Distintos focos de conflictividad social y ambiental afectan en mayor o menor medida la concreción o continuidad de una docena de emprendimientos. Los problemas se registran en siete provincias.
El año minero comenzó con incidentes en las localidades de Famatina (La Rioja) y de Tinogasta (Catamarca), convertidas en nuevas sedes de la resistencia anti-minera, tal como en el pasado reciente lo fueron Esquel (Chubut) o Andalgalá (Catamarca). Esos episodios muestran a las claras que las presiones de índole social y ambiental son cada vez mayores para la minería argentina. De hecho, en base al Mapa de Conflictos Mineros (MCM) del país, elaborado en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), puede decirse que las inversiones amenazadas ya suman más de 10.000 millones de dólares.
Uno de los referentes del segmento más preocupado por esta tendencia es Julio Ríos Gómez, presidente del Grupo de Empresas Mineras de Exploración de la República Argentina (GEMERA), quien remarca que nunca se han comprobado las grandes denuncias de contaminación y perjuicio a la salud humana debido a la explotación minera a nivel local. “Es cierto que el país aún se debe un debate profundo, pero parece mentira que en pleno siglo XXI todavía nos estemos cuestionando si hay que desarrollar o no la actividad minera”, reflexiona.
A criterio de Aldo Bonalumi, secretario de Minería de Córdoba, una de las provincias más restrictivas para el desarrollo del sector, la ciudadanía que actualmente se manifiesta en contra de la actividad sabe bien cuáles son sus beneficios. “No está mal difundirlos, pero eso es apenas una aspirina para combatir una enfermedad mucho más seria. Sólo una mejor distribución de los beneficios económicos y la fehaciente demostración de que la minería es sustentable revertirán esa mala reputación, que es muy alarmante tanto desde lo social como desde lo económico”, explica.
Caso por caso
Según el MCM –en cuya confección participaron distintas organizaciones ambientalistas con la asistencia técnica del Proyecto Regional de Diálogo Democrático del PNUD–, por estos días existen 12 grandes focos de tensión minera que se ubican en siete provincias. Arrancando por el norte del país, se destacan los casos de Huacalera (Jujuy), Pirquitas (Jujuy), Alumbrera (Catamarca), Agua Rica (Catamarca) y Famatina (La Rioja).
Huacalera es un proyecto de uranio y de torio situado dentro del departamento de Tilcara cuyo presupuesto aún no fue definido. A cargo de Uranio del Sur, que está gestionando varios pedidos de cateos, su conflictividad procede de su localización en la Quebrada de Humahuaca, lugar declarado ‘Patrimonio Mundial’ por parte de la UNESCO. Sin salir de la provincia, en Rinconada, Pirquitas padece denuncias por contaminación de agua. En manos de Silver Standard, esa mina de plata, plomo y zinc está tasada en unos u$s 100 millones.
Ya en suelo catamarqueño –en los departamentos de Belén y de Andalgalá–, Alumbrera y Agua Rica representan inversiones por u$s 1.000 millones y u$s 310 millones respectivamente. Controlada por YMAD y Xstrata, Alumbrera es la principal iniciativa aurífera del país en producción, aunque enfrenta protestas vecinales y pedidos de cierre por cuestiones ambientales. Paralizada por vía judicial, Agua Rica podría retomar su construcción en breve, tras recibir la aprobación de sus últimos informes de impacto ambiental y de obras técnicas.
Situado en el departamento homónimo, Famatina es un proyecto exploratorio de oro y de uranio controlado por Osisko Mining que contempla inversiones por u$s 10 millones. No obstante, se halla en ‘stand by’ por las fuertes movilizaciones sociales en su contra.
Montos millonarios
En la región cuyana, en tanto, el MCM resalta los casos de Veladero (San Juan), Pachón (San Juan), Lama Pascua (San Juan), Río Colorado (Mendoza) y Sierra Blanca (Mendoza).
Instalado en el departamento de Iglesia, Veladero es una mina de oro que le implicó a Barrick desembolsos por más de u$s 440 millones. Además de la oposición de vecinos autoconvocados, el emprendimiento se ve amenazado por la controvertida Ley de Glaciares. Similar panorama afrontarán dos propuestas que hoy están en plena etapa constructiva: Lama Pascua (la mina binacional más importante del mundo) y Pachón (perteneciente a Xstrata), cuyos presupuestos rondan los u$s 2.400 millones y los u$s 1.000 millones respectivamente.
Mucho menos favorable para la actividad es el marco normativo de Mendoza, donde tiene lugar la mina de uranio Sierra Pintada. Ubicada en San Rafael, su reactivación por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) requerirá diversas tareas de remediación ambiental por unos u$s 6 millones. Por otro lado, buena parte de la población de Malargüe se encuentra movilizada y en estado de alerta en relación con la mina de potasio Río Colorado, por la que Vale planea invertir ni más ni menos que u$s 4.500 millones.
Bien al sur
Finalmente, en el sur del país, el MCM -que no toma en cuenta ningún emprendimiento chubutense- reseña los casos de Calcatreu (Río Negro) y Cerro Vanguardia (Santa Cruz).
Propiedad de Pan American Silver, el proyecto de oro y plata Calcatreu -situado en el departamento de 25 de Mayo- no avanza de su fase exploratoria desde hace siete años, luego de que la legislación rionegrina prohibiera el uso de cianuro y de mercurio para la explotación minera. Su presupuesto supera los u$s 14 millones.
En cuanto a la mina de oro y de plata Cerro Vanguardia, las tensiones se limitan al ámbito sindical. Localizada en los departamentos de Magallanes y de Deseado, su inversión oscila en torno a los u$s 270 millones.
http://www.inversorenergetico.com/v1/3395-Suman+u%24s+10.000+millones+los+proyectos+mineros+afectados+por+conflictos.html
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