Los representantes indígenas denuncian el corrimiento de las fronteras del petróleo, la minería y los agronegocios. Reclaman sus derechos sobre los territorios que sufren la avanzada. Aquí, los principales conflictos que mantienen las comunidades.

Por Darío Aranda

La avanzada militar del Estado argentino a fines del siglo XIX sobre los pueblos originarios tuvo un reconocido motivo económico, incorporar tierras al mercado, entregada sobre todo a latifundistas. “Han pasado muchos años y poco ha cambiado, no hay voluntad política de respetar nuestros derechos, nos siguen robando territorio”, denunció Juan Carlos Curruhuinca, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y afirmó que “ayer fueron los terratenientes, hoy son las mineras y petroleras”. La actividad minera aumentó, según datos oficiales, 340 por ciento en los últimos siete años. También se registra un corrimiento de la frontera petrolera y, sólo en la región del Chaco argentino, se registran conflictos territoriales y ambientales en 11,4 millones de hectáreas. La gran mayoría comenzó a fines de la década del 90, cuando la soja empezó a expandirse.

Caraparí está ubicada en el norte de Salta. La comunidad indígena cuenta con los títulos sobre 766 hectáreas. Las empresas Refinería del Norte (Refinor) y Conta (subcontratista) ingresaron en 2004 a territorio indígena para construir una nueva traza del Gasoducto del Norte. Luego de cuatro años de lucha judicial, la Corte Suprema falló a favor de la empresa en 2008. Hilario Vera, cacique de la comunidad, lamentó: “Los pueblos indígenas tenemos derecho a nuestro territorio, pero los poderosos pisan nuestros derechos”.
En Fortín Dragones, al norte provincial, la empresa Tecpetrol avanzó sobre comunidades wichí. En Hickman, sobre la Ruta 81, Petrobras hace lo propio. En ningún caso se cumplió con la legislación nacional, que obliga a consultar a las comunidades.
En Río Negro, el Plan Provincial Hidrocarburífero 2006/2007 impulsó la exploración y explotación hidrocarburífera. El Consejo Asesor Indígena recurrió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la violación del Convenio 169: se vulneró el mecanismo de consulta previa, libre e informada. La avanzada petrolera afecta a 26 comunidades mapuches.
La Cuenca de Ñirihuau abarca Río Negro, desde zonas de bosques montañosos de la cordillera hasta la meseta. El gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, otorgó en octubre de 2008 la zona petrolera a YPF-Pluspetrol. No realizó audiencia pública (como solicita la ley) y la adjudicó mediante un decreto. Se verán afectadas al menos dieciséis comunidades mapuches.
El Observatorio Petrolero Sur (OPS), espacio referente en la temática hidrocarburífera del país, explica que la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) está integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). “Pasamos, a partir de 2006, a un contexto donde las trece provincias restantes están en proceso de acomodar su legislación previo a un proceso licitatorio o ya han avanzado en la licitación y concesión de áreas para la exploración de hidrocarburos. Mientras que las ‘diez provincias tradicionales’ han licitado nuevas áreas”, explicaron y exhibieron un mapa repleto de colores donde grafican cómo, en diez años, todas las provincias aportaron a la exploración petrolera.
En enero de 2007, el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Aguila la concesión de 3800 hectáreas en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufú (Hombres de Río Reunidos). Comenzó una disputa que incluyó represión y judicialización. En febrero último, el Juzgado Civil 2 de Cutral-Có falló contra la empresa petrolera. La sentencia afirmó que se trasgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales y apuntó también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (las leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.
Juan Carlos Curruhuinca, integrante de la comunidad, afirmó que “los pueblos originarios estamos más organizados y en lucha, tenemos de nuestro lado las leyes y la historia”.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) realiza desde hace tres años un relevamiento sobre la conflictividad rural en la región denominada Chaco argentino. En un año se sumaron 80 conflictos. Suman ya 244 casos relevados, 209 son exclusivamente de disputas por tierras, 25 son ambientales y diez son mixtos. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria.
Los conflictos abarcan una superficie de 11,4 millones de hectáreas y afectan a 1,6 millón de personas. Tienen gran peso los conflictos socioambientales, en parte ligados al modelo extractivo (desmontes y fumigaciones con agrotóxicos). Sobresale el Ordenamiento Territorial de Formosa (en el marco de la Ley de Bosques) y, en Salta, figura la deforestación por el avance de la frontera agropecuaria en los departamentos de San Martín, Santa Victoria, Rivadavia y Orán.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2020 establece aumentar la producción granaria un 60 por ciento, reconoce el avance sobre nuevas tierras. Desde Redaf analizaron el documento oficial y alertaron: “Se profundiza el modelo y también los principios sobre los cuales está asentado el extractivismo, la explotación de los recursos naturales”.
Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNIC), trazó el paralelo histórico, en vísperas al 12 de octubre: “La Campaña del Desierto no sólo significó genocidio, sino también la instauración de una cultura e ideología de las elites dominantes. Hoy tenemos un modelo agro-minero exportador, con una hegemonía del poder económico que sigue privilegiando el uso de los bienes naturales en función de los intereses extranjeros, resignando la soberanía y llevando a la pobreza a nuestro pueblo. Las trasnacionales son parte de esa continuidad como la nueva forma del colonialismo”.
Las comunidades wichí San José, Cuchuy y Corralito se encuentran en el municipio de Ballivián, departamento de San Martín. En toda la zona está prohibido el desmonte, determinado en 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la ONG Asociana registró con imágenes satelitales que en los últimos meses se desmontaron 1700 hectáreas en la zona este de Ballivián.
A mediados de septiembre, privados llegaron a las comunidades y comenzaron a desmontar. El martes 27 de septiembre, las comunidades enfrentaron las topadoras y se quedaron en el lugar hasta el sábado 1º de octubre, cuando las seis topadoras fueron echadas. Jonatan Félix, wichí que participó de la resistencia, explicó que están “sufriendo por los desmontes, son los últimos pedacitos que nos quedan. Estamos dispuestos a defender lo poco que nos queda porque sacamos la comida del monte, vivimos por el monte”.

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ESCRACHE A LA ALUMBRERA

Sábado 11 de octubre: Ante la convocatoria de ASANOA se realizó una marcha por el centro de la ciudad. Se realizó un escrache en las puertas de las oficinas de Minera La Alumbrera en Tucumán. Nos sorprendió la adhesión del público que circulaba y se asombraba al enterarse de que La Alumbrera tenía oficinas allí. Luego de más de 40 minutos de cánticos y palabras de denuncia a cargo de los miembros de la asamblea presentes, dos representantes de ASANOA subieron al 6º piso, donde están las oficinas de la minera y entregaron simbólicamente la carta documento que se transcribe más abajo. Para culminar la movilización la asamblea decidió realizar también un escrache al diario La Gaceta de Tucumán, que queda a la vuelta del edificio donde está la minera. Ya que no vienieron a cubrir la nota, se la llevamos a su edificio. Luego de más de 20 minutos de escrache con cantos y palabras "alusivas" y un intento de represión por parte de la seguridad privada del diario, decidieron enviar un periodista a cubrir nuestras declaraciones. Cabe aclarar que este diario no se dignó a cubrir la nota del corte del paso a los camiones de 60 días en los Valles Calchaquíes, pero sí le dió generoso espacio a las declaraciones de los ejecutivos de la minera. (No sabemos qué publicarán, pero NOS DIMOS EL GUSTO DE ESCRACHARLOS) Por prescripción médica, aconsejamos a todas las asambleas realizar acciones similares. Ha sido demostrado que causa una enorme sensación de placer, cosa muy positiva para la salud. Saludos a todos Elizabeth Avila Norberto Costa ASANOA Destinatario Minera La Alumbrera Ltda. L.N.Alem 855 2º piso 1001 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires San Miguel de Tucumán, 11 de octubre de 2008 Sres. Minera Alumbrera Ltda.. Pte. -------Por la presente intimamos a Uds., a que en un plazo perentorio e improbable de 24 horas se abstenga de continuar con su ciclo de explotación, producción y depredación de nuestros recursos naturales. Actividad esta, que sólo trae desolación y desesperanza para los que habitamos estos suelos. Pasivo ambiental que también deben enfrentar las generaciones futuras sin ser arte ni parte.------------------------------------------------------- -------Su desprecio por la vida de los seres vivos y el ambiente, se plasma en una abierta violación a la legislación de fondo vigente. Lo que quedó demostrado con el procesamiento de Julian Rooney en su calidad de gerente comercial y legal y de asuntos corporativos y vicepresidente de la empresa Minera La Alumbrera Ltda.., por ser presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto y penado por el art. 55 de la ley 24.051, así lo dijo la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en la causa "Gonzalez, Juan Antonio s/infracción a la ley 24.051" Expte. De Cámara Nº 47.958/2005. situación que se consumó en el canal de riego conocido como DP2, el mismo, desagua en el Embalse de Río Hondo, en la Provincia de Santiago del Estero.------------------------------------------------------------ -------Nuestra requisitoria tiene fundamento en el Derecho Natural, en el art. 41 de la Constitución Nacional, y en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc- 12 CN).----------------------------------------------------------------------------- -------Hacemos reserva de iniciar las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan al caso.---------------------------------------------------------------------------- -------Están debidamente notificados e intimados.------------------------------------------- Remitente EL PUEBLO ARGENTINO