Este es el informe completo que nos envía Darío Aranda:

El avance de industrias extractivas. Entrega I: Forestales.

Otro monocultivo, las mismas consecuencias

Concentración de tierras, pérdida de biodiversidad y desalojos campesinos e indígenas. El monocultivo de árboles conlleva a consecuencias similares a la soja, pero con un perfil mucho más bajo. Con gran presencia en la Mesopotamia, comienza a extenderse en la Patagonia. Al igual que la minería, una legislación generosa incentiva su avance.

Por Darío Aranda

Son como un ejército en formación. En línea, verdes y prolijos. El norte de Misiones está invadido por árboles que parecieran clonados, miles de hectáreas de pinos, el cultivo más popular de la provincia, materia prima básica para plantas de celulosa y aserraderos. Impulsada por la dirigencia política y el sector empresarial, la siembra masiva de árboles es un fenómeno en crecimiento, pero con consecuencias silenciadas: pérdida de biodiversidad, altos consumos de agua y desalojo compulsivo de campesinos e indígenas. “Es un avance como el de la soja, que expulsa pobladores ancestrales, arrasa la vegetación nativa, utiliza agrotóxicos y exprime territorios con el único fin de obtener dinero. Hay que ser claro, las forestales no siembran bosques, siembran monocultivo industrial”, explican desde el Consejo Asesor Indígena (CAI), una de las organizaciones referentes del Pueblo Mapuche, en alerta por el avance forestal en la Patagonia, con conflictos crecientes en Río Negro y Neuquén. En la última década, la forestación intensiva duplicó su producción y su superficie sembrada, al abrigo de una generosa ley --aprobada durante el menemismo y prorrogada el año último-- que otorga subsidios a las compañías, devolución de IVA, exención de Ingresos Brutos e impuesto inmobiliario. Análisis de una industria de bajo perfil y alta rentabilidad.

Industria poderosa

Las estadísticas de la Secretaría de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley forestal 25.080, se extrajeron 4,7 millón de toneladas de “madera de bosque implantado”. En 2006, el último registro disponible, el tonelaje aumentó a 7,9 millón. Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 por ciento (4,7 millón), seguida de lejos por Entre Ríos con el 11 por ciento (898 mil toneladas), Buenos Aires y Corrientes con el ocho por ciento (661 mil y 650 mil, respectivamente). Río Negro y Neuquén son aún jugadores menores (69.000 y 65.000 toneladas, respectivamente), pero en ascenso. Neuquén extraía en 1999 sólo 22.000 toneladas. En 2006 ya lo triplicaba: 69.000 toneladas. En cuanto al pino, la estrella forestal, Río Negro exhibe un crecimiento notable: en el 2000 extraía seis mil toneladas. En 2006 ya había duplicado la cifra: 13.000 toneladas. “Mesopotamia y Patagonia son, con sus particularidades, los polos productivos del país”, explican desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA), entidad que reúne a las grandes, medianas y pequeñas empresas del sector.

La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi en su totalidad, las fábricas de celulosa y los aserraderos. Según datos oficiales, el 48 por ciento se destina a plantas de celulosa, el 41 por ciento para aserraderos y ocho por ciento a tableros. El resto se utiliza para postes, leña y carbón.

“En 2007 se exportó por mil millones de dólares”, detalla el vocero de AFOA, Jorge Barros. El 80 por ciento de la madera de exportación tiene como destino los Estados Unidos (para la industria de la construcción), el 20 restante se distribuye entre España, Francia, Inglaterra y Brasil. Casi la totalidad (el 95 por ciento) es pino.

AFOA explica que el país cuenta con 1,2 millón de hectáreas de monocultivo, de las cuales la mitad fue sembrada en la última década, al abrigo de la Ley 25.080. Justamente la nueva legislación fue la que impulsó la “modernización del sector”, explica Barros. En el mercado internacional compite desde atrás con Brasil y Chile, referencias forestales del sector argentino. Reconoce que la crisis económica mundial produjo un “amesetamiento” de la producción, pero aún así se continua sembrando árboles. El objetivo, a diez años, es llegar a los tres millones de hectáreas, 150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Consultado sobre los efectos sociales de la avanzada forestal, Barros no dudó. “En Argentina no hay campesinos, como sí hay en Brasil o México. Argentina tiene pequeños productores, pero no campesinos. Y hay muy pocos indígenas. ¿Conflictos? Pudo existir alguno puntual, pero son la excepción”.

Según la Secretaría de Agricultura, en Argentina habitan 220 mil familias campesinas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce en la actualidad 24 pueblos indígenas. No existen datos oficiales, pero las estimaciones de las organizaciones indígenas varían entre el 1,1 a 1,9 millón.

Provincia modelo

Organizaciones sociales, movimientos campesinos y pueblos originarios advertían a fines de la década del 90 sobre el corrimiento de la frontera agropecuaria, de la mano del monocultivo de soja, y alertaban también sobre las consecuencias sociales, económicas y sanitarias. Durante años fueron desoídos y hasta ninguneados. Recién el año pasado --conflicto por las retenciones mediante--, el Gobierno reconoció el avance del monocultivo y sus efectos nocivos. En la actualidad, campesinos e indígenas alertan sobre el avance forestal.

La comunidad guaraní Alecrín cuenta con 14.300 hectáreas desde siempre. Está ubicada en el municipio de San Pedro, 170 kilómetros al sur de Puerto Iguazú. La empresa forestal Harriet Sociedad Anónima ingresó en 2007 a territorio indígena, volteó bosque nativo, alambró, contaminó el pozo de agua y arrasó la chacra de la comunidad y hasta el cementerio indígena. Tenía como objetivo talar el bosque nativo y luego sembrar pinos. Desde la Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM) aseguran que es sólo un ejemplo, entre cientos, del accionar forestal sobre territorio campesino e indígena.

Durante gran parte del siglo pasado, Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria familiar (yerba mate, té y tabaco). Había grandes plantaciones y se trabajaba para un patrón, pero también subsistía el pequeño colono que, una vez cosechado, comercializaba su producción. Esa historia comenzó a cambiar hace tres décadas, y por dos factores: la desregulación en la producción (por ejemplo con la yerba mate, las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y emigraron a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia cambió el perfil productivo: dejó de lado la actividad agropecuaria e impulsó el turismo, la energía hidroeléctrica (con las cuestionadas represas) y los negocios forestales (con leyes blandas, desgravación impositiva y subsidios generosos).

Misiones cuenta con tres plantas de celulosa (Alto Paraná, Puerto Piray y Papel Misionero). En los primeros eslabones de su cadena productiva, cultivo de árboles y extracción, se valen de contratistas --medianas o pequeñas empresas-- que muchas veces son las que hacen punta en el avance sobre tierras de familias rurales. El resultado es la expulsión de habitantes ancestrales y la concentración de tierras por parte de privados.

Según el último Censo Nacional Agropecuario, en la provincia existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). El mismo relevamiento afirma que, en la última década y en la zona de la pastera Alto Paraná (noroeste), descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. “La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. Con su lógica de maximización del beneficio en el menor plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales”, afirma Raúl Gorriti, ingeniero agrónomo e integrante de la RAOM, desde hace una década estudia y denuncia el accionar forestal.

Ilustrativo de la concentración de tierras es el caso de la Papelera Alto Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas. Caso emblemático es el municipio de Puerto Piray, donde la compañía es dueña del 62,5 por ciento de la tierra: de las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa posee 22.500.

Patagonia forestal

La Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) y la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), ambas compañías con participación mayoritaria de los gobiernos provinciales, son las que encabezan el corrimiento de la frontera forestal patagónica, y protagonizan conflictos con pueblos originarios y familias campesinas.

“Las forestaciones con pinos no son bosques, son plantaciones industriales como lo es la soja”, explica la comunidad mapuche José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón, en pleno conflicto con Emforsa. A pesar de habitar el lugar desde fines del siglo XIX, la Dirección de Bosques de Río Negro ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y comenzó la siembra de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos que nunca obtuvieron respuesta. La comunidad, que jamás abandonó el lugar, siempre reivindicó su derecho sobre el territorio. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, se reavivó el conflicto. Fue denunciado penalmente por “robo” en su propia tierra.

“Ante esta situación, y cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales (que siempre pastaron en el lugar) y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: ahora la comunidad exige que la empresa estatal se retire definitivamente de sus hectáreas.

El Consejo Asesor Indígena (CAI), donde participa la comunidad Pichún, apuntó al fondo del asunto. “Sabemos que la plantación de pinos, especies exóticas de estos lugares, está fomentada por el Estado y los organismos financieros internacionales. Otorgan subsidios y beneficios fiscales por hectárea plantada, armando engranajes de especulación y extracción de beneficios económicos de la naturaleza que incluyen los llamados ‘bonos verdes’ (certificados ambiéntales que cotizan en bolsas de valores), entre otros mecanismos de control y saqueo de nuestro territorio. No permitiremos que nuestros espacios sean parte de ese juego”.

Convenios internacionales de rango constitucional (el 169 de la OIT), la Constitución Nacional y legislaciones provinciales son muy claras: toda actividad que se desarrolle en territorio indígena debe contar con el visto bueno de las comunidades afectadas. “El Estado de Río Negro y sus funcionarios niegan sistemáticamente nuestros derechos como Pueblo Mapuche. Exigimos, en cumplimiento de las leyes, que restituyan a la comunidad Pichún su fracción del territorio y que se retire la empresa Emforsa del lugar”, aclaró el CAI.

La empresa Emforsa rechazó dialogar con este diario. Derivó las consultas a la Dirección de Bosques, que no respondió los llamados.

La zona cordillerana de Río Negro vivió su avanzada forestal en la década del 80, de la mano de aserraderos, con desmontes y expulsión de pobladores rurales. A nivel nacional funcionaba el Ifona (Instituto Forestal Nacional, disuelto en 1992) y, en la Patagonia, el Servicio Forestal Andino (SFA), aún vigente. “Estos organismos iniciaron la implantación de cultivos de pinos de especies exóticas, mecanismo con el que se presionó a los pobladores, mayormente fiscaleros sin título de propiedad. Esos proyectos de forestación ‘pequeños’ abrieron el camino para la creación de la empresa de capitales mixtos como Emforsa, que se extendió definitivamente en el territorio en la década del 90”, detallaron desde el CAI.

En los últimos años, Emforsa pretendió avanzar con forestaciones en la zona de Ñorquinco, 130 kilómetros al sur de Bariloche, en espacio territorial de la comunidad Kom Kiñé Mu. El intento empresario fue rechazado por las familias mapuches, pero las tierras son codiciadas para ese monocultivo.

¿Tierras fiscales?

La Corporación Forestal Neuquina (Corfone) es la empresa mixta que impulsa el avance de los pinos en la provincia. En 2009 planifica sembrar 3500 hectáreas y tiene como meta --para el corto plazo-- llegar a las 10 mil hectáreas anuales. Desde la empresa no respondieron los llamados de este diario, pero en declaraciones a medios locales el presidente de la Corporación y subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Javier Van Houtte, explicó que apuestan a forestar 300 mil hectáreas en toda la provincia.

La Sociedad Rural de Neuquén es una aliada en esa cruzada. La Comisión de Forestación de la tradicional entidad sincera las ventajas: “La aplicación y cobro de los subsidios nacionales y provinciales han sido unos de los factores de mayor incidencia en el crecimiento de la actividad forestal”, resalta desde su sitio de internet, y augura un futuro prometedor: “La Provincia cuenta con 1,2 millón de hectáreas para la actividad. Y Cabe destacar que el 40 por ciento son tierras fiscales”.

Lo que la Sociedad Rural y el gobierno neuquino consideran tierras fiscales son, en gran parte, parcelas de pequeños campesinos y comunidades indígenas. En toda la zona se practica la ganadería trashumante, que consiste en el desplazamiento de animales según la estación del año. Durante los meses fríos (invernada) el ganado permanece en las tierras bajas. En los periodos cálidos (veranada) los animales son trasladados a las zonas de cerros, donde los pastos son abundantes y sirven de buena alimentación. El arreo de animales es desde días hasta semanas, a cientos de kilómetros de distancia. Los conflictos suelen producirse en las zonas de veranada y en los caminos de arreo.

“Es parte de una política para el despojo del territorio indígena”, afirma Relmú Ñamku, de la Confederación Mapuche de Neuquén. La Mesa Campesina del Norte Neuquino coincide: “Se pretende extender la superficie implantada, de hecho fue uno de los ejes de la campaña del actual Gobernador (Jorge Sapag), que proponía quintuplicar la superficie forestada. En términos de espacio es una avanzada directa con los campos de veranada de campesinos y mapuches”, explica Diego Solana, integrante de la Mesa.

“El discurso de la forestación en Neuquén es casi exclusivamente estatal”, advierten desde la organización y explican que Corfone ingresa a tierras de familias rurales “por las buenas”. Entrega materiales para el cierre de campos (postes, alambres) a cambio de ceder temporalmente una porción de tierras para forestación. “Una vez dentro, no la abandona más, y comienza a avanzar. Estos 'acuerdos' se repiten en todo el norte provincial, y luego sobrevienen los conflictos donde las familias exigen la devolución y la empresa quiere echarlos”, denuncia la Mesa.

Otra forma del modelo forestal, solapada, fue instalar viveros de pinos en los pueblos. “Pusieron en marcha emprendimientos con una gran cantidad de empleados, casi todos campesinos jóvenes que comenzaron a trabajar en la actividad forestal, abandonaron su campo, dejaron su trabajo en la producción ganadera, característica de la zona. Es una estrategia para descampesinar los parajes, ‘por las buenas’, con un impacto cultural y social muy grande”, denuncian desde la Mesa Campesina.

Argentina, capital forestal

Las grandes empresas del sector alaban las facilidades que el Gobierno otorga a la industria forestal. Por esa sintonía entre el sector privado y estatal no sorprendió que Buenos Aires sea, en octubre próximo, la sede del XIII Congreso Forestal Mundial, el evento internacional más importante del sector, organizado cada seis años.

Durante la presentación del XIII Congreso, en mayo pasado, el secretario general del evento, Leopoldo Montes, se entusiasmo con una gran noticia: "No será exclusivamente académico, trataremos de fomentar el ámbito para que las altas delegaciones e inversores que vienen de países como China, Canadá o Estados Unidos puedan tener contacto y generar negocios con empresarios nacionales".

A pesar de las críticas que recaen sobre la industria forestal --sobre todo consecuencias sociales y ambientales--, el Congreso Forestal Mundial cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de Parques Nacionales. Las máximas autoridades del evento internacional Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, y Homero Bibiloni, el secretario de Ambiente de Nación.

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Recuadro - Una ley generosa

Por D. A.

A lo largo de la Cordillera se multiplican las asambleas ciudadanas que enfrentan el desarrollo minero a gran escala, con denuncias de contaminación. Luego de cinco años de movilización comenzaron a ganar espacio en la agenda porteña y pusieron en evidencia una infraestructura jurídica (Ley 24.196), aprobada durante el gobierno de Carlos Menem, con enormes ventajas impositivas. De idéntica manera, pero silenciada, las empresas forestales también contaron con la bendición menemista: la Ley 25.080, llamada de “Inversiones para bosques cultivados”, sancionada el 16 de diciembre de 2008 y promulgada un mes después, el 15 de enero de 1999.

La ley beneficia tanto a personas físicas como jurídicas, y subsidia generosamente todos los pasos productivos: implantación, mantenimiento, riego y cosecha. “Se incluye las actividades de investigación y desarrollo, así como las de industrialización de la madera”, señala el artículo tres de la ley, que incluye especies nativas como exóticas. El artículo seis detalla los beneficios: no deben pagar impuestos de sellos ni impuesto inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos.

“Se elimina el cobro de guías u otro instrumento que grave la libre producción, corte y transporte de la madera en bruto o procesada proveniente de los bosques implantados”, explicita la ley. También cuenta con devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado) para la compra o importación de bienes, locaciones o prestaciones de servicios; y pueden amortizar el impuesto a las ganancias de la compra de maquinarias y de las inversiones en obras civiles.

El artículo ocho es la envidia de cualquiera otra industria. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años. “No se podrá incrementar la carga tributaria”, explica, por las dudas, la ley. Implica que, por ejemplo, el corralito bancario de 2001, que afectó a todos los argentinos, no perjudicó a las empresas del sector, sean pequeñas, medianas o grandes. Tampoco pagan el impuesto al cheque, que sí tributan todos los ciudadanos. La frutilla del postre la colocan las provincias, que tienen potestad (por la misma ley) de extender la “estabilidad fiscal” veinte años más, por lo cual la industria forestal cuenta con 50 años sin cambio alguno en su política tributaria.

El artículo doce suma otro beneficio: “Las empresas estarán exentas de todo impuesto patrimonial vigente o a crearse que grave a los activos o patrimonios afectados a los emprendimientos forestales”.

El artículo 17 de ley no utiliza la palabra subsidio. Prefiere el eufemismo “apoyo económico no reintegrable” para explicar que el Estado cubrirá, para las plantaciones de hasta 300 hectáreas, el 80 por ciento de los costos de implantación. Para los campos de entre 300 y 500 hectáreas se cubrirá el 20 por ciento. Los subsidios serán mayores en la Patagonia, donde se cubren el 80 por ciento de los campos de hasta 500 hectáreas, y el 20 por ciento de las de 700.

La Asociación Forestal Argentina (AFOA) participó, en la década del 90, en la redacción de la norma e impulsó su sanción. “Tomamos como referencia la ley minera”, sincera Jorge Barros, vocero de la entidad, aunque al instante toma distancia: “Nuestro sector no tiene beneficios exagerados, contamos con menos ventajas que la industria minera”.

Raúl Gorriti milita junto a familias campesinas, integra la Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM) y desde hace una década estudia, y denuncia, el accionar forestal. En cuanto a la ley 25.080, no tiene dudas. “Es un negocio redondo. Dicen que favorece también a los pequeños productores, pero la realidad es que las mayores beneficiadas son las grandes corporaciones madereras, que tienen espalda suficiente para esperar los tiempos de los subsidios del Estado. Esta expoliación de la naturaleza, del pueblo y los fondos públicos es la misma política que favorece a las petroleras y las mineras. Es parte de la entrega del patrimonio nacional”, denuncia.

Eduardo Stirneman integra el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Coiform), impulsa la actividad y conoce la ley a la perfección, tanto en su teoría como en su práctica comprobable. “El pequeño y mediano productor no tiene grandes probabilidades de ser beneficiados con la ley, sobre todo por los atrasos en los beneficios, que se demora hasta tres años en pagar. Al pequeño no le sirve”, afirma el profesional, y sincera quiénes son los ganadores: “Los grandes productores aprovechan la estabilidad fiscal, los reintegros de IVA y Ganancias, y amortizan la compra de herramientas”.

Paradójicamente, cuanto mayor es el negocio, mayor es el subsidio. La ley 25.080 es clara: “La Autoridad de Aplicación establecerá un monto mayor de apoyo económico no reintegrable cuando los proyectos se refieran a especies, nativas o exóticas, de alto valor comercial”. El artículo 32 insta a la creación de una comisión bicameral del Congreso, para realizar un seguimiento de la norma, y también controlar. Pero la comisión nunca se creó.

En 2007, el sector exportó por 1.000 millones de dólares. Dependiendo del producto, tiene retenciones de entre el cinco y diez por ciento. Aunque desde AFOA solicitan su reducción a la mitad.

La ventajosa ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero el lobby forestal comenzó mucho antes a exigir la prorroga. Hizo punta la Asociación Forestal Argentina (AFAO), donde están presentes las más grandes empresas del sector, aliada estratégica de senadores y diputados mesopotámicos. En mayo de 2008, AFOA expresó mediante un comunicado su “preocupación por la lentitud en el trámite requerido para prorrogar la ley”. El 27 de junio, la Comisión de Presupuesto del Senado recibió a funcionarios de la Secretaría de Agricultura, que dieron el visto bueno para la prorroga. “Es urgente tener dictamen”, afirmó el legislador misionero Eduardo Torres. En agosto tuvo media sanción en Senadores y en noviembre fue aprobada por la Cámara de Diputados.

"La prorroga de la Ley aporta los cimientos para que Argentina se pueda consolidar finalmente como un jugador de peso en el circuito forestal internacional", celebró en un comunicado la Asociación Forestal Argentina, que destacó "la proactiva actuación del Secretario de Agricultura, Carlos Cheppi”.

Recuadro –

El aspecto ambiental: Cuando el bosque no es bosque

Por D. A.

“Las plantaciones de árboles a gran escala se extienden en prácticamente todos los países de la región. Ya sean para celulosa, madera, aceite o combustible están implicando una serie de graves impactos que afectan a las comunidades locales, tanto sociales y ambientales, con uso de agrotóxicos y degradación ambiental de suelo, agua, flora y fauna”, denuncia el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM). En la misma línea, en septiembre pasado, profesionales y estudiantes forestales de 29 países lanzaron una alerta mundial sobre el cultivo industrial. “Los monocultivos de árboles no son bosques”, advierte desde su título el llamado a tomar conciencia.

“Muchos gobiernos del mundo promueven la expansión de monocultivos de árboles a gran escala, a pesar de los graves impactos sociales y ambientales ya constatados en las plantaciones existentes. Quienes impulsan este modelo afirman que las plantaciones son bosques, lo cual no es cierto”, aclara la campaña, lanzada por profesionales de América, Asia y Europa. El colectivo advierte sobre la pérdida de biodiversidad, alteración del ciclo hidrológico (tanto agotamiento de fuentes de agua como inundaciones y deslizamientos), degradación de suelos y expulsión de población rural.

El Movimiento Mundial por los Bosques (WRM) explica que el fenómeno forestal se remonta a la década de 1950, cuando la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) impulsó el monocultivo de eucaliptos y pinos en gran escala, en consonancia con el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “La FAO fue la que definió a las plantaciones industriales como ‘bosques’, y esa definición sirvió a la industria plantadora para disfrazar a sus destructivos monocultivos bajo el ropaje verde”, aclara la organización.

Desde una definición técnica, un bosque es un lugar diverso que presenta tres estratos vegetales: uno en el que predominan los pastos, otro de arbustos y un tercero con especies arbóreas. En el bosque habitan muchas especies animales y de allí los hombres generan soberanía alimentaria, abrigo, calefacción y medicinas. “Eso no se encuentra en un monocultivo de pinos”, explican desde la Mesa Campesina del Norte Neuquino.

Desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA) niegan consecuencias ambientales, explican que las empresas del sector cumplen con los más altos estándares internacionales y precisa que, en la Patagonia, el avance forestal se da sobre tierras empobrecidas, que no tienen otra utilidad productiva.

“Comienzan sembrando pinos en tierras muy degradadas, pero luego van avanzando sobre otras, destinadas a la cría de animales o agricultura familiar”, explica Diego Solana, de la Mesa Campesina, y se suma al debate del costo ambiental. “Hay arraigado un discurso que dice que ‘el verde es vida’, y no es así. El monocultivo forestal desaloja y excluye, no genera alimentos ni materiales para las familias de la zona, tiene como consecuencia la falta de diversidad, la proliferación de plagas y, sobre todo, no es complementario con otras actividades, por ejemplo con la cría de ganado, característica de la región. Por si fuera poco, expulsa familias campesinas e indígenas. En resumen: es como el monocultivo de soja”.

La Patagonia es el segundo polo forestal, luego de la Mesopotamia, pero aún no está claro el destino final del planificado crecimiento para el mediano plazo. Las organizaciones sociales, campesinas e indígenas advierten dos posibles usos: futuras (y cuestionadas) plantas de celulosa en la región y el turbio negocio de los “bonos verdes”, una suerte de “acciones ambientales de bolsa” surgidas del Protocolo de Kyoto (acuerdo internacional que tiene como fin reducir la emisión de gases que provocan el calentamiento global).

Como parte del Protocolo, las actividades que contribuyen a transformar el dióxido de carbono (CO2) --como los bosques de pinos industriales, por el proceso natural de fotosíntesis-- son premiadas con certificados canjeables por dinero. Además de la veta económica, los bonos verdes son fichas en el mapa geopolítico mundial: los países de primer mundo obligados, por el Protocolo de Kyoto, a bajar sus emisiones de dióxido de carbono impulsan en países subdesarrollados actividades que obtengan bonos verdes y así se les permite (por el mismo acuerdo) continuar con su estándar de vida y altos niveles de contaminación.