La Chemical Research in Toxicology publicó un trabajo sobre los efectos en anfibios y humanos que puede generar el glifosato

“Deformaciones similares a las de embriones humanos”

El glifosato produce malformaciones en embriones anfibios y sus efectos alertan sobre las consecuencias en humanos. Una revista científica acaba de publicar el trabajo del argentino Andrés Carrasco, que estudió el efecto del agroquímico.

Por Darío Aranda

La publicación internacional certifica la investigación del argentino Andrés Carrasco sobre el glifosato.

“Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión (anfibio), interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, alertó en abril de 2009 el jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco. Fue la primera vez que un estudio de laboratorio de Argentina confirmaba el efecto perjudicial del agroquímico pilar del modelo de agronegocios. Luego del anuncio, Carrasco fue blanco de una campaña de desprestigio por parte de las empresas del sector, medios de comunicación y funcionarios. Aunque el científico aclaró que se trataba de un avance de investigación, el principal cuestionamiento fue la falta de publicación en una revista científica, que –según los sostenedores de los agronegocios y buena parte del mundo académico– sería lo que otorga validez al saber científico. Un año y medio después de aquella alerta, el lunes último, la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Carrasco, donde se confirma que el glifosato produce múltiples malformaciones y, con análisis científicos como prueba, advierte: “Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo”.

El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte años de trabajo en investigaciones académicas, funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es un espacio de referencia nacional en el estudio científico, conformado por doctores en bioquímica, genética y biología. Durante 30 meses estudió el efecto del glifosato en embriones anfibios y de pollos. “Herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados interfiriendo en el metabolismo del ácido retinoico”, es el título de la investigación, que confirma deformidades producidas por el agroquímico en concentraciones de hasta 5000 veces menos que el producto comercial (500 veces menos de las utilizadas en agricultura).
Las diez páginas de la revista científica están plagadas de términos técnicos que, de distinto modo, dan cuenta del efecto negativo del agroquímico: microftalmia (ojos más pequeños de lo normal), microcefalia (cabezas pequeñas y deformadas), ciclopía (un sólo ojo, en el medio del rostro, malformación conocida en clínica médica), malformaciones craneofaciales (deformación de cartílagos faciales y craneales) y acortamiento del tronco embrionario. Y no descarta que, en etapas posteriores, se confirmen malformaciones cardíacas.
“Los embriones más gravemente afectados carecen de ojos y fosas nasales (...) El glifosato interfiere con mecanismos esenciales del desarrollo temprano conduciendo a malformaciones congénitas”, explica la investigación, publicada en la revista científica Investigación Química en Toxicología (Chemical Research in Toxicology), de la Sociedad Americana de Química (ACS, por sus siglas en inglés, entidad con sede en Estados Unidos, que cuenta con más de 160.000 miembros y es una sociedad científica referente a nivel mundial).
Argentina cuenta en la actualidad con 19 millones de hectáreas de soja transgénica, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país, y 190 millones de litros de glifosato, donde la marca comercial más famosa es el Roundup, de la compañía Monsanto, que comercializa la semilla de soja resistente al agroquímico. También producen glifosato las empresas Syngenta, Atanor, Dupont y Bayer, entre otras. El químico se utiliza en la producción de arroz, donde también acumula denuncias por sus efectos sanitarios.
El agroquímico tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrado por el viento y el agua. Se rocía (vía aérea o terrestre) sobre los campos. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, el resto de los vegetales absorbe el veneno y muere en pocos días. La publicidad de las empresas clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre.
“El efecto (del glifosato) sobre embriones abre la preocupación acerca de los casos de malformaciones en humanos observados en poblaciones expuestas en zonas agrícolas”, remarca la revista científica y explica: “Debido a defectos craneofaciales observados en seres humanos de zonas agrícolas decidimos explorar si los genes implicados en el desarrollo de la cabeza son alterados con el agroquímicos. Confirmamos que tanto la marca comercial como el glifosato puro producen defectos cefálicos”.
Los resultados experimentales se realizaron en embriones anfibios y de pollos, modelos tradicionales de estudio en embriología cuando se investigan trastornos en el desarrollo de vertebrados. “Debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados de ambos modelos (anfibios y pollos) son equivalentes con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, explica el profesor de embriología de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
La revista científica señala que se avanzó en un hecho inédito, de particular interés para el ámbito científico, que es vincular las malformaciones con la incidencia del glifosato en el aumento del ácido retinoico (derivado de la vitamina A, normal en todos los vertebrados y esencial para la regulación correcta de los genes involucrados en la vida embrionaria). “Pequeñas variaciones de ácido retinoico producen malformaciones. Nuestro trabajo es la primera evidencia de que las malformaciones producidas por el glifosato se asocian con el ácido retinoico”, explicó Carrasco a Página/12.
Luego de detallar hasta el extremo las formas de cómo se realizaron los análisis, la investigación problematiza los aspectos macro de la problemática argentina: “El modelo agrícola basado en el paquete tecnológico de OMG (Organismos Genéticamente Modificados) en la actualidad se aplica sin evaluación crítica, sin normas rigurosas y sin información adecuada acerca del impacto de las dosis subletales sobre la salud humana y el medio ambiente”.
La investigación –que lleva la firma de todo el equipo científico de Carrasco– recuerda que en la última década varios países de América latina iniciaron estudios sobre las consecuencias ambientales del uso de herbicidas y pesticidas y destaca que en Paraguay un estudio epidemiológico en mujeres expuestas durante el embarazo a los herbicidas confirmó 52 casos de malformaciones.
También remarca que Argentina cuenta con antecedentes que debieran haber llamado la atención de los organismos de control. Destaca el aumento en la incidencia de malformaciones congénitas informado desde hace cinco años por el bioquímico y jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Horacio Lucero, y la situación del barrio cordobés Ituzaingó Anexo (rodeado de soja y donde se detectaron casos de malformaciones y repetidos abortos espontáneos).
“Estos hallazgos se concentran en familias que viven a escasos metros de donde regularmente se rocían los herbicidas. Toda esta información es extremadamente preocupante por riesgo de inducir alteraciones en la gestación humana”, confirma la publicación internacional, recuerda que la literatura científica ya comprobó que los factores ambientales inciden durante el embarazado y, sobre todo, remarca que “la placenta humana ha demostrado ser permeable al glifosato”.
El trabajo del Laboratorio de Embriología de la UBA hace especial hincapié en el “principio precautorio”, legislado en la Ley Nacional del Ambiente, que insta a tomar medidas protectoras toda vez que existan posibilidades de perjuicio ambiental y sanitario. La investigación de Carrasco, que aporta nuevos elementos de prueba, cuestiona que “a pesar de todas las pruebas reportadas en la literatura científica y las observaciones clínicas en el campo, no se ha activado el principio de precaución con el fin de darse cuenta de la profundidad del impacto sobre la salud humana producida por herbicidas en la agricultura basados en OGM”.
Andrés Carrasco insistió en que su publicación científica es, junto a otros estudios ya realizados, “un alerta que reclama la aplicación del principio precautorio en todo el país” y adelantó a Página/12 que puso su investigación a disposición de las autoridades del Conicet y de los ministros de Salud (Juan Manzur) y Ciencia (Lino Barañao). “Esta investigación, junto con otras ya existentes, deben invitar de forma urgente a un debate abierto a la sociedad con las máximas autoridades –-reclamó–. Es necesario terminar con el silencio, ya que la peor de las situaciones es la negación de lo que está sucediendo en las poblaciones sometidas al impacto de los agroquímicos.”

Elementos de prueba para la Justicia

Las denuncias de campesinos

Por Darío Aranda

Familias que viven lindantes a campos con soja, organizaciones sociales y movimientos campesinos denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos desde hace una década. La gran mayoría de las veces son desoídos por la Justicia, que suele esgrimir la ausencia de estudios científicos que acrediten las denuncias. “El caso Carrasco”, como se llama desde hace un año a la irrupción del científico de la UBA y el Conicet en el debate, aportó pruebas de los efectos sanitarios. La Justicia de Santa Fe dio un paso inédito en diciembre pasado: dejó firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de la ciudad de San Jorge. El fallo, que ordena a la Universidad Nacional del Litoral realizar urgentes estudios, cita la investigación de Carrasco como un antecedente a tener en cuenta.

San Jorge es una localidad ubicada en pleno corazón del monocultivo de soja. Los vecinos denunciaban desde hacía años el accionar de los agroquímicos, que les provocaba alergias, intoxicaciones y problemas respiratorios. En marzo de 2009, la Justicia prohibió las fumigaciones. La medida fue apelada, pero la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) dejó firme la sentencia.
También ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los intoxicados tuvieran que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos.
Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio. Ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. La Justicia también fue innovadora en otro sentido: revaloriza los testimonios de los afectados –muchas veces minimizados por los jueces–, resalta la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y precisa los nombres del médico pediatra Rodolfo Páramo (de Santa Fe), el médico rural Darío Gianfelici (Entre Ríos), el bioquímico Raúl Horacio Lucero (Chaco) y el médico pediatra Hugo Gómez Demaio (Misiones).
El fallo resalta las investigaciones de Argelia Lenardón (UNL), que estudió la existencia de agroquímicos organoclorados en leche materna en mujeres de Santa Fe; Amalia Dellamea (UBA), que confirmó la presencia de plaguicidas en productos lácteos; Alejandro Oliva (Hospital Italiano de Rosario), que estudió los impactos de agroquímicos en las funciones reproductivas; Jorge Kaczewer (UBA) que recopiló trabajos sobre el tema y cita el avance de investigación de Andrés Carrasco.
Con el trabajo ya publicado, Carrasco anunció que pone su investigación a disposición de fiscales y jueces para que sea tomada como elemento de prueba en las crecientes denuncias por los efectos negativos de los agroquímicos.

Amenazas telefónicas y una patota que impidió una charla

Censura y presiones

Por Darío Aranda

Desde que difundió el avance de su investigación, en abril de 2009, la vida del docente de la UBA e investigador de la UBA Andrés Carrasco dio un vuelco. Abogados de la Cámara de Fertilizantes (Casafe) irrumpieron en su laboratorio y amenazaron a sus colaboradores. Le siguieron amenazas telefónicas, campañas mediáticas de desprestigio (llegaron a afirmar que su investigación no existía) y censura en la Feria del Libro. Reconoció presiones desde el Conicet y, la última semana, un grupo de choque frustró una charla que iba a dar en el Chaco. La legislatura provincial y Amnistía Internacional repudiaron el hecho.

La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace siete años denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja. En abril pasado, estadísticas oficiales del gobierno del Chaco confirmaron lo temido: en sólo una década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento.
Carrasco fue invitado por las familias afectadas a dar una charla en la Escuela 35 sobre su investigación, pero una patota golpeó y amenazó a los asistentes. Carrasco y el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Horacio Lucero, fueron amenazados, privados de su libertad durante y muy cerca de ser golpeados.
Los agresores se identificaron como trabajadores arroceros y empleados municipales. Y, según los testigos, obedecían las órdenes del intendente José Carbajal y su esposa, la diputada provincial Elda Insaurralde. Entre la decena de golpeados estuvieron el ex subsecretario de Derechos Humanos Marcelo Salgado y el diputado de Libres del Sur Carlos Martínez.
“Fuimos amenazados, golpeados, pateados, insultados, descalificados como ciudadanos y personas. Nos dijeron ‘cuiden a sus hijos’, ‘conocemos dónde viven’, ‘sabemos a qué escuela van tus hijos’. Responsabilizamos al gobierno provincial de cualquier hecho que pueda sucederle a nuestras familias”, advirtieron en una carta abierta los vecinos de Las Palmas y La Leonesa. EL gremio docente Utre-Ctera también denunció que trabajadores de la educación, que apoyan las denuncias de los vecinos contra las fumigaciones, fueron atacados y amenazados días posteriores a la frustrada charla.
La legislatura del Chaco repudió el hecho y votó una resolución (con 23 votos a favor y 7 en contra) para que la Comisión de Asuntos Constitucionales excluya de la cámara a la diputada Insaurralde. La acusan de “conducta indigna” por haber participado activamente en la agresión a los vecinos y a los científicos Carrasco y Lucero.
La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional lanzó una campaña urgente donde insta al Gobierno a que “actúe sin demora para garantizar la seguridad de las personas que residen en La Leonesa y en las comunidades vecinas”. También solicitó a las autoridades locales proteger el derecho a la libertad de información y expresión “para que las comunidades que viven en zonas agroindustriales puedan buscar, recibir y divulgar información sobre los posibles efectos de los agroquímicos”.
Carrasco y Lucero recibieron la solidaridad de una veintena de organizaciones sociales y académicos. El Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología es un colectivo de profesionales que problematiza la lógica productivista de la ciencia actual y divulga información. Participan más de 1600 profesionales de 90 instituciones educativas, científicas y de investigación.
“Expresamos nuestro repudio por los hechos de violencia del Chaco. Sería importante que se expidieran el Conicet, al cual pertenece el doctor Carrasco, así como las universidades”, reclamó la organización y recordó que Carrasco había sido censurado en la última Feria del Libro, donde no se le permitió dar una charla sobre las consecuencias de los agroquímicos.
Carrasco fue presidente del Conicet y es uno de los científicos más importante del país. En 1984 descubrió los genes reguladores del desarrollo embrionario (“genes Hox”), que le significó reconocimiento a nivel mundial y artículos en las revistas científicas Cell y Nature, dos de las publicaciones más prestigiosas del ámbito académico mundial.
Al momento de divulgar los avances de investigación, en abril de 2009, Carrasco ganó enemigos. “Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son hipócritas con las consecuencias de los agrotóxicos”, denunció en ese momento, explicó que “el modelo agrícola utiliza numerosos agroquímicos de los cuales no se realizan estudios” y remarcó que su trabajo no descubría algo nuevo, sino que confirmaba lo que otros investigadores había alertado. Citaba a Gilles-Eric Seralini (Universidad de Caen, Francia), Robert Belle (director de la Estación Biológica del Centro Nacional de Investigación Social de Roscoff, Francia) y Rick Relyea (Universidad de Pittsburg, Estados Unidos).
Le siguieron amenazas telefónicas y presiones del ámbito científico.
En un hecho inédito para el ámbito científico de Argentina, más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos de facultades nacionales, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos lanzaron una carta pública llamada “Voces de alerta”, donde explicitaron su apoyo a Carrasco y apuntaron a la cuestión de fondo: “El discurso de políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las corporaciones económicas producen, a manera de discurso único, el canto de sirena del ‘desarrollo sustentable’ del modelo sojero y la ‘minería responsable’ como factor de transformación. Ese discurso hegemónico es legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado”.