Magdalena Odarda - Legisladora ARI CC

El agua constituye un bien social y natural imprescindible para la vida y el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. La obviedad de esta afirmación es inobjetable.Sin embargo, el sentido común y la conciencia de autopreservación, no siempre caracterizan las decisiones de los gobiernos y de las empresas que, procurando el lucro ilimitado, parecen conducir a la humanidad a un suicidio que no hemos elegido.
El agua, sustancial para la vida, se encuentra hoy escasa en algunos lugares del planeta, por ello La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reconoce que para el 2050, 1800 millones de personas podrían vivir en zonas sin acceso al agua potable, y prevé que más de dos tercios de la población mundial sufrirá problemas hídricos.
El agua dulce, corresponde solo a 3% del total de agua en el planeta, el resto se encuentra congelado en los polos y en los glaciares.
La contaminación y su uso abusivo, provocan la escasez en algunos países, y esto se relaciona con la pobreza y el deterioro ambiental. La situación de vulnerabilidad, conflictos sociales, económicos, ecológicos y geopolíticos que emergen de esta condición, preocupa a organismos internacionales y a algunos gobiernos del planeta.
Esta situación es impensada para los países que, generosamente, han disfrutado de este bien natural permitiendo su uso sin observación, lo cual hace que las restricciones sean inexistentes o insignificantes, aun cuando se trata de impresionantes consumos por parte de emprendimientos industriales y agrícolas a gran escala.
Por otro lado, algunos países no parecen ser concientes de la importancia del agua por su valor estratégico en las actuales circunstancias de recalentamiento global y retraimiento de glaciares y casquetes polares, pues se ofrece este recurso escaso con gratuidad a algunas empresas extractivas que la utilizan en forma exorbitante y descontrolada. Es el caso de nuestro país, donde en los últimos años, los sucesivos gobiernos parecen facilitar y promover la continuidad de la maquinaria de succión de recursos naturales a mansalva, es decir, propiciar que el saqueo continué.

Agua y minería

Recientemente Chile anunció que buscaría importar agua desde Argentina para abastecer zonas mineras ya que, la minería es una actividad industrial que demanda gran cantidad de agua para todos los procesos.
Debemos recordar que durante 1997 ambos países firmaron el Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, ratificado en el 2000 por ambos parlamentos, constituyendo este un conjunto normas para implementar y concretar un Acuerdo de Complementación Económica firmado por ambos países en 1991, facilitando de esta forma a ambos lados de la cordillera todos los recursos naturales en forma irrestricta, incluyendo sin duda el agua, y protegiendo jurídica las inversiones. En el marco de un aparente fortalecimiento de las relaciones y las inversiones privadas en la frontera de ambos países, este tratado ha beneficiado casi exclusivamente a capitales trasnacionales.
A la luz de estos privilegios, la industria minera de Chile tendría el derecho de usar este recurso y de hecho ya lo ha usado, como otras empresas del lado argentino, en detrimento de las poblaciones precordilleranas.
Esta legislación, que crea una zona franca minera de más de 200.000 km2, entre ambos países, fue la base jurídica que utilizó la empresa minera Barrick Gold SA, situada en la provincia de San Juan.
Es sabido que la actividad minera es contaminante y que el uso del agua en cantidades exorbitantes provoca daños irreversibles debido a la contaminación por filtraciones, lixiviación, drenajes, la reducción de los niveles de agua o del afloramiento de agua dulce, lo que provoco múltiples y gravísimos daños a la salud de las poblaciones, desaparición de flora y fauna, pérdida de cultivos y una sucesión de perjuicios resultantes. Si solo pensamos que a lo largo de nuestra cordillera central, las empresas utilizan 800 a 1000 litros del agua por segundo, podemos deducir que esta dimensión gigantesca afecta, y de forma determinante, la vida económica, social y cultural de los pueblos de esas regiones cordilleranas.
Solo algunas muestras son suficientes para comprobar lo que vengo diciendo. En Catamarca, el río Vis-Vis esta contaminado a consecuencia de filtraciones en el llamado "dique de colas".
La cuenca del Río Salim en Tucumán está contaminada con cromo y cobre por la actividad de las empresas mineras.
En 2004, el río Hondo y el Dulce de la provincia de Santiago de Estero fueron impactados por minerales pesados tóxicos derramados por una minera.
Minera Alumbrera fue denunciada por daño ambiental colectivo por la presunta contaminación del lago de las Termas de Río Hondo y la cuenca del propio río Dulce.
El Valle Calchaquí se encuentra gravemente afectado en la calidad de sus aguas y por supuesto, aves y flora. Estas son solo algunas muestras de los desastres ocasionados.

Glaciares y el veto presidencial

Los 63 glaciares monitoreados en la región patagónica están en retroceso de forma más acelerada que la prevista por los estudios científicos. Nueve de estos están en Argentina.
Los glaciares aumentan su masa con grandes nevadas y temperaturas frescas en verano, mientras que se achican cuando los años son secos y muy cálidos. Los cambios climáticos, entonces, han acelerado su derretimiento. Es importante destacar que en la región central de los andes cordilleranos, cuando los años vienen secos, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos. Es el caso de Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa hasta el 85% si se considera la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y de escombros (Leiva, 2004, 2007; Milana 1998). Este cálculo demuestra el papel fundamental en la regulación del recurso hídrico que se le otorga a las masas de hielo en los Andes Centrales.
Esto nos permite concluir que cuando el calentamiento global y el derretimiento acelerado de los glaciares son una realidad y preocupación de científicos de Argentina y otros lugares, es deber adoptar una actitud responsable para evitar catástrofes irreversibles.
Pero, paradójicamente, esto no es así en nuestro país, y pese a las sugerencias y declaraciones internacionales, los recursos hidrológicos son entregados a intereses privados sin más recaudos.
Uno de los proyecto más representativos de la minería a gran escala es Pascua Lama de Barrick Gold SA, compartido con Chile y Argentina que, pese a sus nefastos antecedentes y violaciones a los derechos humanos en varios lugares del planeta, se empeña – no sin apoyo de los gobiernos - en la remoción de glaciares para realizar la explotación de minerales que se encuentran debajo, situación que los científicos del mundo califican como una atrocidad.
Parte de la historia oscura de los negociados de la empresa en nuestro país, expondrìa la connivencia del senador Gioja – proveedor de la minera- y su hermano, gobernador de San Juan, quien se sabrìa que ha sido el promotor junto a la empresa, del veto de la Ley 26.148, conocida popularmente como Ley de Glaciares.
La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, fue aprobada por el Congreso Nacional, y vetada a fines del año pasado por la presidenta Cristina F. de Kichner porque impedía la afectación de los glaciares y el ambiente periglacial de las cumbres cordilleranas con el fin de preservar el agua de esta importante fuente y garantizar, con fines estratégicos y geopolíticos, la provisión a futuro –en calidad y cantidad- de este recurso, evitando el progresivo avance de las industrias extractivas contaminantes sobre estos reservorios de agua dulce.
El veto presidencial dejó en evidencia tanto el poder de los lobbies de la transnacional minera, como la complicidad de algunos funcionarios.
Con posterioridad, el Poder Ejecutivo Nacional impulsó la formación de una comisión para su modificación - desairando las atribuciones del parlamento nacional- en la que se plantearon cambios que eliminan la protección al “ambiente periglacial”, el cual comprende las zonas donde se encuentran los hielos impermanentes, los suelos congelados de alta montaña que son fundamentales para la alimentación de los ríos, porque se congelan y descongelan, regulando el régimen hídrico.
Esas zonas, que podemos llamar fábricas de agua, son vitales para las comunidades aguas abajo y sus economías, sobre todo en periodos de sequía.
Peor aún, en la nueva ley propuesta, se establece que con una simple declaración de “interés público”, sería suficiente para que cualquier proyecto pueda instalarse y manipular los glaciares.
Una estrategia para evitar el nuevo tratamiento de la ley original, ha sido la presentación de cuatro proyectos sobre glaciares, lo que ha dificultado la discusión en el seno de la comisión legislativa.

Conclusión

La entrega de los recursos naturales ha sido una constante en los últimos años. En la década del 90 se sentaron, mayormente, las bases para la expoliación y saqueo de las riquezas de nuestro país a favor de las corporaciones transnacionales de la minería, el petróleo, las hidroeléctricas, las de la biotecnología – semillas y agroquímicos asociados- para la expansión de la soja y otros cultivos transgénicos, entre tantas concesiones legitimadas a través de leyes que garantizan seguridad jurídica, regalías irrisorias y eliminación de gravámenes.
Los gobiernos han mentido flagrantemente cada vez que justificaron la entrega en una mayor generación de empleo, desarrollo y riqueza para las regiones, pues no se consideraron –o no se quisieron considerar- las gravísimas externalidades –contaminación de agua, suelo, aire- de todas esas actividades, el sometimiento de nuestra economía nacional, el empobrecimiento y decaimiento de las economías regionales, la afectación social, la pérdida de la cultura y la calidad de vida de los pueblos, que un ambiente saludable brinda.
El agua constituye para las industrias enumeradas un mero recurso, un insumo necesario desde una mirada mercantilizada. Para los pueblos, el agua es un bien natural insustituible y vital, un derecho humano que conecta con la vida misma y la cultura de la tierra.
Nuestro país ha sido puesto de rodillas para priorizar intereses de capitales trasnacionales, concediendo todo, hasta el agua. Las limosnas que en forma habitual las empresas aportan a escuelas, hospitales y universidades – con el fin de que los pueblos olviden los enormes privilegios otorgados, son una humillación que no debemos permitir.
A través de la des – protección de los glaciares, nuestro país sigue regalando los bienes naturales que son de todos, a costa de la dependencia, la contaminación, la exclusión y el hambre de miles de argentinos.