Alquimia siniestra: convertir agua y medio ambiente en oro.
Los Gobiernos argentino y chileno, en colaboración con mineras extranjeras se aprestan a realizar un pase de una alquimia del terror: convertir el agua potable (y otros recursos energéticos) en oro. Las mineras extranjeras, utilizarán agua y los recursos del Cono Sur para convertirlos en oro, y lo harán generando grandes riesgos ambientales y con enormes prebendas legales.
En 2007 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley 26.148, la Ley de Glaciares que establecía un marco de regulación para la protección de las zonas glaciarias y periglaciarias y declaraba de interés estratégico los recursos hídricos, dando paso a una explotación minera que puede tener serias consecuencias ambientales. En octubre de 2008 el Senado la aprobó por amplia mayoría, y muy rápidamente, el 10 de noviembre de ese año la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner la vetó. El 14 de abril de 2009, la Presidenta, junto al gobernador de la provincia de San Juan José Luis Gioia, recibió en la Casa Rosada a Peter Munck de la miniera canadiense Barrick Gold.
Dos semanas después los gobiernos de Chile y Argentina firmaron el acuerdo sobre distribución de regalías de la explotación del proyecto de Pascua Lama, con lo cual puede comenzar la actividad en el lugar. Ambos gobiernos acordaron establecer una zona franca que borra la frontera para la operación de la minera extranjera.
El proyecto consiste, como ya explicamos hace un par de entradas, en la explotación de oro y plata, utilizando sistemas de alto peligro contaminante y trabajando en una zona de glaciares, lo cual puede contaminar incluso una de las principales fuentes de agua dulce de la zona, necesaria para consumo humano y para la producción.
En la fundamentación de su voto contrario a la Ley de Glaciares, el senador Daniel Filmus, kirchnerista y presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable explicó que el 70% del agua dulce del mundo está en glaciares (citado en Página/12, 27-5-2009), a lo que podría agregarse que, en el caso de la zona de Pascua Lama, el agua de los glaciares alimenta producciones vitivinícola y agropecuaria que utilizan agua dulce como insumo básico y en épocas de baja precipitación aportan el 60% del agua de los ríos de Mendoza y San Juan.
Según un informe del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA “no existen antecedentes mundiales de operaciones mineras, petrolíferas industriales o arquitectónicas de gran dimensión, en o sobre formaciones glaciarias o periglaciarias que hayan resultado de nulo o mínimo impacto sobre las mismas” (citado en Página/12, 27-5-2009)
El proyecto utilizará 17 camiones con cianuro por mes y 370 litros de agua por segundo en una zona semidesértica, y 200 camiones de explosivos por mes.
Y como la minería es energía intensiva, en electricidad y combustible, habrá que ver como impacta eso en la demanda de esos recursos: recordar que la Argentina, gracias a la política de privatización petrolera (aprobada en su momento por el kirchnerismo gobernante de una provincia petrolera), las reservas de combustible están decreciendo.
Según el informe de dos expertos cada nueva mina a cielo abierto consumirá el equivalente de una ciudad de 300.000 habitantes.
A su vez, por la legislación aprobada durante el menemismo, las empresas pagan una regalía sobre los recursos extraídos que no supera el 3% y reciben reintegros por las exportaciones que realizan en puertos del Sur. Por otra parte, hay denuncias de que hay poco o ningún control fronterizo sobre lo que realmente exportan las mineras y de que, junto con el material que contiene los metales, incluyen minerales raros de alto costo que no son declarados.
Respecto al daño ambiental eventual, el control es realizado por agencias públicas y gobiernos provinciales que actúan más como agentes de los intereses mineros que como representantes del interés general. Un botón de muestra, tanto Gioa, gobernador de San Juan, y varios de sus familiares, como el secretario de Minería Jorge Mayoral, son empresarios mineros. Habría que investigar si no hay incompatibilidad entre las funciones de gobernar en materia minera y ser a la vez de la actividad ¿no?.
Además el país no tiene los recursos técnicos ni materiales para afrontar eventuales daños ambientales masivos.
Los estudios sobre el tema informan que en Estados Unidos y en otros países, luego de finalizadas las explotaciones quedan daños ambientales que deben ser encarados por los estados a elevados costos durante mucho tiempo.
Gracias a la legislación vigente y a la política oficial, las grandes corporaciones mineras acaban de incorporarse a la cúpula empresaria local, como surge del reciente informe de Claudio Lozano, Ana Rameri y Tomas Raffo del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, “Transformaciones en la cúpula empresarial en la última década: nuevos liderazgos, similar patrón productivo y mayor extranjerización”. Este estudio continúa uno realizado hace dos años y permite tener una perspectiva de la composición de la cúpula empresaria y la progresiva disolución de lo que en algún momento se denominó la “burguesía nacional”.
Julio
PD1: en tren de citas, recomiendo el libro también de reciente aparición, “Relaciones Tumultuosas, Estados Unidos y el primer peronismo”, de Mario Rappoport y Claudio Spieguel, con un profundo análisis de esas relaciones, con un amplio uso de documentos de Estados Unidos. Es la continuación y ampliación de un trabajo anterior de los mismos autores, “Estados Unidos y el peronismo” y, en el análisis de las relaciones económicas, muestra la política de presiones y extorsiones que desarrolló el país del Norte, en ocasiones en coordinación con, y en ayuda de, Gran Bretaña. Imperdible.
PD2: Matías no hay mucho que comentar. Ojalá el plan de créditos hipotecarios ayude, pero, por los números, es para clase media y media baja, con ingresos comprobables y perspectivas de mantener el empleo. El crédito para vivienda tiene impacto popular cuando los trabajadores están ocupados, en blanco y ganan bien. La referencia oficial a la vuelta de la política del hipotecario de otros tiempos es capciosa y mentirosa, porque la situación laboral no es la misma de hace tres décadas. Ahora la tercera parte de la población está en la pobreza y el 40% de los trabajadores está en negro. Esta gente está excluida del programa. Para este sector sigue siendo necesario un plan de viviendas subvencionado, porque no puede pagar ningún crédito, salvo uno ultra subsidiado, es decir plata regalada.
En 2007 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley 26.148, la Ley de Glaciares que establecía un marco de regulación para la protección de las zonas glaciarias y periglaciarias y declaraba de interés estratégico los recursos hídricos, dando paso a una explotación minera que puede tener serias consecuencias ambientales. En octubre de 2008 el Senado la aprobó por amplia mayoría, y muy rápidamente, el 10 de noviembre de ese año la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner la vetó. El 14 de abril de 2009, la Presidenta, junto al gobernador de la provincia de San Juan José Luis Gioia, recibió en la Casa Rosada a Peter Munck de la miniera canadiense Barrick Gold.
Dos semanas después los gobiernos de Chile y Argentina firmaron el acuerdo sobre distribución de regalías de la explotación del proyecto de Pascua Lama, con lo cual puede comenzar la actividad en el lugar. Ambos gobiernos acordaron establecer una zona franca que borra la frontera para la operación de la minera extranjera.
El proyecto consiste, como ya explicamos hace un par de entradas, en la explotación de oro y plata, utilizando sistemas de alto peligro contaminante y trabajando en una zona de glaciares, lo cual puede contaminar incluso una de las principales fuentes de agua dulce de la zona, necesaria para consumo humano y para la producción.
En la fundamentación de su voto contrario a la Ley de Glaciares, el senador Daniel Filmus, kirchnerista y presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable explicó que el 70% del agua dulce del mundo está en glaciares (citado en Página/12, 27-5-2009), a lo que podría agregarse que, en el caso de la zona de Pascua Lama, el agua de los glaciares alimenta producciones vitivinícola y agropecuaria que utilizan agua dulce como insumo básico y en épocas de baja precipitación aportan el 60% del agua de los ríos de Mendoza y San Juan.
Según un informe del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA “no existen antecedentes mundiales de operaciones mineras, petrolíferas industriales o arquitectónicas de gran dimensión, en o sobre formaciones glaciarias o periglaciarias que hayan resultado de nulo o mínimo impacto sobre las mismas” (citado en Página/12, 27-5-2009)
El proyecto utilizará 17 camiones con cianuro por mes y 370 litros de agua por segundo en una zona semidesértica, y 200 camiones de explosivos por mes.
Y como la minería es energía intensiva, en electricidad y combustible, habrá que ver como impacta eso en la demanda de esos recursos: recordar que la Argentina, gracias a la política de privatización petrolera (aprobada en su momento por el kirchnerismo gobernante de una provincia petrolera), las reservas de combustible están decreciendo.
Según el informe de dos expertos cada nueva mina a cielo abierto consumirá el equivalente de una ciudad de 300.000 habitantes.
A su vez, por la legislación aprobada durante el menemismo, las empresas pagan una regalía sobre los recursos extraídos que no supera el 3% y reciben reintegros por las exportaciones que realizan en puertos del Sur. Por otra parte, hay denuncias de que hay poco o ningún control fronterizo sobre lo que realmente exportan las mineras y de que, junto con el material que contiene los metales, incluyen minerales raros de alto costo que no son declarados.
Respecto al daño ambiental eventual, el control es realizado por agencias públicas y gobiernos provinciales que actúan más como agentes de los intereses mineros que como representantes del interés general. Un botón de muestra, tanto Gioa, gobernador de San Juan, y varios de sus familiares, como el secretario de Minería Jorge Mayoral, son empresarios mineros. Habría que investigar si no hay incompatibilidad entre las funciones de gobernar en materia minera y ser a la vez de la actividad ¿no?.
Además el país no tiene los recursos técnicos ni materiales para afrontar eventuales daños ambientales masivos.
Los estudios sobre el tema informan que en Estados Unidos y en otros países, luego de finalizadas las explotaciones quedan daños ambientales que deben ser encarados por los estados a elevados costos durante mucho tiempo.
Gracias a la legislación vigente y a la política oficial, las grandes corporaciones mineras acaban de incorporarse a la cúpula empresaria local, como surge del reciente informe de Claudio Lozano, Ana Rameri y Tomas Raffo del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, “Transformaciones en la cúpula empresarial en la última década: nuevos liderazgos, similar patrón productivo y mayor extranjerización”. Este estudio continúa uno realizado hace dos años y permite tener una perspectiva de la composición de la cúpula empresaria y la progresiva disolución de lo que en algún momento se denominó la “burguesía nacional”.
Julio
PD1: en tren de citas, recomiendo el libro también de reciente aparición, “Relaciones Tumultuosas, Estados Unidos y el primer peronismo”, de Mario Rappoport y Claudio Spieguel, con un profundo análisis de esas relaciones, con un amplio uso de documentos de Estados Unidos. Es la continuación y ampliación de un trabajo anterior de los mismos autores, “Estados Unidos y el peronismo” y, en el análisis de las relaciones económicas, muestra la política de presiones y extorsiones que desarrolló el país del Norte, en ocasiones en coordinación con, y en ayuda de, Gran Bretaña. Imperdible.
PD2: Matías no hay mucho que comentar. Ojalá el plan de créditos hipotecarios ayude, pero, por los números, es para clase media y media baja, con ingresos comprobables y perspectivas de mantener el empleo. El crédito para vivienda tiene impacto popular cuando los trabajadores están ocupados, en blanco y ganan bien. La referencia oficial a la vuelta de la política del hipotecario de otros tiempos es capciosa y mentirosa, porque la situación laboral no es la misma de hace tres décadas. Ahora la tercera parte de la población está en la pobreza y el 40% de los trabajadores está en negro. Esta gente está excluida del programa. Para este sector sigue siendo necesario un plan de viviendas subvencionado, porque no puede pagar ningún crédito, salvo uno ultra subsidiado, es decir plata regalada.
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