JORGE MAYORAL
El negocio que tiene que regular y controlar mueve, sólo en la Argentina, US$ 5.000 millones. Y el funcionario lo conoce muy bien, ya que posee compañías en el sector. Lo admite en sus declaraciones juradas y dice que no hay incompatibilidad. La Oficina Anticorrupción se lava las manos. El ARI denuncia. San Juan hace lobby. Y en Santa Cruz se hacen millonarios.
Para el aplauso. El sanjuanino Jorge Mayoral se defiende: “Una empresa se mide por lo que factura, y las que tengo no facturan. Es como si no las tuviese”.
El Gobierno nacional está enamorado de la minería, con esa devoción que generan los objetos brillantes. Y no se cansa de publicitar la escalada del sector en los últimos años, en una Argentina que hasta hace poco no pesaba en el mapa de los inversores. Es cierto: encandilan las cifras de un negocio que en 2006 exportó $ 8.000 millones de pesos, un 40 por ciento más que en 2005. Por eso en Balcarce 50 se hace lo imposible para que las firmas que aceitan la maquinaria no puedan resistirse a un ventajoso aparato fiscal, armado en los ’90 y recargado por la gestión K.
Al margen se escuchan el rechazo ambiental ante cada proyecto metalífero, las quejas por un sistema que deja poco al Estado y mucho a las empresas, y las críticas a los vínculos entre esta actividad privada y la función pública.
El informe del ARI “Violaciones, irregularidades e impunidad en la actividad minera”, al que accedió PERFIL, señala que el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, posee participación en tres empresas mineras, algo que el propio funcionario señala en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
Mayoral, un ingeniero minero sanjuanino que llegó a la función pública en 2002, posee el 30% de la firma Micas Argentinas SRL, el 15% de Millstone SA y el 25% de Minvail SA (dedicadas a la explotación de canteras y a la exploración minera). El paquete le significa al secretario un patrimonio de casi $ 450.000. También tiene presencia en otra empresa: MRO Andino, dedicada a la seguridad industrial.
Fue entre 1998 y 2001 cuando adquirió su parte en estas firmas. Según el documento del ARI (elaborado por el Centro para la Transparencia en Gestión Pública y Privada), la OA investigó su caso “por posible comisión del delito de incompatibilidades y conflictos de intereses”, y en una resolución de 2003 habilitó la situación mixta de Mayoral (ver recuadro).
Para la Ley de Etica Pública es incompatible que un funcionario preste servicios a quien realiza actividades reguladas por el Estado, cuando su cargo tiene competencia directa en esas actividades. En el caso de Mayoral, si bien como secretario de Minería sus decisiones gravitan sobre el sector en su conjunto, la OA no le pidió que renunciara a su parte en las sociedades privadas antes de asumir (una opción que habilita la ley), sino que dispuso se abstenga “de tomar intervención en todo asunto relacionado con las firmas Micas Argentinas y Millstone, en tanto mantenga participación en su propiedad y hasta tres años de su eventual desvinculación”. Además, pidió al entonces Ministerio de Producción que fijara si la presencia del sanjuanino en esas dos empresas y en Minvail afectaba el régimen de incompatibilidades de la Ley de Ministerios. “La restricción nada dice de la actitud que deberá observar al dictaminar sobre empresas de las que es proveedor, cliente o competidor”, señala la diputada del ARI Fabiana Ríos, que estuvo a cargo del informe.
En diálogo con PERFIL, Mayoral sostuvo que ninguna de las empresas de las que forma parte tiene relación con el Estado ni un rol importante en el sector. “Ni siquiera llegan al volumen de una pyme, y la mayoría no tiene actividad desde que estoy en Buenos Aires”, aseguró. “Me considero un dirigente nuevo y nadie en el sector puede decir que no sepa de mi especialidad o no sea transparente. No escondo nada en mi declaración jurada”, dijo. Sobre por qué no renunció a estas firmas antes de asumir, se defendió: “Una empresa se mide por lo que factura, y las que yo tengo no están facturando. Es casi como si no las tuviese”.
Patria minera. “Todo lo que ayude al sector –y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con medidas que podemos conversar– estamos absolutamente dispuestos a escuchar”, dijo Néstor Kirchner a miembros del sector al lanzar el Plan Minero 2004/05.
Para Ríos, un caso paradigmático del proyecto metalífero criollo son los hermanos Gioja: “El gobernador de San Juan (José Luis Gioja) fue uno de los impulsores de las leyes de promoción minera en el menemismo cuando era legislador. Es entendible si vemos que su hermano y presidente de la Comisión de Minería de Senadores, César Ambrosio Gioja, es propietario de Bentonitas Santa Gema”, firma dedicada a la explotación de minas y canteras.
En la web de la Secretaría de Minería, la firma “Bentonitas Santa Gema - César A. Gioja” deja como contacto el nombre del propio legislador, un teléfono y la dirección de e-mail cgioja@sinectis.com.ar. Y en el currículum que el sanjuanino presenta en el sitio del Senado, cuenta que desde1992 es un “empresario minero”. El tercer Gioja es Juan Carlos, diputado nacional y, en sintonía, vocal en la Comisión de Minería de la Cámara baja.
Promo. En 2005, el Ministerio de Economía listó las ventajas que el minero tendrá en este suelo: “un país sumamente rico en recursos”, con “un marco legal adecuado”, “importantes incentivos fiscales y económicos que lo hacen muy atractivo”, junto a “ventajas competitivas en el costo de servicios públicos y mano de obra”. Y la propaganda no exagera.
En los ’90, los organismos internacionales de crédito abonaron un marco ideal para la gran minería en países periféricos. En la Argentina de 1993, en nombre de atraer capitales y con el Acuerdo Federal Minero, nació una normativa en la que muchos ven una suerte de “bandeja de plata promocional”. Por citar ejemplos, el Estado no puede explotar su riqueza minera y está obligado a ceder esa tarea a manos privadas, las que pueden transferir al exterior el total de las divisas que ganan por exportación. Vale señalar que el 90% de los emprendimientos locales pertenece a holdings extranjeros. También se aseguran beneficios impositivos inmejorables, como 30 años de estabilidad cambiaria y fiscal, exención de aranceles y tasas aduaneras varias, gravámenes provinciales mínimos y un largo etcétera.
En los últimos años, a esto se sumó una crecida en el precio mundial del oro y la caída de los costos locales postdevaluación, con lo que los yacimientos criollos se multiplicaron.
Regalías. Según la Ley de Inversiones Mineras, las provincias que perciban regalías mineras no podrán cobrar un porcentaje mayor al 3% del valor en “boca de mina” de lo extraído. Este valor depende de lo que declare el productor, luego de descontar muchos de los costos de producción. “Las regalías no recaen en el precio de facturación sino que deben deducirse los costos operativos, cuyos valores son una exclusiva información privada”, remarca Ríos y ejemplifica: “Una onza de oro cuesta US$ 640. Si el 3% se aplica a la facturación, las regalías serían US$ 19,20 por onza. Pero hay que deducir los gastos operativos, que el Estado no controla. Es fácil ver el perjuicio económico”. Otra golosina promocional es el régimen de reembolso por exportación en puerto patagónico (ver recuadro).
Ante los murmullos, el Gobierno saca a relucir sus cifras récord: una inversión que en 2006 llegó a US$ 3.900 millones, 37 mil empleos directos y un horizonte dorado. En respuesta, los ambientalistas insisten en los riesgos de la minería a cielo abierto con cianuro y, junto a la oposición, aseguran que la riqueza metalífera que se va barato ya no vuelve.
Lejos de las polémicas, el lunes 23 Mayoral regresó de Australia, donde promocionó las virtudes mineras de la Argentina. El Gobierno ha decidido que el pico siga su marcha.
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