Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días todo se ha trasmutado en capital europeo o, más tarde, en norteamericano, y como tal se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos.
Eduardo Galeano
Desde hace más de 500 años nuestra América viene siendo devastada por la explotación, depredación y saqueo de su tierra, de su oro, de su plata, de su agua, de sus pueblos…
Este despojo de nuestros bienes ha servido de sustento durante siglos a un sistema de dominación que concentra el poder en los países del norte y subyuga a nuestro pueblo latinoamericano, sistema que continúa aún vigente en un contexto en el que la división territorial del trabajo nos confiere el rol de productores de materias primas y consumidores de productos con valor agregado.
El impulso neoliberal de los 90 profundizó un modelo de país “minero-agro-exportador” generando el marco político y legal que avala este saqueo de los recursos estratégicos a favor de empresas extranjeras para avanzar en la monoproducción agropecuaria, en la explotación minera y la expropiación del agua. Bajo estas condiciones se vieron favorecidas empresas multinacionales con la complicidad del estado y sus instituciones, tal es el caso del surgimiento de la Minera La Alumbrera Ltd.
En un contexto actual en el que se discute sobre la pérdida de los bosques por el avance de la frontera agropecuaria, donde la crisis energética y la escasez de agua empiezan a dejar de ser una hipótesis para volverse la cruda realidad, ponemos en discusión nuevamente la actividad minera y su impacto territorial sobre los ecosistemas naturales y la población.
La actividad minera a cielo abierto de gran magnitud demanda poca mano de obra ya que los profesionales que trabajan en la misma son extranjeros o científicos y técnicos formados en nuestras universidades nacionales al servicio del capital extranjero y siendo cómplices de la contaminación de nuestros bienes naturales.
El proyecto minero La Alumbrera consume el 25% de la energía eléctrica suministrada a la Región del noroeste argentino (NOA) y el 87% del consumo total de energía de la provincia de Catamarca; genera un campo magnético de dimensiones tales que provoca el riesgo en niños de contraer leucemia y una lista innumerable de efectos contaminantes que afectan la salud. Además, consume 4 millones de litros de agua por hora, o sea 100 millones de litros de agua por día, utilizando agua dulce que es, por cierto, muy escasa en regiones de características semiáridas como ésta. De esta manera las poblaciones circundantes quedan limitadas en sus posibilidades de acceso a este derecho, lo que perjudica incluso a la producción de pequeños agricultores. También afecta las cuencas hídricas de Vis Vis-Amanao y el Sali Dulce que abarca a Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba generando un gran impacto socio-ambiental y económico. Ante este genocidio silencioso, a lo largo de la Cordillera y de América Latina, se han gestado innumerables asambleas populares conformando la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y los Autoconvocados por el NO a la MINA en Argentina.
Pero…¿Por qué ahora La Alumbrera otorga fondos a las Universidades Nacionales?... o ¿porqué busca consenso en las instituciones públicas que debieran cumplir el rol de control y denuncia?
A mediados de los 90 se crea la Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre la Minera La Alumbrera Ltd. (de capitales canadienses y suizos) y Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) que consiste en una empresa interestatal de derecho privado conformado por la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional del Tucumán y el Estado Nacional.
El YMAD recibe el 20% de las ganancias de la explotación. De este monto, según la Ley 14.771 del año 1958, a la provincia de Catamarca le corresponde un 60%, a la Universidad de Tucumán un 20% y el 20% restante se dirige al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las demás universidades nacionales.
A partir del año 2008 La Alumbrera direccionó lo correspondiente por Ley al CIN para que este lo redistribuyera a las universidades nacionales, es necesario aclarar que esto sucedió luego de más de 10 años de explotación de la mina y en paralelo al procesamiento del Vicepresidente de la misma, Julián Patricio Rooney, por incumplimiento de la Ley N° 24.051 que refiere al vertido de residuos tóxicos que contaminaron el agua, el aire y el suelo, afectando la vida y el ambiente en general.
Por acuerdo plenario 672/08 el CIN redistribuye a todas las universidades nacionales, 49.500.00 millones de pesos –sumados a los $500.000 que el CIN se atribuyó-, resultantes del 50% de las utilidades líquidas al año 2007. Actualmente se encuentra en discusión en el Honorable Consejo Superior (HCS) de la UNC la afectación definitiva de los $2.027.311 que le corresponderían. Así mismo, el CIN ya aceptó la suma de $38.800.000 correspondientes al año 2008 cuya redistribución aún no se ha definido.
El dato: en el año 2006, bajo mandato del ex-rector González, se aprobó un convenio (RR.519/06) entre el gobierno de la provincia de Catamarca, “socio” de YMAD, y el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, en el cual se realizaba un revalúo técnico-económico del ramal del Ferrocarril “Gral. Belgrano” desde Andalgalá (provincia de Catamarca) hasta Serrezuela (provincia de Córdoba) para el transporte del mineral de Bajo La Alumbrera, para poder así adecuarlo al emprendimiento de explotación minera de Agua Rica. En dicho convenio el actual decano de la Facultad de Exactas, Héctor Tavella, actuaba como representante de la Universidad.
El recibir el dinero proveniente de La Alumbrera, así como establecer convenios con la misma, no sólo condiciona la objetividad de la producción científica al interior de las universidades públicas y su rol de contralor, sino que las convierte en cómplices del impacto que se ejerce sobre nuestros bienes naturales, sobre nuestros ecosistemas, afectando a las poblaciones cordilleranas y al pueblo argentino en su conjunto, en un silencioso eco-genocidio cuyo impacto profundo repercutirá en futuras generaciones.
Por ello, no sólo ponemos en discusión la aceptación del dinero proveniente de La Alumbrera distribuido a través del CIN, sino el rol social de las universidades públicas, del pueblo, ya que, justificados en el Estatuto y normativas internas, en “el principio de relación con el medio al que pertenece, (…) la apertura a las manifestaciones culturales de la Región y la colaboración con Instituciones que faciliten su labor educativa, así con el intercambio y la difusión de conocimiento científico” (RR. 519/06) en la búsqueda de crear un marco de mutua colaboración, se amparan los acuerdos establecidos entre la UNC y la Pcia. de Catamarca en beneficio de La Alumbrera, obteniendo fondos de financiamiento a través de la venta de servicios a privados, por fuera del Estado Nacional, considerando que de esta manera cumple con su rol extensionista para con la sociedad.
Ya no se trata sólo de poner en discusión si se acepta o no los fondos provenientes de La Alumbrera en complicidad con los rectores de las universidades nacionales que integran el CIN; sino de cuestionar y discutir un modelo de universidad nacional que sea autónoma, pública, masiva, crítica, participativa y emancipadora, que pelee por un mayor presupuesto, que no esté al servicio de capitales e intereses privados, ni nacionales ni extranjeros, que abogue por un país soberano y el cuidado del ambiente consecuente con los reclamos de nuestros pueblos que resisten a la depredación de nuestra tierra.
En un contexto global donde el mapa geopolítico empieza a reconfigurarse, donde capitales extranjeros continúan despojándonos de nuestros recursos energéticos y nuestros bienes naturales, contaminando nuestra agua, nuestro suelo y aire; lejos de la sumisión, en Latinoamérica se están gestando cambios profundos, donde los pueblos exigen la nacionalización de los bienes naturales cansados de tanta explotación y opresión; donde lo que está en discusión ya no es sólo un modelo de país digno, justo, participativo e independiente, sino también un modelo social, económico y de producción, de inclusión y emancipación de Latinoamérica toda, de Nuestra América.
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