“Minería, pasteras y soja tienen en común que son impunes y que lucran con la salud pública”

El jefe de fiscales federales del NOA, Antonio Gustavo Gómez, impulsó un centenar de causas por contaminación y fue fundamental para lograr, por primera vez, el procesamiento de un alto ejecutivo minero. Cuestiona las industrias extractivas, reconoce la impunidad de cuello blanco y denuncia que quieren destituirlo.

Por Darío Aranda

Minera Alumbrera es el símbolo de la minería metalífera a gran escala de Argentina. Ubicada en Catamarca, hace trece años que extrae oro y cobre, explota 340 toneladas de roca por día y utiliza cuatro millones de litros de agua por hora en zona desértica. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que reúne a cien pueblos en lucha, la exhibe como el ejemplo del fiasco minero, desmiente todas las promesas de las compañías: no generó desarrollo local, no aportó riqueza al país y, por sobre todo, afirman que contaminó el medio ambiente. Luego de filtraciones en el dique de colas –-una olla de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad, que hace de basurero químico--, cuatro derrames e innumerables denuncias, el vicepresidente de la compañía fue procesado por el presunto delito de contaminación. Es el primer caso en Latinoamérica en el que un ejecutivo minero llega a esa instancia judicial. Las organizaciones sociales festejaron la medida y el sector empresarial se declaró en alerta. El fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, fue el impulsor de la investigación, aportó las pruebas más comprometedoras y tiene un discurso ajeno al protocolo. Asegura que la industria minera contamina, al igual que las pasteras y el monocultivo de soja. Afirma que detrás de cada hecho de contaminación hay un funcionario corrupto y reconoce que no hay condenas porque reina la impunidad. Gómez, que es jefe de fiscales federales, también denuncia una avanzada judicial que puede terminar con su destitución.

Minería contaminante

-¿Cómo comienza la causa Alumbrera?

-Nace con el antecedente de denuncias de comunidades de Catamarca y Tucumán. Y a poco de comenzar a investigar detectamos que Minera Alumbrera presentaba serios problemas de contaminación. Con Gendarmería Nacional comenzamos hacer las primeras pericias y comprobamos que el canal DP2, donde Alumbrera descarga desechos, en Tucumán, tiene índices de contaminación muy elevados. El canal DP2 es muy importante porque allí Alumbrera tira todo tipo de materiales, incluso algunos reconocidos por informe de impacto ambiental de la minera, contaminantes radioactivos, como el estroncio, muy contaminante. Esa investigación preliminar concluye en dos partes: por el hecho de contrabando, que se requiere instrucción en Rosario, y la contaminación ambiental. Soy fiscal de Cámara, así que entrego esa información al fiscal de primera instancia. Éste requiere instrucción, pide la declaración indagatoria del señor Julián Rooney (vicepresidente de Alumbrera). El juez federal Federico Terán le toma declaración y ordena hacer una pericia en Alumbrera, en la planta de secado. Hago un paréntesis aquí: cuando se investiga un delito contra la salud pública, como es el caso un caso de delito contra el ambiente o como un caso de narcotráfico, no se puede avisar a la empresa que va a ir a recoger muestras, porque sería como avisar al narcotraficante de que va a ir a buscar cocaína.

-¿El caso Alumbrera se caracterizó por esa metodología?

-Sin duda. Y allí nacieron nuestras primeras sospechas que el caso no estaba bien. La sospecha se confirma cuando el juez emite una resolución dictando la falta de mérito para seguir adelante con la investigación, porque alaba en su contenido el funcionamiento de las instalaciones de Alumbrera a pesar de los líquidos contaminantes que nosotros habíamos recogido y, casualmente, el juez recoge muestras y no encuentra ninguna de las anomalías que nosotros habíamos encontrado. El fiscal federal Emilio Ferrer apela. Tratamos de aportar pruebas y la Cámara no lo permite. La defensa aporta pruebas, es aceptado por la Cámara. Son pequeños detalles que muestran que el éxito de la investigación podía frustrarse.

-¿Qué pruebas permiten el procesamiento?

-Hay pruebas de contaminación hasta en los informes de impacto ambiental de la propia empresa. A confesión de partes, relevo de pruebas. Esos informes aceptan, literalmente, la contaminación por encima de los niveles permitidos por la ley 24051, que es nuestra ley penal ambiental. El informe de la Secretaría de Minería de la Nación, en su página web, reconocía la contaminación y es otra prueba. Los informes de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, con datos de altos índices de contaminación. Y la pericia que hicimos con Gendarmería, que disparó la causa, que muestra gran cantidad de metales en el ambiente. Algo a destacar, la página web de la Secretaría de Minería de la Nación reconocía la contaminación de Minera Alumbrera. Y poco tiempo antes, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, manifestando en Tucumán que Alumbrera no contaminaba, diciendo poco más que era una empresa ejemplar. Al día siguiente que aportamos esa prueba, dieron de baja a la página. El fallo del precesamiento habla de eso, lo marca como un caso de corrupción. Pero el momento de quiebre de la causa se da cuando las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos comienzan a visitar a los jueces de la Cámara Federal. Les contaban cómo estaban sufriendo, en carne propia, la contaminación. Creo que eso fue lo que volcó la causa y siguió con este fallo que hoy nos congratulamos de ser el primero en América Latina.

-¿Cuál podría ser la condena de Rooney?

-La Cámara Federal también marca en ese punto un hito importante. Diferencia el delito doloso y de delito culposo. Y le imputa a Rooney el delito doloso de contaminar el ambiente, sostiene que lo hace intencionadamente, que no se trata de una cuestión negligente, del incumplimiento de una regla, es algo intencional. Le puede corresponder un mínimo de tres años de prisión. El máximo depende de las víctimas y la lesión que se haya realizado al medio ambiente. Por ejemplo, si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más. La Cámara Federal de Tucumán, con los votos de Graciela Fernández Vecino, Ernesto Wayar y Raúl David Mender han marcado en la República Argentina una jurisprudencia muy clara en materia ambiental porque han señalado el rumbo de aplicación de la ley 24051, que fija los delitos ambientales. No hay en todo el país una Cámara que tenga tantos procesados con esta ley. Insisto que son sólo estos tres magistrados porque los otros dos votan en contra.

-¿En el caso de Alumbrera quién sería el funcionario responsable?

-Hay que remarcar que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto. En el caso Alumbrera he pedido la imputación directa del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Hay que investigar quién es el responsable de realizar las denuncias porque cualquier funcionario público que sepa de un hecho ilícito tiene la obligación de hacer las denuncia penal. Y estoy seguro que Mayoral sabía de la contaminación de Alumbrera

-¿Cuál es el estado actual de la causa?

-La causa penal se dividió en dos partes. El recurso de casación vino a la Cámara Nacional de Casación Penal y el original fue al Juzgado Federal N°2 para que se continúe con la investigación. La Cámara Federal ordenó expresamente que se avance en la investigación sobre los otros hechos contaminantes que tiene Minera Alumbrera, porque yo apunté a un solo lugar. También hay que avanzar con el dique de colas, por ejemplo, donde hay serias sospechas que filtra y contamina el agua. Por otro lado, también hay una contaminación social, como lo llamó el Defensor del Pueblo, que es una actitud de las empresas mineras del país, en general, de hacer donaciones a escuelas, iglesias, municipios, incluso gobernación, con la cual apuestan a influir en la opinión pública. Si se condena a Minera Alumbrera y se dice de que el dinero que obtiene Alumbrera contaminando es un dinero mal habido, la manera en que ese dinero mal habido se vuelca en instituciones podría ser investigado como lavado de dinero.

Denuncias, sumario y destitución

-¿Qué relación existe entre la investigación Alumbrera y los pedidos de destitución en su contra?

-Los pedidos de destitución en mi contra, que no tienen ningún sentido, no son casuales, están vinculados a la causa Alumbrera. El procesamiento del vicepresidente de Minera Alumbrera era algo cantado en febrero de este año y las denuncias en mi contra son posteriores. El secretario general del gremio judicial, Julio Piumato, me acusa de presionar a mis empleados. Y yo con mi empleados tengo una excelente relación. Y eso se traslució en que los empleados le expresaron al procurador general y al propio Piumato que todas las aseveraciones que hacía Piumato eran absolutamente falsas. Tengo diez empleados, hubo unanimidad, salvo la delegada gremial, que es mi secretaria letrada, con la cual yo no puedo contar ya hace mucho tiempo por diferencias en torno a derechos humanos. Piumato me acusa que no delego el mando en la secretaria y es así porque soy el titular de la fiscalía y por reglamento yo decido. Cuando todos los empleados me defendieron diciendo que eran mentira las acusaciones, Piumato denunció que yo presioné a los empleados para eso y amplió la denuncia. Los empleados se han ofrecido a firmar frente a escribano público. Otra denuncia de Piumato me acusa por no permitir que los empleados hagan capacitaciones. Es ridículo, soy el director de capacitación del Ministerio Público de Tucumán. Además firmé convenio con la Unión de Empleados de la Justicia Federal para capacitar empleados desde allí. El otro pedido de destitución que tengo es por hacer investigaciones, así de ridículo. Es el caso de Miguel Gordillo, un empresario acusado de evasión que me denuncia por investigar, literal, me denuncia porque no la giré la causa a un fiscal. Y pide mi destitución por eso. Es cierto que como fiscal de Cámara no tengo obligación de hacer investigaciones preliminares, pero sí tengo el derecho, así lo refiere el artículo 26 de la Ley de Ministerio Público.

-¿Cómo repercutieron esos pedidos de destitución?

-Coayudaron a que no realice más investigaciones preliminares. Además, el procurador general de la Nación firmó una resolución en 2007, la 121, en donde reguló las investigaciones preliminares, acortó el plazo de la investigación a 60 días y a los fiscales de Cámara nos dejó el rol de controlar a los fiscales de primera instancia. Todo esto no ayuda a hacer investigaciones preliminares. Todo jugó muy en contra porque en Tucumán llevábamos más de cien causas de contaminación ambiental, investigamos ingenios, citrícolas, mineras, hospitales, frigoríficos, basurales y sanatorios.

-¿Qué implica que no puede avanzar con investigaciones preliminares?

-La técnica es que si recibo una denuncia se la paso a un fiscal de primera instancia para que requiera instrucción, se inicie la causa penal y seguir avanzando. Las causas penales en nuestro país duran muchísimo y para salvar ese espacio de tiempo y hacerlas mucho más breve el artículo 26 de la Ley de Ministerio Público me faculta a realizar investigaciones preliminares, que es recibir declaraciones testimoniales y pedir informes. Entonces yo recibía una denuncia y en vez de pasársela a fiscal y recargar el sistema judicial, tomaba testimoniales, libraba oficios y en un término abreviado concluíamos una investigación, que de alguna manera también favorecía a los imputados, ya que a nadie le gusta tener una causa penal, y nosotros con la investigación preliminar podíamos concluir que la denuncia no tenía sentido y archivábamos. La investigación preliminar no es para cargar las tintas de los acusados sino también para protegerlos. He utilizado esa herramienta en más de 400 casos y la mayoría de las causas penales ambientales que se iniciaron en la jurisdicción fueron por iniciativa de nuestra fiscalía.

-Pero no tiene prohibido realizar investigaciones preliminares.

-El procurador general no me prohibió las investigaciones, pero no desestimó las denuncias falsas que hay sobre mí y limitó el tiempo de las investigaciones. Los pedidos de destitución y el avance de esas denuncias me ha llevado a no realizar más investigaciones preliminares. Es muy doloroso tratar de cumplir una función que no me es obligatoria y no contar con un respaldo concreto y efectivo de mi superior jerárquico. Hay que tener presente que un axioma que corre por tribunales dice “si vos querés planchar a un magistrado activo, empapelalo a denuncias y demorale los trámites”.

-¿Por qué el procurador debiera darle respaldo? ¿Es su obligación?

-Yo creo que sí. Yo le doy respaldo, como superior, a los fiscales de primera instancia si me consta que hacen las cosas bien. Si hay algo que he hecho mal, es necesario que el procurador general me lo diga y no que me tenga con un proceso de estas características sin una definición concreta. Estoy seguro que no he hecho nada malo.

-La Procuración General argumenta que si rechazaba las denuncias hubiera actuado con discrecionalidad y que lo más democrático es utilizar los mecanismos instituidos.

-En primer lugar, Esteban Righi ha rechazado denuncias contra fiscales, no sé por qué ahora no actúa de la misma forma y dice que hacerlo sería actuar con discrecionalidad. Por otro lado, el Consejo Evaluador, que evalúa las denuncias en mi contra, está compuesto por cinco integrantes, todos elegidos por Righi, esa es una falla, creo que debe ser por sorteo o elegido por pares, por los propios fiscales, como es en Brasil. El Consejo se expidió hace un mes y dijo que hay motivos para hacerme un sumario. Ahora me tienen que nombrar un sumariante y, según lo que decida, el procurador tiene que aceptar o no la recomendación del Consejo y del sumariante, y si el procurador lo acepta me suspenden en el cargo y hacen el jury de enjuiciamiento. No cuestiono que se me investigue, que lo hagan, pero que por lo menos la denuncia incluya un delito, no como ahora que me denuncian por investigar. No violé la ley. Además no tengo ninguna buena opinión del Consejo, tengo enfrentamientos con algunos de ellos y no tiene que ver con personal, sino con lo que pensamos del Ministerio Público. Puedo estar en los últimos minutos de mi carrera, pero si es así quiero dejar explicitado que deseo que los ciudadanos se comprometan en la administración de justicia. Cuando usted tiene en un platito de la balanza sentado al poder económico y al poder político, si del otro lado no ponga a la gente no hay posibilidad alguna y se garantiza la impunidad. Y en la mayoría de los delitos de cuellos verde y de cuello blanco el poder económico y político están sentados juntos, y si del otro lado no está la gente, la cosa va mal. El poder judicial, la administración de justicia es demasiada importante para dejarlo sólo en manos de jueces, fiscales y abogados

Modelos de impunidad

-Minería, pasteras y monocultivo de soja ¿qué observa en común?

-Minería, pasteras y soja tienen en común que son impunes y que lucran con la salud pública. Y esto es un tema central de control. En este país, según Transparencia Internacional, es muy alta la impunidad. Y la corrupción es en función de la impunidad. Si no existiera impunidad, no habría corrupción. Un dato: del 2000 a la fecha, hubo 1254 causas en el interior del país por delitos ambientales. En sólo cinco hubo condenas. Es una muestra de la impunidad.

-¿Está seguro que los tres modelos extractivos contamina?

-Absolutamente.

-¿Y por qué no hay causas judiciales?

-En algunos casos hay causas y en la mayoría no avanzan porque hay un gran desconocimiento de derecho penal ambiental desde la propia facultad, donde no se aborda el tema. Nadie sale de la facultad capacitado para abordar estos delitos.

-¿Quiénes propician la impunidad para que contaminen?

-Es impunidad estructural y personal. Hay impunidad por fallas de normas procésales, pero aún así digo que hay que hacer pan con la harina que se tiene. Hay que agudizar el ingenio porque aún con las normas que tenemos podemos hacer investigaciones. Igual insisto: los ciudadanos de a pie tienen que hacer denuncias ambientales.

-¿Fallan los organismos de control o es una política de complicidad para contaminar?

-En algunas áreas es una política de complicidad. Creo que la corrupción es transversal. Atraviesa toda la dirigencia, todas las capas. El poder económico viene a Argentina a contaminar porque aquí le hemos facilitado las cosas. La minería es un caso emblemático. Si se cumplieran las normas vigentes y el Estado realizara de manera rigurosa los controles necesarios, la minería a cielo abierto, altamente contaminante, no sería rentable y por lo tanto a las empresas multinacionales no les interesaría explotar el negocio. Con las papeleras e ingenios sucede lo mismo.

-¿La contaminación es una forma de obtener ganancias?

-En las empresas internacional, sin duda.

-¿Qué opina del uso de agrotóxicos como el glifosato?

-Cuando cae a la tierra provoca un grave caso de contaminación ambiental. No podemos rociar indiscriminadamente, cuando toca la tierra o el agua es muy grave.

-La jueza Silvia Sevilla, en Formosa, fue la primera en frenar las fumigaciones y fue destituida.

-Todos quienes investigamos delitos ambientales tarde o temprano nos llega la parca.

-El último año se fumigó con 165 millones de litros de glifosato. ¿Por qué no hay causas?

-Porque no hay fiscales preocupados en cuestiones ambientales y porque no hay jueces preocupados.

-¿Por qué en el caso del glifosato se pide que haya pruebas que demuestren el daño?

-Porque son ignorantes o cómplices. Porque nunca han estudiado derecho penal ambiental. En esos casos debiera aplicarse la figura de delito de peligro. El delito de peligro clásico es el narcotráfico. Porque se captura la droga antes que haga daño. Con la droga se pone en peligro a la comunidad. Los delitos de contaminación son contra la salud pública de la misma manera que el narcotráfico. Y es un delito de peligro, se lo tiene que detener antes que haga daño a la comunidad. No se puedo esperar, como ha dicho algún fiscal en Córdoba, una víctima y comprobar el nexo causal entre la contaminación y la víctima porque eso es inmoral. Está establecido en la ley, dice “quien ponga en peligro”, artículo 55 de la 24051, no dice que “dañe”. Son dos cosas muy distintas. Narcotráfico y contaminación son delitos de salud pública. El narcotráfico sólo afecta a quien quiere consumir droga que puede ser un porcentaje determinado de la población, mientras que la contaminación afecta a quienes no quieren consumir, a todos, y a pesar de ello el dinero dispuesto desde el Estado para combatir el narcotráfico es interminable, pero para combatir la contaminación es casi inexistente. Estamos pidiendo pruebas a las fuerzas de seguridad y nos dicen que están abarrotadas para dentro de meses.

-¿El poder judicial tiene temor o es cómplice?

-Creo que el poder judicial, en general, en nuestro país es el responsable de la impunidad. Creo que en muchos casos los jueces se autocensuran porque tienen miedo que les pasen cosas como lo que me está pasando o lo que le pasó a la jueza de Formosa. Entonces más vale tener perfil bajo y cobrar todos los meses el sueldo. Si hubiera fiscales y jueces preocupados no podrían avanzar con la contaminación, que además siempre afecta a los más pobres, ya que los ricos nunca se asientan en zonas contaminadas.

-¿Faltan leyes ambientales o faltan cumplirlas?

-Falta cumplirlas. Aunque también nos vendrían muy bien artículos penales ambientales en el código penal ambiental. El derecho penal ambiental es de las últimas barreras que queda para frenar la contaminación. El contaminador, mientras pueda pagar, contamina y paga. Pero cuando lo amenaza con la cárcel, deja de contaminar.