El procurador general de la Nación, Esteban Righi, volvió a la polémica con una resolución que apunta directo contra la tarea investigativa del fiscal Manuel Garrrido. Sus aceitados contactos con el universo político lo convirtieron en un funcionario de extrema confianza del matrimonio presidencial. Y también en una herramienta clave a la hora del tabicar el poder de inspección de la Justicia. Righi instruyó a los fiscales federales sugiriendo que los delitos cometidos por la guerrilla no sean considerados de lesa humanidad
En los Tribunales respetan su capacidad académica, pero cuestionan al poderoso estudio de abogados que él creó y presidió, desde que son defendidos funcionarios kirchneristas acusados de casos de corrupción.
Righi fue pionero en trabar vínculo con el oficialismo. Su estudio representó al ex presidente Néstor Kirchner cuando era investigado por enriquecimiento ilícito durante su gestión en la provincia de Santa Cruz. Un discípulo suyo en la UBA, Alberto Fernández, lo recomendó para el cargo en 2004 en reemplazo del procurador Nicolás Becerra.
El estudio jurídico Righi & Asociados, hoy dirigido por su hijo Federico, asesora legalmente a sindicalistas, intendentes del Conurbano y funcionarios del Gobierno investigados por la Justicia. Ubicado en la calle Libertad al 1000, el buffet posee una cartera de clientes envidiable: desde el jefe de Inteligencia del menemismo, Hugo Anzorreguy, imputado por el presunto encubrimiento en la voladura de la AMIA, hasta la esposa del ministro Julio De Vido, Alessandra Minicelli, involucrada por la venta irregular de YPF. También el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por la manipulación de los números del INDEC, y el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, por la compra de unos terrenos del Ejército.
El estudio jurídico Righi también cosechó frutos en territorio bonaerense. Fabián Musso y Daniel Carral, socios del buffet de abogados, representaron legalmente al intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, preso casi un año por presunto fraude contra la administración pública. Asesoraron también al jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, a quien la Justicia investigaba por la presunta proliferación de ñoquis en el municipio.
Bebe. En 1973, Esteban Righi era ministro del Interior del ex presidente Héctor Cámpora. Desde entonces, casi todos sus amigos lo apodan “Bebe”. Con la dictadura militar, el abogado se exilió en México, pero luego regresó cuando Raúl Alfonsín ya había sido electo presidente.
El libro Justicia en la Era K describe con precisión el arribo de Esteban Righi al poder pingüino y su aporte a la Justicia Federal. Se menciona a Alberto Fernández como el “amigo” que lo persuadió para que aceptara. “¿No se anima a venir conmigo a una reunión de gente de bien del PJ?”, cuenta el libro que le habría dicho el ex jefe de Gabinete cuando reclutaban voluntades para el denominado Grupo Calafate, cantera del proyecto “Kirchner Presidente”.
En 2004, la designación de Righi en la Procuración fue objetada por Elisa Carrió, quien le cuestionó haber recibido una jubilación de privilegio y haber defendido al gremialista José Rodríguez en una causa por la desaparición de trabajadores de Mercedes-Benz. Righi sostuvo que sólo había solicitado al fiscal el estado del expediente.
Fuente: Diario Perfil
Más sobre Righi
El interesantísimo libro “Operación Traviata ” que ya lleva vendidos 35.000 ejemplares, cita en las páginas 38, 257, 258 y 302 a los doctores Pedro Cossio (de raíces tucumanas) y Seara por su libro “Perón, testimonios médicos y vivencias”.
Una de las citas del mencionado libro escrito por dos de los médicos que asistieron al General Perón en sus últimos años dice: “El General Perón me dijo que no estaba satisfecho con el Presidente Cámpora por haberse rodeado de gente que no era de su agrado, y mencionó concretamente al Ministro del Interior, el Dr Esteban Righi“ y corresponde a Pedro Cossio.
Casualmente Righi, actual Procurador General de la Nación fue recusado por el Dr. Vigo Leguizamón – abogado de las familias Larrabure y Viola – ante la Justicia Federal en Tucumán ya que considera que habiendo sido ministro de Cámpora – además de íntimo amigo – y responsable directo de la Seguridad el día de la Matanza de Ezeiza por citar un ejemplo, no debería ser quien ha instruido a los fiscales federales del país para que los crímenes cometidos por la guerrilla en Argentina no sean investigados lo que ha generado un gran revuelo.
Publicado en Periodismo de Verdad el 10 de Octubre 2008
Esteban Righi, procurador general de la nacion
El estudio del jefe de los fiscales defiende a funcionarios y sindicalistas investigados
Esteban Righi fue designado por Néstor Kirchner, su primer cliente pingüino. Consiguió que absolvieran al Presidente en una causa por enriquecimiento ilícito. Desde que fue nombrado al frente de la Procuración General de la Nación, su estudio asumió la defensa de miembros del circuito K. Su hijo, esposa y dos socios representan, entre otros, a Julio De Vido, Alberto Fernández y al ministro de Justicia, Alberto Iribarne. Su último cliente vip: Guillermo Moreno.
Por Damina Glanz
Ganó prestigio internacional como defensor de presos y perseguidos políticos durante su exilio en México, donde se refugió después de pasar por el ministerio del Interior de Héctor Cámpora. Pero no fueron sólo esas credenciales las que llevaron al jurista Esteban Justo Antonio Righi al cargo de la Procuración General de la Nación. El jefe de los fiscales nacionales se ganó el reconocimiento de sus promotores, el matrimonio Kirchner, ejerciendo su defensa en 2003 en una causa sobre enriquecimiento ilícito durante su paso por la gobernación santacruceña. Desde ese momento, su estudio de abogados acumula la representación legal de funcionarios públicos y de jefes sindicales acusados de cometer actos de corrupción.
El Estudio Righi, ahora sin la presencia del fundador, está integrado por Federico Righi, hijo del procurador, su segunda esposa, Ana García, y sus socios: Fabián Musso y Daniel Carral. Ellos cuatro se ocupan de conseguir que la Justicia absuelva a aquellos delitos que el mismo Gobierno dice que está decidido a perseguir. Algunos ejemplos. Sólo algunos:
▪ En febrero de 2004, el ARI impugnó el pliego para la designación de Righi aduciendo que él había patrocinado al sindicalista José Rodríguez (SMATA) en la causa en la que se investigan las desapariciones de trabajadores de la fábrica Mercedes Benz en los 70. Entonces, Righi rechazó la acusación al afirmar que sólo le había solicitado al fiscal un certificado sobre el estado del expediente. Lo cierto es que la relación entre el procurador y el cuestionado sindicalista no se limitó a ese “certificado”. El estudio de Righi lleva adelante la defensa de Rodríguez en tres causas diferentes, todas por presunta defraudación a la obra social del sindicato, que suman un perjuicio para los afiliados de 12 millones de dólares.
▪ Una semana antes del último aniversario del atentado a la mutual AMIA, el Presidente recibió en la Casa Rosada a representantes de la comunidad judía. Kirchner les prometió que iría “a fondo para descubrir la verdad, se llame Menem o Corach” para determinar las responsabilidades del “encubrimiento de los terroristas”. La principal pista que tiene ese expediente es el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín por parte de la SIDE que comandaba Hugo Anzorreguy. Musso, socio de Righi, lleva adelante la defensa de Anzorreguy.
▪ En ese mismo expediente también se averigua la actuación del actual ministro de Justicia, Alberto Iribarne, que era el viceministro de Interior de Carlos Corach cuando ocurrió el atentado. A Iribarne lo representa el otro socio, Daniel Carral. El funcionario también fue investigado en la causa que imputó a funcionarios de los 90 el cobro de sobresueldos. La misma suerte corrió su jefe político y ex compañero de cátedra de Righi, Alberto Fernández. En esa causa los representó Musso.
▪ Después de que la Cámara Nacional en lo Penal Económico desplazó al entonces juez Carlos Liporace de la investigación del caso de las “valijas voladoras” de Southern Winds, los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura impulsaron su juicio político. Lo acusaron de “notable arbitrariedad”, “claro desconocimiento de la ley” y “falta de imparcialidad”. En calidad de defensor, Federico Righi le acercó un escrito al consejero Carlos Kunkel solicitándole que aplazaran la audiencia donde destituirían a Liporace. En el tiempo que ganó, el magistrado consiguió que el Presidente le acepte su renuncia. Así, no perdió su jubilación.
▪ El juez federal Claudio Bonadío investigó las supuestas irregularidades cometidas durante la venta de YPF. En esa causa fue imputada Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido y síndica general de la Nación. Ella integró el directorio de la petrolera entre 1996 y 1999. La defendió el Estudio Righi. Fue absuelta en julio de 2006.
▪ El círculo de la Justicia K se repite en el caso de Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, el cliente vip más nuevo del Estudio Righi. El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga el accionar del funcionario en la supuesta manipulación de datos del INDEC. El fiscal Carlos Stornelli ya pidió su indagatoria y su par, Manuel Garrido, le pidió a Righi que le prohíba a Moreno el ingreso al edificio del INDEC. El procurador impulsó la medida y al mismo tiempo su socio Musso asumió la defensa de Moreno. El juez denegó, por ahora, el pedido de indagatoria.
NADIE CONTROLA LA GESTIÓN DEL PROCURADOR
¿Quién controla los actos de Esteban Justo Righi? Nadie. Sus procedimientos administrativos deberían estar bajo la lupa de una comisión bicameral del Congreso. Pero esa institución parlamentaria, prevista en la ley 24.946 de creación de la Procuración General de la Nación, nunca fue creada.
Tampoco es controlada la ejecución de gastos del organismo. Sus actos no están alcanzados por la Auditoría General de la Nación ni por la Sindicatura General de la Nación. Y la Dirección de Auditoría Interna admite que no puede desarrollar su tarea. En el informe anual de gestión de 2006, la auditora afirmó que los “objetivos, misiones y funciones (del sector), no han podido ser cumplidos plenamente en virtud de lo siguiente: las limitaciones relacionadas con los recursos humanos de que dispone el área”.
Es así como el presupuesto para la investigación es permeable de distribuirse en forma discrecional. Por ejemplo, mientras que algunos fiscales se quejan por la falta de recursos, otros disfrutan de la opulencia. Es el caso de la Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos de Drogas y Crimen Organizado (UFIDRO) que comanda Alberto Gentilli. Esta repartición, que sólo realizó seis denuncias en esta gestión (la última contra una revista que promueve el consumo de la marihuana) realizó hace unas semanas un almuerzo de camaradería en el lujoso restaurante Las Lilas de Puerto Madero con comisarios y funcionarios. Gastaron 3 mil pesos.
http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0181/articulo.php?art=2569&ed=181
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