La Fundación Servicio Paz y Justicia ve con suma preocupación el proyecto para modificar la actual Ley Antiterrorista, que básicamente duplica la sanción correspondiente a cualquier delito del Código Penal si lo comete una organización o un individuo.
Bien sabemos que esto se realiza en el marco de presiones internacionales de EE.UU. y de los organismos financieros como el Grupo de Acción Financiero (GAFI) y el FMI, ante las cuales el gobierno termina cediendo con la excusa, entre otras, de querer acceder a los nuevos endeudamientos e inversiones que se suponen imposibles sin ese paso. Agregamos además que el Gobierno Nacional. al participar en el G20, adquiere compromisos que comprometen las libertades de expresión del pueblo y la soberanía nacional, entre ellas la supervisión de las cuentas del país y la conformidad de las leyes nacionales con las exigencias de los organismos internacionales ya mencionados.
Larga y dolorosa es nuestra experiencia en cuanto a que un grupo determine y defina qué es terrorista. En este caso se aseguran que todo tenga un marco legal que ampare las penas impuestas y evite futuros reclamos.
Denunciamos también que este no es un caso aislado. Si observamos América Latina, podemos ver que en Chile, a las protestas de los Pueblos Originarios se les aplica este tipo de Ley. En Paraguay se puso en vigencia la ley antiterrorista el 25 de junio del 2010, que el congreso paraguayo promulgó como Acta Patriótica (Us Patriotic Act) o Ley Antiterrorista. Las dos declaraciones de estado de excepción en el Paraguay son los primeros pasos con los que empezó a estigmatizarse a la dirigencia y los referentes sociales con el mote de “terrorista”, generando en la sociedad un enorme temor e inseguridad que violentan garantías constitucionales.
Leyes que ponen en sospecha de acciones terroristas al trabajo de defensa de los derechos humanos por organizaciones sociales, campesinas e indígenas que sólo buscan el acceso a la tierra y el reconocimiento de derechos ancestrales, en el caso de los pueblos Originarios.
Uno de los Derechos de los Pueblos es el de reclamar, y manifestarse para obligar de esa forma a los gobiernos a cambiar actitudes que responden a otros intereses ya sea foráneos y/o de grupos económicos o políticos.
Reclamamos, que no se apruebe este proyecto de Ley y vemos la necesidad de derogar también la ley aprobada en 2007, que ya introdujo al código penal conceptos difusos y por ende peligrosos sobre el "terrorismo", bajo la presión de los mismos intereses foráneos.
SERPAJ
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011
A 10 años de las movilizaciones populares de diciembre de 2001que costaron 38 muertos en todo el país
Para ver el informe de la Misión Internacional de Observación y Verificación en Paraguay léalo en nuestra página www.serpaj.org , Sección Noticias, Novedades de DDHH
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