El dictamen del Defensor del Pueblo de la Nación detalla la forma en que se ocultó la participación del magnate inglés en la conformación de las sociedades anónimas que adquirieron las 11 mil hectáreas que conforman el campo de Hidden Lake, con el lago Escondido incluido. Enumera además los incumplimientos de funcionarios nacionales y provinciales que autorizaron la compra. La empresa emitió un comunicado negando las “maniobras” y calificó como de “un alto grado de irresponsabilidad” la publicación del informe de la Defensoría del Pueblo nacional. Se publica un extenso resumen de los puntos más salientes de ese trabajo al que accedió ANB.
“Hidden Lake S.A. jamás realizó maniobras tendientes a evitar las normas y controles de la autoridad de Zona de Seguridad de Fronteras. Hidden Lake S.A. siempre respondió las requisitorias de los organismos de control pertinentes, inclusive facilitándole documentación de la que ellos decían carecer”. En estos términos la empresa propietaria de las 11 mil hectáreas que conforman el campo que incluye el lago Escondido respondió a la publicación del dictamen del Defensor del Pueblo de la Nación, quien señaló la existencia de “maniobras” por parte de Hidden Lake para permitir al magnate inglés Joe Lewis quedarse con las tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza.
Si bien Hidden Lake señaló que “desde mayo de 1996 y hasta la fecha, es de público conocimiento, el Sr. Joseph C. Lewis ha sido directa o indirectamente el controlante de los paquetes accionarios” de la empresa, y que “no se ocultó la existencia de accionistas extranjeros”, el informe consigna irregularidades en el proceso, así como ausencia de controles estatales sobre la documentación presentada, lo que derivó en la adquisición de las 11 mil hectáreas, en dos operaciones.
La firma de Lewis cargó además contra la prensa. “Entendemos la importancia de los medios de información y el valor de la profesionalidad en el periodismo -señaló a través de un comunicado-, pero lejos está de esos valores la circulación de noticias no chequeadas debidamente, delatoras de un alto grado de irresponsabilidad”.
Informe
El trabajo del Defensor del Pueblo expone las supuestas irregularidades para la compra de la tierra, en cuanto al ocultamiento del dueño final de las 11 mil hectáreas, así como manejo de los tiempos de documentación sobre los cambios en la sociedad anónima formada para la adquisición, y los graves incumplimientos de funcionarios nacionales y provinciales en el ejercicio de las exigencias de la presentación de la documentación correspondiente.
ANB accedió al dictamen que concluye que el proceso tuvo un “trámite irregular, que podría incluso hallar encuadre en figuras penales”. Explica que “si bien esas actuaciones son de 1996, los informes de la Auditoría General de la Nación de 2008 y 2009 permiten ver que continúa la ausencia de controles que exhibían aquellos expedientes”. Además, plantea que “la conjunción de estos aspectos: flexibilización de los requisitos y deficientes o inexistentes controles, representa un serio problema cuando se trata de zonas de seguridad de frontera y por ende de la Defensa Nacional”.
La Defensoría solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Río Negro los antecedentes dominiales de las parcelas que conforman las 11 mil hectáresa, desde 1980 al presente, los títulos por los que los sucesivos titulares de dominio accedieron al mismo; y si las respectivas parcelas están ubicadas en Zonas de Seguridad de Frontera.
Pero “inexplicablemente” el organismo nacional sólo accedió a esa información presentada como marcan las normativas, cuando dio intervención a la Defensoría del Pueblo de la Provincia, para que por su intermedio se remita la documentación requerida.
La primera respuesta del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro era “información desactualizada y por lo tanto, falaz”, ya que remitió “copia de planchas dominiales antiguas, sin nota alguna de remisión o aclaratoria”, cuyos datos sobre la propiedad correspondía a los apellidos Montero y Jalley.
En tanto, de la documentación recibida del Registro de la Propiedad a través de la Defensoría del Pueblo provincial “surgía que la fracción de territorio (ubicada en Zona de Seguridad de Frontera) que contiene al Lago Escondido y las fracciones aledañas, fueron adquiridas por una sociedad anónima, y en uno de los casos, a través de un 'gestor de negocios'”. El “gestor de negocios” es Nicolás Van Ditmar.
El organismo coincide con la Auditoría General de la Nación que en sus informes sobre el control que ejerce el Ministerio del Interior en la compra venta de tierras por extranjeros en áreas de frontera tanto en la zona andino-patagónica como en la provincia de Misiones y Corrientes, la situación presenta gravísimas fallas.
En tanto, un informe solicitado a la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior de la Nación, permite desentrañar el proceso de adquisición de 8.063 hectáreas por parte de H.R. Properties Buenos Aires S.A., y de otras 2.725 hectáreas a nombre de Hidden Lake, empresa que sucedió a la anterior.
Properties S.A. Fue constituida en junio de 1994, con un capital de 12 mil acciones representativas de 12 mil pesos, y fue integrada por dos personas: Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti. Ese año, declaró una pérdida de 420 pesos. En 1996, Lisandro Alfredo Allende fue designado como Director de la empresa. Fue él quien solicitó la “previa conformidad” para la adquisición de la parcela de 8.063 hectáreas, ubicada en zona de seguridad fronteriza y dentro de la cual se encuentra el Lago Escondido. Acompañó el pedido con un proyecto de inversión por 4.920.000 pesos.
La Unidad de Proyecto de Radicación opinó que debía darse curso a la solicitud, y en julio de 1996 la empresa obtuvo la “previa conformidad”.
Sin embargo, llamativamente, en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Río Negro, la Matrícula 20-4744, correspondiente a la parcela mencionada (Nº 550.420) “no registra la compra para la que se solicitara la previa conformidad, es decir, la adquisición por parte de H.R. Properties Buenos Aires S.A”, sino que la escritura de esa propiedad se otorgó en agosto de 1996 a la sociedad Hidden Lake S.A.
La Defensoría del Pueblo de Nación concluye que Properties “cambió la denominación social” por Hidden Lake, pero con posteridad a que se confiriera la “previa conformidad” en el expediente de compra de las tierras. “Nunca se informó” de esa modificación, como tampoco del cambio de titularidad de las 11.999 acciones que pasaron a manos de la persona jurídica denominada Lago Corp. “cuya nacionalidad nunca se aclaró”.
¿A quién pertenecía ya la acción que falta para llegar a las 12 mil que dieron forma inicial a la empresa? Al hijo de Joe Lewis: Charles Barrington Lewis.
Fue en el análisis que la secretaría de Interior de la Nación realizó sobre el segundo expediente (por las 2.725 hectáreas linderas de las anteriores) donde surgió la información sobre el cambio en la estructura accionaria, así como el cambio de denominación de la empresa.
“Al 18 de septiembre del '96 en que Lisandro Alfredo Allende declaró bajo juramento como Presidente de Hidden Lake S.A. que 'no se han operado cambios en la composición del Directorio ni en la integración del Capital accionario declaradas en la solicitud del Expediente 21.662', ambas cosas habían cambiado: él ya no era Presidente; y los titulares de las acciones habían cambiado y el cambio ya se había producido antes del dictado de la resolución brindando la Previa Conformidad en el Expediente, sin que se informara de ello”.
Otro documento otorga a Charles Barrington Lewis el cargo de Director Titular de la empresa, y a un hasta ahora no mencionado señor Rasesh Hemendra Thakkar como Director Suplente. Luego de conseguir las autorizaciones para la adquisición de las tierras comenzaba entonces a vislumbrarse la verdadera titularidad de la empresa.
En ninguno de los dos expedientes, sin embargo, “existen antecedentes ni información sobre la persona jurídica Lago Corp.” propietaria de 11.999 acciones de las 12 mil de la firma.
“Extrañamente, la Subdirectora y el Director de la Unidad de Proyectos de Radicación se expiden favorablemente respecto de la solicitud de Previa Conformidad el 18-11-96, es decir, con anterioridad a que el nuevo presidente de Hidden Lake S.A., C.B. Lewis (designado 29-8-96), presentara el formulario con la Declaración Jurada” correspondiente. Además, en el formulario en que ambos funcionarios (Subdirectora y el Director de la Unidad de Proyectos de Radicación) se expiden, a diferencia de lo ocurrido en el Expediente SO-21.662, los siguientes renglones relativos a la persona jurídica y su representante están en blanco: 'Origen del Capital', 'Nacionalidad de los Miembros del Directorio', 'Solicitud de Antecedentes'.
A pesar de la falta de esa información, el Secretario de Seguridad Interior y Presidente de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad brinda la previa conformidad para que Hidden Lake adquiera las 2.725 hectáreas”, linderas con las compradas por Properties.
La documentación a la que accedió la Defensoría del Pueblo de Nación incluye una serie de “agregados”, cuya fecha de incorporación al expediente no pudo ser determinada.
Dictamen
Ante esta perspectiva documental, la Defensoría del Pueblo plantea en su dictamen la siguiente disyuntiva: “los cambios producidos en la sociedad comercial peticionante de la Previa Conformidad y la situación migratoria de su presidente no fueron puestos en conocimiento de la autoridad estatal en forma y tiempo; o la autoridad pública soslayó esos cambios al momento de evaluar y otorgar las Previas Conformidades en los expedientes analizados precedentemente; o existió connivencia entre los interesados y los funcionarios públicos para el otorgamiento de las Previas Conformidades, más allá de la procedencia legal de las mismas”.
Es que “los cambios producidos en la sociedad (accionario y directivo) y el desconocimiento de la situación migratoria del presidente, debieron obstar los dictámenes favorables del Director y Subdirectora de la Unidad de Proyectos de Radicación en ambos expedientes, ya que antes del dictado de la Resolución en el Expediente SO-21662, se había producido una modificación substancial en la titularidad de las 11.999 acciones (de las 12.000 que componen el capital social) que, antes del 10-5-96, habían pasado a Lago Corp., sobre la que no existe información alguna en los expedientes”.
“Al momento en que la Subdirectora y el Director de la Unidad de Proyectos de Radicación dictaminan favorablemente en el Expediente SO-21662 (“....una Persona Jurídica argentina cuyo presidente es un argentino nativo que carece de antecedentes desfavorables...”) en el que tramitaba la solicitud de previa conformidad, HR Properties Buenos Aires S.S. ya no era tal, era Hidden Lake S.A. y la titular de la totalidad de las acciones menos una, era una persona jurídica desconocida”.
Además, se criticó que “la condición extranjera de su presidente, transformó a la sociedad en una persona jurídica extranjera, siempre que esto no hubiera ocurrido ya antes, por la incorporación de Lago Corp. como accionista mayoritaria”.
En su dictamen, el organismo de control enumera extensamente la legislación vigente en relación a la venta o propiedad de tierra en zonas consideradas de seguridad fronteriza, así como las excepciones también normadas. Y concluye que la sucesión de normas de normas de distinto rango (leyes, decretos, resoluciones) relacionada con la seguridad en áreas de frontera produjo “una importante flexibilización en las condiciones exigidas a personas físicas y jurídicas extranjeras, para acceder a inmuebles en zona de seguridad de frontera”.
Del análisis de los dos expedientes de compra mencionados se desprende “un trámite irregular, que podría incluso hallar encuadre en figuras penales. Si bien esas actuaciones son de 1996, los informes de la Auditoría General de la Nación de 2008 y 2009 permiten ver que continúa la ausencia de controles que exhibían aquellos expedientes”.
“La conjunción de estos aspectos: flexibilización de los requisitos y deficientes o inexistentes controles, representa un serio problema cuando se trata de zonas de seguridad de frontera y por ende de la Defensa Nacional”, finaliza. (ANB)
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