimulado por el Código Minero, que es muy perverso.
¿Quiénes acuerdan este Código?
Los responsables son los mismos que vemos defendiendo a las mineras hoy. No se fue ninguno. Es un grupo de poder provincial, con los hermanos Gioja a la cabeza. El actual gobernador de San Juan (José Luis) era el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y su hermano (César) de la de la Cámara de Senadores.
Y su amigo, entonces secretario de Minería de la provincia y hoy de la Nación, Jorge
Mayoral. Y Carlos Menem, claro. Todos ellos, principalmente, sacaron este Código sin ninguna discusión política gracias a que los dos Gioja estaban en las cámaras. Y no hay dudas de que es un código hecho a la medida de las mineras. Es más, ese código ni siquiera fue redactado acá. Sino en Denver, Estados Unidos, y en Toronto, Canadá, donde están los grandes intereses que vienen detrás y que tienen a este sector político como representante local. En realidad, todos los códigos mineros que se impusieron, como los de Filipinas, Honduras, Indonesia, Namibia y Argentina, entre otros cien, son todos muy similares. Es más, hay pasajes del argentino que son, con puntos y comas, exactos al filipino. Así de absurdo, y de impune, es todo.
Más allá de la discusión ecológica, ¿qué pasa en términos económicos?
La megaminería es una economía de enclave. Esto quiere decir que no está asociada al entorno en donde está radicada y no implica ningún tipo de desarrollo. Se trata de extraer un recurso con el menor costo posible y llevárselo. Es decir, todo el agregado de valor, procesamiento, refinamiento, búsqueda de mercados, etc., se hace en otro lugar, en el de origen de las empresas o en otro. Y lo que genera es nada... Seguro que si alguien escucha los números va a pensar que es mucho, pero eso es casi inexistente con relación al recurso que se está sacando. Así funcionan estos proyectos en la Argentina.
De la misma manera que funcionan en África.
¿Alcanza con aumentar las regalías?
Partiendo desde la base de que ya la regalía es algo arcaico, no es que cada provincia establece lo que quiere cobrar de regalías. Si no que este Código Minero dice que el máximo de regalías es el 3 %. El máximo. O sea que, con un máximo de hasta el 3%, cada provincia adhiere a lo que quiere. Entonces hay algunas a las que el 3% les parece mucho y adhieren con el 2 o con el 1,5. Argentina es un negocio absolutamente fabuloso para las mineras. Ya lo era cuando todo esto se empezó a generar y el precio internacional de los metales era muchísimo menor. Así que hoy es dos o tres veces más fabuloso. Entonces, ahora algunos gobernadores dicen que van a aumentar las regalías como si estuvieran haciendo una declaración de defensa de la soberanía sanjuanina... Lo único que hacen es calmar los conflictos sociales y seguir permitiéndole a las empresas que hagan su negocio. Porque las empresas nunca van a decir que no. Nunca, aunque se las multipliquen, cosa que acá nadie propone, porque lo máximo que se quiere hacer es llevarlas del 3% al 5%. Pero, además, ahora son muchos más los países que necesitan recursos naturales porque, se sabe, en poco tiempo más estas materias primas van a estar escaseando... Sólo desde una visión a mediano plazo, ya no digo largo, lo que está haciendo la Argentina es, desde cualquier punto de vista, un negocio desastroso.
¿Las regalías son todo lo que pagan las mineras?
La regalía es el derecho al acceso al recurso ajeno. Eso es lo único que pagan las empresas para quedarse con algo que es de la Argentina, y que, además, es un recurso natural no renovable. Ahora todos están desesperados tratando de mostrar cuánto aporta la minería, diciendo que pagan impuestos a las ganancias y aportes sociales. ¿Encima no querían hacer los aportes sociales de la gente? Aclarar esto ya es tomar a los argentinos de estúpidos, porque si el quiosquero de mi barrio paga impuesto a las ganancias y cargas sociales de sus empleados, no veo el valor de que las mineras lo paguen. Es una obligación. Es más, a mí me hace preguntarme: ¿cómo alguien que se está llevando la riqueza del subsuelo paga lo mismo que paga un comerciante? Encima, es mentira que paguen lo mismo, porque las mineras están eximidas del impuesto al cheque, del impuesto al combustible y tienen subsidiados el combustible y la energía, recurso que gastan en enormes cantidades. Sólo para darse una idea, una mina como Bajo La Alumbrera consume lo mismo que una ciudad de medio millón de habitantes, como Mar del Plata. O sea que el quiosquero y yo pagamos más impuestos que una multinacional que factura más que el PBI argentino.
Los defensores de la megaminería hablan de inversión y de puestos de trabajo.
Todo está dicho y presentado para confundir. Y esa confusión parte del difícil acceso a los números reales, porque la Secretaría de Minería los guarda como si fuera un secreto de Estado. Mientras tanto, hablan de inversiones de miles de millones de dólares. Que no existen: porque toda la maquinaria la traen desde el exterior sin pagar impuestos, otro privilegio del Código Minero. Y, por supuesto, cuando se van, veinte años después, si todavía sirve, se la llevan. Y en cuanto a la infraestructura, la realidad es que no generan más que la que necesitan para la mina que, además, tiene esa única utilidad.
Porque Argentina no es África, donde no hay caminos, entonces la minera los construye y quedan. Acá están los caminos que, además los usan y destruyen, porque cientos de camiones de 20 ejes por mes, basta con ver cómo queda la ruta... También en Perú o en Bolivia antes se daba esta discusión. Pero Argentina no necesita ir a rogarle a una empresa minera que le construya una ruta o una salita de primeros auxilios. Eso no es inversión ni desarrollo. Eso es dejarse saquear. Y respecto de los puestos de trabajo, sin menos preciar de ninguna manera el empleo, no hay puestos de trabajo que justifiquen todo lo anterior. Además, también se miente sobre esto: Bajo la Alumbrera prometía 10 mil puestos antes de llegar. Basta con ir y ver que hay 800 personas trabajando como mucho y mil si se cuenta hasta el remisero que lleva gente a la mina.
¿Por qué cree que el Gobierno, que ha revertido las políticas menemistas en muchas áreas, no muestra intenciones de revertir esta?
Es una situación un poco contradictoria desde mi punto de vista. Porque veo que está avanzando hacia la posibilidad de recuperar YPF y no toca el modelo minero. Cuando lo de YPF es más complejo, porque el país no puede funcionar sin petróleo ni un día. Se para. Así que si puede hacer eso, también podría hacer esto. Pero claro, la minería no le puede parar el país, entonces no es tan relevante hoy, aunque esto es discutible, y a su vez genera una entrada de plata muy importante. Y todos sabemos que gobernar con bonanza económica es mucho más fácil que gobernar con crisis. No es un problema sólo argentino. El dinero que mueve la minería es absolutamente gigantesco y son muchos los países que están cediendo. También los australianos y brasileños, aunque con otros modelos. En el caso de Australia con empresas propias y desarrollo minero local. Aunque esto no los exime de las presiones. Incluso en 2010 renunció el primer ministro porque quiso cobrarle un impuesto a las ganancias extraordinario. Igual ahora, su sucesora está intentando lo mismo: pero no un 3% o un 5% de regalías, como estamos discutiendo nosotros. Si no que están viendo de cobrarles un 40 o 50% de su facturación. Y en el caso de Brasil también ceden, pero con una empresa minera que está entre las más grandes del mundo (Vale) y en la que el Estado tiene una acción de oro y el 50% del directorio. Ojo, ceden de todas maneras y los riesgos ambientales también los tienen. Lo que pasa es que, al menos, la riqueza queda para sus países y no se la llevan otros.
¿Cómo se revierte el Código Minero?
No es una decisión sola del Poder Ejecutivo. Se necesita un pacto político del oficialismo y de la oposición, porque esto tiene que pasar por el Congreso. Es una estructura jurídica muy compleja y larga, que no es que se deroga y listo. Hay muchos, y muy poderosos, intereses en juego. Pero además porque este mamarracho es parte del legado más nefasto del menemismo y sería una reparación histórica. El tema es que no hay que seguir esperando, porque estos procesos llevan tiempo y ya hay una intuición de que las reglas de juego están cambiando. Entonces, en este período transicional, lamentablemente este secretario de Minería, estoy convencido, va a aprobar todos los proyectos que tiene en carpeta. Y que no son diez ni veinte. Sólo los grandes proyectos son más de 200. Y una vez que se lo firma, eso es derecho adquirido. Y sucede como en El Salvador, donde una empresa que no había invertido un sólo peso le ganó una demanda al Estado por 200 millones de dólares porque, por razones ambientales y de supervivencia de la población, les tiraron atrás el proyecto. Entonces, es una carrera contra el tiempo. Además, somos el único país en el que los problemas ambientales de la minería, que son los más complejos junto con los de la energía nuclear, se manejan dentro de la misma autoridad que promueve y maneja la actividad. Entonces, esto se convierte en una bomba de tiempo. Porque una mina no va a generar un gravísimo problema. Pero si tenés 200, ponele la firma de que algo grave va a pasar. Es una cuestión de probabilística. Entonces, la discusión es mucho más profunda que el cianuro y el desarrollo.
“Esa fue la preparación de lo que estamos viendo ahora, que es la carrera por la extracción de todos los recursos porque, se sabe, serán imprescindibles en pocos años. Entonces, esta es una situación de gran disputa de poder efectivo. Y los interesados no se van a ir porque la gente corte una ruta o alguien diga que el cianuro es malo. Por eso, cada día que pasamos con este Código Minero es un día más de saqueo y estamos comprometiendo un poco más nuestro futuro. La discusión es imprescindible y tiene que ser ya, ahora, lo antes posible”, señala el especialista, que ha trabajado en África y América en temas de desarrollo e impacto ambiental de esta industria.
¿Cómo y cuándo se aprueba este Código Minero?
La reforma del Código Minero se hizo en 1994 y fue una negociación dentro de la reforma de la Constitución. El acuerdo fue que, a cambio del apoyo de los gobernadores a la reforma, se les entregaron las riquezas del subsuelo a cada provincia.
Es decir, las dos cosas que estamos discutiendo hoy y que son recursos estratégicos: petróleo y minerales. Eso tuvo la consecuencia grave de que ya no fue el Estado el que se sentaba a negociar con las multinacionales, sino un gobernador de provincia.
Es decir, divide y reinarás. Si ya sería fácil negociar con la Nación, porque muchas de estas mineras tienen un valor de mercado mayor al del PBI argentino, ¿qué queda para un gobernador? Lo que queda es lo que sucede: permitir el saqueo. Pero el saqueo está avalado, legalizado y estimulado por el Código Minero, que es muy perverso.
¿Quiénes acuerdan este Código?
Los responsables son los mismos que vemos defendiendo a las mineras hoy. No se fue ninguno. Es un grupo de poder provincial, con los hermanos Gioja a la cabeza. El actual gobernador de San Juan (José Luis) era el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y su hermano (César) de la de la Cámara de Senadores.
Y su amigo, entonces secretario de Minería de la provincia y hoy de la Nación, Jorge
Mayoral. Y Carlos Menem, claro. Todos ellos, principalmente, sacaron este Código sin ninguna discusión política gracias a que los dos Gioja estaban en las cámaras. Y no hay dudas de que es un código hecho a la medida de las mineras. Es más, ese código ni siquiera fue redactado acá. Sino en Denver, Estados Unidos, y en Toronto, Canadá, donde están los grandes intereses que vienen detrás y que tienen a este sector político como representante local. En realidad, todos los códigos mineros que se impusieron, como los de Filipinas, Honduras, Indonesia, Namibia y Argentina, entre otros cien, son todos muy similares. Es más, hay pasajes del argentino que son, con puntos y comas, exactos al filipino. Así de absurdo, y de impune, es todo.
Más allá de la discusión ecológica, ¿qué pasa en términos económicos?
La megaminería es una economía de enclave. Esto quiere decir que no está asociada al entorno en donde está radicada y no implica ningún tipo de desarrollo. Se trata de extraer un recurso con el menor costo posible y llevárselo. Es decir, todo el agregado de valor, procesamiento, refinamiento, búsqueda de mercados, etc., se hace en otro lugar, en el de origen de las empresas o en otro. Y lo que genera es nada... Seguro que si alguien escucha los números va a pensar que es mucho, pero eso es casi inexistente con relación al recurso que se está sacando. Así funcionan estos proyectos en la Argentina.
De la misma manera que funcionan en África.
¿Alcanza con aumentar las regalías?
Partiendo desde la base de que ya la regalía es algo arcaico, no es que cada provincia establece lo que quiere cobrar de regalías. Si no que este Código Minero dice que el máximo de regalías es el 3 %. El máximo. O sea que, con un máximo de hasta el 3%, cada provincia adhiere a lo que quiere. Entonces hay algunas a las que el 3% les parece mucho y adhieren con el 2 o con el 1,5. Argentina es un negocio absolutamente fabuloso para las mineras. Ya lo era cuando todo esto se empezó a generar y el precio internacional de los metales era muchísimo menor. Así que hoy es dos o tres veces más fabuloso. Entonces, ahora algunos gobernadores dicen que van a aumentar las regalías como si estuvieran haciendo una declaración de defensa de la soberanía sanjuanina... Lo único que hacen es calmar los conflictos sociales y seguir permitiéndole a las empresas que hagan su negocio. Porque las empresas nunca van a decir que no. Nunca, aunque se las multipliquen, cosa que acá nadie propone, porque lo máximo que se quiere hacer es llevarlas del 3% al 5%. Pero, además, ahora son muchos más los países que necesitan recursos naturales porque, se sabe, en poco tiempo más estas materias primas van a estar escaseando... Sólo desde una visión a mediano plazo, ya no digo largo, lo que está haciendo la Argentina es, desde cualquier punto de vista, un negocio desastroso.
¿Las regalías son todo lo que pagan las mineras?
La regalía es el derecho al acceso al recurso ajeno. Eso es lo único que pagan las empresas para quedarse con algo que es de la Argentina, y que, además, es un recurso natural no renovable. Ahora todos están desesperados tratando de mostrar cuánto aporta la minería, diciendo que pagan impuestos a las ganancias y aportes sociales. ¿Encima no querían hacer los aportes sociales de la gente? Aclarar esto ya es tomar a los argentinos de estúpidos, porque si el quiosquero de mi barrio paga impuesto a las ganancias y cargas sociales de sus empleados, no veo el valor de que las mineras lo paguen. Es una obligación. Es más, a mí me hace preguntarme: ¿cómo alguien que se está llevando la riqueza del subsuelo paga lo mismo que paga un comerciante? Encima, es mentira que paguen lo mismo, porque las mineras están eximidas del impuesto al cheque, del impuesto al combustible y tienen subsidiados el combustible y la energía, recurso que gastan en enormes cantidades. Sólo para darse una idea, una mina como Bajo La Alumbrera consume lo mismo que una ciudad de medio millón de habitantes, como Mar del Plata. O sea que el quiosquero y yo pagamos más impuestos que una multinacional que factura más que el PBI argentino.
Los defensores de la megaminería hablan de inversión y de puestos de trabajo.
Todo está dicho y presentado para confundir. Y esa confusión parte del difícil acceso a los números reales, porque la Secretaría de Minería los guarda como si fuera un secreto de Estado. Mientras tanto, hablan de inversiones de miles de millones de dólares. Que no existen: porque toda la maquinaria la traen desde el exterior sin pagar impuestos, otro privilegio del Código Minero. Y, por supuesto, cuando se van, veinte años después, si todavía sirve, se la llevan. Y en cuanto a la infraestructura, la realidad es que no generan más que la que necesitan para la mina que, además, tiene esa única utilidad.
Porque Argentina no es África, donde no hay caminos, entonces la minera los construye y quedan. Acá están los caminos que, además los usan y destruyen, porque cientos de camiones de 20 ejes por mes, basta con ver cómo queda la ruta... También en Perú o en Bolivia antes se daba esta discusión. Pero Argentina no necesita ir a rogarle a una empresa minera que le construya una ruta o una salita de primeros auxilios. Eso no es inversión ni desarrollo. Eso es dejarse saquear. Y respecto de los puestos de trabajo, sin menos preciar de ninguna manera el empleo, no hay puestos de trabajo que justifiquen todo lo anterior. Además, también se miente sobre esto: Bajo la Alumbrera prometía 10 mil puestos antes de llegar. Basta con ir y ver que hay 800 personas trabajando como mucho y mil si se cuenta hasta el remisero que lleva gente a la mina.
¿Por qué cree que el Gobierno, que ha revertido las políticas menemistas en muchas áreas, no muestra intenciones de revertir esta?
Es una situación un poco contradictoria desde mi punto de vista. Porque veo que está avanzando hacia la posibilidad de recuperar YPF y no toca el modelo minero. Cuando lo de YPF es más complejo, porque el país no puede funcionar sin petróleo ni un día. Se para. Así que si puede hacer eso, también podría hacer esto. Pero claro, la minería no le puede parar el país, entonces no es tan relevante hoy, aunque esto es discutible, y a su vez genera una entrada de plata muy importante. Y todos sabemos que gobernar con bonanza económica es mucho más fácil que gobernar con crisis. No es un problema sólo argentino. El dinero que mueve la minería es absolutamente gigantesco y son muchos los países que están cediendo. También los australianos y brasileños, aunque con otros modelos. En el caso de Australia con empresas propias y desarrollo minero local. Aunque esto no los exime de las presiones. Incluso en 2010 renunció el primer ministro porque quiso cobrarle un impuesto a las ganancias extraordinario. Igual ahora, su sucesora está intentando lo mismo: pero no un 3% o un 5% de regalías, como estamos discutiendo nosotros. Si no que están viendo de cobrarles un 40 o 50% de su facturación. Y en el caso de Brasil también ceden, pero con una empresa minera que está entre las más grandes del mundo (Vale) y en la que el Estado tiene una acción de oro y el 50% del directorio. Ojo, ceden de todas maneras y los riesgos ambientales también los tienen. Lo que pasa es que, al menos, la riqueza queda para sus países y no se la llevan otros.
¿Cómo se revierte el Código Minero?
No es una decisión sola del Poder Ejecutivo. Se necesita un pacto político del oficialismo y de la oposición, porque esto tiene que pasar por el Congreso. Es una estructura jurídica muy compleja y larga, que no es que se deroga y listo. Hay muchos, y muy poderosos, intereses en juego. Pero además porque este mamarracho es parte del legado más nefasto del menemismo y sería una reparación histórica. El tema es que no hay que seguir esperando, porque estos procesos llevan tiempo y ya hay una intuición de que las reglas de juego están cambiando. Entonces, en este período transicional, lamentablemente este secretario de Minería, estoy convencido, va a aprobar todos los proyectos que tiene en carpeta. Y que no son diez ni veinte. Sólo los grandes proyectos son más de 200. Y una vez que se lo firma, eso es derecho adquirido. Y sucede como en El Salvador, donde una empresa que no había invertido un sólo peso le ganó una demanda al Estado por 200 millones de dólares porque, por razones ambientales y de supervivencia de la población, les tiraron atrás el proyecto. Entonces, es una carrera contra el tiempo. Además, somos el único país en el que los problemas ambientales de la minería, que son los más complejos junto con los de la energía nuclear, se manejan dentro de la misma autoridad que promueve y maneja la actividad. Entonces, esto se convierte en una bomba de tiempo. Porque una mina no va a generar un gravísimo problema. Pero si tenés 200, ponele la firma de que algo grave va a pasar. Es una cuestión de probabilística. Entonces, la discusión es mucho más profunda que el cianuro y el desarrollo.
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