Publicado el 30 de Julio de 2011
La dueña de las tierras donde ayer fueron asesinados cuatro jujeños recibió la distinción de manos del ministro de Cultura porteño Hernán Lombardi, en un acto al que asistieron Guillermo Alonso, Teresa Bulgheroni y Adalberto Rodríguez Giavarini, entre otras personalidades. “Es la primera embajadora cultural de nuestra gestión porque, entre muchas virtudes, apuesta a la cultura como herramienta de cambio”, había dicho Lombardi.
Las instalaciones de la empresa azucarera funcionaron como centro clandestino el mismo día del golpe de Estado, así como en Mercedes Benz, Ford y Acindar. La gestión de Macri decidió premiar a “la personalidad de la presidenta de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes e impulsora del régimen de mecenazgo en la Ciudad” por haber “desarrollado una activa labor en instituciones culturales, como la Academia Nacional de Bellas Artes, la Fundación Teatro Colón y la Fundación Fondo para el Patrimonio Argentino”.
El repudio a esta declaración no se hizo esperar. El presidente del bloque de legisladores de Proyecto Sur, Fabio Basteiro, presentó en su momento un proyecto de declaración “para manifestar un enérgico repudio” a la designación de Blaquier como Embajadora Cultural de la Ciudad “por su estrecha colaboración con la última dictadura militar y complicidad en la realización de los operativos de secuestro y detención ilegal conocidos como Apagones del Terror, ocurridos durante 1976 en Jujuy”.
Basteiro también pidió informes a Macri para que le explique a la sociedad porteña “cuál fue la trayectoria evaluada de la Sra. De Blaquier para considerarla la mejor postulante para ocupar un cargo de tal prestigio”.
“Nos preguntamos cuál es el proyecto cultural que pretende el ministro Lombardi al nombrar como representante de esta identidad cultural de los porteños a una persona que colaboró estrechamente con la dictadura militar y que siendo vicepresidenta del Ingenio Ledesma fue cómplice en la realización los operativos Apagones del Terror durante 1976, que secuestraron y detuvieron ilegalmente a más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales, siendo que 36 continúan desaparecidos.”
Luis María Blaquier, hermano de Carlos Pedro y cuñado de Nelly fue, hasta su muerte en 2009, el titular del Ingenio Ledesma y un importante dirigente de la UIA. También fue socio fundador de Argentina Ciudadana, la ONG que preside el rabino Sergio Bergman, diputado elector por el PRO.Fuente: Tiempo Argentino
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EL GOBIERNO DE JUJUY PROPONE EXPROPIAR LAS TIERRAS OCUPADAS EN LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN PARA CONSTRUIR VIVIENDAS
Otro muerto por la represión en Ledesma
Los participantes de la toma celebraron la decisión del gobernador, aunque la consideraron insuficiente. Repudio de la Rosada. Postergan internas del PJ y la UCR.
El gobernador Walter Barrionuevo.
Por Diego Martínez Juan Velázquez, 37 años, empleado municipal de Calilegua, se convirtió ayer en la cuarta víctima fatal de la masacre de Libertador General San Martín, como pasará a la historia la brutal represión de la policía de Jujuy a quinientas familias que ocupaban terrenos del Ingenio Ledesma para que la familia Blaquier les cediera quince de las 130 mil hectáreas que posee. Al tiempo que se conocía la noticia, el gobierno que encabeza Walter Barrionuevo remitía a la Legislatura un proyecto de ley para expropiar las tierras donde se produjeron las muertes, y otros terrenos en las localidades de Fraile Pintado y Pampa Blanca. Fuentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que encabezaban las negociaciones hasta el momento de la represión, informaron a Página/12 que los participantes de la toma celebraron la decisión aunque la consideraron insuficiente. También decidieron en asamblea solicitar al gobernador kirchnerista que les exija a los Blaquier el pago actualizado por las tres décadas de impuesto por alumbrado, barrido y limpieza que hasta su desaparición en 1977 pretendía cobrarles el ex intendente Luis Arédez. A los cortes de ruta y la toma en Ledesma se sumaron ayer ocupaciones en Caimancito y Calilegua.De los 63 heridos que dejó como saldo el intento frustrado de desalojo ordenado por el juez penal Jorge Samman quedaban ayer seis personas internadas, dos con heridas de bala, según informó el ministro de Salud jujeño Víctor Urbani. Velázquez murió víctima de un balazo en la cabeza. El mismo jueves habían fallecido Félix Reyes, de 21 años, Ariel Farfán, de 17, ambos por impactos de armas de fuego, y el policía Alejandro Farfán, de 22, también herido de bala. La madre del civil Farfán, que anoche esperaba el cuerpo de su hijo para velarlo, tenía previsto pasar con el féretro por los terrenos de la toma, donde Ariel se había instalado con una carpa. Ayer se realizaron las autopsias de los cuerpos.
La Casa Rosada repudió los “hechos de violencia”, le reclamó a la Justicia “que de forma inmediata se investiguen y esclarezcan”, y pidió que “se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó la medida”, en referencia a Samman, que firmó la orden de desalojo el último día antes del comienzo de la feria judicial. “Este gobierno siempre ha priorizado el diálogo para la resolución de este tipo de conflictos y nunca ha criminalizado la protesta social”, subrayó el ministro del Interior, Florencio Randazzo. El secretario del Interior jujeño, Hugo Echavarri fue designado ayer provisoriamente a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia que ocupaba el renunciante Pablo La Villa, responsable de la policía hasta el jueves. Las juntas electorales del PJ y de la UCR locales, en tanto, resolvieron postergar para el 7 de agosto las internas previstas para el domingo.
El fondo
El mismo jueves, después de la represión, cientos de familias volvieron a instalarse en los terrenos de producción de caña de Ledesma. Ayer fueron liberados los últimos detenidos, informaron desde la CCC. La jueza Carolina Pérez Rojas, sin embargo, aclaró que cuatro de los internados estaban detenidos. Fuentes de la CCC y del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma) contaron a Página/12 que participan de la toma desocupados pero también docentes, municipales, profesionales y hasta empleados del ingenio. Julio Gutiérrez, de Capoma, relató que incluso mujeres de policías se manifestaron al anochecer para que se esclarezcan los hechos, pero también por el reclamo de fondo.“Los ocupantes volvieron con sus carpas. Son alrededor de quinientas familias, aunque la cifra fue creciendo. Se van turnando”, explicó Mariana Vargas, abogada de la CCC en Jujuy. “La gente estuvo feliz cuando supo del proyecto (de expropiación), aunque también está claro que con quince hectáreas no alcanza para resolver el problema de vivienda”, explicó. Según un empadronamiento que la organización puso en marcha el año pasado, en el que hubo inscripciones hasta los últimos días, “hay más de mil familias con problemas de vivienda”, calculó. “También hay que tener en cuenta que cuando las quince hectáreas estaban ocupadas vino gente que se instaló en terrenos cercanos y los empleados de seguridad de Ledesma vinieron con camionetas y los sacaron carpiendo”, agregó.
La empresa Ledesma, propietaria de 130 mil hectáreas, difundió ayer un comunicado para aclarar que “donó a la provincia de Jujuy cerca de 200 hectáreas para urbanizar y construir viviendas”. Los Blaquier aseguraron que “son totalmente falsos los rumores que buscan asociar a la empresa” con el operativo policial. “Ni el personal que cumple funciones de vigilancia ni sus vehículos participaron del desalojo”, escribieron. Desde la CCC informaron que en la represión participaron policías uniformados y de civil, mientras que los empleados de seguridad de Ledesma, que en los días previos recorrieron el campamento en cuatriciclos, “estaban mientras se reprimía y miraban como si fuera una película”.
“Esta violencia indigna. Lamentablemente la historia de violencia y represión vuelve a repetirse en la provincia”, expresó el párroco de La Quiaca, Jesús Olmedo. El titular de la Pastoral de Desocupados jujeña calificó de “injusto” y “descabellado” el operativo policial, explicó que los ocupantes son personas “desesperadas” que necesitan tierras para “levantar su ranchito”, y reclamó que se aclaren “de modo urgente” las responsabilidades por la represión. “Acá todos se lavan las manos. Los jueces le echan la culpa al poder político, el poder político a los jueces”, describió, y sugirió que estos hechos “indignantes” ocurren cuando “llamativamente se unen los poderes económicos y políticos”
EL JUEZ QUE ORDENO EL DESALOJO VOLVIO DE LAS VACACIONES PARA RETOMAR LA CAUSA
A la espera de testigos y pericias
Jorge Samman, el magistrado que firmó la orden de desalojo, será recusado. Se realizaron las autopsias y las pericias serían encomendadas a la Gendarmería.Por Irina Hauser
Juan Velázquez, de 37 años, no formaba parte de la toma del predio del Ingenio Ledesma, en Libertador General San Martín, pero había ido a solidarizarse con las familias que estaban allí instaladas pidiendo tierras para construir viviendas. El jueves a la mañana, en medio del intento de desalojo brutal desplegado por la policía jujeña, recibió un balazo en la cabeza y ayer se convirtió en la cuarta víctima fatal de los sucesos. La reconstrucción de las muertes y los hechos de violencia que dejaron, además, alrededor de 60 heridos, eran investigados hasta ayer por la jueza Ana Carolina Pérez Rojas. Por la tarde, sin embargo, le dijo a Página/12 que el juez Jorge Samman, el mismo que firmó la orden de desalojo, había resuelto anticipar el regreso de sus vacaciones y se haría cargo de la investigación. De ser así, advirtió la abogada Mariana Vargas, que actuará en el caso en nombre de los damnificados, “vamos a recusarlo porque quien ordenó este brutal desalojo no puede ser quien investigue sus consecuencias”. A lo largo del día fueron liberados los manifestantes que habían sido detenidos.
La rauda partida del magistrado tras disponer la expulsión de quienes acampan en tierras de Ledesma fue criticada, entre otros, por el gobernador Walter Barrionuevo. Pérez Rojas, que lo estuvo subrogando en su ausencia, justificó el operativo con el argumento de que frente a la denuncia de la empresa y el impulso de la fiscalía “no había muchas más alternativas” para el juzgado, ya que la gente no había desalojado el lugar pacíficamente ante el supuesto aviso. Los referentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que se encuentran en la ocupación aseguraron que no fueron notificados y que, además, había una negociación avanzada en marcha. Cuando tanto la jueza como el gobierno provincial intentaron frenar la avanzada policial, ya era tarde. Ya habían perdido la vida Ariel Farfán, Félix Reyes y el policía Alejandro Farfán, mientras Velázquez entraba a terapia intensiva.
La jueza le dijo a este diario que ordenó las respectivas autopsias y que como el personal policial está bajo sospecha, las pericias balísticas y de las armas utilizadas serían encomendadas a la Gendarmería. En otras declaraciones públicas dijo que aunque “el primer caído sería el personal policial, no se puede establecer quién mató a quién”. El subjefe de policía de Jujuy, Sergio Vilca, reportó que en el predio se encontraron “vainas de balas calibre 22 con punta hueca y se secuestraron bombas molotov y armas caseras”.
Pérez Rojas informó que quedaba “un policía herido de gravedad” y “heridos leves, cinco civiles y 18 policías”. En cuanto al resultado de las pericias, señaló, “tendrán que preguntarle a Samman, que volvió y pidió reasumir la investigación”. Samman no contestó los llamados de Página/12, aunque la mujer que atendía el teléfono confirmó que estaba en el juzgado.
La abogada Vargas, que asiste a la CCC, explicó que estuvieron recopilando filmaciones hechas con teléfonos celulares y las de canales de televisión para entregarlas a la Justicia, además de armar una lista de testigos. Algunos son periodistas, como una cronista del Canal 2 que habría visto el momento en que Velázquez recibía el disparo en la cabeza y caía desplomado. El mismo trabajo de hormiga –dada la gran cantidad de gente– está realizando el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma), un organismo de derechos humanos que respalda la toma.
En sintonía con el gobierno provincial, la jueza dijo que “la policía de Jujuy desde hace muchos años tiene por reglamentación interna la prohibición de concurrir a los operativos con armas de fuego”. Por eso, dijo, “el personal raso concurre con escudos y bastones y solamente Infantería o Caballería llevan gas y balas de goma”. Vargas, por su parte, recordó que no es la primera vez que la policía jujeña queda implicada en homicidios de este tipo. “Mataron a Mariano Cuellar en 2003 en una protesta también en Libertador General San Martín por la muerte de Cristina Ibáñez en una comisaría. Los dos eran de la CCC. Mariano llegó a identificar, antes de morir, al policía que le disparó, pero fue sobreseído por el mismo juez que había estado en la represión”, relató la letrada.
La CCC y otros organismos planean pedir el apartamiento del juez Samman si es que sigue al frente de la investigación de los homicidios y heridos. Este juez también ganó fama por haber dejado en libertad al hombre al que Romina Tejerina acusaba como su violador, Eduardo Vargas. Romina fue condenada por dar muerte a su bebé recién nacido, cuya gestación –sostuvo ella siempre– fue producto de aquella violación. Samman no aceptó hacer los estudios de ADN de Vargas. Una nota de la periodista Marta Dillon publicada en este diario en 2005 cuenta que Samman tuvo a cargo la causa de Olga Verón, una chica que denunció a su padre por maltrato. Olga contó que el juez la llamó a una audiencia con sus padres, “que tenía que respetarlos”, “que mi papá iba a cambiar, a pesar de que le pedí por favor que ya no quería vivir con él”. Dos meses después Olga mató a su padre, con un arma de él, que había sido policía.
MARCHAS CONTRA LA REPRESION EN JUJUY
La rauda partida del magistrado tras disponer la expulsión de quienes acampan en tierras de Ledesma fue criticada, entre otros, por el gobernador Walter Barrionuevo. Pérez Rojas, que lo estuvo subrogando en su ausencia, justificó el operativo con el argumento de que frente a la denuncia de la empresa y el impulso de la fiscalía “no había muchas más alternativas” para el juzgado, ya que la gente no había desalojado el lugar pacíficamente ante el supuesto aviso. Los referentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que se encuentran en la ocupación aseguraron que no fueron notificados y que, además, había una negociación avanzada en marcha. Cuando tanto la jueza como el gobierno provincial intentaron frenar la avanzada policial, ya era tarde. Ya habían perdido la vida Ariel Farfán, Félix Reyes y el policía Alejandro Farfán, mientras Velázquez entraba a terapia intensiva.
La jueza le dijo a este diario que ordenó las respectivas autopsias y que como el personal policial está bajo sospecha, las pericias balísticas y de las armas utilizadas serían encomendadas a la Gendarmería. En otras declaraciones públicas dijo que aunque “el primer caído sería el personal policial, no se puede establecer quién mató a quién”. El subjefe de policía de Jujuy, Sergio Vilca, reportó que en el predio se encontraron “vainas de balas calibre 22 con punta hueca y se secuestraron bombas molotov y armas caseras”.
Pérez Rojas informó que quedaba “un policía herido de gravedad” y “heridos leves, cinco civiles y 18 policías”. En cuanto al resultado de las pericias, señaló, “tendrán que preguntarle a Samman, que volvió y pidió reasumir la investigación”. Samman no contestó los llamados de Página/12, aunque la mujer que atendía el teléfono confirmó que estaba en el juzgado.
La abogada Vargas, que asiste a la CCC, explicó que estuvieron recopilando filmaciones hechas con teléfonos celulares y las de canales de televisión para entregarlas a la Justicia, además de armar una lista de testigos. Algunos son periodistas, como una cronista del Canal 2 que habría visto el momento en que Velázquez recibía el disparo en la cabeza y caía desplomado. El mismo trabajo de hormiga –dada la gran cantidad de gente– está realizando el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma), un organismo de derechos humanos que respalda la toma.
En sintonía con el gobierno provincial, la jueza dijo que “la policía de Jujuy desde hace muchos años tiene por reglamentación interna la prohibición de concurrir a los operativos con armas de fuego”. Por eso, dijo, “el personal raso concurre con escudos y bastones y solamente Infantería o Caballería llevan gas y balas de goma”. Vargas, por su parte, recordó que no es la primera vez que la policía jujeña queda implicada en homicidios de este tipo. “Mataron a Mariano Cuellar en 2003 en una protesta también en Libertador General San Martín por la muerte de Cristina Ibáñez en una comisaría. Los dos eran de la CCC. Mariano llegó a identificar, antes de morir, al policía que le disparó, pero fue sobreseído por el mismo juez que había estado en la represión”, relató la letrada.
La CCC y otros organismos planean pedir el apartamiento del juez Samman si es que sigue al frente de la investigación de los homicidios y heridos. Este juez también ganó fama por haber dejado en libertad al hombre al que Romina Tejerina acusaba como su violador, Eduardo Vargas. Romina fue condenada por dar muerte a su bebé recién nacido, cuya gestación –sostuvo ella siempre– fue producto de aquella violación. Samman no aceptó hacer los estudios de ADN de Vargas. Una nota de la periodista Marta Dillon publicada en este diario en 2005 cuenta que Samman tuvo a cargo la causa de Olga Verón, una chica que denunció a su padre por maltrato. Olga contó que el juez la llamó a una audiencia con sus padres, “que tenía que respetarlos”, “que mi papá iba a cambiar, a pesar de que le pedí por favor que ya no quería vivir con él”. Dos meses después Olga mató a su padre, con un arma de él, que había sido policía.
MARCHAS CONTRA LA REPRESION EN JUJUY
Con varias marchas en distintas ciudades del país, organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos repudiaron ayer la represión durante el desalojo de familias que ocupaban un predio de la empresa Ledesma, en Libertador General San Martín. En Capital marcharon a Plaza de Mayo, pero también hubo manifestaciones en La Plata, Córdoba y en la propia Jujuy capital.
“Walter Barrionuevo, que también es candidato a senador por el Frente para la Victoria, se tiene que ir porque es un caradura que dice estar ‘sorprendido’ por lo que pasó, porque no se quiere hacer cargo de la responsabilidad política por la brutal represión policial y las muertes de compañeros”, dijo Montes. “Queda en evidencia que es falso el lema del gobierno ‘ni palos ni balas’”, apuntó Bregman durante la manifestación que fue seguida por un importante operativo policial, con Infantería, carros de asalto e hidrantes. La marcha –convocada por la Corriente Clasista Combativa (CCC) y de la que participaron, entre otros, militantes de ATE y miembros de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora, como Nora Cortiñas– salió a mediodía del Obelisco hacia la Casa de Jujuy, en Santa Fe al 900, y luego siguió hacia la plaza. Cortiñas repudió la represión y lamentó las muertes, mientras que la CCC reclamó “basta de muerte y represión K”. En igual sentido se pronunció el sector de la CTA que conduce Pablo Micheli, que responsabilizó por “la maniobra al gobierno provincial”, y exigió a las autoridades nacionales “una amplia y efectiva investigación de lo sucedido”.
REPUDIO UNANIME“Walter Barrionuevo, que también es candidato a senador por el Frente para la Victoria, se tiene que ir porque es un caradura que dice estar ‘sorprendido’ por lo que pasó, porque no se quiere hacer cargo de la responsabilidad política por la brutal represión policial y las muertes de compañeros”, dijo Montes. “Queda en evidencia que es falso el lema del gobierno ‘ni palos ni balas’”, apuntó Bregman durante la manifestación que fue seguida por un importante operativo policial, con Infantería, carros de asalto e hidrantes. La marcha –convocada por la Corriente Clasista Combativa (CCC) y de la que participaron, entre otros, militantes de ATE y miembros de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora, como Nora Cortiñas– salió a mediodía del Obelisco hacia la Casa de Jujuy, en Santa Fe al 900, y luego siguió hacia la plaza. Cortiñas repudió la represión y lamentó las muertes, mientras que la CCC reclamó “basta de muerte y represión K”. En igual sentido se pronunció el sector de la CTA que conduce Pablo Micheli, que responsabilizó por “la maniobra al gobierno provincial”, y exigió a las autoridades nacionales “una amplia y efectiva investigación de lo sucedido”.
El gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Florencio Randazzo, numerosos sectores del arco kirchnerista, desde los movimientos sociales hasta la CGT, y dirigentes opositores, desde Hermes Binner hasta Eduardo Duhalde, repudiaron ayer los asesinatos en Jujuy y exigieron que se investiguen las responsabilidades políticas, judiciales y policiales.
- Florencio Randazzo, ministro del Interior: “El gobierno nacional repudia los hechos de violencia sucedidos en la ciudad Libertador General San Martín y solicitamos a la Justicia que, de forma inmediata, se investigue y se esclarezcan los hechos”.
- Abuelas de Plaza de Mayo: “Nos llama la atención esta respuesta contra familias que reclaman tierras, dado que la represión nunca ha sido una política promovida por el gobierno nacional”.
- La Cámpora: “Condenamos el uso de la violencia para resolver conflictos sociales, sean genuinos o fogoneados, y deseamos que la Justicia actúe para detectar y castigar con todo el peso de la ley a los responsables. No se puede gobernar ni protestar con armas en la mano”.
- La CGT: “En el camino iniciado por Néstor Kirchner en 2003, de no represión a la protesta social y de ampliación de derechos de las mayorías, es inaudito que aún existan sectores que respondan con tremenda violencia a un justo reclamo de vivienda de los más humildes”.
- La CTA: “Repudiamos estos hechos horrorosos y exigimos que sean investigados y que haya castigo inmediato para los responsables tanto en el orden material como en el intelectual”.
- Martín Sabbatella, diputado de Nuevo Encuentro: “Es imprescindible que se investigue y se halle a los responsables políticos, judiciales, y policiales de la represión. Además se debe determinar si hubo participación de las fuerzas de seguridad privada de Ledesma”.
- Jorge Rivas, diputado de Nuevo Encuentro: “La barbarie de los acaparadores de tierras y la sumisión de las fuerzas policiales al poder económico se han unido en Ledesma para cometer un gravísimo crimen contra las familias de trabajadores despojados de sus derechos más elementales”.
- Adolfo Pérez Esquivel, Servicio Paz y Justicia: “La política del gobierno nacional es no reprimir la protesta social. Sin embargo, las gobernaciones tienen otra idea. Esto me trae muchos recuerdos de lo que pasó con los qom. Esta situación de aumento de la violencia perjudica a todo el país”.
- Hermes Binner, candidato a presidente por el FAP: “La situación de Jujuy es lamentable porque están muriendo argentinos. Si no se atienden los problemas cuando surgen, los resultados son negativos, y mucho peor cuando se los reprime”.
- Gerardo Morales: “Acá en Jujuy, la Tupac toma tierras y los gobiernos nacional y provincial salen por atrás a comprarlas o expropiarlas. Si esto ocurre con organizaciones no afiliadas al Gobierno, como el caso de la CCC, se dan estas situaciones”.
- Eduardo Duhalde: “Nos sobra la tierra en la Argentina, y por ello no puede ser que la primera tierra que tenga un argentino sea la del cementerio. Lamento que se haya producido el noveno muerto social en la Argentina”.
- Florencio Randazzo, ministro del Interior: “El gobierno nacional repudia los hechos de violencia sucedidos en la ciudad Libertador General San Martín y solicitamos a la Justicia que, de forma inmediata, se investigue y se esclarezcan los hechos”.
- Abuelas de Plaza de Mayo: “Nos llama la atención esta respuesta contra familias que reclaman tierras, dado que la represión nunca ha sido una política promovida por el gobierno nacional”.
- La Cámpora: “Condenamos el uso de la violencia para resolver conflictos sociales, sean genuinos o fogoneados, y deseamos que la Justicia actúe para detectar y castigar con todo el peso de la ley a los responsables. No se puede gobernar ni protestar con armas en la mano”.
- La CGT: “En el camino iniciado por Néstor Kirchner en 2003, de no represión a la protesta social y de ampliación de derechos de las mayorías, es inaudito que aún existan sectores que respondan con tremenda violencia a un justo reclamo de vivienda de los más humildes”.
- La CTA: “Repudiamos estos hechos horrorosos y exigimos que sean investigados y que haya castigo inmediato para los responsables tanto en el orden material como en el intelectual”.
- Martín Sabbatella, diputado de Nuevo Encuentro: “Es imprescindible que se investigue y se halle a los responsables políticos, judiciales, y policiales de la represión. Además se debe determinar si hubo participación de las fuerzas de seguridad privada de Ledesma”.
- Jorge Rivas, diputado de Nuevo Encuentro: “La barbarie de los acaparadores de tierras y la sumisión de las fuerzas policiales al poder económico se han unido en Ledesma para cometer un gravísimo crimen contra las familias de trabajadores despojados de sus derechos más elementales”.
- Adolfo Pérez Esquivel, Servicio Paz y Justicia: “La política del gobierno nacional es no reprimir la protesta social. Sin embargo, las gobernaciones tienen otra idea. Esto me trae muchos recuerdos de lo que pasó con los qom. Esta situación de aumento de la violencia perjudica a todo el país”.
- Hermes Binner, candidato a presidente por el FAP: “La situación de Jujuy es lamentable porque están muriendo argentinos. Si no se atienden los problemas cuando surgen, los resultados son negativos, y mucho peor cuando se los reprime”.
- Gerardo Morales: “Acá en Jujuy, la Tupac toma tierras y los gobiernos nacional y provincial salen por atrás a comprarlas o expropiarlas. Si esto ocurre con organizaciones no afiliadas al Gobierno, como el caso de la CCC, se dan estas situaciones”.
- Eduardo Duhalde: “Nos sobra la tierra en la Argentina, y por ello no puede ser que la primera tierra que tenga un argentino sea la del cementerio. Lamento que se haya producido el noveno muerto social en la Argentina”.
Sin la firma de Jujuy
A fines de marzo último, la ministra de Seguridad Nilda Garré presentó ante los ministros de Seguridad de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires un protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicos. La cartera sugería un acta-acuerdo con algunos lineamientos, como que la intervención de las fuerzas de seguridad debe ser progresiva, comenzando por el diálogo; que los Ejecutivos deben designar un coordinador para las acciones y que queda totalmente prohibido el uso de armas de fuego del personal que pudiera tener contacto directo con los manifestantes, igual que el uso de pistolas lanzagases, mientras que las postas de goma sólo se pueden usar para defenderse. El Ministerio de Seguridad de Jujuy nunca firmó el protocolo. El gobernador Walter Barrionuevo y también la jueza Ana Carolina Pérez Rojas señalaron la existencia de una reglamentación interna que “prohíbe ir a los operativos con armas de fuego”.Fuente: Pagina 12
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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007
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