Radiografía de la megaminería

Por Javier Rodriguez Pardo*

Una de las características del capitalismo del siglo XXI es el auge del extractivismo, un fenómeno que no es nuevo pero que se ha reconfigurado al calor de las necesidades de la economía y el mundo global. El actual boom de los precios de las materias primas ha redibujado territorios, en el marco de leyes benévolas para las empresas extractivas. África y parte de Sudamérica son objetivo de firmas multinacionales que articulan intereses políticos, económicos y a menudo militares para llevar adelante sus negocios.

Argentina nunca fue un país minero (no confundir con un país con minerales). Sin embargo, en la actualidad presenta territorios subastados y ocupados por unas 80 megacorporaciones dedicadas especialmente a la extracción metalífera, la mayoría canadienses y del «club» de las Islas Británicas (Commonwealth). En 2011, los proyectos mineros argentinos sumaban más de 200, en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación, o esperando luz verde. De ellos, unos 60 corresponden a las provincias norteñas de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, medio centenar aún pretende operar en San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, y los restantes se desarrollan en las patagónicas provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro. A esta cantidad se suman miles de cateos mineros que examinan vastas áreas cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva, con una inexplicable laxitud legal: las cifras extractivas estremecen por el volumen de la devastación que se practica no solo en Argentina sino en el conjunto de América Latina.

Gas, petróleo, bosques, biodiversidad, minerales, agua y suelos fértiles fueron siempre los objetivos recurrentes de la política colonial, situación que hoy se magnifica con claridad en su adaptación neoliberal a través de reflotadas «invasiones» en nueva versión. El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile firmado por Carlos Menem y Eduardo Frei en 1997 es un buen ejemplo de neocolonialismo. Se trata de un instrumento legal que cede literalmente la Cordillera de los Andes a las firmas transnacionales y transforma vastos territorios en un virtual «tercer país» con legislación y código propios de funcionamiento: 4.441 km de frontera argentino-chilena y una franja de unos 150 km a cada lado componen ese nuevo territorio regido por el extractivismo. En el resto de la geografía argentina, las corporaciones mineras obtuvieron ventajas que no rigen para las otras actividades comerciales: un paquete de disposiciones jurídicas y un código minero, encabezados por la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, les permiten pagar regalías paupérrimas, las eximen de impuestos y gravámenes, les facilitan obtener subsidios en insumos y reintegros por exportaciones, al mismo tiempo que tributan con declaraciones juradas -con la evidente posibilidad de fraguar los datos- una vez que los bienes extraídos arriban al país de destino y no al atravesar la aduana. Las corporaciones mineras eluden, en definitiva, los controles reales que deberían tutelar las exportaciones. Un importante matutino porteño lo destacaba ya hace años con inocultable sorpresa: «los propios representantes de las empresas mineras comentaron públicamente que Argentina supera en oportunidades de negocios a Australia y a Estados Unidos merced a un marco legal conveniente en materia económica y fiscal, y flexible en el terreno medioambiental» (1)
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