DEBIDO A LA LENTITUD DE LA JUSTICIA ARGENTINA
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| IMPUNIDAD. Minera Alumbrera sigue llevándose el oro, mientras la Justicia demora en resolver la causa en su contra. |
La querella tiene previsto acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para denunciar las demoras en la resolución de la causa iniciada hace 13 años contra la empresa por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce. El fiscal federal Antonio Gómez coincide con esa postura. “No hacen falta más pruebas”, aseguró.
19/06/2011 11:20 PM | Después de 13 años, la causa contra Minera Alumbrera, acusada de envenenar las aguas de la cuenca Salí-Dulce con metales pesados, sigue sin resolverse, dando vueltas por distintos despachos de la Justicia Federal argentina. Por este motivo, los impulsores de la querella contra la firma de capitales extranjeros tienen previsto llevar el caso a un tribunal internacional.
Así lo confirmó ayer a EL SIGLO la ex edil de Termas de Río Hondo Anita Loto, quien integra la parte acusadora junto a representantes de distintas organizaciones ambientalistas.
"Estamos tratando de consensuar con distintas entidades que forman parte de la querella para presentar, en agosto, un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que la causa contra Minera Alumbrera lleva 13 años sin resolverse, a pesar del enorme daño que está ocasionando con su accionar a miles de personas en Termas de Río Hondo y Santiago del Estero", expresó.
Loto explicó que "una causa de esta naturaleza, que afecta los derechos humanos y viola el artículo 41 de nuestra Constitución nacional, que dice que los argentinos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, no puede demorar más de cinco años en resolverse, cuando el caso de Minera Alumbrera ya lleva 13 años". "Esta es una clara violación a los derechos humanos, porque por la contaminación están muriendo toneladas de peces todos los años en el dique de Termas y en el río Dulce, lo que constituye un daño contra las cientos de familias que pescan para subsistir y que consumen ese alimento", argumentó.
Retardo de justicia
Por otro lado, la dirigente de Las Termas informó que hace unos días la querella presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán "por retardo de justicia en la causa Minera Alumbrera. Lo que planteamos es que se tiene que confirmar el procesamiento del vicepresidente de la empresa, Julián Rooney, y se eleve a juicio la causa", puntualizó.
Trascendió que ese planteo habría sido denegado, con lo cual cobra fuerza la decisión de recurrir a un tribunal internacional para que fije postura al respecto.
A propósito de este tema, el fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, coincidió con la postura de la querella respecto a que se estarían vulnerando derechos constitucionales con la demora en la definición de la causa.
"La Corte y la Comisión Interamericana sostienen que un proceso penal en el que se vean afectados derechos humanos, en este caso, el de administración de justicia, no puede tardar más de cinco años en resolverse, cuando la causa de Minera Alumbrera ya lleva 13 años. Por lo tanto, este hecho implica una violación a los derechos humanos esenciales, previstos en el pacto de San José de Costa Rica", explicó.
El funcionario judicial consideró que "no es razonable esta demora, sobre todo teniendo en cuenta que Minera Alumbrera informa cada dos años sobre la situación del Canal DP2, que es adonde arroja los efluentes que luego desembocan en la cuenca Salí-Dulce, y desde 1998 hasta la fecha, esos estudios revelan que la empresa está contaminando con metales pesados".
Aclaró que esto se debe "a que los valores de contaminantes consignados en esos estudios de la propia empresa demuestran niveles que están por encima de los parámetros que fija la Ley Nacional 24.051, de Residuos Peligrosos. No hay que ser químico para corroborar que Minera Alumbrera contaminó y sigue contaminando", sentenció.
Según Gómez "lo que sucede, es que esta empresa, al igual que otras industrias que hoy están siendo investigadas por el mismo tema, se aferran a los niveles de contaminación permitidos por la resolución 1285 del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), que determina valores mucho más permisivos que la Ley de Residuos Peligrosos".
La causa
La causa contra Minera Alumbrera se inició en 2007, tras una denuncia promovida por el ex titular de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Antonio González, junto a un grupo de ONG ecologistas y a Loto, que acusaron a la firma de envenenar las aguas del canal DP2, que está ubicado en territorio tucumano y desemboca en el río Salí, que a su vez vuelca sus aguas en el dique El Frontal de Termas de Río Hondo.
Por estos hechos, en 2008, luego de que distintos estudios realizados sobre muestras extraídas de ese curso de agua confirmaran el daño ambiental causado por la empresa, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dispuso el procesamiento de Rooney, por considerarlo presunto autor, penalmente responsable, del delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto por el artículo 55 de la Ley 24.051.
No obstante, en septiembre de 2009, la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) anuló parcialmente ese fallo, por considerar que se afectó el derecho a defensa de la empresa, debido a que las pericias realizadas en el canal DP2 no se realizaron ante la presencia de un representante de la misma. La sentencia, ordenó que se deje sin efecto el procesamiento de Rooney, por considerar que la Cámara Federal de Tucumán obró arbitrariamente, al tiempo que ordenó dictar un nuevo fallo en la causa, realizando, de ser necesario, nuevas pruebas, siguiendo los pasos procesales correspondientes.
Ajustándose a esa decisión, el titular del Juzgado Federal II de Tucumán, Mario Racedo, ordenó realizar nuevas extracciones en el canal DP2, disponiendo que el peritaje sea concretado por tres profesionales de la Universidad Nacional de Tucumán.
Esta medida fue apelada por los querellantes, por considerar que, al ser la casa de altos estudios socia de la firma en el Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD), no se garantizaba la imparcialidad de los análisis.
No hacen falta más pruebas
Al margen de esta cuestión, los denunciantes advierten que no es necesario realizar nuevos estudios para definir la causa contra Minera Alumbrera.
"Pretenden sacar nuevas muestras a estas alturas cuando las condiciones no son las mismas, se sabe que la empresa tiene ahora toda la tecnología a su mano para no contaminar como lo hacía 13 años atrás, pero no se puede dejar pasar el delito que cometieron anteriormente cuando envenenaron el canal DP2, tal como se comprobó, lo que es un hecho que está penado por la Ley 24.051", apuntó Loto.
La ex concejal de Termas informó a nuestro diario que "la querella va a proponer que los informes de impacto ambiental que ya están en la Secretaría de Minería de Tucumán, en los que se demuestra que los niveles de contaminación de la empresa están por encima de los parámetros establecidos por la ley de Residuos Peligrosos, sean los tenidos en cuenta para dictar un nuevo fallo. Además, se propondrá un perito independiente para que analice esa documentación. No vamos a aceptar de ninguna manera que se haga una nueva extracción de muestras del canal DP2, queremos que doctor en química analice los documentos ya existentes", insistió.
Gómez, cuya actuación fue determinante en la causa, coincidió en que "no hace falta realizar ninguna otra nueva prueba ni muestreo para demostrar que Minera Alumbrera contamina. Eso está comprobado desde hace años", recalcó.
Según interpretó el fiscal "de acuerdo al fallo de la Cámara Nacional de Casación solamente resta resolver la situación procesal de Rooney y avanzar con la causa definiendo su elevación a juicio oral".
Finalmente, advirtió que "además de contaminar las aguas del Canal DP2 y, por ende, la cuenca Salí-Dulce, minera alumbrera también está envenenando el aire con las explosiones que realiza para remover piedras a los fines de extraer el oro y otros metales valiosos".
http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=71709
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