BUSCANDO LA “LICENCIA SOCIAL”, PARA LA MINERÍA
Guillermo Luciano
El Gobierno nacional, en el día de ayer, efectuó su jugada para resolver los conflictos que se multiplican a lo largo y ancho del país por la minería a cielo abierto.
Ayer, el Ministro de Vido encabezó la reunión de gobernadores y prometió el apoyo del Gobierno para fomentar la minería y en un párrafo clave de su intervención promovió que:…” las provincias deben crear sociedades públicas provinciales, como hay en Santa Cruz o Catamarca, que permitan que el Estado se asocie”.
Estas compañías provinciales podrían intervenir solas o asociadas a empresas privadas en la exploración y explotación de los recursos. Y aquí esta la clave de toda esta historia que enfrenta por primera vez a la actual gestión con demostraciones masivas de ciudadanos comunes oponiéndose a sus planes.
Y decimos que esta la clave porque la clave de este empecinamiento en enfrentar la desición de la gente esta en las empresas que explotan la minería en Santa Cruz, que a continuación detallamos: IAM Gold – Rio Tinto, Anglo Gold – Fomicruz S.E., Pan American Silver – Silver Standard Resources, Minera Santa Cruz S.A. (Minera Andes Inc. – MHC), Fomicruz S.E., Canarex (L. W. Saleken), Northern Orion Explorations Ltd., New Crest Mining Ltd., Pegasus Gold Intl., Barrick Gold Corp., Minera Mincorp S.A. (AngloGold – Perez Companc).
Estas empresas confunden en un intrincado diseño de sociedades anónimas el interés público y el interés privado.
No podemos evitar destacar la añeja presencia de la minera que desata la mayoría de los conflictos actuales, la Barrick Gold en esta provincia, donde explota dos yacimientos de metales preciosos, el de Cerro Rubio y Río Furioso, de donde probablemente surja la relación entre la familia Kirschner y el fundador, principal accionista y CEO de esta empresa, Peter Munk, a quién habitualmente hemos visto fotografiado en la casa de gobierno con nuestros últimos presidentes.
Estas multinacionales extranjeras, se han instalado en nuestro país después de la década del noventa del siglo pasado al calor de las excepciones impositivas extraordinarias otorgadas para su instalación, entre las que destacamos: exoneración del Impuesto de sellos, exoneración del impuesto a los activos, liberación de derechos de importación por la introducción de bienes de capital y equipos, limitación del pago de regalías que corresponda a las provincias no pudiendo exceder del 3% del valor en “boca mina”, etc.
Esta nefasta confusión entre el interés público y privado lleva a que el gobierno trate de todas formas de limpiar la imagen de la minería a cielo abierto, aún con el manifiesto rechazo de las poblaciones damnificadas por estas explotaciones.
El acta de la OFEMI, el organismo recientemente creado por las provincias mineras sostiene la necesidad de implementar “un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social,garantizado la plena ocupación y verificando el cumplimiento efectivo de los principios e instrumentos tanto de la gestión minera como ambiental”.
También pretende “establecer mecanismos de resolución de conflictos de modo tal que la actividad minera, prospectiva, exploratoria y/o productiva, cuenta con licencia social ”.
Hoy en día estas empresas se están llevando aproximadamente 5.000 millones de dólares anuales en concepto de “exportaciones no tradicionales”, recibiendo además subsidios por este rubro, lo que constituye por un lado una exacción brutal al patrimonio de los argentinos y por otro una cifra capa de destrozar conciencias y lograr las complicidades mas inesperadas.
En este escenario, en la media en que los funcionarios de las provincias y de la nación toman un respiro para diseñar estrategias para lograr la “licencia social” con campañas de marketing, no dudamos el conflicto se irá incrementando teniendo a partir de ahora esta historia un final incierto.
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