Hola a tod@s!
Creo que ya conocen las últimas notas de Darío Aranda en http://darioaranda.wordpress.
Extranjerización y modelo agropecuario: dos caras de la misma moneda Viernes, 23 de Septiembre de 2011
La "nacionalidad" de los terratenientes en nuestro país no hace la diferencia entre los cientos de miles de hectáreas de las mejores tierras que tienen el italiano Benetton, el húngaro Soros o los argentinos Bunge y Born y Amalita Lacroze de Fortabat.
(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina - La presentación por parte del gobierno nacional del "Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2020" casi al mismo tiempo que el proyecto de "Protección al dominio nacional sobre la propiedad de tierras rurales" (más conocido como ley de tierras) son parte de la consolidación de un modelo productivo agroexportador sojero y extractivo.
Los beneficiarios solo se diferencian por su nacionalidad pero, en ambos casos, son propietarios de grandes extensiones de las mejores tierras de nuestro país y van camino a que se les habilite la posibilidad de seguir ampliando sus ganancias y la extensión de sus territorios.
Por medio de la ley de tierras, como ya dijimos en otro artículo (1), se les legalizará los cientos de miles de hectáreas que poseen en zonas estratégicas por sus recursos naturales (agua, petróleo, minerales, biodiversidad). Esto es así ya que el proyecto del Ejecutivo no toca derechos adquiridos, aun cuando las hayan comprado a precio vil y con prebendas de los poderes políticos de turno. En el caso del PEA llevará a consolidar "su" modelo agrario productivo (modelo sojero de producción y exportación).
Los perjudicados serán los de siempre: campesinos y pueblos originarios que sufren el paso de las topadoras que los expulsan de sus territorios. También pobladores que padecen los efectos de los agrotóxicos utilizados para sacarle a la tierra más de lo que por naturaleza quisiera dar.
Algunos datos pueden contribuir a mostrar que, en materia de tierras, no importa el lugar de nacimiento.
En el 2000, los primeros cuatro terratenientes del país eran el italiano Luciano Benetton (hoy, el mayor terrateniente de Argentina); el húngaro George Soros, propietario de Cresud; y los argentinos Juan y Jorge Born (Bunge & Born) y Amalia Lacroze de Fortabat. En conjunto eran propietarios de dos millones de hectáreas, una extensión similar a la superficie de Bélgica.
En el 2008, Eduardo Basualdo, investigador de FLACSO, realizó una investigación sobre quiénes eran los que tenían por entonces más de 20.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Cinco grupos económicos (Bunge & Born, Loma Negra de Lacroze de Fortabat, Bemberg, Werthein y el ingenio Ledesma de la familia Blaquier) eran propietarios de casi 400 mil hectáreas y 35 grupos agropecuarios reunían poco mas de 1 millón y medio. (2)
Como vemos, extranjeros y coterráneos que encabezan grandes empresas, se reparten las mejores tierras tanto por su fertilidad como por las riquezas que encierran sobre la superficie y debajo de ella.
El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) tiene como meta ampliar la producción agropecuaria de 100 a 160 millones de toneladas de granos, extender la superficie sembrada de 34 a 42 millones de hectáreas, y aumentar las exportaciones agroalimentarias en un 145 por ciento. "Esto se haría, evidentemente, a costa de nuevas tierras, que son frágiles como las del Chaco y Formosa, Santiago del Estero o Jujuy, de la expulsión de unidades familiares campesinas, de la deforestación y de todos los desastres ambientales (inundaciones, deslaves, agotamiento de los suelos) resultantes de esta extensión de la frontera agrícola", afirma Guillermo Almeyra, historiador, ex profesor de la UNAM y actual columnista del periódico La Jornada de México.
¿Cuánto de "plan", de "estratégico" de "alimentario" y de "industrial" tiene el PEA?
"Es un plan que no tiene planeamiento. Se definen metas y objetivos, pero no se han fijado las estrategias y las políticas para alcanzarlas", afirmó la historiadora y especialista en geopolítica Elsa Bruzzone, en el programa Los Locos de Buenos Aires, de FM La Tribu.
"No se puede elaborar un plan de estas características si primero no se ha resuelto el tema de la tenencia de la tierra y de la concentración de la misma. ¿Sobre qué tierras se va a avanzar? En este plan ¿dónde está la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria la dan los pequeños productores, los campesinos y no los grandes pulpos que manejan todo; los grandes grupos económicos que son los que tienen concentrada la tierra y todo el proceso de comercialización, desde la semilla hasta que el producto llega a las góndolas", agregó.
Para Tomás Palmisano, politólogo e integrante del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani, el PEA es una intensificación del actual modelo de agronegocio. "De hecho, lo dice literalmente", afirmó en una nota del mismo programa radial.
"Según explica este plan, no hay una caída de la soja sino una disminución relativa de su peso en relación con el resto de los granos. Hoy casi un 60 por ciento de la superficie granaría argentina está dedicada al cultivo de soja. Y el plan no está proponiendo dar un paso atrás con eso o al menos detenerlo".
Respecto al incremento de 10 millones de hectáreas que plantea el PEA, Palmisano comentó que "esas tierras se presentan como vacías pero son tierras ocupadas por comunidades campesinas y por pueblos originarios que ya están en litigio por el avance sojero y por la extranjerización".
El aspecto "alimentario" que dice tener este plan es, en realidad, agricultura pensada para el mercado externo, no solo para la producción de derivados de la soja que son alimento para el ganado de los países hacia donde se exporta, sino para la producción de biodiesel como paradigma de la industrialización del agro.
Otro aspecto interesante son los "actores" a quienes se consultó para elaborarlo. Si bien se trabajó durante un año, poniendo muchos recursos del Estado, tanto humanos como materiales, tratando de relevar información en diversas provincias, poco de eso se volcó luego al PEA. En ese sentido, Palmisano afirma la clara ausencia de los movimientos sociales organizados vinculados a la tierra. "Si uno interpela a unos actores que sabe que están ganando mucho con este modelo, claramente lo que se va a presuponer es una profundizaron del mismo".
Respecto a la participación de las universidades, encuentra que "hay un monopolio completo de las que están vinculadas a la agronomía, a la economía y al agronegocio. Y una participación enorme de las cámaras empresarias y de exportación. Grobocopatel fue una de las personas que literalmente propuso pautas de este plan", afirmó Palmisano.
Damián Verzeñassi, Subsecretario Académico da la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, afirmó en nota publicada por Rosario 12: "La presentación celebrada y aplaudida de 160 millones de toneladas para el 2020 anuncia la continuidad de la agricultura dependiente de la química tóxica, de commodities y transgénicos. No es alimento para argentinos (...) La agricultura industrial es una manera de producir combustibles, no alimentos".
Diversos referentes de organizaciones campesinas opinaron también acerca de este plan.
Benigno López, integrante del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), afirma que el plan mantiene a la soja como el principal cultivo y opina que el incremento de las hectáreas sembradas "conociendo a quienes hoy tienen el manejo del modelo agropecuario, eso se hará eliminando a las posesiones de los campesinos y los indígenas. (.) Esto significa la desaparición de los pequeños productores y de los pueblos originarios".
Por su parte, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) alertó en un documento sobre la profundización del modelo agropecuario y sobre el aumento de los desalojos, de los desmontes y de la utilización de los agrotóxicos. "Aumentar a 160 millones de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja transgénica. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas".
No es casual que el gobierno haya presentado el proyecto que dice pretender frenar la extranjerización de la tierra casi conjuntamente con este plan. Tierras para todos.los pooles de siembra, las transnacionales que comercian granos y los terratenientes. Un plan continuista, sojero, extractivo y agroexprotador.
(1) Las cosas por su nombre
(2) Los 35 grupos agropecuarios eran: Gómez Alzaga-Balcarce-Larreta, Duhau-Escalante-Avellaneda, Pereyra Iraola-Anchorena, Beraza, Duggan, Santamarina, Santamanina-De Alzaga, Galli-Lacau-Rossi, Lafuente-Mendiondo, Lalor, Ballester-Tronconi, Paz Anchorena, Beamonte, Blaquier, Ochoa-Paz, Guerrero, Harriet, De Apellaniz, Anchorena Zuberbühler, Inchauspe, Sansot- Vernet Basualdo, Pueyrredón, Defferrar, Duhau Nelson, Bullrich, Pereda-Ocampo, Zubiaurre, Herreras Vegas, Arrechea, Harriet, Lalor-Udaondo, Fuchus Facht, Colombo-Magliaro, Ayerza-García-Zuberbühler y Lanz.
La "nacionalidad" de los terratenientes en nuestro país no hace la diferencia entre los cientos de miles de hectáreas de las mejores tierras que tienen el italiano Benetton, el húngaro Soros o los argentinos Bunge y Born y Amalita Lacroze de Fortabat.
(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina - La presentación por parte del gobierno nacional del "Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2020" casi al mismo tiempo que el proyecto de "Protección al dominio nacional sobre la propiedad de tierras rurales" (más conocido como ley de tierras) son parte de la consolidación de un modelo productivo agroexportador sojero y extractivo.
Los beneficiarios solo se diferencian por su nacionalidad pero, en ambos casos, son propietarios de grandes extensiones de las mejores tierras de nuestro país y van camino a que se les habilite la posibilidad de seguir ampliando sus ganancias y la extensión de sus territorios.
Por medio de la ley de tierras, como ya dijimos en otro artículo (1), se les legalizará los cientos de miles de hectáreas que poseen en zonas estratégicas por sus recursos naturales (agua, petróleo, minerales, biodiversidad). Esto es así ya que el proyecto del Ejecutivo no toca derechos adquiridos, aun cuando las hayan comprado a precio vil y con prebendas de los poderes políticos de turno. En el caso del PEA llevará a consolidar "su" modelo agrario productivo (modelo sojero de producción y exportación).
Los perjudicados serán los de siempre: campesinos y pueblos originarios que sufren el paso de las topadoras que los expulsan de sus territorios. También pobladores que padecen los efectos de los agrotóxicos utilizados para sacarle a la tierra más de lo que por naturaleza quisiera dar.
Algunos datos pueden contribuir a mostrar que, en materia de tierras, no importa el lugar de nacimiento.
En el 2000, los primeros cuatro terratenientes del país eran el italiano Luciano Benetton (hoy, el mayor terrateniente de Argentina); el húngaro George Soros, propietario de Cresud; y los argentinos Juan y Jorge Born (Bunge & Born) y Amalia Lacroze de Fortabat. En conjunto eran propietarios de dos millones de hectáreas, una extensión similar a la superficie de Bélgica.
En el 2008, Eduardo Basualdo, investigador de FLACSO, realizó una investigación sobre quiénes eran los que tenían por entonces más de 20.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Cinco grupos económicos (Bunge & Born, Loma Negra de Lacroze de Fortabat, Bemberg, Werthein y el ingenio Ledesma de la familia Blaquier) eran propietarios de casi 400 mil hectáreas y 35 grupos agropecuarios reunían poco mas de 1 millón y medio. (2)
Como vemos, extranjeros y coterráneos que encabezan grandes empresas, se reparten las mejores tierras tanto por su fertilidad como por las riquezas que encierran sobre la superficie y debajo de ella.
El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) tiene como meta ampliar la producción agropecuaria de 100 a 160 millones de toneladas de granos, extender la superficie sembrada de 34 a 42 millones de hectáreas, y aumentar las exportaciones agroalimentarias en un 145 por ciento. "Esto se haría, evidentemente, a costa de nuevas tierras, que son frágiles como las del Chaco y Formosa, Santiago del Estero o Jujuy, de la expulsión de unidades familiares campesinas, de la deforestación y de todos los desastres ambientales (inundaciones, deslaves, agotamiento de los suelos) resultantes de esta extensión de la frontera agrícola", afirma Guillermo Almeyra, historiador, ex profesor de la UNAM y actual columnista del periódico La Jornada de México.
¿Cuánto de "plan", de "estratégico" de "alimentario" y de "industrial" tiene el PEA?
"Es un plan que no tiene planeamiento. Se definen metas y objetivos, pero no se han fijado las estrategias y las políticas para alcanzarlas", afirmó la historiadora y especialista en geopolítica Elsa Bruzzone, en el programa Los Locos de Buenos Aires, de FM La Tribu.
"No se puede elaborar un plan de estas características si primero no se ha resuelto el tema de la tenencia de la tierra y de la concentración de la misma. ¿Sobre qué tierras se va a avanzar? En este plan ¿dónde está la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria la dan los pequeños productores, los campesinos y no los grandes pulpos que manejan todo; los grandes grupos económicos que son los que tienen concentrada la tierra y todo el proceso de comercialización, desde la semilla hasta que el producto llega a las góndolas", agregó.
Para Tomás Palmisano, politólogo e integrante del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani, el PEA es una intensificación del actual modelo de agronegocio. "De hecho, lo dice literalmente", afirmó en una nota del mismo programa radial.
"Según explica este plan, no hay una caída de la soja sino una disminución relativa de su peso en relación con el resto de los granos. Hoy casi un 60 por ciento de la superficie granaría argentina está dedicada al cultivo de soja. Y el plan no está proponiendo dar un paso atrás con eso o al menos detenerlo".
Respecto al incremento de 10 millones de hectáreas que plantea el PEA, Palmisano comentó que "esas tierras se presentan como vacías pero son tierras ocupadas por comunidades campesinas y por pueblos originarios que ya están en litigio por el avance sojero y por la extranjerización".
El aspecto "alimentario" que dice tener este plan es, en realidad, agricultura pensada para el mercado externo, no solo para la producción de derivados de la soja que son alimento para el ganado de los países hacia donde se exporta, sino para la producción de biodiesel como paradigma de la industrialización del agro.
Otro aspecto interesante son los "actores" a quienes se consultó para elaborarlo. Si bien se trabajó durante un año, poniendo muchos recursos del Estado, tanto humanos como materiales, tratando de relevar información en diversas provincias, poco de eso se volcó luego al PEA. En ese sentido, Palmisano afirma la clara ausencia de los movimientos sociales organizados vinculados a la tierra. "Si uno interpela a unos actores que sabe que están ganando mucho con este modelo, claramente lo que se va a presuponer es una profundizaron del mismo".
Respecto a la participación de las universidades, encuentra que "hay un monopolio completo de las que están vinculadas a la agronomía, a la economía y al agronegocio. Y una participación enorme de las cámaras empresarias y de exportación. Grobocopatel fue una de las personas que literalmente propuso pautas de este plan", afirmó Palmisano.
Damián Verzeñassi, Subsecretario Académico da la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, afirmó en nota publicada por Rosario 12: "La presentación celebrada y aplaudida de 160 millones de toneladas para el 2020 anuncia la continuidad de la agricultura dependiente de la química tóxica, de commodities y transgénicos. No es alimento para argentinos (...) La agricultura industrial es una manera de producir combustibles, no alimentos".
Diversos referentes de organizaciones campesinas opinaron también acerca de este plan.
Benigno López, integrante del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), afirma que el plan mantiene a la soja como el principal cultivo y opina que el incremento de las hectáreas sembradas "conociendo a quienes hoy tienen el manejo del modelo agropecuario, eso se hará eliminando a las posesiones de los campesinos y los indígenas. (.) Esto significa la desaparición de los pequeños productores y de los pueblos originarios".
Por su parte, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) alertó en un documento sobre la profundización del modelo agropecuario y sobre el aumento de los desalojos, de los desmontes y de la utilización de los agrotóxicos. "Aumentar a 160 millones de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja transgénica. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas".
No es casual que el gobierno haya presentado el proyecto que dice pretender frenar la extranjerización de la tierra casi conjuntamente con este plan. Tierras para todos.los pooles de siembra, las transnacionales que comercian granos y los terratenientes. Un plan continuista, sojero, extractivo y agroexprotador.
(1) Las cosas por su nombre
(2) Los 35 grupos agropecuarios eran: Gómez Alzaga-Balcarce-Larreta, Duhau-Escalante-Avellaneda, Pereyra Iraola-Anchorena, Beraza, Duggan, Santamarina, Santamanina-De Alzaga, Galli-Lacau-Rossi, Lafuente-Mendiondo, Lalor, Ballester-Tronconi, Paz Anchorena, Beamonte, Blaquier, Ochoa-Paz, Guerrero, Harriet, De Apellaniz, Anchorena Zuberbühler, Inchauspe, Sansot- Vernet Basualdo, Pueyrredón, Defferrar, Duhau Nelson, Bullrich, Pereda-Ocampo, Zubiaurre, Herreras Vegas, Arrechea, Harriet, Lalor-Udaondo, Fuchus Facht, Colombo-Magliaro, Ayerza-García-Zuberbühler y Lanz.
Las cosas por su nombre Thursday, 30 de June de 2011
El proyecto de ley presentado por el gobierno nacional de “Protección al dominio nacional sobre la propiedad de tierras rurales”, tal como dice su nombre, no evitará la extranjerización de la tierra. Además de legalizar la propiedad actual de las que están en manos foráneas, hará posible la venta de otros tantos millones de hectáreas a extranjeros.
(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina- A fines de abril el gobierno nacional presentó su proyecto de ley contra la “extranjerización” de la tierra que, junto a otros doce sobre el mismo tema, entró hace dos semanas en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para su debate.
Las comillas que encierran la palabra extranjerización no son un error de tipeo. Significan que más allá del texto, las mejores tierras de nuestro país ya están en manos extranjeras.
El proyecto no hace más que legalizar esta situación al establecer en su artículo 16 que “la presente ley no afecta derechos adquiridos”. Pero, además, posibilita empeorar el panorama existente ya que el límite máximo a la tenencia de tierras en manos extranjeras es llevado al 20 por ciento (el doble del territorio que actualmente se estima es propiedad foránea). Por lo tanto, abriría la posibilidad de venta de tierras por una extensión similar a la que hoy ya no nos pertenece.
Si bien no existen en nuestro país registros precisos sobre la propiedad foránea de la tierra, la Federación Agraria Argentina la estimó hace algunos años en casi 17 millones de hectáreas de las mejores tierras.
Nos preguntamos cuál es el sentido de elevar ese porcentaje cuando, tal como dice la presentación de este proyecto ante el Congreso, la tierra es un recurso estratégico natural y escaso. A nadie son ajenas las necesidades mundiales de tierras para producir alimentos y para obtener agua potable. Nuestro territorio posee ambas cosas lo cual lo hace altamente apetecible.
Por otra parte, el problema de la tierra en nuestro país no es solamente su extranjerización sino su concentración en extensos latifundios, incluso en manos nacionales. Con regularidad publicamos información sobre campesinos y pueblos originarios a quienes los empresarios - con la connivencia del poder político y de la justicia- intentan expulsar de sus tierras (a veces lo logran) para plantar soja, utilizar el agua o extraer petróleo.
Nadie puede pretender que este gobierno avance en un proyecto de reforma mas profunda respecto a la tenencia de la tierra. Pero hay que desnudar cómo nuevamente construyen un discurso que no refleja la realidad.
Vayamos por partes. La propaganda que sobre este proyecto puede verse en el canal estatal dice: “Estamos orgullosos. Los dueños de nuestras tierras seguiremos siendo los argentinos”. Esto no es así actualmente (ver mapa)
Y este proyecto tampoco lo garantiza porque aclara que no afectará “derechos adquiridos”, sino que habla de “regular un previsible incremento de propiedad extranjera” y de “limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros”. Regular y limitar no es detener la extranjerización ni prohibir nuevas adquisiciones a los millones de hectáreas que ya no nos pertenecen. El mismo proyecto da cuenta que a partir de los 90 habrían pasado a manos de capitales extranjeros tierras rurales en 19 provincias. La Federación Agraria habla de 23 de un total de 24.
El proyecto permite además que las tierras en manos extranjeras lleguen hasta el 20 por ciento del territorio nacional. Este porcentaje, además de duplicar la extranjerización producida en la época del menemismo, representa una extensión equivalente a la superficie que abarcan sumadas las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes!
Por otra parte, no prohíbe, sino que condiciona al consentimiento del Ministerio del Interior, la venta a extranjeros de tierras en zonas llamadas de seguridad o de frontera. Pero además elude mencionar en forma taxativa a tierras en las que puedan existir reservorios de aguas en superficie o subterráneas, petróleo, minerales, bosques nativos y menos aun a territorios ocupados por pueblos originarios. Para mencionar algunos, recordamos el litigio por Lago Escondido en la Patagonia (1) y los Esteros del Iberá en la zona del Acuífero Guaraní.
El proyecto define la realización de un relevamiento catastral y la creación, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de un Registro Nacional de Tierras Rurales. Pero no establece una auditoría de todas las operaciones de ventas de tierras ya realizadas que permitiría saber cuáles fueron adquiridas a precios irrisorios o haciendo uso de medidas de excepción otorgadas por los gobiernos provinciales o municipales. Esas ventas deberían anularse porque no se puede hablar de derechos adquiridos sobre la base de ilícitos.
Un ejemplo de esta situación lo dio el Consejo Deliberante de la ciudad de Viedma cuando en enero de este año rechazó la venta de tierras a extranjeros y exhortó a los gobiernos municipales, provinciales y nacional a tomar medidas que permitan hacer un seguimiento de cualquier transacción. Entonces puso énfasis en particular en la llamada Zona de Seguridad y tomó en cuenta un informe de la Auditoría General de la Nación elaborado en 2008 sobre la región Andino-Patagónica. En el mismo se revelaban irregularidades en casi un 55 por ciento de los expedientes sobre los que se confirmaron ventas, dominios, arrendamientos y locaciones de inmuebles.
Repasando el mapa actual de extranjerización de tierras recordamos lo ya informado en otras notas de Red Eco (2). La familia de los italianos Benetton tiene casi un millón de hectáreas en Santa Cruz, Río Negro, Chubut y Neuquén; el “filántropo” Douglas Tompkins es dueño de 350 mil hectáreas en varios lugares especialmente en los Esteros del Iberá; Ward Lay, magnate norteamericano vinculado a la empresa Pepsico controla 80 mil hectáreas en Neuquén. Pero también son los estados extranjeros los que vienen por las tierras. El principal grupo agrícola de China, la estatal Heilongjiang Beidahuang Nongken Group, firmó a fines de 2010 un convenio con el gobierno de Río Negro por el cual se le entregarían más de 200 mil hectáreas para producir soja (3).
Mientras tanto, hacia el norte, en la provincia de Chaco, los Pueblos Originarios Qom, Wichí y Mocoví, reclaman, desde tiempos de la Ley provincial del Aborigen y de la Reforma de la Constitución provincial, un millón ochenta mil hectáreas. Hasta ahora, no se ha llegado a devolverles más de 475 mil hectáreas.
El proyecto de ley presentado por el gobierno nacional de “Protección al dominio nacional sobre la propiedad de tierras rurales”, tal como dice su nombre, no evitará la extranjerización de la tierra. Además de legalizar la propiedad actual de las que están en manos foráneas, hará posible la venta de otros tantos millones de hectáreas a extranjeros.
(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina- A fines de abril el gobierno nacional presentó su proyecto de ley contra la “extranjerización” de la tierra que, junto a otros doce sobre el mismo tema, entró hace dos semanas en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para su debate.
Las comillas que encierran la palabra extranjerización no son un error de tipeo. Significan que más allá del texto, las mejores tierras de nuestro país ya están en manos extranjeras.
El proyecto no hace más que legalizar esta situación al establecer en su artículo 16 que “la presente ley no afecta derechos adquiridos”. Pero, además, posibilita empeorar el panorama existente ya que el límite máximo a la tenencia de tierras en manos extranjeras es llevado al 20 por ciento (el doble del territorio que actualmente se estima es propiedad foránea). Por lo tanto, abriría la posibilidad de venta de tierras por una extensión similar a la que hoy ya no nos pertenece.
Si bien no existen en nuestro país registros precisos sobre la propiedad foránea de la tierra, la Federación Agraria Argentina la estimó hace algunos años en casi 17 millones de hectáreas de las mejores tierras.
Nos preguntamos cuál es el sentido de elevar ese porcentaje cuando, tal como dice la presentación de este proyecto ante el Congreso, la tierra es un recurso estratégico natural y escaso. A nadie son ajenas las necesidades mundiales de tierras para producir alimentos y para obtener agua potable. Nuestro territorio posee ambas cosas lo cual lo hace altamente apetecible.
Por otra parte, el problema de la tierra en nuestro país no es solamente su extranjerización sino su concentración en extensos latifundios, incluso en manos nacionales. Con regularidad publicamos información sobre campesinos y pueblos originarios a quienes los empresarios - con la connivencia del poder político y de la justicia- intentan expulsar de sus tierras (a veces lo logran) para plantar soja, utilizar el agua o extraer petróleo.
Nadie puede pretender que este gobierno avance en un proyecto de reforma mas profunda respecto a la tenencia de la tierra. Pero hay que desnudar cómo nuevamente construyen un discurso que no refleja la realidad.
Vayamos por partes. La propaganda que sobre este proyecto puede verse en el canal estatal dice: “Estamos orgullosos. Los dueños de nuestras tierras seguiremos siendo los argentinos”. Esto no es así actualmente (ver mapa)
Y este proyecto tampoco lo garantiza porque aclara que no afectará “derechos adquiridos”, sino que habla de “regular un previsible incremento de propiedad extranjera” y de “limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros”. Regular y limitar no es detener la extranjerización ni prohibir nuevas adquisiciones a los millones de hectáreas que ya no nos pertenecen. El mismo proyecto da cuenta que a partir de los 90 habrían pasado a manos de capitales extranjeros tierras rurales en 19 provincias. La Federación Agraria habla de 23 de un total de 24.
El proyecto permite además que las tierras en manos extranjeras lleguen hasta el 20 por ciento del territorio nacional. Este porcentaje, además de duplicar la extranjerización producida en la época del menemismo, representa una extensión equivalente a la superficie que abarcan sumadas las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes!
Por otra parte, no prohíbe, sino que condiciona al consentimiento del Ministerio del Interior, la venta a extranjeros de tierras en zonas llamadas de seguridad o de frontera. Pero además elude mencionar en forma taxativa a tierras en las que puedan existir reservorios de aguas en superficie o subterráneas, petróleo, minerales, bosques nativos y menos aun a territorios ocupados por pueblos originarios. Para mencionar algunos, recordamos el litigio por Lago Escondido en la Patagonia (1) y los Esteros del Iberá en la zona del Acuífero Guaraní.
El proyecto define la realización de un relevamiento catastral y la creación, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de un Registro Nacional de Tierras Rurales. Pero no establece una auditoría de todas las operaciones de ventas de tierras ya realizadas que permitiría saber cuáles fueron adquiridas a precios irrisorios o haciendo uso de medidas de excepción otorgadas por los gobiernos provinciales o municipales. Esas ventas deberían anularse porque no se puede hablar de derechos adquiridos sobre la base de ilícitos.
Un ejemplo de esta situación lo dio el Consejo Deliberante de la ciudad de Viedma cuando en enero de este año rechazó la venta de tierras a extranjeros y exhortó a los gobiernos municipales, provinciales y nacional a tomar medidas que permitan hacer un seguimiento de cualquier transacción. Entonces puso énfasis en particular en la llamada Zona de Seguridad y tomó en cuenta un informe de la Auditoría General de la Nación elaborado en 2008 sobre la región Andino-Patagónica. En el mismo se revelaban irregularidades en casi un 55 por ciento de los expedientes sobre los que se confirmaron ventas, dominios, arrendamientos y locaciones de inmuebles.
Repasando el mapa actual de extranjerización de tierras recordamos lo ya informado en otras notas de Red Eco (2). La familia de los italianos Benetton tiene casi un millón de hectáreas en Santa Cruz, Río Negro, Chubut y Neuquén; el “filántropo” Douglas Tompkins es dueño de 350 mil hectáreas en varios lugares especialmente en los Esteros del Iberá; Ward Lay, magnate norteamericano vinculado a la empresa Pepsico controla 80 mil hectáreas en Neuquén. Pero también son los estados extranjeros los que vienen por las tierras. El principal grupo agrícola de China, la estatal Heilongjiang Beidahuang Nongken Group, firmó a fines de 2010 un convenio con el gobierno de Río Negro por el cual se le entregarían más de 200 mil hectáreas para producir soja (3).
Mientras tanto, hacia el norte, en la provincia de Chaco, los Pueblos Originarios Qom, Wichí y Mocoví, reclaman, desde tiempos de la Ley provincial del Aborigen y de la Reforma de la Constitución provincial, un millón ochenta mil hectáreas. Hasta ahora, no se ha llegado a devolverles más de 475 mil hectáreas.
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