Le habrían dado plenas garantías al español Aznar, director de la Barrick Gold, de que continuarían los privilegios a las multinacionales mineras en un nueva gestión de Cristina. Sigue la entrega
En los últimos meses se ha escuchado en numerosas oportunidades a la presidenta de la Nación Cristina Kirchner pronunciar discursos en los que despotrica contra los monopolios y reniega de lo ocurrido en los años ‘90, cuando se profundizó al máximo la extranjerización de la economía y la entrega de los recursos naturales a un puñado de multinacionales.
Pero la realidad, como decía el General Perón, es la única verdad. No sólo el Gobierno nacional hizo poco y nada para desarticular el entreguismo de los años ‘90, sino que en muchos casos avaló y profundizó los negociados. Uno de los ejemplos concretos es el trato preferencial que la administración K le viene dispensando a Barrick Gold, una de las multinacionales mineras más importantes del mundo que, desde los años ‘90, viene saqueando los recursos naturales de nuestro país.
La semana pasada, un enviado de la Barrick, el expresidente español José María Aznar, habría mantenido una comunicación con la presidenta Cristina Kirchner. Según trascendió, la primera mandataria le habría dado plenas garantías de que una nueva gestión kirchnerista no modificará en nada el esquema impositivo que tanto la favorece. Por la ley de Inversiones Mineras sancionada en 1993 -ratificada en 2001- y por los decretos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, las compañías están exentas de la obligación de liquidar en el país las divisas de sus exportaciones. No pagan retenciones, ni impuesto al gasoil, tasa de sellos ni tasa de estadísticas. Tampoco respetan la legislación de protección del medio ambiente, por lo que en distintas provincias del país hay numerosas denuncias sobre la megaminería a cielo abierto.
Pero la realidad, como decía el General Perón, es la única verdad. No sólo el Gobierno nacional hizo poco y nada para desarticular el entreguismo de los años ‘90, sino que en muchos casos avaló y profundizó los negociados. Uno de los ejemplos concretos es el trato preferencial que la administración K le viene dispensando a Barrick Gold, una de las multinacionales mineras más importantes del mundo que, desde los años ‘90, viene saqueando los recursos naturales de nuestro país.
La semana pasada, un enviado de la Barrick, el expresidente español José María Aznar, habría mantenido una comunicación con la presidenta Cristina Kirchner. Según trascendió, la primera mandataria le habría dado plenas garantías de que una nueva gestión kirchnerista no modificará en nada el esquema impositivo que tanto la favorece. Por la ley de Inversiones Mineras sancionada en 1993 -ratificada en 2001- y por los decretos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, las compañías están exentas de la obligación de liquidar en el país las divisas de sus exportaciones. No pagan retenciones, ni impuesto al gasoil, tasa de sellos ni tasa de estadísticas. Tampoco respetan la legislación de protección del medio ambiente, por lo que en distintas provincias del país hay numerosas denuncias sobre la megaminería a cielo abierto.
El modelo riojano
Cabe recordar la primera ley de defensa de glaciares que aprobó el Congreso nacional para preservar las importantes fuentes de agua dulce de la contaminación y destrucción de la megaminería fue vetada por el Congreso. La segunda ley sancionada terminó siendo judicializada por los propios gobiernos provinciales, que así frenaron su aplicación, en sintonía con la administración nacional.
Además del fuerte lobby minero que realiza el gobernador sanjuanino José Luis Gioja, que tendría fuertes vínculos con la Barrick Gold, en los úlimos tiempos también se le sumó el mandatario provincia de la La Rioja, Luis Beder Herrera. “Ganó las elecciones en 2007, con un fuerte discurso que apuntaba a controlar la minería. Incluso cuando era vicegobernador impulsó con énfasis una ley que frenaba la minería a cielo abierto, habilitaba el llamado a consulta popular para que los ciudadanos de cada uno de los pueblos afectados se puedan expresar y creaba una comisión investigadora para indagar sobre los convenios del anterior gobernador Angel Mazza, quien fue destituido por la venta de tierras estatales y la entrega de recursos mineros. Dos días después de llegar al poder, Beder Herrera cambió radicalmente, dio marcha atrás con ley y ahora no sólo está favor de la Barrick, sino que también hace acuerdos con mineras chinas”, le dijo a Hoy la docente Carina Díaz Moreno, que encabeza la denomianda Asamblea Famatina.
“Nuestro objetivo es proteger del saqueo al cordón de Famatina, donde hay nieves eternas, que no sólo abastece de agua a gran parte de La Rioja, sino también a San Luis, Córdoba y el Sur de Santa Fe. La realidad es que hay funcionarios nacionales y provinciales con acciones e intereses creados en torno a estas empresas multinacionales mineras”, agregó Díaz Moreno. Y reveló que un estudio realizado por la Barrick Gold determinó que en el cordón de Famatina hay una importante presencia de sesenta minerales y uranio.
El rol de José María Aznar
El español José María Aznar, quien mantienen una estrecha amistad con Mauricio Macri, siempre tuvo una postura muy crítica hacia el Gobierno kirchnerista, pero a partir de su nueva función como director de la multinacional minera, dio fin a sus cuestionamientos. Por ello, su estadía la semana pasada en nuestro país pasó prácticamente desapercibida.
Las pesadas denuncias contra Barrick Gold
La empresa canadiense Barrick Gold es una de las multinacionales más grandes del mundo, con más de 27 minas operativas en quince países del mundo.
En 2005 instaló en San Juan la mina Veladero, además, se encuentra actualmente en construcción en la frontera con Chile el proyecto Pascua Lama, que presenta reservas de oro por 17.8 millones de onzas. Ambos proyectos aplican el sistema de minería a cielo abierto, modalidad prohibida en Canadá, que logró imponerse en nuestro país gracias a la impunidad lograda por el marco económico de la década del ‘90 y la complicidad de los gobiernos locales.
En una denuncia presentada por el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, con la adhesión de Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan); Asamblea Popular por el Agua (Mendoza); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (La Matanza) y los diputados Miguel Bonasso y Victoria Donda, se habla de la afectación de las aguas superficiales y subterráneas a causa del uso de productos químicos de muy alto riesgo y los desvíos de corrientes de agua superficial y subterránea sobre las cuencas de los ríos Las Taguas, Blanco y Jáchal.
También se menciona la afectación del aire debido a las voladuras de molienda y perforación que propagan partículas de polvos como rocas, metales, arsénico, entre otros; afectación del suelo por el traslado de sustancias peligrosas, el uso de maquinarias de gran porte o la afectación por drenaje ácido de actividad ligada a los proyectos.
Los denunciantes, además, hablan de la afectación a los glaciares. “En 2005 Barrick destruyó el glaciar Conconta que abastecía el río Tudcum. Además, ocultó datos sobre la presencia de otros cuerpos de hielo, renegando del papel regulador que tienen sobre el agua de los ríos del área, y soslayando que la protección de los mismos es esencial como medida contra el cambio climático; afectación a la biodiversidad: en el caso de Pascua Lama-Veladero se han eliminado muchos ambientes húmedos que resultan claves para el desarrollo de la biodiversidad del área”, concluyeron.
A esa situación se le agrega el impacto de los daños sociales, ya que se registran graves efectos sobre la salud de la población: en Jáchal se manifestó un gran porcentaje de población con cáncer de hígado, estómago, riñones y otros, que, se presume, son consecuencia de la explotación minera aguas arriba del río Jáchal, en el yacimiento Veladero. No sólo esto, sino que además hay que considerar los impactos en la economía regional a causa de diversos factores, como la pérdida del valor de la región como lugar turístico por la destrucción de paisajes naturales, las restricciones de acceso que impone la empresa sobre el territorio, la disminución de la cantidad de agua y electricidad de la que dispone la región, y la pérdida de la producción vinculada a la cría extensiva de ganado, principalmente caprino, el cultivo de olivos y semillas y la actividad.
En 2005 instaló en San Juan la mina Veladero, además, se encuentra actualmente en construcción en la frontera con Chile el proyecto Pascua Lama, que presenta reservas de oro por 17.8 millones de onzas. Ambos proyectos aplican el sistema de minería a cielo abierto, modalidad prohibida en Canadá, que logró imponerse en nuestro país gracias a la impunidad lograda por el marco económico de la década del ‘90 y la complicidad de los gobiernos locales.
En una denuncia presentada por el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, con la adhesión de Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan); Asamblea Popular por el Agua (Mendoza); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (La Matanza) y los diputados Miguel Bonasso y Victoria Donda, se habla de la afectación de las aguas superficiales y subterráneas a causa del uso de productos químicos de muy alto riesgo y los desvíos de corrientes de agua superficial y subterránea sobre las cuencas de los ríos Las Taguas, Blanco y Jáchal.
También se menciona la afectación del aire debido a las voladuras de molienda y perforación que propagan partículas de polvos como rocas, metales, arsénico, entre otros; afectación del suelo por el traslado de sustancias peligrosas, el uso de maquinarias de gran porte o la afectación por drenaje ácido de actividad ligada a los proyectos.
Los denunciantes, además, hablan de la afectación a los glaciares. “En 2005 Barrick destruyó el glaciar Conconta que abastecía el río Tudcum. Además, ocultó datos sobre la presencia de otros cuerpos de hielo, renegando del papel regulador que tienen sobre el agua de los ríos del área, y soslayando que la protección de los mismos es esencial como medida contra el cambio climático; afectación a la biodiversidad: en el caso de Pascua Lama-Veladero se han eliminado muchos ambientes húmedos que resultan claves para el desarrollo de la biodiversidad del área”, concluyeron.
A esa situación se le agrega el impacto de los daños sociales, ya que se registran graves efectos sobre la salud de la población: en Jáchal se manifestó un gran porcentaje de población con cáncer de hígado, estómago, riñones y otros, que, se presume, son consecuencia de la explotación minera aguas arriba del río Jáchal, en el yacimiento Veladero. No sólo esto, sino que además hay que considerar los impactos en la economía regional a causa de diversos factores, como la pérdida del valor de la región como lugar turístico por la destrucción de paisajes naturales, las restricciones de acceso que impone la empresa sobre el territorio, la disminución de la cantidad de agua y electricidad de la que dispone la región, y la pérdida de la producción vinculada a la cría extensiva de ganado, principalmente caprino, el cultivo de olivos y semillas y la actividad.
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