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martes, 10 de noviembre de 2009

El debate Mapuche

Por Dario Aranda.Pagina 12
Comunidades indígenas y académicos advierten sobre una ofensiva mediática y judicial contra los Mapuche, que busca “demostrar” que vienen de Chile para negarles derechos sobre las tierras. La avanzada contra el Pueblo Mapuche aparece en un contexto de creciente reivindicación de sus derechos, el pedido de judicialización de los movimientos sociales y el reciente asesinato de un miembro del pueblo diaguita en Tucumán.
"Los mapuches provienen de Chile". "Los mapuches mataron a los tehuelches, que eran indígenas argentinos, buenos y serviciales". "Los mapuches no tienen derechos sobre los territorios que ocuparon". Los tres ejes conforman la cadena argumentativa utilizada en la "Campaña al Desierto", que fue retomada con insistencia en los últimos meses por los grandes estancieros nucleados en la Sociedad Rural y los medios de comunicación que le son afines para exigir represión frente a los reclamos de los pueblos originarios.
El mundo académico, que sobre la base de pruebas contundentes había dado por cerrado el debate, reaccionó primero con rechazo y luego con preocupación. “La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denuncia un comunicado del Consejo Directivo de esa casa de estudios.
La avanzada contra el pueblo mapuche aparece en un contexto de creciente reivindicación de sus derechos (con el correlativo aumento de la conflictividad), el pedido de judicialización de los movimientos sociales y el reciente asesinato de un miembro del pueblo diaguita en Tucumán.
Crecencio Pilquimán tiene 73 años y siempre vivió en el Paraje Cerro Bayo, en el inhóspito desierto de Chubut. Es miembro de la comunidad aborigen Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo. En 2007 tuvo que recurrir a la Justicia porque el Instituto Autárquico de Colonización (IAC) había cedido campos comunitarios a un estanciero de la zona. Según deja claro la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT, se debió consultar a la comunidad antes de decidir cualquier medida que pueda afectarla. Pero ni siquiera se le informó.
Hubo una primera medida favorable a la comunidad, pero luego la Justicia rechazó la acción de amparo, a pesar de demostrarse que en el predio había un cementerio donde yacían sus antepasados. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que aún no se expidió. Pero lo particular y preocupante fue que el abogado del estanciero, Eduardo Zabaleta, se basó en la supuesta “chilenidad” del pueblo mapuche para negarle el derecho a su territorio. Utilizó como fuente y contrató como perito al "historiador" patagónico Rodolfo Casamiquela (funcionario en la dictadura militar), referente de la teoría de mapuches invasores y asesinos.
“La particularidad del caso es la utilización de un argumento erróneo, ampliamente difundido como cierto en la opinión pública, pero refutado por la historia y la antropología, que pretende demonizar al pueblo mapuche y arrebatarle derechos estipulados en la Carta Magna y tratados supranacionales”, explicó Eduardo Hualpa, abogado especializado en derecho indígena y defensor de Pilquimán.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) es hoy el blanco de ciertos medios de comunicación y estancieros. Al frente de la ofensiva está el empresario Carlos “Nuno” Sapag (hermano del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag), integrante activo de la Sociedad Rural. “Son respaldados por miembros de las FARC y terroristas de ETA que se encuentran en Chile. Tienen armas y se financian con el narcotráfico”, afirmó Sapag en una solicitada. La única prueba fue un artículo del conservador diario chileno El Mercurio.
La Confederación Mapuche informó que las comunidades enfrentan 32 causas penales (con más de 150 imputados), advirtió sobre la “discriminación racial institucionalizada”, la falta de titulación de territorios, el avance de empresas extractivas, los desalojos compulsivos y la criminalización creciente.
“La razón fundamental de esta persecución mediática se debe a que el pueblo mapuche quiere sacar a la luz la manera fraudulenta e ilegal en que se han apropiado de la tierra indígena, mal llamada ‘tierra pública’, donde privados especuladores han contado con complicidad de organismo públicos. Es urgente un pacto con el Estado para generar la restitución territorial”, afirmó Jorge Nahuel, vocero de la Confederación. Ante la sostenida acción de esos medios de comunicación, la Confederación lanzó un comunicado. “Nos inventan desoriginados, ajenos, lejanos. En Chile dicen que somos de Argentina, que los invadimos. En Argentina repiten que somos de Chile. Tales transmigraciones se produjeron cuando ni Chile ni Argentina habían nacido”, explican y comparan: “A las multinacionales mineras y petroleras que nos saquean nadie les pide explicaciones sobre sus orígenes y las leyes las protegen con eficacia”.
En el polémico e irresuelto caso Pilquimán, el Tribunal no se expidió sobre el hecho histórico, pero solicitó pericias científicas a la Unidad de Antropología y Arqueología del Centro Nacional Patagónico (Cenpat), representada por su director, Julio Vezub. “El registro arqueológico, histórico y etnográfico documenta el poblamiento milenario del interior patagónico (...) y la continuidad étnica y familiar entre los actores (comunidad indígena) y la ocupación histórica, anterior a la expansión del Estado nacional y la llegada de los inmigrantes”, precisa Vezub, y rebate falsas verdades: “Las clasificaciones rígidas que asocian mapuche con indígena chileno y tehuelche con indígena argentino han sido desestimadas por la ciencia antropológica e histórica de los últimos treinta años. Estas identidades se anticiparon al trazado de los límites nacionales y se configuraron territorialmente a ambos lados de la cordillera de los Andes”.
La antropóloga, docente e investigadora de la UBA Diana Lenton también se presentó en la causa judicial. Recordó que ese discurso (del “haber llegado después”) fue utilizado recurrentemente durante la Campaña del Desierto y hasta en la década del ’30 para despojar a los indígenas de sus territorios y para deslegitimar sus reclamos. “El mismo tópico argumentativo surge una y otra vez. Adquiere mayor importancia si advertimos que el discurso legal construye sus contextos en base a (esos) otros discursos”, alerta.
La última semana, y en una inusual medida, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA emitió una “declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche”. Sólo menciona al diario La Nación, pero advierte sobre otros medios de circulación regional en la Patagonia. “La lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región. Estas notas no son ajenas a estos intereses, dado que tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios”, denuncia la facultad e insta a los medios masivos de comunicación a “abordar la temática con la complejidad y responsabilidad correspondiente.

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ESCRACHE A LA ALUMBRERA

Sábado 11 de octubre: Ante la convocatoria de ASANOA se realizó una marcha por el centro de la ciudad. Se realizó un escrache en las puertas de las oficinas de Minera La Alumbrera en Tucumán. Nos sorprendió la adhesión del público que circulaba y se asombraba al enterarse de que La Alumbrera tenía oficinas allí. Luego de más de 40 minutos de cánticos y palabras de denuncia a cargo de los miembros de la asamblea presentes, dos representantes de ASANOA subieron al 6º piso, donde están las oficinas de la minera y entregaron simbólicamente la carta documento que se transcribe más abajo. Para culminar la movilización la asamblea decidió realizar también un escrache al diario La Gaceta de Tucumán, que queda a la vuelta del edificio donde está la minera. Ya que no vienieron a cubrir la nota, se la llevamos a su edificio. Luego de más de 20 minutos de escrache con cantos y palabras "alusivas" y un intento de represión por parte de la seguridad privada del diario, decidieron enviar un periodista a cubrir nuestras declaraciones. Cabe aclarar que este diario no se dignó a cubrir la nota del corte del paso a los camiones de 60 días en los Valles Calchaquíes, pero sí le dió generoso espacio a las declaraciones de los ejecutivos de la minera. (No sabemos qué publicarán, pero NOS DIMOS EL GUSTO DE ESCRACHARLOS) Por prescripción médica, aconsejamos a todas las asambleas realizar acciones similares. Ha sido demostrado que causa una enorme sensación de placer, cosa muy positiva para la salud. Saludos a todos Elizabeth Avila Norberto Costa ASANOA Destinatario Minera La Alumbrera Ltda. L.N.Alem 855 2º piso 1001 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires San Miguel de Tucumán, 11 de octubre de 2008 Sres. Minera Alumbrera Ltda.. Pte. -------Por la presente intimamos a Uds., a que en un plazo perentorio e improbable de 24 horas se abstenga de continuar con su ciclo de explotación, producción y depredación de nuestros recursos naturales. Actividad esta, que sólo trae desolación y desesperanza para los que habitamos estos suelos. Pasivo ambiental que también deben enfrentar las generaciones futuras sin ser arte ni parte.------------------------------------------------------- -------Su desprecio por la vida de los seres vivos y el ambiente, se plasma en una abierta violación a la legislación de fondo vigente. Lo que quedó demostrado con el procesamiento de Julian Rooney en su calidad de gerente comercial y legal y de asuntos corporativos y vicepresidente de la empresa Minera La Alumbrera Ltda.., por ser presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto y penado por el art. 55 de la ley 24.051, así lo dijo la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en la causa "Gonzalez, Juan Antonio s/infracción a la ley 24.051" Expte. De Cámara Nº 47.958/2005. situación que se consumó en el canal de riego conocido como DP2, el mismo, desagua en el Embalse de Río Hondo, en la Provincia de Santiago del Estero.------------------------------------------------------------ -------Nuestra requisitoria tiene fundamento en el Derecho Natural, en el art. 41 de la Constitución Nacional, y en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc- 12 CN).----------------------------------------------------------------------------- -------Hacemos reserva de iniciar las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan al caso.---------------------------------------------------------------------------- -------Están debidamente notificados e intimados.------------------------------------------- Remitente EL PUEBLO ARGENTINO

¿Te parecen útiles estas acciones de denuncia y escrache a las empresas contaminantes?

CONTAMINACION POLITICA: ASI SE GANAN LAS ELECCIONES





Tambien pueden ver la denuncia de Telenoche Investiga sobre las maniobras durante las elecciones en Formosa:
Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=S5kYrd85dWQ&NR=1
Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=_oodAA8EUkI&NR=1

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas


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