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viernes, 16 de julio de 2010

Pueblos indígenas demandan Estado Plurinacional


Noticias Aliadas *

Adital -
Por Hernán Scandizzo, desde Buenos Aires


Roberto Ñancucheo en un panel con juez
supremo argentino Eugenio Zaffaroni.
(Foto: Hernán Scandizzo)

En mayo pasado, en el marco del bicentenario de la constitución del primer gobierno argentino, organizaciones kolla, mapuche, toba-qom y diaguita-calchaquí, junto a movimientos sociales, marcharon hacia Buenos Aires en cuatro columnas, que partieron de las provincias de Jujuy, Chaco, Mendoza y Neuquén. Más de 20,000 personas se congregaron en Plaza de Mayo en apoyo a la creación de un Estado Plurinacional. Un hecho sin precedentes en Argentina.

La demanda comprendió ítems referentes a la permanencia en sus territorios, el resguardo del medio ambiente y condiciones adecuadas en áreas como educación y salud. En resumen, las naciones indígenas reclaman protagonismo en la toma de decisiones en el marco del Estado.

Según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas, realizada entre el 2004 y el 2005, sólo el 1.6% de la población argentina -en base al censo de 2001 que dio un total de 36.2 millones de habitantes- se autorreconoce indígena. Este dato confronta con un estudio publicado por la Universidad de Buenos Aires en el mismo periodo, según el cual el 56% de los habitantes tiene al menos un ancestro indígena, según lo delata su ADN.

A partir de la década de 1990 se produjeron avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Argentina. El acceso al territorio y puesta en marcha de sistemas de salud y educación interculturales, junto a la implementación de un sistema de consulta previa, libre e informada -ante cualquier iniciativa que los afecte-, son sólo algunos de ellos. Pero su incorporación a la legislación argentina a partir de la reforma constitucional de 1994 y la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 2000, no necesariamente se tradujo en políticas públicas.

En ese contexto, organizaciones de diferentes pueblos han optado por profundizar la relación con el Estado y ocupar cargos en la función pública, pero no sólo en las dependencias de "asuntos indígenas" nacionales y provinciales. Ejemplo de ello son la legisladora provincial Inocencia Charole y su par Egidio García -referentes del pueblo toba-qom en el Chaco-, que conquistaron sus bancas desde las filas del gobernante Partido Justicialista. En los últimos años esta tendencia está ganando terreno a planteos autonomistas que propician la construcción política al margen del Estado.

Ley débil

En noviembre del 2006 el Parlamento argentino aprobó la ley 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, en un intento de frenar los conflictos territoriales que, en no pocos casos, terminaban en violentos desalojos. La norma apuntaba a paralizar esa situación por cuatro años, lapso en el que se realizaría un relevamiento de comunidades para identificar y evaluar cada uno de los casos, para la posterior entrega de títulos.

Tres años después el Parlamento tuvo que prorrogar la norma hasta noviembre del 2013 porque poco se había avanzado en su aplicación. En provincias como Neuquén hay una abierta oposición del gobierno local a implementar el relevamiento, al que considera una intromisión del gobierno nacional. Por otra parte, tampoco se descomprimieron totalmente los conflictos territoriales ni se frenó la violencia. El 12 de octubre del 2009, Javier Chocobar, de la comunidad diaguita calchaquí de Chuschagasta, en la norteña provincia de Tucumán, murió baleado cuando el terrateniente Darío Amín, acompañado de dos sicarios, atacó a comuneros que reivindicaban sus tierras.

"Gran parte de las demandas de los pueblos indígenas es que se pongan en práctica los derechos que están reconocidos, porque hay una disociación entre la práctica y el reconocimiento", resume Roberto Ñancucheo, titular de la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y dirigente de la Confederación Mapuche del Neuquén. "El desafío es cómo desde nuestras concepciones culturales, desde nuestras ideas organizativas, nos hacemos parte de la definición del Estado de poner en marcha estos derechos", añade, y subraya la importancia de la capacidad de movilización que tengan los pueblos indígenas.

Desde marzo del 2009 funciona en Argentina el Encuentro Nacional de Organizaciones de los Pueblos Originarios, un ámbito de debate y articulación política integrado por 26 organizaciones de diferentes pueblos. Este espacio tuvo particular protagonismo en la lucha para que en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en octubre, se garantice a los indígenas el acceso a medios autónomos de comunicación.

"Esa articulación sirvió más, porque las mismas comunidades no están pidiendo al Estado sino buscando alianzas para poder demostrar la capacidad que tienen y ya no buscar abogados. Porque al principio de la lucha la referencia que teníamos eran los abogados", destaca Félix Díaz, de la comunidad toba-qom Navogoh, de la provincia de Formosa, en el noreste del país.

El espejo boliviano

Diversas organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, que desde hace décadas articulan con los pueblos indígenas, coincidieron en que la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia hizo que sectores medios progresistas en Argentina pongan su mirada en las demandas indígenas.

"El proceso boliviano tiene importancia en el sentido de que a los indígenas ya no sólo se nos considera objetos sociales -artesanos, músicos, bailarines- sino como sujetos portadores de un proyecto emancipatorio [que apunta a la descolonización del Estado y a la edificación de una sociedad equitativa y solidaria]", afirmó a Noticias Aliadas Marcelo Luna, vocero de la Coordinadora de Comunidades del Pueblo Charrúa de Entre Ríos, provincia que limita con Uruguay.

En ese sentido, Mario Quinteros, de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Calchaquí -organización presente en las provincias norteñas de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja-, subraya el desafío que esta "nueva mirada" plantea.

"Espero que las organizaciones sociales comiencen a debatir la cuestión de los pueblos indígenas: la existencia, la visibilidad, el considerarlos como sujetos políticos y con posibilidades de contribuir al cambio en la sociedad argentina. Pero, por sobre todo, creo que nuestra propia dirigencia, en las comunidades y en las organizaciones, tiene que comenzar a rever la posición excluyente que mira todo desde el planteo de los pueblos indígenas, que para nada es ilegítima. Pero hay que pensar cómo, en un proceso más amplio de alianza con todos los sectores del campo popular, buscar un mejor porvenir".

"Creo que la defensa de la diversidad cultural o de la particularidad de las identidades indígenas no tiene que hacérsela negando al resto del contexto social argentino, latinoamericano, sino precisamente decir: somos diaguita, somos mapuche, somos qom, somos wichí, este es nuestro lugar en el mundo y estos son nuestros aliados, que están más allá de nuestros lugares o de nuestras visiones", afirma Quinteros.


* Servicio Informativo sobre América Latina y el Caribe producido por Comunicaciones Aliadas

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ESCRACHE A LA ALUMBRERA

Sábado 11 de octubre: Ante la convocatoria de ASANOA se realizó una marcha por el centro de la ciudad. Se realizó un escrache en las puertas de las oficinas de Minera La Alumbrera en Tucumán. Nos sorprendió la adhesión del público que circulaba y se asombraba al enterarse de que La Alumbrera tenía oficinas allí. Luego de más de 40 minutos de cánticos y palabras de denuncia a cargo de los miembros de la asamblea presentes, dos representantes de ASANOA subieron al 6º piso, donde están las oficinas de la minera y entregaron simbólicamente la carta documento que se transcribe más abajo. Para culminar la movilización la asamblea decidió realizar también un escrache al diario La Gaceta de Tucumán, que queda a la vuelta del edificio donde está la minera. Ya que no vienieron a cubrir la nota, se la llevamos a su edificio. Luego de más de 20 minutos de escrache con cantos y palabras "alusivas" y un intento de represión por parte de la seguridad privada del diario, decidieron enviar un periodista a cubrir nuestras declaraciones. Cabe aclarar que este diario no se dignó a cubrir la nota del corte del paso a los camiones de 60 días en los Valles Calchaquíes, pero sí le dió generoso espacio a las declaraciones de los ejecutivos de la minera. (No sabemos qué publicarán, pero NOS DIMOS EL GUSTO DE ESCRACHARLOS) Por prescripción médica, aconsejamos a todas las asambleas realizar acciones similares. Ha sido demostrado que causa una enorme sensación de placer, cosa muy positiva para la salud. Saludos a todos Elizabeth Avila Norberto Costa ASANOA Destinatario Minera La Alumbrera Ltda. L.N.Alem 855 2º piso 1001 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires San Miguel de Tucumán, 11 de octubre de 2008 Sres. Minera Alumbrera Ltda.. Pte. -------Por la presente intimamos a Uds., a que en un plazo perentorio e improbable de 24 horas se abstenga de continuar con su ciclo de explotación, producción y depredación de nuestros recursos naturales. Actividad esta, que sólo trae desolación y desesperanza para los que habitamos estos suelos. Pasivo ambiental que también deben enfrentar las generaciones futuras sin ser arte ni parte.------------------------------------------------------- -------Su desprecio por la vida de los seres vivos y el ambiente, se plasma en una abierta violación a la legislación de fondo vigente. Lo que quedó demostrado con el procesamiento de Julian Rooney en su calidad de gerente comercial y legal y de asuntos corporativos y vicepresidente de la empresa Minera La Alumbrera Ltda.., por ser presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto y penado por el art. 55 de la ley 24.051, así lo dijo la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en la causa "Gonzalez, Juan Antonio s/infracción a la ley 24.051" Expte. De Cámara Nº 47.958/2005. situación que se consumó en el canal de riego conocido como DP2, el mismo, desagua en el Embalse de Río Hondo, en la Provincia de Santiago del Estero.------------------------------------------------------------ -------Nuestra requisitoria tiene fundamento en el Derecho Natural, en el art. 41 de la Constitución Nacional, y en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc- 12 CN).----------------------------------------------------------------------------- -------Hacemos reserva de iniciar las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan al caso.---------------------------------------------------------------------------- -------Están debidamente notificados e intimados.------------------------------------------- Remitente EL PUEBLO ARGENTINO

¿Te parecen útiles estas acciones de denuncia y escrache a las empresas contaminantes?

CONTAMINACION POLITICA: ASI SE GANAN LAS ELECCIONES





Tambien pueden ver la denuncia de Telenoche Investiga sobre las maniobras durante las elecciones en Formosa:
Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=S5kYrd85dWQ&NR=1
Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=_oodAA8EUkI&NR=1

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas


¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!