La Cordillera, los bosques nativos, el Acuífero Guaraní y los ríos más caudalosos del país siguen acechados por el proceso de extranjerización de tierras y están afectados por una legislación que mantiene el espíritu de los años 90 y es considerada una de las más débiles del mundo en materia de protección de los recursos naturales cercanos a las fronteras.
Lo advierten expertos en geopolítica, organismos de control y legisladores de la oposición, en momentos en que los problemas del cambio climático vuelven a sacudir a miles de pobladores.
El Gobierno admitió la "dispersión normativa" en el tema, pero no amplió los requisitos para que los extranjeros extiendan sus propiedades en áreas estratégicas.
Mediante la resolución 166 del Ministerio del Interior, dio de baja a otras 10 resoluciones del menemismo, pero fijó un mapa de las zonas de seguridad en las fronteras, actualizado, con demasiados agujeros. Las zonas de seguridad, establecidas en 1944, están ubicadas en el espacio adyacente al límite internacional: es una franja de 150 kilómetros desde la frontera terrestre y otra de 50 kilómetros a partir de la costa.
Según la resolución 166, de marzo pasado, 89 centros urbanos y localidades, de 14 provincias, quedaron "desafectados en su totalidad del régimen de previa conformidad" que se exige a extranjeros que quieren comprar tierras en los bordes geográficos argentinos. Fue una reafirmación de lo dispuesto por el menemismo en la década del 90.
La Quebrada de Humahuaca, las islas del Ibicuy, el área efervescente de Gualeguaychú, las zonas vitivinícolas de Tupungato y Tunuyán, Calingasta al norte y Gaiman al sur son algunas de las localidades donde los extranjeros se encuentran con facilidades únicas para expandir sus latifundios.
"Es pérdida de soberanía. No hay país en el mundo con una legislación tan flexible como la nuestra. En Japón, Estados Unidos o Canadá, los extranjeros no pueden comprar tierras y menos si cuentan con recursos naturales", señala Elsa Bruzzone, profesora de historia y especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional.
La mujer, autora del libro "Las guerras del agua. América del Sur, en la mira de las grandes potencias", (editado por Capital Intelectual) afirma que "el 20 por ciento de la Argentina tiene dueños extranjeros, especialmente en la Patagonia y la Cordillera". Estimaciones cercanas hacen la Federación Agraria y legisladores de la oposición, aunque nadie ha podido validar sus cálculos, porque el Gobierno no da información sobre el tema.
"Cuando Luis D'Elía era subsecretario de Tierras, intentó hacer un catastro de las propiedades en manos extranjeras, pero tampoco pudo acceder a la información. Quienes lo intentaron, se encontraron con títulos falsos y registros provinciales poco fiables No hay un registro real", dice Bruzzone.
La secretaría de Interior tiene pendiente armar una Base de Datos para registrar la titularidad de los dominios de los inmuebles ubicados en las zonas de seguridad, las operaciones inmobiliarias y las transferencias de acciones o modificaciones de la estructura societaria de las firmas que sean titulares de esos bienes, para detectar engaños en los traspasos. "La Base de Datos se halla en proceso de confección", respondió a Clarín del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, tras un pedido de Acceso a la Información. La secretaría de Interior tampoco sabe cuántas solicitudes para comprar tierras presentaron los extranjeros entre 2003 y 2007, durante la administración de Néstor Kirchner.
Para José Luis Dutto, Defensor del Pueblo de Neuquén, la resolución 166 "parece una macana", porque "da la impresión de que flexibiliza el trámite para los extranjeros, que quedarían liberados de muchos requisitos". En su provincia, fueron desafectadas las localidades de Aluminé, Chos Malal, Huiliches, Minas, Ñorquin, Loncopué, Pehuenches, Picunches, Zapala y Collon Cura. "Es zona virgen -subraya-, muy poca población, agua pura, bosques, con comunidades de crianceros, algunas estancias, mapuches. Desde el punto de vista ambiental, el lugar es impecable".
Cuando Dutto recorre el interior neuquino, "se me acercan pobladores para comentarme de nuevas ventas de tierras a extranjeros, que están interesados en zonas de Bariloche, villa La Angostura, Junín de los Andes", mientras que movimientos sociales y del foro 'El Agua como Derecho Humano' "me expresan su preocupación y piden que no se cierren los accesos a los ríos y a los campos".
El ombudsman de Neuquén pide que el Congreso investigue el tema y que el próximo plenario de defensores del pueblo, que se hará en marzo, también lo examine.
Proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados piden más restricciones para la compra de tierras. Uno, auspiciado por la diputada de la Coalición Cívica Susana García, plantea directamente la prohibición a los extranjeros y sus empresas para "la adquisición del dominio y otros derechos reales sobre inmuebles rurales en zonas de seguridad" y lo fundamenta con citas de leyes protectoras de la mayoría de los países latinoamericanos.
Otro proyecto, de la diputada de Solidaridad e Igualdad Verónica Benas, señala que "la mayoría de los expedientes de venta de tierras sobre la Cordillera fueron aprobados por vía de la 'excepción' y Santa Cruz y Chubut son las provincias de mayor incumplimiento".
A esas conclusiones habían llegado especialistas en medio ambiente de la Auditoría General de la Nación, que encabeza el radical Leandro Despouy. En dos informes, el organismo detectó un sinfín de irregularidades en la presentación de documentación por parte de los compradores extranjeros en la Patagonia y la Mesopotamia.
El Gobierno reconoció el problema en la última "Memoria detallada del Estado de la Nación" presentada en el Parlamento. Dijo allí que la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras puso como prioridad "el análisis de expedientes iniciados en los años 2005/2006 sobre Previa Conformidad, advirtiéndose que gran parte de ellos se encontraban con documentación faltante y/o vencida". Intervino un escribano, que pidió por escrito un refuerzo de la documentación en 234 expedientes, aunque sólo obtuvo respuesta en el 20 por ciento de los casos. "El mismo criterio de envío de notas (para pedir más documentación) se sigue para los expedientes 2007/2008", se indicó.
Hoy, la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras dice que hay 216 expedientes "a la espera de documentación" y que "se han instrumentado mecanismos encaminados a fortalecer el control".
En tanto, la provincia de Santa Fe se convirtió en la primera en legislar ante la amenaza directa de que empresas y barcos extranjeros vengan al país a llevarse el agua de los ríos. En noviembre, la Legislatura dispuso la prohibición de la comercialización de agua dulce a granel (potabilizada o no), cuyo fin sea la exportación.
http://www.clarin.com/diario/2010/01/31/um/m-02130828.htm
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