Antonio Gustavo Gómez es fiscal general de Justicia Federal de la Jurisdicción 15, que incluye tres provincias: Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. En el año 2001 ganó un concurso y eligió como destino, la provincia de Tucumán "porque es el lugar del país con mayor tasa de delitos que trata la Justicia Federal (drogas, medioambiente, contrabando, entre otros)", explicó en una entrevista. Entre otros casos resonantes está la imputación a la mina La Alumbrera que por contaminación ambiental. Lo consultamos acerca de decisión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) de acudir al máximo tribunal para plantear la preocupación de los funcionarios encargados del tema ante la creciente judicialización de lo ambiental.
LOS QUIJOTES AMBIENTALISTAS
Ya todos conocen lo dicho por el Dr. Bibiloni y los integrantes del COFEMA refiriéndose a un posible planteo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Los problemas ambientales deben ser interpretados desde una misma lógica. Pero tal vez lo mas grave es lo que dicen luego “hay que incluir en las agendas provinciales encuentros con la justicia e instancias de intercambio de información, para demostrar que desde la gestión ambiental hay vocación de cumplir con la normativa, mostrando acciones concretas y medibles” Es un claro mensaje a los jueces y fiscales, federales y provinciales, que hace un par de años ya vienen aplicando la ley 24.051. En Tucumán han condenado a prisión a un intendente y a los integrantes de un grupo empresarial por contaminar el ambiente; hay procesados tres o cuatro intendentes más, propietarios de ingenios azucareros, y sin dudas el fallo más memorable: Un directivo de la empresa Minera La Alumbrera procesado por contaminar el agua.
En el orden provincial fiscales cordobeses han impedido que se fumigue con glifosatos y que se venda en los mercados regionales hortalizas y frutas contaminadas con pesticidas. Se han iniciado causas penales contra funcionarios provinciales de las áreas ambientales por incumplimiento de sus deberes y encubrimiento. ¿Acaso los Secretarios y Ministros de Ambiente que integran el Cofema tienen miedo de que se vaya por ellos? Creo que no y espero que todas estas reuniones sean para apoyar la investigación de la gran cantidad de delitos ambientales incluidos los del caso Mendoza. Pero…en mi pueblo se llama a esto abrir el paraguas antes que llueva. ¿Hay razones? ¿Qué implica no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el dictado en el caso Mendoza o en el caso de los desmontes en Salta?. ¿Puede un funcionario público que tiene como misión defender el ambiente, salir en defensa de industrias probadamente contaminantes como la minería a cielo abierto? ¿Qué ocurre cuando toman conocimiento de un delito de contaminación ambiental y no lo denuncian penalmente?. Ninguna de estas preguntas puede considerarse una acusación pero en el clima de impunidad ambiental en el que vivimos es una realidad que sólo los jueces y fiscales han comenzado a cambiar. “Ladran Sancho, señal que cabalgamos”. NOTA ORIGINAL
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