05 de Octubre de 2010 | 09:15
POSTURAS
Fernanda Reyes:
La diputada nacional de la Coalición Cívica presentó tres proyectos para regular la minería en el país. Niega que esa actividad dé puestos de trabajo y denuncia una connivencia entre el Estado y las empresas mineras.
-El primero busca derogar todos los beneficios fiscales que hay para la actividad. El Acuerdo Federal Minero, que se firmó en los 90 y que Kirchner reivindica aún hoy, establece que las provincias deben hacer lo posible para que no haya perjuicio económico con respecto a las tarifas de la megaminería. No se puede aumentar la electricidad, no debe haber cánones altos de agua ni de gas, entre otras cosas. El segundo proyecto prevé cambiar el código de minería en el que creemos que deben incorporarse los principios precautorio, preventivo y de sustentabilidad. El tercero busca generar presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera.
-Cuando habla de incorporar un principio preventivo, ¿a qué se refiere?
-A que el sistema actual se rige por un principio resarcitorio. Es decir, las empresas pagan si se comprueba que cometieron un daño ambiental. Nosotros creemos que se deben hacer acciones para proteger los recursos y garantizar su sustentabilidad. En ese sentido, también pedimos que, antes de autorizar la instalación de la minera y una vez hecho el estudio de impacto ambiental, se convoque una audiencia pública en la que puedan opinar todos los sectores involucrados y los propios pueblos. Y queremos que la audiencia pública se haga a los 30 días hábiles, para poder analizar el estudio y preparar las argumentaciones. Actualmente, los plazos son tan cortos que es imposible armar la defensa.
-¿Cree que hay una connivencia del Estado con la minería?
-Hay una connivencia clara. Ahora se están construyendo diques en San Juan, que son para la minería, no para la provincia. El Gobierno nacional, el Acuerdo Federal Minero, el veto a la ley de glaciares, el apretón de manos de la Presidenta con la Barrick Gold, en La Rioja, en Catamarca. Das Neves en el sur, que pretende ser progre pero hace cosas terribles. Y después tenés a los intendentes, que son los que terminan de ejecutar la maniobra.
-¿De qué forma se ejecuta esta connivencia?
-En La Rioja se prohibió que en las escuelas se hablara en contra de las mineras, lo dicen las docentes en Famatina. Ahora se están sacando libros para publicar los beneficios de la minería. Hay una lógica de inculcar esto en las cabezas de las personas. El proceso que hicieron en Catamarca hoy se ve avanzar en La Rioja.
-¿A qué se refiere con “avance”?
-Por ejemplo, La Rioja es una provincia que tiene mucho desarrollo agrícola. Lo que hacen es cortar subsidios o poner emprendedores agropecuarios para que concentren la producción, haciendo que los pequeños productores queden en la nada. Entonces dicen que no queda otro desarrollo productivo que la megaminería: llevan a que la provincia no tenga otra salida.
-Entre sus propuestas, usted habla de crear un Fondo de Compensación para las regiones en las que se explota la minería.
-Nosotros lo ponemos en el proyecto, pero como punto a debatir, porque creo que antes se tienen que dar otras medidas preventivas. Con un fondo de compensación no hay chances de saldar el daño que se produce. La idea es que las empresas estén obligadas a aportar a estos fondos para dar un “resarcimiento”. En realidad, lo que se tiene que lograr es que esto sirva como una especie de seguro en el caso de un proceso de contaminación. En nuestro país no hay aseguradora que quiera cubrir a las grandes empresas mineras. Por eso, debe haber un aporte continuo a este fondo de compensación.
-¿Hoy existe algún tipo de fondo compensador?
-Existe, pero no queda claro si funciona bien o no. También los hay en otros países del mundo.
-¿Hasta qué punto sus proyectos limitarían la inversión? Y si eso pasara, ¿no podría perjudicar a las localidades?
-La megaminería a cielo abierto es inviable hoy en Argentina, porque conlleva un perjuicio ambiental y social importante. Por ejemplo, la ruptura de montañas, el impacto en la fauna y la flora. También afecta el área económica, porque el saqueo es terrible. En diez años, las empresas se van automáticamente, dejando un desierto. La ecuación económica ambiental de la minería a cielo abierto está descartada. Tal vez en el futuro llegue otro tipo de tecnología adecuada, pero ahora no.
-¿Existe otro tipo de extracción que no sea a través de la megaminería?
-Si, la pequeña minería, pero eso otra cosa. También tiene sus defectos, pero es algo diferente en escala. En el proyecto prohibimos la megaminería, porque es imposible llevarla a cabo, pero la pequeña se puede revisar, se puede ver.
-¿Pero qué pasa con las inversiones?
-En Argentina todo se ha liberado para que las mineras hagan lo que quieran en nombre de las inversiones, pero lo cierto es que están saqueando el país. Después empiezan a llamar a gente de afuera para que haga los trabajos que hacían los pobladores. Hay que poner límites claros para que no siga pasando lo que sucede ahora.
-¿Cuál es el nivel de consenso que tiene esto en el Congreso?
-Poco. Elisa Carrió empezó a denunciar esto en el 2005, ya venía de antes pero en ese año escribió el primer informe. En los últimos años, la Comisión de Minería se reunió pocas veces y no debatía nada, eran todas declaraciones.
-¿Cree que este año la comisión puede trabajar mejor?
-Este año la preside Héctor Tomás, que es sanjuanino. Y ya nos leyeron el reglamento de la comisión que habla de fomentar la minería. Antes éramos dos los diputados en contra, pero por suerte ahora somos más. La sociedad empezó a vislumbrar qué es lo que significa. Cuando decimos megaminería estamos hablando de millones de litros que se utilizan por minuto, que no solo contaminan sino que evitan que los seres humanos usen ese recurso. En San Juan las personas tienen limitaciones para usar el agua y las mineras no. El agua es un recurso escaso mundial, es una discusión de fondo.
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