25/03/11 |Si algo está caracterizando a la Argentina y a toda la región en las últimas dos décadas, es la cantidad de conflictos ambientales que lejos de solucionarse se agravan con la complicidad de los estamentos más altos de gobierno y la voracidad de los grupos empresariales.
Desde ayer y hasta mañana, en Colón se encuentran sesionando centenares de asambleas, grupos y organizaciones no gubernamentales vinculadas con las luchas y los reclamos ambientales de todo el país. Se trata en rigor, del décimo quinto encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que también reúne a especialistas e investigadores, y tratan de conformar un mapa ambiental del país, justamente para que alguna vez se tome más en serio una política de Estado en la materia que todavía no se ha podido establecer desde 1983 a la fecha, para citar un período de nuestra historia. Los estragos de la minería a cielo abierto, el genocidio de especies que genera el monocultivo de soja con sus agrotóxicos, la presencia letal de las pasteras para los cursos de agua y la tierra, la desertificación que se provoca como consecuencia del desmonte nativo, son sólo algunas de las temáticas que se abordan, porque también hay que inscribir en la preocupación la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de las napas de agua, la falta de solución a los residuos urbanos y la degradación de la vida en todas sus formas. Junto a esta situación, en estas horas –en Colón- hay personas que están pensando soluciones de fondo para problemas estructurales como son la necesidad de cambiar la matriz energética y la soberanía alimentaria. Mientras el Gobierno nacional criminaliza las protestas ambientales y manda a la justicia a los ciudadanos que sólo pretenden defender el precepto constitucional del derecho a la vida y a un medioambiente sano, la Unión de Asambleas Ciudadanas dan un ejemplo cívico y de participación en Colón y en cada una de los territorios que están defendiendo de los estragos de la contaminación y el saqueo. Es paradójico que quienes defienden la vida con una perspectiva diversa sean perseguidos en democracia, mientras los responsables de las mayores calamidades ambientales que azotan al país y a la región siguen haciendo con total impunidad sus negociados. Gualeguaychú conoce muy bien esta historia de participación, movilización y criminalización por un lado y el atropello, la mentira gubernamental, la impunidad que genera el propio Estado y las persecuciones por el otro. La décimo quinta reunión de la Unión de Asambleas Ciudadanas está llamada a profundizar los reclamos ambientales y es una clara interpelación cívica a los gobiernos en materia ambiental. Son los ciudadanos, no los parlamentarios ni la Justicia ni mucho menos los gobiernos y los grandes grupos económicos, los que actualizan una agenda indispensable para pensar y construir el futuro. Es hora de escuchar y atender estos reclamos, porque la historia misma enseña que el saqueo provoca muerte, pobreza y desolación. El saqueo ambiental es incompatible con el desarrollo de una sociedad, es lo opuesto al progreso. Si algo caracteriza a este siglo XXI es la necesidad de preservar el medioambiente, pero para ello exige cuidar la biodiversidad como sinónimo de vida. Lamentablemente, en pleno siglo XXI todavía el Estado no puede ser considerado un aliado en defensa de la vida, sino parte del problema ambiental.
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