Esperanza. Puesteros pampeanos están a punto de conseguir que las petroleras les paguen.
El interior se encuentra atravesado por una guerra silenciosa por árboles, agua, piedras preciosas y no tanto. Un enfrentamiento donde las víctimas tienen un denominador común: la “desgracia” de vivir demasiado cerca de un recurso natural. Los juzgados están atiborrados de pleitos. Cinco historias de la batalla:
Los hermanos Godoy, Córdoba. En el paraje de Represa Morales, donde los Godoy crecieron y envejecieron, el tesoro en cuestión es una cantera de granito rojo. Los hermanos Alcira y José Luis Godoy viven a diez kilómetros de Villa de Soto, sin energía eléctrica, con agua del mismo pozo del que tomaron sus abuelos, en tierras que sus padres arrendaron y luego compraron: unas 400 hectáreas resecas, de escaso valor. Los Godoy crían animales.
La cantera no es grande. Y los Godoy recién se enteraron de que servía para algo en 1992. Son apenas 15 hectáreas de piedras rojitas que se usan para confeccionar, por ejemplo, mesadas de cocina. Suficiente, parece, para que el padre de los Godoy, que no aprendió a leer ni a escribir, fuera engañado por un empresario, un tal Víctor Manuel “Maruco” Gómez. En 2004, un juez condenó a los hermanos por usurpación. Pero luego ellos consiguieron que el Colegio de Abogados sancionara al letrado Aristóbulo Gutiérrez –el que los querella– y que el defensor del Pueblo denunciara su caso. Entretanto, los Godoy empezaron a sentir el rigor de la embestida por la cantera. Los cercaron con un alambrado, les robaron animales, varias veces sintieron el vuelo de las balas cerca de sus ranchos. Esta semana, finalmente, después de un largo recorrido judicial, el caso llegó a juicio oral. El próximo martes, la jueza Clara Luna de Manzano, de Cruz del Eje, hará una inspección ocular en la finca.
Comunidad Motoco Cárdenas, Chubut. En Esquel, desde hace unos meses la justicia investiga al abogado Enrique Korn por tala ilegal de bosques cerca de Lago Puelo. Se trata del padre del ministro coordinador de Gabinete del gobernador Mario Das Neves, que reclama la posesión de unas tierras en el noroeste de la provincia de Chubut. El problema es que su reclamo coincide con el lugar donde está instalada la comunidad mapuche Motoco Cárdenas.
“Tuvimos noticias desagradables”, cuenta Liliana Cárdenas. “La Justicia absolvió de culpas al administrador de Enrique Korn”, agrega. La causa sigue. Pero para la municipalidad de Lago Puelo los lotes no están habitados. Un tiempo atrás, casualmente, se incendió el armario de la oficina pública donde estaban todos los impuestos pagados por la familia mapuche. El tío de Liliana Cárdenas apareció tirado en el río en 1995. Cuatro años antes alguien –nunca se supo quién– mató a su tía de 33 puñaladas.
Alpachiri, Tucumán. En 1989 los hermanos Aranda heredaron una finca familiar de 15 hectáreas en las afueras de Alpachiri. Como el lote tenía una vertiente de agua, hicieron los estudios para determinar su calidad y confirmaron que era mineral. Se propusieron levantar una embotelladora de agua. Pero les llevó años conseguir el dinero. Recién en 2004 apareció un socio y volvieron a ordenar los estudios. La sorpresa fue que el agua ya no era apta para consumo humano.
Lo que siguió fue una larga investigación, que derivó en una batalla judicial, una demanda millonaria, que la semana pasada llegó al escritorio del procurador general de la Nación, Esteban Righi. Los Aranda acusan a la empresa Minera Alumbrera porque en 1999 una rotura produjo un derrame que arruinó todo y porque la misma compañía enterró minerales pesados a cinco kilómetros de Alpachiri. “Acá ya está comprobada la contaminación”, sostiene Aranda.
Tupungato, Mendoza. La familia Ordenes vive desde hace más de 70 años en una zona estratégica: sobre reservas de agua subterránea. Antes había siete puestos. Ahora sólo quedan dos: el de Dina y su marido Ruperto Giménez, y el de su hermano. Los campos están escriturados a nombre del Regimiento de Infantería de General Las Heras, que históricamente permitió que las familias sigan ahí. Hasta que hace cuatro años apareció por el lugar Ángel José Bazán, que empezó a alambrar y a maltratar a la gente y provocó el éxodo.
“Es primo de Chupete Manzano”, asegura Giménez, que tuvo que bajar la montaña para ir a la comisaría porque alguien le llevó 35 ovejas. La policía no actúa. Y los funcionarios judiciales tampoco. “Lo que quieren es que nos vayamos y le dejemos el lugar. Pero no nos vamos a ir después de 70 años”, promete Giménez, que antes hacía changas en una cantera y que después empezó la cría de animales con apenas dos ovejas.
La Pampa. Unos ochenta puesteros que viven en las costas del Río Colorado están felices, pero, todavía, con los festejos en suspenso. Unas semanas atrás, después de años de reclamos, los diputados provinciales aprobaron por unanimidad una ley que les exige a tres empresas petroleras –Petrobras, Petroandina y Petroquímica Comodoro Rivadavia– que paguen la servidumbre de paso que hace tanto evitan, amparados en que las familias no tienen la escritura sino sólo título de poseedor.
El gobernador, ahora, tiene hasta enero para promulgar o vetar la ley. Los campesinos agrupados en el Movimiento de Paisanos del Oeste Pampeano creen que, por fin, están a un paso de ganar la batalla política.
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