La presidenta argentina, Cristina Fernández, viajó a Bolivia para mantener una reunión bilateral con su par de aquel país, Evo Morales, con los acuerdos hidrocarburíferos en el corazón de la agenda.
Los contextos nacionales en que ambos gobiernos celebran el encuentro son de una intensa conflictividad, en gran parte producto del reparto de los efectos de la crisis mundial, que desacelera los crecimientos económicos.
Uno de los principales temas de conflictividad en estos países es el tema de la explotación minera de tipo “a cielo abierto”. Actividad centenaria, las características de la minería moderna, depredatorias y altamente perjudiciales para el medio ambiente, han desatado aireadas protestas de gran calibre y masividad, provocando diferentes reacciones en los gobiernos. El contraste es notorio si además de los casos de Bolivia y Argentina, observamos el del Perú.
En el caso boliviano se produjeron variadas novedades. Tan sólo hace un mes que Evo Morales dispuso la nacionalización de la mina Colquiri de estaño y zinc, operada por la empresa Sinchi Wayra, filial de la suiza Glencore. Ahora, luego de una violenta protesta de grupos comunitarios, que terminó con el secuestro de siete personas, el gobierno boliviano anunció la nacionalización del yacimiento Mallku Khota, a cargo de la transnacional canadiense South American Silver. Este yacimiento, uno de los más importantes de indio e iridio del mundo, es pretendido por grupos cooperativistas. Aunque dicha solución no dejaría de estar reñida con los deseos de varias comunidades, que pretenden suspender el tipo de minería llevado adelante hasta el momento.
Por su parte, Argentina también presenta un clima de conflictividad creciente, aunque la intervención del gobierno ha distado de tender hacia las nacionalizaciones. Con gobiernos provinciales comprometidos con los intereses de las empresas transnacionales y aliados al gobierno nacional, la opción ha sido el impulso de la participación de empresas públicas provinciales en los proyectos mineros como forma de captar una mayor parte de la extraordinaria renta del sector. Tan extraordinaria que la tasa de ganancia sobre el patrimonio neto fue del 40 % en 2010, cuando el promedio de la economía no superó el 20 %. Sin embargo, aunque al principio resistida, el gobierno nacional impulsó una ley de protección de glaciares, que recién en el último mes logró evadir los bloqueos judiciales para iniciar su aplicación. Se logró esto último gracias a una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que revocó medidas cautelares dictadas por un juez provincial. La decisión del máximo tribunal fue festejada por los movimientos sociales que se oponen a la megaminería, muchos de los cuales, como el caso del movimiento catamarqueño en Famatina, desarrollan cortes de ruta en los accesos a los campamentos.
Muy diferente es el caso peruano. El gobierno de Ollanta Humala está quemando sus bases sociales al ordenar la represión de los conflictos mineros, que representan buena parte de los doscientos cuarenta conflictos sociales habidos en aquel país en el último año. Recientemente, fueron asesinados cinco manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, en la norteña región de Cajamarca, donde se declaró el estado de emergencia. El movimiento de protesta encabezado por comunidades campesinas no ha dejado de tener resistencias en algunos sectores de la población, pero se han debido enfrentar a la feroz represión de la fuerza pública. Se oponen al emprendimiento megaminero llamado Conga, a cargo de la empresa Yanacocha-Newmont, de capitales transnacionales. El proyecto aurífero existe hace veinte años, relevándose un exponencial crecimiento demográfico, pero al mismo tiempo la desaparición de casi medio valle, lagunas incluidas, provocando en la ciudad el racionamiento del agua. Antes, en mayo, otra represión policial cargó contra una manifestación de campesinos contra el proyecto minero Tintaya, de la empresa suiza Xstrata, dejando cuatro civiles muertos.
Así, lejos de las opciones nacionalizadoras boliviana, incluso de la más contradictoria alternativa argentina, la opción adoptada por el presidente peruano es 180 grados diferente a la prometida durante su campaña presidencial, cuando prometió revisar los proyectos de megaminería.
http://spanish.ruvr.ru/2012_
Uno de los principales temas de conflictividad en estos países es el tema de la explotación minera de tipo “a cielo abierto”. Actividad centenaria, las características de la minería moderna, depredatorias y altamente perjudiciales para el medio ambiente, han desatado aireadas protestas de gran calibre y masividad, provocando diferentes reacciones en los gobiernos. El contraste es notorio si además de los casos de Bolivia y Argentina, observamos el del Perú.
En el caso boliviano se produjeron variadas novedades. Tan sólo hace un mes que Evo Morales dispuso la nacionalización de la mina Colquiri de estaño y zinc, operada por la empresa Sinchi Wayra, filial de la suiza Glencore. Ahora, luego de una violenta protesta de grupos comunitarios, que terminó con el secuestro de siete personas, el gobierno boliviano anunció la nacionalización del yacimiento Mallku Khota, a cargo de la transnacional canadiense South American Silver. Este yacimiento, uno de los más importantes de indio e iridio del mundo, es pretendido por grupos cooperativistas. Aunque dicha solución no dejaría de estar reñida con los deseos de varias comunidades, que pretenden suspender el tipo de minería llevado adelante hasta el momento.
Por su parte, Argentina también presenta un clima de conflictividad creciente, aunque la intervención del gobierno ha distado de tender hacia las nacionalizaciones. Con gobiernos provinciales comprometidos con los intereses de las empresas transnacionales y aliados al gobierno nacional, la opción ha sido el impulso de la participación de empresas públicas provinciales en los proyectos mineros como forma de captar una mayor parte de la extraordinaria renta del sector. Tan extraordinaria que la tasa de ganancia sobre el patrimonio neto fue del 40 % en 2010, cuando el promedio de la economía no superó el 20 %. Sin embargo, aunque al principio resistida, el gobierno nacional impulsó una ley de protección de glaciares, que recién en el último mes logró evadir los bloqueos judiciales para iniciar su aplicación. Se logró esto último gracias a una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que revocó medidas cautelares dictadas por un juez provincial. La decisión del máximo tribunal fue festejada por los movimientos sociales que se oponen a la megaminería, muchos de los cuales, como el caso del movimiento catamarqueño en Famatina, desarrollan cortes de ruta en los accesos a los campamentos.
Muy diferente es el caso peruano. El gobierno de Ollanta Humala está quemando sus bases sociales al ordenar la represión de los conflictos mineros, que representan buena parte de los doscientos cuarenta conflictos sociales habidos en aquel país en el último año. Recientemente, fueron asesinados cinco manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, en la norteña región de Cajamarca, donde se declaró el estado de emergencia. El movimiento de protesta encabezado por comunidades campesinas no ha dejado de tener resistencias en algunos sectores de la población, pero se han debido enfrentar a la feroz represión de la fuerza pública. Se oponen al emprendimiento megaminero llamado Conga, a cargo de la empresa Yanacocha-Newmont, de capitales transnacionales. El proyecto aurífero existe hace veinte años, relevándose un exponencial crecimiento demográfico, pero al mismo tiempo la desaparición de casi medio valle, lagunas incluidas, provocando en la ciudad el racionamiento del agua. Antes, en mayo, otra represión policial cargó contra una manifestación de campesinos contra el proyecto minero Tintaya, de la empresa suiza Xstrata, dejando cuatro civiles muertos.
Así, lejos de las opciones nacionalizadoras boliviana, incluso de la más contradictoria alternativa argentina, la opción adoptada por el presidente peruano es 180 grados diferente a la prometida durante su campaña presidencial, cuando prometió revisar los proyectos de megaminería.
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