“Aspiramos a seguir produciendo los escenarios favorables para que las empresas puedan desarrollar muchos y mejores negocios”, resume el funcionario de Cristina Fernández de Kirchner, quien insólitamente se presenta como ministro. Las definiciones corresponden a un video presentado en China Mining 2010, la última gran feria de negocios mineros del año pasado, donde el gobierno nacional envió una delegación con el declarado propósito de “exhibir en el exterior el potencial minero nacional y las oportunidades de inversión y comercio en esta actividad”. El corto promocional no circuló en los medios locales pero sí está disponible en ABN Newswire, un sitio de noticias con sede en Sidney, especializado en el mercado australiano y asiático, que participó de la producción junto a la Secretaría. De esta manera, se pudo ver y escuchar la palabra oficial en la materia, mostrando los emblemas del Estado argentino y detrás de Mayoral las insignias de ABN, canal de comunicación para las grandes corporaciones y hombres de negocios, en una región con fuertes intereses en la megaminería.
La importancia otorgada al spot donde el funcionario nacional describe las oportunidades de ganancias para las trasnacionales se complementa con un detallado curriculum ofrecido por el propio Secretario. Allí se destaca su posgrado en Economía y Negocios en la Christian University of Texas, Estados Unidos, además de un postgrado de Macroeconomía y Técnicas de Exportación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Juan, Argentina. También que "el Sr. Jorge Mayoral ha ejercido el cargo de Secretario de Minería de la Nación desde hace ya 9 años y a través de los últimos tres gobiernos presidenciales Argentinos", es decir, con Cristina, Néstor y Duhalde, presidente que lo nombró en marzo de 2002. En aquellos tiempos, Mayoral ya proponía "rescatar todo lo mucho y bueno que se ha realizado en el sector y eso tiene que ver con la convertibilidad a esta parte, con el proceso de seducción de la gran inversión, de modo tal que el marco legal, jurídico y contable vigente lo vamos a rescatar y a defender hasta las últimas consecuencias", tal sus palabras en una entrevista de Bussiness News América, otra agencia de información de las corporaciones con sede en los países poderosos económicamente.
Contrainformación desde el lado del pueblo
Las regulares confesiones del secretario más duradero del gobierno nacional en la última década no son, de todas maneras, motivo de análisis de ningún multimedio, ni oficialista ni opositor. En ninguno de "los grandes medios", sea anti-kirchernista o pro-kirchenrista, se debate qué modelo de desarrollo expresan estos gestos y estas realidades, por qué la política de Estado en materia minera es explícitamente a favor del saqueo imperialista, de ese nuevo-viejo imperio de las corporaciones, cada vez más multipolares pero sin por eso dejar de ser la cara más o menos abstracta de los sectores económicos más concentrados, cuestión que no parece ponerse en cuestión.
Por entre las grietas de este gran relato coincidente que parece ocuparlo todo surge, sin embargo, otro relato que se articula desde los pueblos. Por eso lo que cuenta Mayoral se puede reconstruir desde otro lugar -desde una perspectiva de soberanía- gracias a lo que vienen denunciando desde hace años las asambleas de comunidades afectadas por la minería.
Desde Esquel en adelante, grupos de pobladores de distintas ciudades se han puesto en pie de guerra en defensa del territorio, logrando construir herramientas organizativas para accionar en una pelea sumamente despareja: no sólo contra trasnacionales gigantescas, también contra el gobierno nacional y los esquemas feudales de las provincias, que operan como sus aliados estratégicos. Entre estos espacios de resistencia se encuentra la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, que durante 2010 se reunió en Chubut (en marzo), Santiago del Estero (en agosto) y Catamarca (en noviembre).
El último encuentro de la UAC -el número 14 desde su formación- se realizó en la ciudad de Andalgalá, en lucha contra la instalación de la minera Agua Rica. Catamarca es una provincia con escasez hidríca que ya tiene la experiencia de Bajo la Alumbrera, un yacimiento de oro y cobre operando desde hace varios años, con dramáticas consecuencias en cuanto a contaminación de bienes naturales y enfermedades humanas. En ese marco, la UAC festejó como un producto de la lucha la sanción de la ley de glaciares, demorada luego de idas y venidas tras el veto presidencial en 2009 y finalmente sancionada el 30 de septiembre de 2010 bajo el número 26.639. En este momento, la aplicación de esta norma se encuentra demorada por presión de gobernadores cordilleranos, la mayoría pertenecientes al PJ-FpV, como es el caso de José Luis Rioja, de San Juan, que logró tres medida cautelares del juez federal Miguel Angel Gálvez. Las presentaciones judiciales habían sido efectuadas por el gobierno sanjuanino, la Cámara Minera provincial y las propias mineras interesadas en explotaciones en zonas de glaciares andinos. Ante esta situación, los asambleístas sólo confían en las distintas medidas de movilización y difusión que continúan surgiendo en todo el país.
Unidos por los Andes sin megaminería
Entre otras iniciativas, en el encuentro de Andalgalá se acordó la adhesión y participación en una convocatoria denominada “Abrazo Cordillerano”. Esta actividad se realizará el próximo 15 de enero en el Paso de Agua Negra, San Juan. Allí, bajo la denominación “Unidos por Los Andes sin Megaminería. Por el Agua, los Glaciares y la Cordillera”, distintas organizaciones se unirán para rechazar la megaminería metalífera (oro, plata, cobre), no metalífera (sales de potasio, litio) y nuclear (uranio, torio).
Las asambleas expresan que “ninguna zona es zona de sacrificio, no podemos permitir que la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, los gobernadores Gioja (PJ, San Juan), Beder Herrera (PJ, La Rioja), Brizuela del Moral (UCR, Catamarca), Jaque (PJ, Mendoza), Urtubey (PJ, Salta), Barrionuevo (PJ, Jujuy), Zamora (UCR, Santiago del Estero), y los sectores cómplices con este modelo, sigan entregando nuestros bienes comunes a los intereses del capital”. Como puntos principales, exigen la derogación del Código de minería y la sanción de una Ley nacional de prohibición de la minería a gran escala. Una política exactamente inversa a la que el gobierno nacional viene impulsando desde 2003, como continuidad de lo hecho por Menem y Duhalde, líena que el autodenominado ministro Mayoral sale a propagandizar por el mundo, en búsqueda de más y más nuevos negocios.
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