06-06-09 Por Pedro Resels
NOTA ORIGINAL

La cordillera de los Andes en casi toda su extensión tiene minerales de cuantioso valor. Pero sólo a partir de la década del 90 el apetito capitalista comenzó a observar con atención sin igual estas riquezas. Desde la patagonia hasta la puna jujeña se expande la minería de explotación a cielo abierto, pese a la oposición de la población cercana que las empresas se han ocupado de tornar invisibles.

Durante la década de los años 90 la firme consolidación del neoliberalismo enunciado en el Consenso de Washington además de desguasar las empresas estatales y enajenar a precio vil todos los bienes del Estado, sobre todo de los recursos naturales no renovables como el petróleo y el gas, y favorecer con todos los recursos del poder la introducción de la soja modificada genéticamente, se dictaron las principales leyes que culminaron esta última semana con el lanzamiento ¿final? del emprendimiento minero binacional de Pascua Lama.

Argentina nunca había sido un país minero. El Código de Minería, ley 1919, se dictó en el año 1886 y durante más de 100 años se mantuvo casi sin cambios, sobre todo para las minas de categoría 1, es decir las de oro, plata, níquel, uranio, etc. El Código estableció entonces que todas las minas de esta categoría eran de propiedad del Estado –nacional o provincial- pero que estos no podían explotarlo y para su utilización económica sólo podían darlo en concesión.

Leyes mineras a la medida

Recién durante la gestión de Menem comienzan a aprobarse una serie de normas que modifican el citado código y preparan el camino legal para la explotación de la minería de oro y plata en nuestro territorio.

Por ley 24196 (abril 1993) que instituye el régimen de inversiones en la actividad minera, que excluyendo los hidrocarburos, el cemento, las cerámicas y las arenas y el canto rodado, que otorga todo tipo de ventajas impositivas al resto de los concesionarios: “estabilidad fiscal” por 30 años, “estabilidad del régimen cambiario y arancelario”, dobles deducciones especiales y régimen de amortizaciones especiales en el impuesto a las ganancias, exención total del impuesto a los sellos y a los activos. Y como si esto fuera poco le agrega la exención total de derechos de importación y de estadística para todos los bienes que importe para la mina. Tanto regalo no alcanza y en su art. 22 fija que el Estado sólo podrá percibirse por regalías un porcentaje no superior al 3 % sobre el valor del mineral extraído.

Luego se dicta la ley 24224 (Junio 1993) donde para las minas de 1ª categoría como el oro y la plata se fija un canon minero de $ 80 anuales por pertenencia, valor que ha quedado fijo hasta hoy, al tiempo que se amplia la cantidad de terreno que puede recibir una persona para explorar en busca de minerales: ahora el permiso puede llegar a 100.000 hectáreas por persona.

Diez y siete meses después se aprueba la ley 24402 (Noviembre 1994) que establece franquicias especiales y únicas para aplicarse al Iva que deben abonar cuando compran bienes incluyendo pagos del impuesto ¡a cargo del propio estado!

Con estas y otras normas las empresas mineras pueden explotar nuestro oro y plata, llevárselo pagándonos el 3 % del valor extraído, importe que será mucho menor que el que omiten pagar por las importaciones liberadas de impuestos, asegurándole ahora y por 30 años que no sufrirán mayores cargos impositivos. La única obligación que asume la empresa concesionaria es ganar plata: ni siquiera están obligadas a liquidar los dólares por los metales que exportan.

Este es el momento que las grandes empresas, asociadas en la WGC (World Gold Council), estiman oportuno explotar nuestros minerales sobre todo teniendo en cuenta que, como ellos lo reconocen, la oferta mundial de tales elementos se viene reduciendo por agotamiento de las minas en explotación. Debe unirse a ello que el precio de los minerales ha llegado a un máximo histórico con el oro a u$s 1.000 la onza –en el año 2003 no alcanzaba a los u$s 400- mientras el costo de la explotación se ha reducido a la mitad en esta última década.

Llegaron las mineras

Desde la sureña Campana Mahuida, en Neuquén, con la lucha de los pobladores originarios y los docentes de aquella provincia, hasta la maestra jujeña que con sus alumnos contaminados con plomo ha logrado que se clausure la mina, aún a costa de que ella haya debido internarse en terapia intensiva por su deplorable estado de salud son ejemplos de la resistencia y sólo basta observar los distintos agrupamientos populares y científicos que denuncian los perjuicios de estas explotaciones a lo largo de todo el país.

Enfrenta a un enemigo que tiene muy en claro sus objetivos: por ello utilizan la represión en Catamarca, las amenazas a los docentes neuquinos que denuncian la contaminación, los subsidios a las universidades para “focalizar” sus investigaciones y las asociaciones con el poder político. Por ejemplo en San Juan la familia Gioja, cuyos tres hermanos son gobernador, diputado y senador nacional, son dueños de la empresa “Emprendimientos Mineros de Santa Gema” proveedora histórica de la minera Barrick Gold.

Los perjuicios de la actividad minera

Hemos señalado que la explotación minera no produce beneficios económicos para el país, pues sólo pagan un canon minero de hasta el 3% y están exentas de casi todos los tributos incluyendo el beneficio de importar sin pagar ningún tipo de arancel.

Pero si produce serios perjuicios al país, a sus habitantes, a su medio ambiente y a las futuras generaciones, de los cuales detallaremos algunos:

a) Expulsa mano de obra: uno de los argumentos utilizados por las corporaciones mineras y sus defensores es que las minas generan trabajo, ocupan mano de obra, pero la experiencia internacional señala que la actividad minera es de capital intensivo y de mano de obra reducida y que el personal que queda expulsado de la actividad económica originaria por la introducción minera es superior a quienes van a trabajar a las minas. La mina más grande que se va a instalar, Pascua Lama, promete 1500 puestos de trabajo la mayoría de los cuales no son originarios del lugar;

b) viola la Constitución Nacional, en especial el inciso 17 del artículo 75 que reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las poblaciones originarias; la contaminación ambiental es altísima, resultado del uso intensivo de mercurio y cianuro, tóxicos de baja degradación que arruinan los cursos de agua y las aguas subterráneas, unido al llama drenaje ácido de minas provocado por el azufre de las rocas que transformado en ácido sulfúrico termina contaminando el medio ambiente causando daños irreparables. Y el depósito de contaminantes y el de residuos tóxicos no ofrece ninguna seguridad pues nos hallamos en una zona con gran actividad sísmica que provocaría desastres si destruye los contendores de tóxicos. (Esta última semana hubo un terremoto de mediana intensidad en la zona de Pascua Lama) Como dice la Diócesis de Bariloche (documento del 18-08-2004) “donde hubo una mina se crea un foco de difusión de tóxicos que durará por siglos”;

c) uso del agua: el sistema de explotación minera exige el uso de una cantidad espectacular de agua dulce. Sólo para la mina de Pascua Lama se calcula que se requerirán entre 200 y 600 metros por segundo, líquido que quedará contaminado por el mercurio, el cianuro y el ácido sulfúrico. La discusión sobre el uso intensivo del agua se realiza en una zona árida como San Juan, donde sólo las nieves eternas y las aguas que provienen del deshielo permiten el desarrollo de la vida. Interesante es observar que la mina Bajo La Lumbrera de Catamarca contamina hasta las aguas de la provincia de Tucumán, conforme al estudio que realizó la Universidad Nacional de Tucumán, casualmente la única que no recibe dádivas de la minera Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio;

d) el polvo en suspensión se expande en todo el territorio afín a la mina provocando enfermedades broncopulmonares como se ha demostrado históricamente.

Claro que nada de ello aparece en los estudios de impacto ambiental que realizan las mineras y aprueban los gobiernos de turno, pero cuando la sociedad puede intervenir en estos informes, los mismos son cuestionados y hasta rechazados por la justicia, como en los casos de la justicia tucumana y neuquina, aunque nunca faltará el brazo poderoso de las mineras para reencausar su aprobación.

Y ahora viene la grande

En la década menemista comienza el entramado de la explotación de la mina más grande de esta parte del continente: Pascua Lama, ubicada en la cordillera a 4500 metros sobre el nivel del mar, a caballo entre Chile y nuestro país. Pensando en ella se firma entre estos países el Tratado sobre Integración y Complementación Minera (diciembre de 1997), el Protocolo Complementario (Agosto de 1999) aprobado por la ley 25243 (Marzo de 2000) ya bajo el gobierno de la Alianza. Con estas normas aparece como único candidato a explotarla la empresa minera ¿canadiense? Barrick Gold cuyo presidente por aquellos momentos estuvo preso en EE.UU. por tráfico de armas, mientras que en su Comité Internacional de Asesores participa como calificado miembro George Bush (padre) que vino de visita extraoficial a nuestro país cuando se contrataba a la Barrick.

Mientras esperaba pacientemente la aprobación de todos los documentos para esta explotación inédita –no existe ninguna explotación minera binacional en el mundo- la Barrick tenía experiencias amargas en nuestro sur patagónico y su desarrollo en la provincia de los Gioja con la mina de Veladero, ubicada a sólo 10 Km. de la futura explotación.

La Barrick señaló hace meses que debía comenzar a operar en Setiembre de 2009 y presionó fuerte en este sentido. Reuniones de fines de año pasado, que no tuvieron repercusión periodística excepto por medios alternativos o zonales, fueron puliendo los detalles, hasta que a mediados de Abril de 2009 se reúnen en Buenos Aires la presidente Cristina Fernández, el gobernador sanjuanino Gioja, el presidente de la Barrick, Peter Punk, el mismo que pagara la fianza por los delitos del anterior presidente de la empresa, y su representante en Pascua Lama, Aarón Regent. Una reunión de estas características se repitió en Santiago de Chile. Y el 29 de Abril de 2009 se firmó el último acuerdo entre los dos países: el acuerdo sobre tributación, también llamada el seguro de que la Barrick no será molestado con impuestos y otras menudencias como contrabando de cosas o personas.

Ahora sí que el presidente de la minera puede decir que comenzará los trabajos en Setiembre de 2009 aunque, como el diablo siempre mete la cola, aún debería esperarse la ratificación parlamentaria de este último pacto tributario.

Nada de lo anterior nos sorprende, pues ya hemos asistido al veto presidencial a la ley de Glaciares que había sido unánimemente aprobado por ambas cámaras parlamentarias. Nada nos sorprende sabiendo que en el emprendimiento minero Pascua Lama hay al menos tres glaciares –hielos eternos- que deberán ser destruidos para extraer el oro y plata que tienen en su interior.

Por si hubiere alguna dificultad futura, la Barrick acaba de designar para “estudios de mercado, lobby y reacción social” al ex (¿?) espía de la CIA, Frank Holder, según informa Clarín (3 de mayo de 2009). www.ecoportal.net

Pedro Resels