Soberanía Alimentaria Por la descolonización del sistema agroalimentario
En una histórica muestra de unidad, organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar de Argentina impulsan medidas en contra de los desalojos de sus territorios; entre ellas, un proyecto de ley que contaría con el consenso de legisladores oficialistas y opositores.
Por Fernando Glenza | Desde la Redacción de APM
23|04|2011
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“Habría que recomenzar todo quizá, cambiar la naturaleza de las exportaciones y no sólo su destino, interrogar nuevamente al suelo, a los ríos y, ¿por qué no?, también al sol”, escribía Frantz Fanon a principios de la década de 1960 para su libro “Les damnés de la terre”, traducido al castellano como “Los desposeídos de la tierra” o “Los condenados de la tierra”.
El libro de Fanon mantiene la misma actualidad que tuvo en aquellos años en cuanto a la vigencia del colonialismo en nuestras tierras, ahora en modalidad neocolonial. En su prefacio, Jean-Paul Sartre enuncia que el campesinado “conoce la opresión al desnudo, la ha sufrido mucho más que los trabajadores de las ciudades y, para que no muera de hambre, se necesita nada menos que un desplome de todas las estructuras”.
Un desplome que no caerá por peso propio. En ese sentido, la unidad de las organizaciones campesinas, indígenas y de agricultores familiares es un “pequeño gran paso” en un escenario dominado por los agronegocios que han desposeído a los más pobres del campo.
Las organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar proponen Soberanía Alimentaria, pero señalan que para lograrla es preciso frenar los desalojos y avanzar hacia una declaración que promueva la “función social de la tierra”, con fortalecimiento de la agricultura campesina y familiar.
Para ello, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), el Movimiento Campesino Liberación (MCL), el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF), el Frente Nacional Campesino (FNC) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires consensuaron un proyecto de ley para interrumpir los desalojos de los que son víctimas, que fue presentado el martes pasado en el Congreso de la Nación.
La iniciativa busca detener los desalojos durante cinco años e insta a realizar un relevamiento de la posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Agricultura de la Nación, con la participación de las organizaciones mencionadas.
Los fundamentos del proyecto cuestionan el actual modelo de desarrollo, considerándolo como meramente extractivo, denunciando a los agronegocios como contrarios a la vida campesina y violatorios de los Derechos Humanos. Instan a considerar a la tierra como un bien social y no como una mercancía, proponiendo una mirada integral acerca de la problemática de la tierra, que instale una política agraria que incluya a los campesinos y agricultores familiares como actores centrales, con acceso a la tierra, créditos y servicios básicos.
“En esos cinco años debe elaborarse un registro de posesión y tenencia de la tierra con la participación de las organizaciones”, afirmó Ramiro Fresneda, abogado del MNCI-Vía Campesina. Fresneda destacó el respaldo brindado al proyecto de ley en elaboración por parte de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y Proyecto Sur, y destacó que la iniciativa está abierta a todos los legisladores que decidan sumarse.
La decisión contaría con el apoyo de los diputados Agustín Rossi, Carlos Heller, Liliana Parada y Victoria Donda, entre otros. Además, adhirieron numerosas organizaciones de Derechos Humanos, como el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) –cuyo referente principal es el premiado Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel-, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA), en una declaración que apoya la iniciativa, señaló que el capitalismo global está impulsando en todo el mundo una nueva conquista del desierto, para satisfacer sus ansias de ganancias mediante la producción de commodities. “Esto se manifiesta en nuestro país con los múltiples desalojos que se dan en los territorios campesino-indígenas”, sostiene el comunicado.
La declaración de la COMPA amplía conceptos acerca del impacto del modelo de los agronegocios en Argentina, apuntando que “no es sólo en el ámbito rural donde este avance del capital tiene sus efectos. En las ciudades, la renta sojera deviene en especulación inmobiliaria, subiendo los precios de la renta urbana, que provocan más desalojos, más hacinamiento en las periferias de las capitales y la suba del precio de los alquileres”.
“Este avance de las corporaciones agroindustriales provoca también el desgaste de los suelos, la privatización de las semillas, la multiplicación de enfermedades en los pueblos rurales producto de las fumigaciones, las fuertes sequías que lejos de ser naturales responden a la utilización intensiva de agua en los campos del agronegocio”, agrega el comunicado, señalando la complicidad del sistema científico-tecnológico con base en institutos estatales de investigación y en universidades financiadas por las empresas.
Ante esta situación, la COMPA llama a la atención sobre la contradicción que el Ministerio de Agricultura de la Nación pretenda mediante el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016 (PEA) aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, promoviendo la continuidad del proceso expropiador y saqueador, relegando las experiencias que luchan por fortalecer un modelo productivo alternativo. “Es decir que, a pesar de que gubernamentalmente se ha empezado a hablar de Soberanía Alimentaria, y de que institucionalmente se abran oficinas ligadas a la Economía Social y para el apoyo a algunas familias de pequeños productores, el modelo se muestra dedicado a aumentar exponencialmente el agronegocio en complicidad con las empresas, generando así más consecuencias como las mencionadas”, destaca esta organización.
Para “los desposeídos de la tierra”, lo más urgente hoy, lo que no puede esperar, como decía Fanon, “es primordialmente la tierra: la tierra que debe asegurar el pan y, por supuesto, la dignidad”.
fglenza@prensamercosur.com.ar
El libro de Fanon mantiene la misma actualidad que tuvo en aquellos años en cuanto a la vigencia del colonialismo en nuestras tierras, ahora en modalidad neocolonial. En su prefacio, Jean-Paul Sartre enuncia que el campesinado “conoce la opresión al desnudo, la ha sufrido mucho más que los trabajadores de las ciudades y, para que no muera de hambre, se necesita nada menos que un desplome de todas las estructuras”.
Un desplome que no caerá por peso propio. En ese sentido, la unidad de las organizaciones campesinas, indígenas y de agricultores familiares es un “pequeño gran paso” en un escenario dominado por los agronegocios que han desposeído a los más pobres del campo.
Las organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar proponen Soberanía Alimentaria, pero señalan que para lograrla es preciso frenar los desalojos y avanzar hacia una declaración que promueva la “función social de la tierra”, con fortalecimiento de la agricultura campesina y familiar.
Para ello, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), el Movimiento Campesino Liberación (MCL), el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF), el Frente Nacional Campesino (FNC) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires consensuaron un proyecto de ley para interrumpir los desalojos de los que son víctimas, que fue presentado el martes pasado en el Congreso de la Nación.
La iniciativa busca detener los desalojos durante cinco años e insta a realizar un relevamiento de la posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Agricultura de la Nación, con la participación de las organizaciones mencionadas.
Los fundamentos del proyecto cuestionan el actual modelo de desarrollo, considerándolo como meramente extractivo, denunciando a los agronegocios como contrarios a la vida campesina y violatorios de los Derechos Humanos. Instan a considerar a la tierra como un bien social y no como una mercancía, proponiendo una mirada integral acerca de la problemática de la tierra, que instale una política agraria que incluya a los campesinos y agricultores familiares como actores centrales, con acceso a la tierra, créditos y servicios básicos.
“En esos cinco años debe elaborarse un registro de posesión y tenencia de la tierra con la participación de las organizaciones”, afirmó Ramiro Fresneda, abogado del MNCI-Vía Campesina. Fresneda destacó el respaldo brindado al proyecto de ley en elaboración por parte de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y Proyecto Sur, y destacó que la iniciativa está abierta a todos los legisladores que decidan sumarse.
La decisión contaría con el apoyo de los diputados Agustín Rossi, Carlos Heller, Liliana Parada y Victoria Donda, entre otros. Además, adhirieron numerosas organizaciones de Derechos Humanos, como el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) –cuyo referente principal es el premiado Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel-, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA), en una declaración que apoya la iniciativa, señaló que el capitalismo global está impulsando en todo el mundo una nueva conquista del desierto, para satisfacer sus ansias de ganancias mediante la producción de commodities. “Esto se manifiesta en nuestro país con los múltiples desalojos que se dan en los territorios campesino-indígenas”, sostiene el comunicado.
La declaración de la COMPA amplía conceptos acerca del impacto del modelo de los agronegocios en Argentina, apuntando que “no es sólo en el ámbito rural donde este avance del capital tiene sus efectos. En las ciudades, la renta sojera deviene en especulación inmobiliaria, subiendo los precios de la renta urbana, que provocan más desalojos, más hacinamiento en las periferias de las capitales y la suba del precio de los alquileres”.
“Este avance de las corporaciones agroindustriales provoca también el desgaste de los suelos, la privatización de las semillas, la multiplicación de enfermedades en los pueblos rurales producto de las fumigaciones, las fuertes sequías que lejos de ser naturales responden a la utilización intensiva de agua en los campos del agronegocio”, agrega el comunicado, señalando la complicidad del sistema científico-tecnológico con base en institutos estatales de investigación y en universidades financiadas por las empresas.
Ante esta situación, la COMPA llama a la atención sobre la contradicción que el Ministerio de Agricultura de la Nación pretenda mediante el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016 (PEA) aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, promoviendo la continuidad del proceso expropiador y saqueador, relegando las experiencias que luchan por fortalecer un modelo productivo alternativo. “Es decir que, a pesar de que gubernamentalmente se ha empezado a hablar de Soberanía Alimentaria, y de que institucionalmente se abran oficinas ligadas a la Economía Social y para el apoyo a algunas familias de pequeños productores, el modelo se muestra dedicado a aumentar exponencialmente el agronegocio en complicidad con las empresas, generando así más consecuencias como las mencionadas”, destaca esta organización.
Para “los desposeídos de la tierra”, lo más urgente hoy, lo que no puede esperar, como decía Fanon, “es primordialmente la tierra: la tierra que debe asegurar el pan y, por supuesto, la dignidad”.
fglenza@prensamercosur.com.ar
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