La comunidad universitaria del país comenzó a rechazar los fondos mineros provenientes de las utilidades de YMAD. La polémica se instaló en la UNT, socia de Minera Alumbrera, y reabrió un debate sobre el modelo de gestión universitaria y los condicionamientos que impone el poder del dinero.

Parecía un debate silenciado y hasta ninguneado por los grandes medios de comunicación. Hasta que se coló en la campaña electoral de las últimas elecciones parlamentarias, y aquellos que le habían puesto una mordaza tuvieron que escuchar las denuncias del diputado electo por Capital Federal, Fernando Pino Solanas.

Así, la polémica sobre los efectos devastadores de la minería a cielo abierto y el saqueo de nuestros recursos naturales se ganó un lugar en los medios nacionales y la política comenzó a ocuparse de la agenda que vienen impulsando organizaciones sociales que no compiten por una banca legislativa, sino por su derecho a un ambiente sano.

Mientras el fenómeno Solanas (como lo bautizaron los medios porteños) crecía, el Concejo Directivo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba resolvía rechazar los polémicos recursos provenientes del consorcio Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El lapidario informe que presentó el biólogo Raúl Montenegro al Consejo contra los fondos mineros abrió un fuerte debate en el seno de las universidades nacionales sobre la conveniencia o no, de percibir “recursos cuya procedencia está judicializada por contaminación”, y desató un dilema ético en los claustros.

Empero, el resto de las universidades argentinas gozan de los más de 86 millones de pesos que repartió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en los últimos dos años. Entre ellas, la socia del emprendimiento minero de Bajo La Alumbrera, la Universidad Nacional de Tucumán, disfruta de su lugar de privilegio y los jugosos fondos de la explotación minera.

Como integrante de YMAD recibe parte de las utilidades que genera Alumbrera. Con la aprobación de su Consejo Superior, el rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, ha encarado sin prejuicios, obras de infraestructura por más de 100 millones de pesos en las distintas facultades y en la propia sede del Rectorado.

Esta inyección de recursos le permite a Cerisola edulcorar una gestión signada por un deficiente presupuesto general calculado en unos $ 415 millones para 2009.

Según fuentes universitarias, ese fue el monto girado por el Gobierno nacional para el presente ejercicio, y casi el ciento por ciento de los recursos es destinado al pago de sueldos de docentes y agentes administrativos de la UNT. Es por ello que los aportes de las utilidades de YMAD resultan clave para la actual gestión y para el sostenimiento político de cada una de las autoridades de facultades, de frente a un próximo proceso de renovación de autoridades. Pero también levantó una sombre de sospecha sobre cómo se utilizaron estos fondos y trascendió que los directores de YMAD, Rodolfo Campero y Mario Marigliano, pedirían a Cerisola un informe detallado de cómo se invirtió el dinero de las utilidades. En igual sentido, lo haría un grupo de decanos preocupados por la transparencia en el manejo de esos fondos, aunque no tanto por su origen.

Aunque sigue siendo un tema tabú, el debate toma formas centrípetas y las protestas y reclamos comienzan a filtrarse en los claustros tucumanos. Docentes, investigadores y estudiantes comienzan a tomar conciencia del verdadero costo del uso de los fondos mineros (ver Hacia una minero....).

Hasta aquí, los únicos que han manifestado públicamente su interés en debatir las consecuencias de la minería a cielo abierto con las autoridades de la UNT son las comunidades indígenas del Valle Calchaquí y organizaciones ambientalistas locales. Las primeras, son las principales afectadas, junto a productores y habitantes del extenso valle que recorre las provincias de Catamarca, Salta y Tucumán.

Reparto silencioso

Casi sin discusión, las universidades nacionales aceptaron percibir y repartirse fondos millonarios provenientes de un empresa resistida por su impacto ambiental: la minera La Alumbrera, una empresa que -según la Justicia Federal en una causa aún abierta- ha incurrido en el presunto delito de contaminación peligrosa para la salud, por lo que uno de sus ejecutivos está procesado. Luego avalada por cada institución, la decisión del Consejo Interuniversitario Nacional de aprobar el ingreso a las arcas académicas primero de 50 millones de pesos y, ahora, de otros 36 millones generó malestar entre los numerosos investigadores de las propias universidades que hace tiempo vienen alertando sobre los riesgos de la explotación minera "a cielo abierto".

¿Por qué las universidades reciben fondos de esa empresa? YMAD percibe el 20 por ciento de las utilidades de la explotación de la mina. El 60 por ciento de ese monto se dirige a Catamarca y la mitad del otro 40 por ciento va para la Universidad de Tucumán; el resto se distribuye entre las demás casas de estudios nacionales, según dispone la ley 14.771.

Por primera vez desde que la mina se puso en actividad, el año pasado llegaron al sistema universitario 50 millones de pesos. Y hace poco más de un mes llegó una segunda partida, por 36,8 millones.

Antes de arribar a las casas de estudios, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cuerpo que integran los rectores de todas las universidades públicas, debió acordar el reparto de los fondos que en mayor o menor medida, se distribuyen entre todas las universidades.

La causa judicial

Al menos desde 1999, pobladores y funcionarios vienen presentando reiteradas denuncias por la contaminación generada por derrames y filtraciones. La causa que más prosperó se inició con una denuncia de un ex director de Medio Ambiente de Tucumán, el biólogo Juan González, por los niveles de metales hallados en el canal DP2, donde desemboca el mineraloducto de La Alumbrera. En mayo de 2008, la Cámara Federal de Tucumán consideró que "se encuentra acreditada la existencia de contaminación ambiental en el canal de desagüe donde vuelca sus efluentes industriales la empresa Minera La Alumbrera" y procesó al vicepresidente de la firma, Julián Rooney.

Como pruebas, el expediente citó informes de impacto ambiental de la propia minera, pericias realizadas por la Gendarmería y estudios de la Secretaría de Ambiente de Tucumán. Además de un informe de la propia Secretaría de Minería de la Nación, que consigna según recordaron los jueces al procesar a Rooney que el canal DP2 "presenta concentraciones de sólidos totales disueltos, sulfatos y molibdeno (...), hierro, manganeso, arsénico y boro, superando los límites establecidos por la normativa aplicable", por lo que "el impacto considerado es de carácter negativo, con un fuerte grado de perturbación y un alto valor ambiental".

El ejemplo cordobés

La Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba decidió rechazar los fondos mineros mediante Resolución n° 166/2009 accediendo así a lo solicitado por el doctor Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva y Premio Nóbel Alternativo 2004 de esa unidad académica. La Resolución comienza mencionando el informe que presentó Montenegro, y tras una lista de consideraciones resolvió:

Artículo 1º: Rechazar los fondos procedentes de la distribución de beneficios de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) acordados en el Consejo Interuniversitario Nacional y proponer al Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba que adopte la misma posición.

Artículo 2º: Proponer al Honorable Consejo Superior la creación de una Comisión en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, con representantes de distintas Facultades, incluida la Facultad de Psicología, para que clarifique y luego informe si se aceptó un aporte similar del YMAD en el año 2008 y el destino de esos fondos.

Artículo 3º: En el caso de que el Honorable Consejo Superior comparta los argumentos y lo resolutivo de la presente resolución, difunda su posición al resto del Sistema

Las mineras y sus “patentes de corso” en nuestro propio territorio

El efusivo impulso privatizador que alumbró el neoliberalismo económico de los noventa y sus recetas para los países periféricos, nos dejó la herencia de una legislación hecha a medida, para las grandes corporaciones internacionales.

Como la Ley de Inversiones Mineras, y otras tantas surgidas de la caldera privatizadora, representan una de las entregas más escandalosas del patrimonio nacional efectuadas por el ex presidente Carlos Menem y su séquito de funcionarios, a partir de las recetas del Banco Mundial.

Dicha legislación establece la inhibición total del Estado argentino para explotar yacimientos mineros; limita el monto de las regalías que las provincias pueden cobrar, y exime a las mineras del pago de impuestos provinciales y municipales.

Tales disposiciones se completaron con la firma de un tratado con Chile que invalida las leyes nacionales en los territorios a explotar, y garantiza a las mineras todos los beneficios numerados por 30 años, sin que nadie pueda cambiar las reglas.

La ley 24.196 de Inversiones Mineras, además, exceptúa a las mineras extranjeras del pago de derechos de importación y estadística sobre equipos, maquinarias, repuestos y accesorios destinados a la explotación; les garantiza “estabilidad fiscal”, lo que significa que ninguna ley o decreto podrá modificar en el futuro la situación impositiva existente, y las beneficia con "paso libre" en las Aduanas, mediante una simple presentación de declaración jurada. O sea que pueden entrar y sacar lo que se les ocurra. Y por si fuera poco, son favorecidas por el beneficio de libre disponibilidad de las divisas, sistema avalado por el propio ex presidente Néstor Kirchner, mediante el cual los dólares que ganen no deben ser liquidados en el Banco Central, como están obligados a hacer todos los productores y exportadores del país, pudiendo liquidarlos sólo en el exterior, con lo cual tampoco sobre esto existe algún tipo de control. En suma: gozan de unos privilegios que ningún ciudadano argentino, productor agropecuario o industrial, importador o exportador, podría soñar jamás. ¿Y todo esto para beneficio de quién?

Las mineras pagan menos del 1 por ciento en concepto de regalías, una vez deducidos los conceptos que le autoriza la ley, de manera que sus inversiones son en realidad pagadas por el Estado argentino. La diputada Marta Maffei ya en 2007 advertía: “Las diez grandes mineras se llevarán del país minerales por 25.000 millones de dólares, de los cuales sólo 380 millones quedarán en el país”. Las leyes mineras fueron impulsadas por el entonces ministro Alberto Kohan y los senadores José Luis Gioja, de San Juan, y Angel Maza, de La Rioja: curiosamente, geólogos que, se dice en todos lados, operan como socios de las grandes mineras, y este fue uno de los motivos para que la legislatura riojana deponga a Maza para iniciarle juicio político.

El boom minero responde a un hecho sencillo: en los países de primer mundo (sobre todo Estados Unidos y Europa), la minería de metales está prohibida o regulada por controles muy severos, de allí que las compañías huyen de sus países de origen y arriban a estos lares, donde se han creado a su favor condiciones de extraterritorialidad virtual, constituyendo auténticos estados dentro del Estado.

Si no es negocio, que se vayan

Desde diciembre de 2007, el Gobierno nacional decidió exigir el pago de un tributo para exportar y se le eliminaron las exenciones con las que contaban las empresas que se habían radicado en el país antes de 2002 (esto permite recaudar al gobierno nacional entre 600 y 800 millones de pesos más anualmente).

Algunas exportaciones mineras vienen pagando entre un 5 por ciento y un 10 por ciento de retenciones desde 2002, cuando Eduardo Duhalde retomó este sistema impositivo impulsado por la financiación de los Planes Trabajar en medio de la crisis.

Como era de esperar, esta arremetida contra la renta minera provocó al reacción de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) quienes criticaron la decisión y advirtieron que podrían suspender las inversiones prometidas si les suben los impuestos. Inclusive algunas de las grandes empresas internacionales del sector, como las canadienses Meridian Gold y Barrick Gold, amenazaron con retirarse del mercado y no invertir más en suelo argentino. “Se ponen en riesgo inversiones por u$s 30.000 millones", insistieron desde la CAEM.
http://www.elperiodico.com.ar/verarticulo.php?id=84027256