Con motivo del informe de la Contaduría General de la Nación (corroborado por la Auditoria General de la Nación), sobre la no ejecución del 97% de las obras públicas presupuestadas en el año 2009, se hace público el hecho de que en los presupuestos que el Poder Ejecutivo envía al Congreso para su aprobación aparecen los montos de los gastos corrientes con cifras razonables y los montos de inversiones en obras públicas con cifras muy importantes, que significarían un gran adelanto para el país y brindarían un empuje mas que interesante a la industria de la construcción y a la generación de empleos.
Como todo lo que hace este gobierno, esto es nada mas que una pantalla que oculta los verdaderos móviles de su accionar político “compra votos”.
Por un lado se llenan la boca anunciando con bombos y platillos los proyectos de inversión en obras de infraestructura para todo el país, que en su gran mayoría nunca se realizan (que Moreno y sus estadísticas se encargarán de dibujar para engañarnos) y por otro lado, durante el año, irán transfiriendo partidas presupuestadas para obra pública y reasignándolas a gastos generales (una gran bolsa sin asignaciones específicas) de la que podrán jugar a “Papá Noel” con nuestra plata.
Por esto es la férrea defensa para que no se deroguen los “superpoderes” en el Congreso, ya que una de las cláusulas mas importantes es la potestad que le brinda al Jefe del Gabinete para reasignar partidas del Presupuesto Nacional según le convenga y sin tener que darle explicaciones al los legisladores que aprobaron algo que no se está cumpliendo.
A mi modesto entender, esta metodología política es perversa y va contra los principios que rigen muestra democracia. Es decir, el hecho de someter un presupuesto al Congreso para sea estudiado, concensuado y finalmente aprobado, implica una serie de análisis, discusiones y decisiones que llavan tiempo y esfuerzo de nuestros representantes cada año y ello significa un acuerdo de todos nosotros de cómo se van a administrar los dineros del pueblo.
Por ello la posibilidad de cambiar eso sin la aprobación de los dueños de los fondos, es una absoluta aberración y una burla a nuestra constitución y a nuestro sistema democrático de gobierno.
Espero que nuestros representantes legislativos revean esta situación y encaucen el accionar del gobierno por la senda que nos marcaron quienes tan sabiamente nos dejaron las leyes que no debieron ser modificadas para conveniencias personales y espúreas de los gobernantes de turno.
José Jorge Aldecoa Davies
San Isidro, 15/10/2010
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