Miércoles, 30 de noviembre de 2011
Para el Dr. Damian Verzeñassi la discusión en torno al modelo productivo y sus efectos en la salud de las poblaciones no está en el terreno de la ciencia sino de la economía. Sólo en la última campaña se utilizaron 300 millones de litros de agroquímicos en un área habitada por 12 millones de personas.
El Responsable académico de la materia salud sociambiental de la UNR estuvo en Reconquista debatiendo sobre modelo productivo.
Las credenciales del doctor Damián Verzeñassi son muchas pero entre ellas se destacan que es Responsable académico de la materia salud sociambiental; Responsable académico del ciclo Practica Final de la carrera de Medicina Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y miembro del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos.
Estas credenciales fueron las que hicieron que el Plan Estratégico de Reconquista y el Encuentro por los Derechos Humanos pensaran en él para debatir con la sociedad sobre el modelo productivo que es cuestionado desde algunos sectores que ven en él un peligro para la salud de los habitantes de la región.
En tres charlas-debate, Verzeñassi tuvo oportunidad de exponer su mirada ante públicos diversos que fueron desde integrantes de municipios y comunas, pasando por docentes y personal de centros de salud hasta llegar al público en general, que reflexionaron más allá del ámbito de las enfermedades y sus causas hasta llegar a preguntas centrales sobre el modelo productivo y las políticas que lo sustentan.
Modelo productivo
“Las decisiones políticas que pueden o no estar fundadas científicamente son las que están determinando nuestra manera de vivir y, por lo tanto, nuestra manera de enfermar y de morir. Nosotros lo que hacemos en estas jornadas es poner sobre la mesa cuáles son las situaciones que estamos viviendo en los consultorios y hospitales como consecuencia de los modelos de producción, que no son más que una consecuencia de las decisiones políticas al respecto”, explicó Verzeñassi, quien recordó que la autorización del “paquete tecnológico” que abrió las puertas a los organismos genéticamente modificados en la agricultura argentina realizado en 1.997 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá se inscribe en un modelo productivo de nivel global.
“Ponemos a disposición de los vecinos y vecinos relaciones que vienen desde más atrás del ’97 cuando se aprobó la utilización de semillas de soja resistentes al glifosato más surfactantes. Entendemos que esa aprobación tiene que ver con una decisión política que se toma a principio de los años ’70 en Europa y los Estados Unidos que modificaron su modelo productivo, a partir de que advirtieron cuáles son los daños a la salud que significaba y la necesidad de limpiar sus territorios pero no perder ganancias”, continuó el profesional de la salud.
“Un hecho significativo es el informe que el Banco Mundial realiza en noviembre del ’91 cuando anuncia que se estimulará el traspaso de las industrias sucias y contaminantes de los países del primer mundo a los países del tercer mundo porque aquí la gente gana menos, se muere antes de otras enfermedades y además es una región donde todavía no existen políticas de defensa del territorio ni de la salud de la población”, aseguró Verzeñassi.
Registros de casos
En la actualidad, ante las denuncias de organizaciones ambientalistas y particulares que vinculan afecciones físicas con productos utilizados en la agricultura, el sistema de salud se mostró deficiente en la tarea de registro de casos que permitan evaluar esas afecciones en décadas señaló el Responsable académico del ciclo Practica Final de la carrera de Medicina Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.
“No tenemos un sistema de registro que nos permita confiar plenamente en los datos. Nuestro sistema de registro son sistemas pobres que tienen su origen en un sistema educativo porque históricamente no se ha formado al personal de salud para que entienda la importancia del registro como parte de la práctica médica y aunque eso se está cambiando en las universidades tenemos generaciones que no lo tienen asumido como algo fundamental y nos dejan sin datos para poder identificar lo que ha ocurrido durante los últimos 30 años y lo que estamos viendo hoy en los consultorios”.
Pruebas científicas
Pruebas científicas
“Las pruebas científicas que demuestran que los productos que se utilizan en el paquete tecnológico no son dañinos para la salud no existen. No hay ninguna prueba científica que pueda decir ‘este producto es inocuo para la salud’, entonces nosotros pedimos la aplicación del principio precautorio del Art. 41 de la Constitución Nacional; en segunda instancia tampoco hay pruebas de cuáles son los efectos sobre los cuerpos, o sea, la farmococinética y cuáles son la potenciaciones o no que se dan en los químicos, es decir, la farmacodinamia del paquete tecnológico. Mientras tanto eso no exista es como mínimo irresponsable plantear la inocuidad de sustancias que son utilizadas como tóxicos que tienen como fin matar la vida de vegetales”.
“Por lo anterior, planteamos que quienes nos exigen a nosotros pruebas científicas de que este paquete tecnológico hace daño, nos demuestren que en realidad su paquete tecnológico es inocuo para la salud”, propuso el doctor.
Cuestión económica
Si se toma toda la región del país donde se siembra soja, en la misma habitan unas 12 millones de personas y en el área “se han utilizado 300 millones de litros de agroquímicos según los datos oficiales registrado de lo que se ha vendido en la última campaña y lo que tendríamos que hacer para ser científicamente serios es medir qué pasa con la acumulación de estos litros, más los 270 millones del 2.010, los 250 de 2.009, los 200 de 2.008 y así los de los últimos 15 años de paquete tecnológico”.
“Tenemos que sincerarnos porque no es una cuestión científica la que se está dando en el país sino que es una discusión económica. Entonces, si la discusión es económica, resolvámoslo de una manera económica y que quienes defiendan el paquete productivo tecnológico digan cuánto vale para ellos o cuánto hay que ganar para justiciar la malformación de un niño o el cáncer de una persona”, concluyó Verzeñassi.
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