Escribe: Rosa Montalvo Reinoso

“Ya no tenemos recuerdos de esa isla que ya desapareció… la represa es dolorosa,” testimonia Dora Gauto Ríos, en un reciente seminario sobre proyectos hidroeléctricos realizado en Lima (1). Ella es paraguaya, vivía en una isla que fue inundada por la represa Yacyretá, enorme proyecto binacional de Paraguay y Argentina, desarrollado gracias a un tratado firmado por los presidentes Juan Domingo Perón y Alfredo Stroessner, y cuya construcción, que duró 37 años, lleva implícita historias de corrupción, malversación de fondos y violación a los derechos humanos. Un “monumento a la corrupción”, la llamó el ex presidente argentino Carlos Menem. Viniendo de boca de alguien que también fue profusamente acusado de corrupción, podemos imaginar la magnitud del fenómeno.

Según señalan algunos informes, más de 160 mil hectáreas quedaron bajo el agua y más de 80 mil personas fueron desplazadas por este proyecto que cambiaría para siempre los circuitos de vida de esta población y que, como menciona Dora Gauto, la dejó sin lugar de nacimiento, destruyó su mundo y la llevó a otro que no conocía, sin ninguna indemnización y sin siquiera poder volver a sus recuerdos, como de vez en cuando sucede con la población desplazada por la represa de Poechos en Piura, construida allá en 1973 y donde, cuando bajan las aguas del reservorio, puede verse, entre el barro, la torrecita de la iglesia y los restos de las que fueron las viviendas del pueblo de Lancones. Ahí vuelven los mayores a tomarse fotos, lo que les ayuda a mantener la memoria del sitio donde nacieron sus abuelos, según nos cuenta José Távara, quien narra que eso era algo que le gustaba hacer a su padre (2). Dora, en cambio, no tiene dónde volver ni para tomarse una foto.

Energía limpia y renovable es la idea que se nos vende para justificar la construcción de las grandes represas, como la de Yacyretá o la de Belo Monte, en el estado de Pará, Brasil, denominada también, por la población que será afectada, como “Belo Monstro”. Esta represa, que se está construyendo en el río Xingú, será la tercera hidroeléctrica más grande del mundo. Inundarán 400 mil hectáreas de bosque amazónico, que desaparecerán irremediablemente, poniendo en peligro de extinción a varios pueblos indígenas que han habitado estos territorios desde hace siglos. “La matriz no es limpia y renovable, pues se trata de barrer ríos que son impresionantemente importantes para los ciclos vitales, tanto ambientales como sociales,” dice Luis Fernando Novoa, especialista brasileño asistente al mencionado seminario.

Y es que los millones de hectáreas de bosque que serán inundados se descompondrán bajo el agua y emitirán dióxido de carbono y metano, los gases del conocido efecto invernadero, aportando así al calentamiento global, una de las más fuertes preocupaciones de la humanidad en estos momentos. No podemos dejar de pensar en la enorme contradicción que existe entre la lucha contra el calentamiento, en un lado del mundo, y las inversiones en otros de millones de dólares en proyectos que provocarán precisamente el calentamiento.

¿Cómo puede hablarse de vida, de energía, sembrado tanta muerte?, es una de las interrogantes que se hacen las personas que son y serán posiblemente afectadas por este tipo de proyectos que llevan la insignia del desarrollo, pero que, como en el caso de Brasil, no han logrado cubrir las necesidades energéticas de la población, que paga la quinta energía más cara del mundo y tiene 30 millones de personas que carecen de ella. Lo que sí parece haber logrado es favorecer a las empresas, ya que según mencionó Soniamara Maranho, también presente en el seminario, en Brasil, 60 empresas consumen por sí solas el 30% de la energía brasileña.

Unas 40 mil personas serán desplazadas por la construcción de Belo Monte, que hace unas pocas semanas obtuvo la licencia ambiental y la autorización de la nueva presidenta, pese a los años de lucha y sacrificio de la población que será afectada y pese, también, a los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pidió a Brasil suspender la construcción y consultar a los pueblos indígenas. Las lágrimas del jefe Raoni por la noticia expresan la angustia de su pueblo frente a lo que es casi una sentencia de muerte. Se cerrará, para los Kayapo, para siempre el agujero desde donde descendieron desde el mundo celestial a este mundo. Quedará todo anegado como el rostro del jefe Kayapo.

“Vengo a contarles la historia sobre el desplazamiento que nos hacen a nosotros,” dice Hilda Montenegro, Teniente Gobernadora del caserío de Huabal, ubicado en el distrito San Felipe, provincia de Jaén en Cajamarca. Aunque nerviosa, porque es la segunda vez que visita Lima y quizá la primera que habla ante tanto público, ella nos cuenta que fueron desplazados por el proyecto especial Olmos Tinajones para que se haga la presa Limón. “Nos pagaron una miseria,” dice, “30 mil soles la hectárea; nos pagaron muy barato,” repite con énfasis, de modo que nos quede claro. La población que ella representa cultivaba arrozales y, al verse desplazada, fue en busca de un lugar en donde de alguna forma pudiera seguir cultivando la gramínea de la suerte y de la abundancia, la que se lanza aún a los recién casados en las bodas de su tierra. Pero no encontraron nada que se acerque al monto de lo que les habían pagado (les costaba el doble la hectárea, señala Hilda) y tuvieron que aceptar ser reubicados en un lugar donde no se puede cultivar nada, un sitio inseguro donde ya vivieron un deslizamiento de tierras. Ahora piden una nueva reubicación. “Usted señora, usted no sabe nada, usted sólo sabe de su cocina,” cuenta que le decían los ingenieros cuando reclamaba sobre los problemas de aquel lugar, como si por ser mujer no tuviera conocimientos ni experiencia para saber lo que le convenía o no. “Pido a los empresarios que cuando piensen en una obra, piensen en la vida humana,” dice finalmente, dejándonos la imagen utópica de los arrozales que pudo y quiere seguir sembrando y que, quizá, siguen siendo parte de las razones de su lucha y de su vida.

En Perú, el desplazamiento es una posibilidad cierta para miles de peruanos y peruanas si es que finalmente se cumple el Acuerdo Energético firmado por Perú y Brasil, que comprende la construcción de 5 proyectos hidroeléctricos, cuya producción de energía será mayoritariamente para Brasil. Inambari, Pakitzapango, Tambo 40, Tambo 60 y Mainique son estos proyectos, que desde ya han tenido una férrea oposición de la población por las consecuencias que pueden tener, semejantes a las que hemos oído de otras experiencias. “Moriremos ahí, en nuestro territorio,” dice una enérgica Ruth Buendía, lideresa de la Central Asháninka del Río Ene, al referirse a los proyectos que incluye el acuerdo energético en el territorio asháninka. “El pueblo asháninka ha afrontado la violencia social, ha puesto la vida,” continúa, recordándonos el tiempo de la guerra que tanto dolor y sufrimiento trajo a su valiente pueblo. Expresa ella, de esa manera, que no quieren que se repita la historia de desplazamiento y muerte que ya conocieron y que con estos proyectos amenaza con volver.

“En Lima, dicen que si matas una plantita, matas una vida. Si matamos 40 mil hectáreas de bosque, ¿cuánta gente se está matando?”, se pregunta Olga Cutipa, la lideresa puneña que desde hace cuatro años está al frente de la lucha contra la construcción de la represa de Inambari, que si se construye desplazará forzosamente a unas 10 mil personas.

No se sabe con exactitud cuál será la demanda energética del país, ni se ha profundizado en las posibilidades de otras fuentes de energía, ni se ha discutido lo suficiente sobre los impactos y los costos sociales y medioambientales de proyectos de esta magnitud; menos se ha consultado a las poblaciones que podrían ser afectadas. ¿Quién tiene la prisa? ¿Por qué no discutir más?, pregunta Luis Fernando Novoa, quien señala que hay que discutir caso por caso, región por región, los costos de estas construcciones. Tomando en cuenta que miles de personas serán desplazadas, que perderán muy posiblemente sus sentidos de vida, la base de su existencia y que se contaminarán los ríos, así como se perderán fuentes de vida, sistemas de producción y mucha de esa diversidad biológica y cultural por la que sentimos tanto orgullo, debe discutirse más profundamente este acuerdo, preguntándonos además si estos proyectos están verdaderamente justificados por un “interés público superior o primordial”, como señala la Ley 28223 sobre los desplazamientos internos. Sobre todo, debe garantizarse que las poblaciones sean consultadas y tengan voz y voto en las decisiones que se tomen sobre sus vidas. Nada más primordial que ese derecho, nada más superior.

NOTAS

1. Seminario “Lecciones regionales sobre proyectos hidroeléctricos: Construcción una agenda energética socio ambiental y de derechos”, organizado por DAR, SER, FORUM SOLIDARIDAD, SPDA, Pronaturaleza, CSA y WWF y llevado a cabo el 6 de julio de 2011 en Lima.

2. José Távara, Con ojos de niño. Poechos y algo más, Asociación SER, Lima, 2004.
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20110717/52575.html