Con más de 50 pedidos de exploración del mineral en todo del país y las principales mineras detrás del negocio, crece el descontento de los vecinos.
Al pie de los Andes, entre los cerros, aparecen camionetas levantando muestras, y avanzan los proyectos de reactivación de la minería de uranio en la Argentina. De la misma manera, crece el descontento de los vecinos cordilleranos. Existen más de 50 pedidos de cateo y exploración en Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan y Córdoba, y empresas como Wealth Minerals, Strategic Resources, Globe Uranium y Mega Uranium están detrás del negocio.
“El uranio está reactivando interés no sólo en la Argentina, sino en todo el mundo. Con el alza del precio del petróleo y la escasez de gas, el planeta se plantea otras posibilidades. Hay que buscar energías seguras y el uranio es un recurso. No produce efecto invernadero y es aceptable para generar electricidad”, explica Aníbal Núñez, gerente del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Según Núñez, “hay una interpretación de la opinión pública que donde hubo uranio hay problemas, y no es así”.
No piensan lo mismo vecinos y ambientalistas. “La minería de uranio es de alto riesgo para los trabajadores y el medio ambiente . No podemos permitir la degradación ambiental y poner en riesgo las fuentes de agua potable. El uranio contamina el agua”, señaló Juan Carlos Villalonga, de Greenpace. Raúl Montenegro, de Fundación para la Defensa del Ambiente, agregó: “Sigue promocionándose la minería de uranio sin ningún tipo de consulta previa, e ignorando que organismos de energía atómica a nivel mundial protegen más sus propios intereses que la seguridad y la salud de la población”.
Aunque hoy no hay minería de uranio en actividad en el país, la hubo hasta los 90. El gobierno menemista la frenó porque costaba más extraer uranio que importarlo. “El precio del uranio costaba 180 dólares el kilo en 2007, y se estima que podría alcanzar los 500 en 2009”, expresó Fernando Lisse, asesor del diputado Edgardo De Petri. De Petri elevó un proyecto de ley para modificar el Código de Minería, a fin de que el uranio sólo pueda ser explotado por la CNEA y que se prohíba su exportación.
“Si no se modifica eso, corremos el riesgo de que, a pesar de ser un país con uranio, tengamos que salir a comprarlo. Hoy se importa, mientras hay un puñado de empresas extranjeras importantes, canadienses, británicas y australianas que quieren llevarse nuestro uranio para satisfacer sus demandas. Lo extraen en bruto y le ponen el valor agregado en sus países de origen, es ahí donde está el riesgo de contaminación”, concluyó Lisse.
El Banco Mundial entra en el juego
En todas las minas de las que extrajeron uranio quedó un pasivo ambiental abandonado: Don Otto (Salta), Los Adobes (Chubut), Los Gigantes (Córdoba), La Estela (San Luis), Malargüe (Mendoza), Sierra Pintada (Mendoza) y Los Colorados (La Rioja).
El Banco Mundial aprobó un préstamo de 30 millones de dólares para el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Financiará el reacondicionamiento.
“El programa se ejecuta desde hace varios años, fundamentalmente en el proyecto de Malargüe, en Mendoza. Ahí irán la mitad de esos fondos y el resto, a Córdoba y Salta”, dijo Aníbal Núñez, gerente del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU). El crédito, dice, permitirá “acelerar” el proceso.
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