Sol Morell:
Agencia de Noticias Biodiversidadla
http://biodiversidadla.org/content/view/full/63079
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El 13 de abril organizaciones sociales y ONG repudian frente a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Santa Fe, el remate del primer lote de soja del año por considerar ese hecho un "símbolo del modelo agroexportador de explotación, contaminación y saqueo". Entrevista a Sol Morell (25), estudiante de Ciencias Políticas y activista del colectivo Semillas de Rebelión.
P: ¿Por qué entienden que la comercialización de la soja tasa la salud de la población?
R: El modelo de agronegocios, de sojización, nos afecta no sólo como individuos, sino como sociedad. Este paquete está compuesto por una semilla transgénica; hay estudios que dicen que es perjudicial para la salud y otros que no. Es una cuestión bastante debatida: los estudios que dicen que no son pagados por las empresas multinacionales, por lo tanto se descartan. Es una decisión que deben tener los pueblos acerca de qué quieren producir y cómo. Lo que sí está comprobado es que las fumigaciones que se necesitan para producir la soja son altamente perjudiciales para la salud. Generan cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, alergias, innumerable cantidad de enfermedades.
P: Parece perverso que la contracara del desempleo rural que refieren sea el incremento del trabajo temporario bajo condiciones de explotación. ¿Manejan algún número que cuantifique la cantidad de desplazados del campo que han migrado a Rosario?
R: Es muy difícil tener esos números; no son datos que estén al alcance de la mano porque es justamente lo que se intenta tapar. Rosario es una ciudad símbolo, la capital de esta republiqueta sojera donde pretenden mostrarnos todos los beneficios de este modelo. Todas las ganancias que genera la soja se utilizan para financiar el boom inmobiliario: eso genera el desplazamiento de gente que no tiene dónde ir a vivir, de tierras que son públicas o que estaban ocupadas, para crear edificios de lujo. La contracara es el desplazamiento de las comunidades campesinas y pueblos originarios que, gracias al avance de la frontera agrícola, son desplazados por la fuerza o a través de la compra de sus tierras y vienen a parar a la periferia de las grandes ciudades, a engrosar las villas miseria.
P: Al tiempo que identifican al productor como un sujeto dependiente de las compañías que desarrollan las semillas, muestran a empresarios y funcionarios como obscenos celebrantes de los beneficios que arroja la práctica agrícola actual. ¿Qué distingue a un empresario de un productor? Si la soja forma parte de un paquete agronómico criminal, ¿existe la complicidad de los productores? ¿O son víctimas del mismo sistema?
R: Ahí reside la perversidad del sistema: es muy difícil distinguir una línea divisoria entre unos y otros. Bien podemos caracterizar ciertos actores, como los pools de siembra o los grupos de inversión, que fácilmente se pueden identificar como los grandes ganadores de este sistema. Los reales y más visibles perdedores son los campesinos y los pueblos originarios. En medio de ellos, tenemos a aquellos que se llaman pequeños y medianos productores, muchos de ellos representados por la Federación Agraria, que dicen ser rehenes de este sistema pero que, a través de lo que hemos estudiado de sus declaraciones, discursos y políticas que llevan a cabo, tienden a sostener este sistema y no a cambiarlo.
P: Las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) tienen como principal objetivo asegurar la inocuidad de los alimentos produciendo de manera tal que se proteja el medioambiente. ¿La mala aplicación de agroquímicos es la norma o la excepción en Argentina?
R: La mala práctica es la norma. Sin embargo, no estoy de acuerdo con ese concepto de buenas prácticas. En nuestra agrupación lo hemos discutido y entendemos que en realidad sirve para legitimar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estamos luchando para que se frenen las fumigaciones en las casas de las personas que viven en el campo, porque entendemos que eso, en el corto plazo, mejoraría su calidad de vida. Una fumigación que es alejada ochocientos metros de la casa de una persona no la afecta directamente, pero sigue contaminando los suelos, las napas, porque estos productos no son solubles en agua. Por lo tanto, esta mal llamada buena práctica no existe.
P: ¿Cómo imaginás el viraje de la política agraria nacional hacia un modelo económico más inclusivo y sustentable?
R: Ese viraje tendría que ser parte de un cambio del modelo productivo y, en segundo lugar, de un cambio social. Un sistema productivo basado en la gran propiedad de la tierra, donde unos pocos concentran grandes territorios, es definitivamente insustentable. Creemos que todas estas discusiones que hubo sobre las rentas, sobre las exportaciones y las retenciones lo que hacían era disputarse esos excedentes y esas ganancias. Pero no hubo una discusión de fondo. Si bien no tenemos una solución, apostar a los proyectos que tienen los pueblos originarios, que vienen sosteniendo modelos de producción agroecológicos y la agricultura familiar, es una vida posible que se puede apoyar.
Esta entrevista fue realizada por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.
R: El modelo de agronegocios, de sojización, nos afecta no sólo como individuos, sino como sociedad. Este paquete está compuesto por una semilla transgénica; hay estudios que dicen que es perjudicial para la salud y otros que no. Es una cuestión bastante debatida: los estudios que dicen que no son pagados por las empresas multinacionales, por lo tanto se descartan. Es una decisión que deben tener los pueblos acerca de qué quieren producir y cómo. Lo que sí está comprobado es que las fumigaciones que se necesitan para producir la soja son altamente perjudiciales para la salud. Generan cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, alergias, innumerable cantidad de enfermedades.
P: Parece perverso que la contracara del desempleo rural que refieren sea el incremento del trabajo temporario bajo condiciones de explotación. ¿Manejan algún número que cuantifique la cantidad de desplazados del campo que han migrado a Rosario?
R: Es muy difícil tener esos números; no son datos que estén al alcance de la mano porque es justamente lo que se intenta tapar. Rosario es una ciudad símbolo, la capital de esta republiqueta sojera donde pretenden mostrarnos todos los beneficios de este modelo. Todas las ganancias que genera la soja se utilizan para financiar el boom inmobiliario: eso genera el desplazamiento de gente que no tiene dónde ir a vivir, de tierras que son públicas o que estaban ocupadas, para crear edificios de lujo. La contracara es el desplazamiento de las comunidades campesinas y pueblos originarios que, gracias al avance de la frontera agrícola, son desplazados por la fuerza o a través de la compra de sus tierras y vienen a parar a la periferia de las grandes ciudades, a engrosar las villas miseria.
P: Al tiempo que identifican al productor como un sujeto dependiente de las compañías que desarrollan las semillas, muestran a empresarios y funcionarios como obscenos celebrantes de los beneficios que arroja la práctica agrícola actual. ¿Qué distingue a un empresario de un productor? Si la soja forma parte de un paquete agronómico criminal, ¿existe la complicidad de los productores? ¿O son víctimas del mismo sistema?
R: Ahí reside la perversidad del sistema: es muy difícil distinguir una línea divisoria entre unos y otros. Bien podemos caracterizar ciertos actores, como los pools de siembra o los grupos de inversión, que fácilmente se pueden identificar como los grandes ganadores de este sistema. Los reales y más visibles perdedores son los campesinos y los pueblos originarios. En medio de ellos, tenemos a aquellos que se llaman pequeños y medianos productores, muchos de ellos representados por la Federación Agraria, que dicen ser rehenes de este sistema pero que, a través de lo que hemos estudiado de sus declaraciones, discursos y políticas que llevan a cabo, tienden a sostener este sistema y no a cambiarlo.
P: Las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) tienen como principal objetivo asegurar la inocuidad de los alimentos produciendo de manera tal que se proteja el medioambiente. ¿La mala aplicación de agroquímicos es la norma o la excepción en Argentina?
R: La mala práctica es la norma. Sin embargo, no estoy de acuerdo con ese concepto de buenas prácticas. En nuestra agrupación lo hemos discutido y entendemos que en realidad sirve para legitimar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estamos luchando para que se frenen las fumigaciones en las casas de las personas que viven en el campo, porque entendemos que eso, en el corto plazo, mejoraría su calidad de vida. Una fumigación que es alejada ochocientos metros de la casa de una persona no la afecta directamente, pero sigue contaminando los suelos, las napas, porque estos productos no son solubles en agua. Por lo tanto, esta mal llamada buena práctica no existe.
P: ¿Cómo imaginás el viraje de la política agraria nacional hacia un modelo económico más inclusivo y sustentable?
R: Ese viraje tendría que ser parte de un cambio del modelo productivo y, en segundo lugar, de un cambio social. Un sistema productivo basado en la gran propiedad de la tierra, donde unos pocos concentran grandes territorios, es definitivamente insustentable. Creemos que todas estas discusiones que hubo sobre las rentas, sobre las exportaciones y las retenciones lo que hacían era disputarse esos excedentes y esas ganancias. Pero no hubo una discusión de fondo. Si bien no tenemos una solución, apostar a los proyectos que tienen los pueblos originarios, que vienen sosteniendo modelos de producción agroecológicos y la agricultura familiar, es una vida posible que se puede apoyar.
Esta entrevista fue realizada por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.
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