Frente al creciente rechazo social a la minería a cielo abierto, por la contaminación que produce y los escasos beneficios que genera en materia de generación de empleo y riquezas, en comparación con las ganancias que obtiene, un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley que apunta a prohibir esa actividad en el país.
La iniciativa que lleva las firmas de los radicales Julio César Martínez, de La Rioja, y Hugo Castañón, de Río Negro, no sólo contempla la prohibición de la actividad minera metalífera a cielo abierto o tajo abierto en todas sus etapas, sino que además prohíbe el uso de cianuro, mercurio, detergentes, espumantes químicos y otras sustancias tóxicas que son empleadas en los procesos de separación de los metales y minerales.
A la hora de fundamentar su propuesta, los parlamentarios opositores destacaron, en primer lugar, que "la modalidad de minería metalífera es una enorme consumidora de energía eléctrica y de agua que queda irreversiblemente contaminada, compitiendo en el uso de dichos recursos con la agricultura y otras actividades productivas tradicionales de las zonas donde se asientan los emprendimientos". Consideraron que "en un momento de crisis energética global, y donde el agua potable es un bien escaso para la vida y considerado como un derecho humano fundamental, el uso irracional de ambos recursos, de por sí, justifican la urgente necesidad de esta ley".
Además, apuntaron que "resulta evidente la ausencia de licencia social por parte de la población de las provincias argentinas afectadas y/o en riesgo de afectación hacia estos emprendimientos, y esto debe plasmarse jurídicamente en una ley de prohibición nacional para la actividad extractiva de referencia, ya que nadie puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública y el medio ambiente".
El caso Alumbrera
Según los diputados radicales, "contrariamente a lo afirmado públicamente por las empresas y sus ’lobbistas’, es técnicamente imposible asegurar que un dique de cola permanecerá en buen estado por decenas de años". En este sentido, advirtieron que "existe un riesgo cierto de que se fisure, quiebre o produzca filtraciones que pueden contaminar gravemente el agua superficial y subterránea de la zona en que se emplaza, trasladándose la contaminación a grandes distancias".
Los autores del proyecto recordaron que "en nuestro país es reconocido el caso comprobado de Bajo La Alumbrera, donde por errores de diseño se instaló inadecuadamente el dique de colas, y en la actualidad, más de una docena de equipos de retro bombeo intenta recuperar los tóxicos y metales pesados que se vierten a las napas del suelo catamarqueño y que escurren hasta las provincias de Santiago y Córdoba".
Según los diputados Martínez y Castañón, "la intencionalidad de ocultar, en la gran mayoría de los casos, los efectos de contaminación por fracturas de los diques de colas y los terrenos de las escombreras, queda expuesta en los Informes de Impacto Ambiental presentados por las mineras, donde prevén que ’no ocurrirán sismos en la región’ u omiten mencionar la presencia de glaciares".
En los considerandos del proyecto también se menciona que "existen múltiples denuncias por parte de los vecinos agrupados en diferentes organizaciones y asambleas que solicitan ser protegidos y amparados social y políticamente" y precisaron que muchos de estos reclamos van dirigidos directamente a Minera Alumbrera, en el caso de Catamarca, y a Veladero, en el caso de San Juan". Sobre el mismo tema, recordaron que "el fiscal federal Antonio Gustavo Gómez procesó al vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por graves casos de contaminación que se probaron por publicaciones en la página web oficial de la propia empresa”.
Según los impulsores del proyecto, "resulta absolutamente claro que la denominada minería a gran escala o megaminería con modalidad a cielo abierto, una de las formas más devastadoras y agresivas para el ambiente y que conlleva además grandes impactos sociales y culturales, es totalmente incompatible con lo estipulado por nuestra Constitución Nacional y los principios rectores de la Ley N° 25.675 (Ley General de Ambiente)".
Rechazo social
Por otro lado, los diputados nacionales radicales señalaron que en los últimos meses, asistimos al resurgimiento y la profundización de la oposición de las poblaciones de la zona de influencia de los emprendimientos mineros en explotación actual o futura. "Dicha oposición se sustenta en el acabado conocimiento de las mismas respecto de los efectos de este tipo de actividad predatoria y el stress generado a partir de la pérdida de la paz social. Esto resulta claro y evidente en poblaciones como Esquel, Andalgalá, Jáchal, Tinogasta, Abra Pampa, Chilecito, Famatina y distintas regiones o reservas de pueblos originarios", precisaron.
Los opositores destacaron que "en la zona de influencia directa de los emprendimientos mineros se genera un contexto de contaminación psíquica y social, el cual se impone a partir de la connivencia del poder político, judicial y mediático con las corporaciones mineras".
También advirtieron que "las estrategias de empobrecimiento social, cultural, ambiental, ecológico y económico que intentan legitimar estratégicamente el discurso falaz de que la única forma de supervivencia regional es la actividad minera”.
Los radicales hicieron mención al "burdo asistencialismo enmascarado como Responsabilidad Social Empresaria, que se aprovecha de la ausencia del estado connivente en instituciones educativas, deportivas y de salud para intentar cooptar las voluntades de los vecinos mediante donaciones, con sus correspondientes y permanentes publicidades en estos ámbitos y en la vía pública, de ambulancias, tomógrafos, equipos deportivos o computadoras para las escuelas que resultan obligación del estado proveer".
Sin embargo, destacaron que "las poblaciones afectadas por estos proyectos siguen resistiéndose a entregar la ’licencia social’ para su instalación. Por caso, el pueblo de Andalgalá, Catamarca sostiene su indeclinable postura de no permitir el asentamiento de minera Agua Rica. Luego de padecer 13 años la explotación de Minera Alumbrera, a 60 Km. de la ciudad, que generó menos de 100 puestos de trabajo insalubre para andalgalenses, que provocó un sensible incremento en los casos de cáncer y la experiencia ya vivida de promesas de falso progreso, contaminación y destrucción de territorios, fuentes de agua y patrones de vida, decide valientemente ejercer su derecho de impedir la instalación de minera Agua Rica, proyecto tres veces más grande que La Alumbrera, y que de efectivizarse condenaría a la cuidad de Andalgalá a su desaparición", espetaron.
Impacto ambiental
Los autores del proyecto recordaron que la minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de miles de toneladas de tierra y roca por día a partir de la utilización de toneladas de explosivos y el uso de maquinaria de gran porte, roca que es luego pulverizada para facilitar la extracción de los minerales.
Por otra parte, agregaron que ya en la etapa de exploración y prospección, "la minería a cielo abierto realiza cuantiosas perforaciones buscando fuentes de agua que alimenten la posterior explotación y para ello usan aditivos y elementos tóxicos que contaminan los suelos y subsuelos".
Agregaron que estos emprendimientos "también generan miles de toneladas por día de roca residual o estéril que, ya triturada y/o molida, contiene concentraciones de sulfatos, metales tóxicos y no-metales. Esa roca es desechada en pilas sobre la superficie del suelo al borde de los tajos, ocasionando que muchos de esos contaminantes se filtren a las aguas superficiales y subterráneas o sean arrastrados por el viento. Es así como la contaminación se traslada a decenas de kilómetros de su fuente, tornando inclusive imposible de prever técnicamente la extensión de los daños ambientales a ocasionarse", subrayaron.
Además, dijeron que "los procesos de lixiviación y flotación con sustancias tóxicas emplean millones de litros de agua que se contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas que utilizan (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otras que el proyecto apunta a prohibir)".
A propósito, advirtieron que "estos gigantescos volúmenes de agua, recurso de altísimo valor para la vida, nunca más será apta para el consumo humano ni del ganado, ni para el riego de cultivos. Un emprendimiento minero a cielo abierto a gran escala emplea como mínimo 1.000 litros de agua por segundo, un equivalente a 86.400.000 litros de agua por día durante los 365 días del año", acotaron.
FUENTE: http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=90558
No hay comentarios:
Publicar un comentario