POR ALEJANDRO MARINELLI
El incremento del valor de los commodities minerales y la demanda de China dispararon la actividad. Hoy la región tiene el mayor rango mundial de inversiones del rubro. Pero los daños ambientales generan una creciente resistencia popular.
Una fiebre de los minerales se extiende por Latinoamérica. Es un fenómeno de velocidad abrumadora que ha convertido a la región en el norte mundial de las empresas mineras y en el escenario de una dura disputa entre los ambientalistas y quienes entienden que no se debe detener un negocio floreciente. Hay razones detrás de este crecimiento. La precipitada suba del precio de estos commodities por la crisis mundial y la demanda persistente china para producir electrónica estimularon una explotación de niveles sin precedentes.
Ese escenario complejo se combinó con legislaciones permisivas que facilitaron el avance de las multinacionales que en numerosos casos ignoraron barreras y normativas ambientales. Así, miles de proyectos de extracción mineral se instalaron desde México hasta la Patagonia. El proceso fue de modo tal aluvional que la región quedó en la cima del ranking de inversión minera del planeta. Con este panorama, la fiebre del oro se transformó en la clave para acomodar economías debilitadas y las protestas ecologistas se volvieron muy molestas para los planes de varios gobiernos.
Ese rechazo tiene sus razones. Esta minería no es la tradicional del socavón, sino que destruye la montaña con explosivos para extraer a cielo abierto el mineral y multiplicar la ganancia en menor tiempo. Las consecuencias ambientales de ese proceso son enormes, pero esa discusión no parece ser la prioridad de quienes dirigen los destinos de la región. Para muchas de las naciones de esta parte del continente, la ganancia que les deja esta actividad representa gran parte de la renta global con promedios que rondan 25% sobre los ingresos totales. Así, para muchos gobiernos poder cuadrar sus números fiscales depende de la extracción de los minerales.
Para entender mejor de qué se habla, la realidad de Chile, precursor en materia de explotación de minerales, dibuja un cuadro elocuente. El año pasado las exportaciones del país con la economía más abierta de América Latina según el Banco Mundial, crecieron 15%. Más de la mitad de esa ganancia lo explicaron los envíos de cobre. En conjunto, según el último informe de Aduanas, los envíos de productos de minería representaron 62% de las exportaciones, con embarques por un total de 50.049 millones de dólares.
Estos números tienen detrás una gran permisividad para la actividad minera. Una investigación del Centro de Investigación Periodística, un respetado e influyente medio chileno de Internet, determinó que desde 2005 hasta 2012, de 600 proyectos presentados para que se analizara su impacto ambiental, sólo fueron rechazados 39. No importaron las quejas y amparos de pueblos indígenas o de ecologistas. Esta compleja situación se repite de manera más o menos parecida en los distintos destinos mineros de Latinoamérica.
En Bolivia, uno de los países con menor nivel de tributación de la región, las rentas mineras crecieron desde US$ 14,2 millones en 2005 a 164,7 millones hoy y las exportaciones alcanzaron el récord de US$ 2.500 millones. Veamos Perú, otro país con larga tradición minera. Allí la extracción de minerales representa 59% del total de exportaciones. El año pasado, en Brasil la producción del sector alcanzó 11.000 millones de dólares, 20% más que en 2010.
En Colombia y Panamá la tributación de estas empresas aporta el 40% de los ingresos gubernamentales, mientras que en Venezuela pasa el 60%. México se transformó en el cuarto país del mundo con mayor inversión en el rubro, es decir más de 12.000 millones anuales. También en Ecuador, producto de los últimos acuerdos de inversión, se prevé un crecimiento de 5,3% de su economía, apoyado en la extracción de oro y plata.
Las promesas sobre desarrollo, empleo y dinamización alrededor de este nuevo “El dorado” no se han verificado y en verdad lo que aparece es la letra chica del contrato: imposición de proyectos, desplazamientos forzados, ocupación de territorios indígenas y hasta la criminalización de la protesta. Entonces, la minería se torna una actividad cada vez menos aceptada por las comunidades locales.
El noroeste peruano se conmocionó cuando un proyecto de la estadounidense Newmont desembarcó en Cajamarca. El desarrollo del programa contempla secar cuatro lagunas para extraer oro y llevar el agua a reservorios artificiales. En Ecuador, en Zamora Chinchipe, comenzó un emprendimiento de capitales chinos que explotará hasta 2030 un campo amazónico subterráneo. Con la noticia comenzaron las protestas indígenas contra la política minera del presidente Rafael Correa, un sanguíneo aliado del venezolano Hugo Chávez, quien se opuso a cualquier cambio y atacó como golpistas a los aborígenes jurados contra el proyecto. Otro tanto sucede en la mina Pascua Lama, un proyecto entre Chile y Argentina financiado por la canadiense Barrick Gold, que despertó una durísima resistencia en el norte chileno. Más cerca aún, la exploración a cielo abierto planeada por la Osisko Mining en el cerro Fátima, en La Rioja, acabó frenada por las masivas protestas populares.
No son sólo los ambientalistas. Analistas económicos cuestionan el modelo de inversión de estas iniciativas. “Cuando las ganancias son tan espectaculares y se gravan de forma tan leve, el capital se orienta a este tipo de actividades en lugar de al desarrollo tecnológico, por ejemplo. Entonces, indirectamente el sistema tributario favorece que no se instale una industria y estimula la extracción”, explica el especialista de la Universidad de Maryland, Ramón López. En este planteo también se alinean los que cuestionan el reparto de las ganancias, que van a las arcas nacionales, pero en la región donde se encuentra la mina, el dinero no llega y el trabajo es relativo.
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