Felipe Solá, camaleónico político y autor de la frase “en política conviene hacerse el boludo”, es culpable. Cuando estaba a cargo de la secretaría de Agricultura, autorizó la introducción en la Argentina de la soja transgénica de Monsanto y el plaguicida que la acompaña, el glifosato loteando de esa manera la soberanía alimentaria del país, la calidad del suelo y la salud de varios de sus habitantes. Gracias a Felipe Solá, la Argentina fue el segundo país del mundo en autorizar la soja RR (resistente al Roundup), luego de Estados Unidos, en tiempo record y aceptando confiadamente las pruebas realizadas por… ¡La misma empresa Monsanto! Esos documentos ni siquera habian sido traducidos al español.
Solá puso la firma que permitió y permite al día de hoy a Monsanto ser la corporación más peligrosa y destructiva del país- La resolución 115, fechada el 14 de marzo de 1996, estableció el método de solicitud de autorizaciones para “la experimentación o liberación de la semilla de soja transgénica”. La 167, del 3 de abril del mismo año, autorizó a producir y comercializar la semilla y los productos y subproductos de la soja “tolerante al herbicida glifosato”.
En ese momento Jorge Rulli del grupo de Reflexión Rural y el fallecido Alberto Lapolla reclamaron que las autorizaciones deberían salir del Ministerio de Salud, por los efectos de los transgénicos sobre el ecosistema y sobre el ser humano. Lapolla recordaba que se extinguió en aquel entonces una variedad de maíz resistente a las sequías, que hubiese sido muy rentable para los pequeños productores y podría haber competido contra la soja transgénica.
En el expediente avalado por sola de 136 folios de investigaciones, 108 fueron aportados por Monsanto. Pero el olvido llegó rápido a la mente de Solá. En el 2006, cuando gobernaba la provincia de Buenos Aires, tildó de “imperialista” a Monsanto cunado quiso embargar las ventas al exterior de soja de una variación genética descubierta por la firma.
Monsanto reclamaba el pago de regalías por la utilización de la soja transgénica RR. La demanda fue calificada de "extorsiva y coercitiva" por el gobierno de Néstor Kirchner y llegó a los juzgados de la Unión Europea que finalmente respaldaron a Argentina.
La embajada de los Estados Unidos defendió el uso de su producto “estrella” ante el Senasa. Según un cable diplomático de julio del 2009 filtrado por Wikileaks y que fue solamente difundido por Página 12, “la embajada tomó la decisión de presentar estudios propios ante el ente regulador que había autorizado el uso del pesticida. El lobby estadounidense en favor del fabricante del pesticida, la multinacional Monsanto, tuvo lugar seis meses después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenara al Ministerio de Salud iniciar una investigación oficial sobre los posibles efectos nocivos del pesticida”.
El estudio, que aún se está realizando, servirá de base para limitar o eventualmente prohibir el uso de glifosato, si se demuestra que efectivamente afecta la salud de la población, y así lo entiende la misma embajada de EEUU.
El toxicólogo Andrés Carrasco es la cabeza visible del estudio, estudiando mutaciones producidas por el pesticida en embriones de pollo.
De acuerdo al cable, para la embajada, “Carrasco es un investigador del prestigioso Conicet pero su estudio no sería científicamente creíble porque no había sido refrendado o incluido en una publicación científica”.
Una pretensión menor sobre todo si se tiene en cuenta qué poderes controlan este tipo de publicaciones.
Clarisa Ercolano
BWN Patagonia
Solá puso la firma que permitió y permite al día de hoy a Monsanto ser la corporación más peligrosa y destructiva del país- La resolución 115, fechada el 14 de marzo de 1996, estableció el método de solicitud de autorizaciones para “la experimentación o liberación de la semilla de soja transgénica”. La 167, del 3 de abril del mismo año, autorizó a producir y comercializar la semilla y los productos y subproductos de la soja “tolerante al herbicida glifosato”.
En ese momento Jorge Rulli del grupo de Reflexión Rural y el fallecido Alberto Lapolla reclamaron que las autorizaciones deberían salir del Ministerio de Salud, por los efectos de los transgénicos sobre el ecosistema y sobre el ser humano. Lapolla recordaba que se extinguió en aquel entonces una variedad de maíz resistente a las sequías, que hubiese sido muy rentable para los pequeños productores y podría haber competido contra la soja transgénica.
En el expediente avalado por sola de 136 folios de investigaciones, 108 fueron aportados por Monsanto. Pero el olvido llegó rápido a la mente de Solá. En el 2006, cuando gobernaba la provincia de Buenos Aires, tildó de “imperialista” a Monsanto cunado quiso embargar las ventas al exterior de soja de una variación genética descubierta por la firma.
Monsanto reclamaba el pago de regalías por la utilización de la soja transgénica RR. La demanda fue calificada de "extorsiva y coercitiva" por el gobierno de Néstor Kirchner y llegó a los juzgados de la Unión Europea que finalmente respaldaron a Argentina.
La embajada de los Estados Unidos defendió el uso de su producto “estrella” ante el Senasa. Según un cable diplomático de julio del 2009 filtrado por Wikileaks y que fue solamente difundido por Página 12, “la embajada tomó la decisión de presentar estudios propios ante el ente regulador que había autorizado el uso del pesticida. El lobby estadounidense en favor del fabricante del pesticida, la multinacional Monsanto, tuvo lugar seis meses después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenara al Ministerio de Salud iniciar una investigación oficial sobre los posibles efectos nocivos del pesticida”.
El estudio, que aún se está realizando, servirá de base para limitar o eventualmente prohibir el uso de glifosato, si se demuestra que efectivamente afecta la salud de la población, y así lo entiende la misma embajada de EEUU.
El toxicólogo Andrés Carrasco es la cabeza visible del estudio, estudiando mutaciones producidas por el pesticida en embriones de pollo.
De acuerdo al cable, para la embajada, “Carrasco es un investigador del prestigioso Conicet pero su estudio no sería científicamente creíble porque no había sido refrendado o incluido en una publicación científica”.
Una pretensión menor sobre todo si se tiene en cuenta qué poderes controlan este tipo de publicaciones.
Clarisa Ercolano
BWN Patagonia
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